Por: Redacción Pares
A poco menos de cuatro meses de las elecciones regionales la cifra de personas victimizadas por su participación en procesos electorales continúa creciendo. Desde marzo, los datos muestran un aumento del 56,25% en número de víctimas (88,1%, si se ve desde la cantidad de hechos) y el comportamiento del fenómeno demuestra que distintos actores violentos con intereses sobre los espacios de representación recurren directa e indirectamente al asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia.
En línea con las conclusiones del primer “Informe de violencia y dinámica electoral”, que desde la Fundación Paz y Reconciliación construimos con ayuda del sistema de información SIPARES, estos últimos meses parecen reafirmar al menos cuatro COSAS.
1. Los sectores más victimizados son la coalición de oposición y la coalición de gobierno. Mientras que los partidos tradicionales tienen bajos niveles de victimización.
2. La investigación muestra que las regiones donde los hechos ocurren no necesariamente corresponden a zonas históricamente afectadas por el conflicto armado (estos son los casos, por ejemplo, del Valle del Cauca y La Guajira).
3. En la gran mayoría de los casos no existe un agente perpetrador identificado (75,96%). Para agravar el panorama, la violencia electoral se ha tornado más letal y sigue gravitando mayoritariamente en contra de figuras políticas denunciantes de hechos de corrupción y, crecientemente, en contra de sectores alternativos. Esto lo que significa, es que no hay una estructura ilegal que tenga como objetivo influir en elecciones. Más bien, son sicarios y agentes que prestan servicios de seguridad privada ilegal que son contratados para cometer estos hechos.
4. La violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política.
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