Por: Redacción Pares
El pasado martes 18 de marzo miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país pidiendo que no fuera archivada la reforma laboral que podría aliviar las necesidades de un país que tiene al 58% de sus habitantes, según el DANE, en condiciones de informalidad. La iniciativa de archivar la reforma la tomaron 8 congresistas, todos pertenecientes al ala de la derecha política colombiana. Mientras se hundía una reforma en la que no se necesitaba ser petrista para apoyarla, avanza en la comisión primera de la Cámara de Representantes un proyecto que busca flexibilizar el porte de armas en Colombia. Ya se aprobó un debate para actualizar las condiciones en las que se porta armas en el país. Según un artículo escrito por el investigador de la fundación Paz y Reconciliación Nicolás León, la violencia en este 2025 se ha disparado en Bogotá. Entre enero y febrero se han presentado al menos 175 homicidios, un 10% más que en el 2024.
La respuesta no puede ser apagar el fuego con gasolina. Abrir el debate para flexibilizar el porte de armas en Colombia es una medida populista impulsada desde los sectores más retardatarios de la política colombiana. El proyecto fue presentado por el representante conservador Juan Carlos Wils quien afirmó en una entrevista a la W Radio que lo que lo había movido a presentar el proyecto era lo siguiente: “Hay un decreto presidencial que prohíbe el porte de armas en Colombia. Quienes tienen armas con permiso de porte o tenencia, no pueden hacer uso de este permiso, les toca tenerlas engavetadas en las cajas fuertes“.
Uno de los artículos presentados en el proyecto, el número 7, puede ser de los más problemáticos de todos: restringiría la autoridad del gobierno para imponer restricciones a los portadores de armas. En la cámara la bancada del Pacto Histórico es el principal escollo que tendría esta propuesta. El partido de gobierno cree que la propuesta debilita las herramientas de control del Estado. Desde el año 2016, como parte de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, se suspendieron los permisos de portes de armas a ciudadanos. La propuesta avanza hacia la plenaria con 16 votos a favor y 6 en contra. Según Wills, el presidente sólo pondría imponer restricciones en circunstancias especiales como en elecciones, emergencias de seguridad en regiones afectadas por el conflicto, o en ocasiones como el día de la mujer en donde la violencia se dispara.
Esta propuesta va en consonancia con la idea que sacó el alcalde Carlos Fernando Galán de imponer la estrategia de Los guardianes del orden, una propuesta que desde ya encuentra fuerte oposición desde la sociedad civil y también desde el mismo gobierno. El ministro del interior, a través de una carta, le pidió a Galán clarificar las funciones que tendría.
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