Por: Redacción Pares
‘No’, fue la respuesta que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio al Gobierno Nacional la semana pasada frente a la petición de suspender las órdenes de captura contra los cabecillas y voceros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, entre ellos alias ‘Chiquito Malo’, ‘Gonzalito’ y ‘Bayron’.
Hay que recordar que la ley 2272 de 2022, conocida como la ley de la Paz Total, habilita al Gobierno no solamente a realizar negociaciones con grupos armados al margen de la ley “con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz”; sino también tener “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.
Esto quiere decir que la ley contempla acercamientos con grupos políticos guerrilleros, como lo son el ELN y las disidencias de las FARC, para una salida pacífica del conflicto, pero también negociaciones para el sometimiento a la justicia de Grupos Armados Organizados (GAO) que se dediquen a actividades delictivas y a las economías ilegales, como el Clan del Golfo.
Para ello, la ley contempla diferentes mecanismos, como la suspensión de órdenes de captura. El parágrafo 2 del artículo 8 de la ley 2272, especifica que:
“Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
Y a pesar de la petición del Gobierno de suspender no solo los operativos en contra de los voceros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que ya están suspendidos, sino también las órdenes de captura de sus voceros y cabecillas, con el fin de poder tener diálogos para el sometimiento de estas estructuras criminales, todo enmarcado en la ley 2272, Barbosa cerró la semana pasada diciendo, en entrevista para Blu Radio, que: “el jefe de la policía judicial de Colombia es el fiscal general de la Nación. La suspensión de operativos judiciales no significa la suspensión de operativos de captura contra esas personas a las cuales yo no les suspendí las órdenes de captura con fines de extradición”.
Según León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este pulso que propone Barbosa amenaza la política de paz del Gobierno y tiene un matiz de carácter político más que judicial:
Y empieza Barbosa esta semana subiendo el volumen, diciendo en entrevista para María Isabel Rueda en El Tiempo que “el presidente tendrá que recomponer” su política de paz y amenazando al director general de la Policía Nacional, General Henry Sanabria, afirmando que “el decreto no suspendió las actividades de policía judicial en el país. Punto. Si el general (Henry) Sanabria lo hace de otra manera, tendrá que ir a la Fiscalía a responder por omisión”.
Para León Valencia, las declaraciones del fiscal extralimitan sus funciones y marcan, más bien, un revanchismo con el gobierno Petro:
Por causa de este desencuentro, el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación mantendrán una reunión el próximo 30 de enero, con el fin de discutir este y otros temas. Esta semana, Francisco Barbosa viajará a Washington para reunirse con su contraparte del Departamento de Justicia, el fiscal Merrick Garland, para hablar, justamente, sobre la Paz Total y el tratamiento de los miembros de los grupos criminales en el país en medio de estos procesos de negociación.
El país estará expectante ante las declaraciones de Barbosa en Washington, y las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, atentos para el contraste de la información.