Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Desde noviembre de 2018 fue abierta por la Contraloría General una investigación por el detrimento que sería superior a los 4 billones de pesos en medio del proyecto Hidroituango; esta cifra, teniendo en cuenta que se logró establecer que, por lo menos, 1,1 billones de pesos se han perdido en el proyecto por un lucro cesante – demora de la hidroeléctrica en entrar en operación -, pues, hay que recordar, ésta debía iniciar en septiembre de 2018.
Adicionalmente, otros 2,9 billones de pesos se perdieron con la destrucción de bienes del proyecto y sobrecostos. Asimismo, hay que señalar que este detrimento tiene estrecha relación con la creación de un tercer túnel con el que se pretendía acelerar el proyecto desviando el río Cauca, acción ejecutada por la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), que lo que terminó haciendo fue causando el debilitamiento de la estructura, que tras el aumento del caudal del río en abril de 2018 se registró el colapso del túnel, generando una contingencia que puso en alerta roja la estabilidad de toda esta megaobra e implicando pérdidas en la comunidad, humanas, ambientales, sociales, así como de más 800.000 millones de pesos del proyecto.
Esto permitió a la Contraloría identificar que no se cumplió con lo estipulado, además que se había construido sin tener una licencia ambiental y sin una previa autorización de la junta directiva de la sociedad. Lo que llevó a otros hallazgos como que desde el 2008 el proyecto venía presentando rezagos en la contratación, estudios y diseños.
La Contraloría le imputó cargos a 28 personas naturales y jurídicas por un presunto detrimento, entre estos está el exgobernador de Antioquia (2012 – 2015) y excandidato presidencial Sergio Fajardo a quien se le implica por acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva. También por omitir su deber de cuidar esta obra.
Por esta última razón también se relaciona al hoy gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín (2012 – 2015) Aníbal Gaviria y a el exgobernador (2008 – 2011) Luis Alfredo Ramos. Otros nombres que también se suman y que deberán ser investigados son los del exalcalde de Medellín Fabio Alonso Salazar Jaramillo; María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación.
También serán imputados en calidad de gerentes de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo, así como los miembros de la junta directiva Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur Palacio y Ana Cristina Moreno Palacios.
Adicionalmente, la Contraloría también relacionó a los funcionarios del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA) Alejandro Antonio Granda Zapata y Jorge Mario Pérez Gallón, y a los gerentes de la misma organización: Álvaro de Jesús Vásquez Osorio e Iván Mauricio Pérez Salazar, quien además era delegado por Sergio Fajardo en la junta directiva. Por su parte, deben responder como gerentes de Hidroituango Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya Salazar, y el gerente de EPM-Hidroituango Luis Javier Vélez Duque.
Además, está Jesús Arturo Aristizábal Guevara, miembro de la Junta Directiva de EPM y director de Energía de EPM entre 2008 y 2015; Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM-Ituango/ vicepresidente Proyectos de Generación Energía de EPM entre 2011 y 2015 y Rafael Andrés Nanclares Ospina, miembro de la Junta Directiva y secretario de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia entre 2015 y 2016.
Por otro lado, hay que señalar, que no solo se implican a personas, pues en lo informado por la Contraloría se indica que también deben responder tres consorcios y contratistas: Túneles Ituango, que construyó los túneles de desviación; el Consorcio Ingetec, como interventor de la obra; y el Consorcio Generación Ituango, como diseñador y asesor.
A esto se agrega que a la fecha la investigación contra cinco personas más ha sido archivada. Es el caso de Jorge Alberto Julián Londoño de la Cuesta, quien era gerente de EPM entre el 2016 y 2019; Jesús Alfonso Jaramillo Zuluaga, exsecretario privado de Antioquia y suplente de Sergio Fajardo; Sebastián Álvarez Díaz, exgerente de proyectos de Antioquia; Wilson Chinchilla, exfuncionario de EPM y miembro de la junta directiva y Hugo Mora Tamayo, quien hizo parte de la junta directiva.
La Contraloría le imputó cargos a 28 personas naturales y jurídicas por un presunto detrimento, entre estos está el exgobernador de Antioquia (2012 – 2015) y excandidato presidencial Sergio Fajardo a quien se le implica por acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva. También por omitir su deber de cuidar esta obra. Imagen: Pares.
Los motivos, en la mayoría de los casos, tienen que ver con que los implicados no tuvieron actuación principal, no se obraron con culpa grave o no tuvieron incidencia en la toma de decisiones. Los implicados entrarían en un boletín de responsables fiscales, lo que les impediría ser contratados para trabajar con el Estado y aspirar a ejercer cargos públicos hasta que paguen el valor de la condena fiscal, en dado caso que esto sea lo que se decida.
«Soy respetuoso de las instituciones»: Fajardo responde
Por su parte Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato a la presidencia de Colombia, respondió a la imputación de cargos que le hace la Contraloría General sobre el caso de Hidroituango mediante un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje, el líder político hace énfasis en que siempre ha respondido por sus actuaciones y así lo seguirá haciendo, además, insistió en que la ciudadanía es la encargada de valorar la explicación del ente de control sobre el polémico caso y advierte que algunas personas confunden investigaciones con condenas.
Un desastre ambiental y cultural
Pares lo había advertido. El río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido.
En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor. El control de la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas.
Para la Contraloría, una de las decisiones tomadas por los directivos de Empresas Públicas de Medellín -EPM, que mayor impacto causó al proyecto, fue la no construcción de las guías de las compuertas de cierre de los túneles de desviación. Proyectos como el de Hidroituango deben cumplir con altos estándares de diseño y construcción, dado el impacto social, ambiental y económico que producen, pero la conclusión de la Contraloría es que esto no ha sido así.
Más allá de los dos hallazgos fiscales detectados y su millonaria cuantía, los otros hallazgos de carácter administrativo señalados, cuatro (4), ponen al descubierto situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, riesgos de estabilidad en algunas zonas, grietas dentro del macizo de casa de máquinas y modificaciones contractuales que vulneran el principio de planeación.
La entidad aseguró que el proyecto ha tenido sobrecostos de gran relevancia, pues pasó de una inversión inicial de $9.6 millones de pesos, sobre la que presenta a la fecha por $11.5 billones de pesos. Se estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar.
Además, el ente de control financiero logró evidenciar un daño en gestión fiscal total de $2.9 billones de pesos, y un lucro cesante calculado a partir de las obligaciones de energía en firme asignadas al proyecto. El control al proyecto Hidroituango fue realizado por un equipo de auditores y profesionales de la Contraloría, que contó en el tema financiero con el apoyo de expertos analistas de la Universidad Nacional.
La razón para señalar esta situación es que se evidencian debilidades en los estudios técnicos tanto en obras de la logística inicial, como de las obras principales, que ocasionaron modificaciones a los contratos por mayores cantidades de obras, inclusión de nuevos ítems, rediseños y cambios de técnicas constructivas, lo que generó mayor tiempo y costos para el proyecto.
Hidroituango tardaría 35 años en empezar a generar rentabilidad si el proyecto hidroeléctrico se pusiera en marcha hoy. Como están las cosas (sin que haya una fecha definida para que el proyecto empiece a operar), agrega el informe, Hidroituango tiene un valor negativo de $5,7 billones y no es claro cuánto tardaría en recuperarse la inversión.