Por: Línea de Seguridad Urbana Pares.
Este informe aborda las transformaciones de las que ha sido objeto el delito en las capitales colombianas lo largo de más de cinco (5) meses de pandemia desde que se identificara de forma oficial el primer caso de contagio en el país por SARS-CoV2 el pasado 6 de marzo, hasta el 31 de agosto de 2020.
Si bien, en principio, los analistas de la seguridad ciudadana coincidieron en el escenario de incertidumbre que traería consigo el aislamiento sobre el delito, rápidamente se comprobó que una menor disponibilidad de personas (víctimas y agresores) en el espacio público, a causa de las exigencias del aislamiento, generó una caída en todos los delitos de alto impacto.
La consecuente pregunta estaba relacionada con el tiempo que tardarían los indicadores en volver a sus niveles ‘pre-pandemia’, al tiempo que se descubría la rápida recuperación en los casos de homicidio; la continuidad en las reducciones de las denuncias de hurtos; y la limitada comprensión frente a las variaciones en las denuncias de violencia intrafamiliar mientras se incrementaban los reportes telefónicos.
En el periodo que aquí se ha denominado como ‘aislamiento parcial’, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, con la excepción de delitos como el homicidio, las denuncias no lograron volver a las tendencias de 2019 en tanto la reapertura, iniciada desde mediados de mayo, se encontró con incrementos en los contagios durante el mes de junio, lo que condujo a que varias ciudades implementaran medidas restrictivas como toques de queda y cuarentenas por sectores.
Estas decisiones, aunque no en el mismo grado de los primeros meses de pandemia, mantuvieron las restricciones de funcionamiento de ciertos lugares y continuaron evitando una menor comisión de delitos en público, pero en otros delitos, como los que se cometen en espacios de la vida privada, ha mantenido los desincentivos de las denuncias, profundizando el subregistro.
En definitiva, el delito no solo se ha transformado en función de la caída en el número de denuncias, sino también en la forma como se comete, correspondiendo al ciberespacio los mayores retos de seguridad ciudadana dada su instrumentalización en el proceso de adaptación de organizaciones delictivas en delitos relacionados con drogas, servicios sexuales, y hurtos por medios informáticos.
Vale la pena aclarar que a pesar de existir una evidente migración del delito al ciberespacio, los datos que podrían dar cuenta confiable de este fenómeno son reservados y no se tiene acceso a una estadística libre, abierta y transparente por parte de las autoridades encargadas de este seguimiento.
En los meses restantes de este año se pondrán a prueba las políticas territoriales de seguridad para mantener las reducciones en los delitos contra la propiedad, pero también, conforme avanza la crisis económica desatada por la pandemia, será responsabilidad de las autoridades implementar medidas -incluidas aquellas para recuperar los avances en materia de equidad de género – para identificar los delitos no denunciados que ocurren al interior del hogar y en el anonimato que permite la red.
Algunas entidades territoriales, sin embargo, han buscado capitalizar las reducciones en el número de delitos, atribuyéndolas a resultados de sus propias políticas de seguridad. Otras, aunque son más la excepción que la regla general, lo han tenido más difícil al registrar variaciones porcentuales positivas en algunos de los delitos y periodos que aquí se estudian.
De cualquier forma, la gran mayoría de las ciudades capitales resulta beneficiada de la reducción en la tasa de denuncia en alguno(s) de los delitos de alto impacto. Es decir, las políticas territoriales de seguridad fueron impactadas positivamente (en términos de reducción de denuncias) por los efectos colaterales que han ocasionado las medidas de aislamiento y cuarentenas para atender la emergencia sanitaria, y no precisamente como resultado de la oferta de programas y proyectos contemplados en sus políticas.
Este documento surge del monitoreo que ha venido realizando la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado (SUCO) de la Fundación Paz y Reconciliación a las dinámicas de seguridad y convivencia ciudadana a 10 capitales del país desde el inicio de la pandemia hasta el mes de junio; dicho monitoreo continua. Como resultado de ese ejercicio, se evidenció que nuestro análisis estaría incompleto si no entendíamos cómo, desde las cifras disponibles en el SIEDCO, los indicadores de seguridad se han visto impactados a lo largo de este año.
Los datos muestran que, si bien las medidas para contener la emergencia sanitaria y su impacto sobre el delito pueden variar entre las ciudades capitales, las disposiciones de las capitales más grandes y las que demanda el gobierno nacional hacia los municipios, han tenido que alinearse mínimamente para intentar contener los contagios.
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