Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
En Colombia se registran aproximadamente dos feminicidios diarios y por esta razón quiero dedicar mi última columna de este año para insistir en que la Alerta Nacional por Feminicidios debe estar en el centro de la agenda pública en el 2025.
De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y octubre de 2024, se registraron 745 feminicidios. De estos, 72 corresponden a mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mientras que 18 casos son transfeminicidios. Estas cifras superan las reportadas en 2023, que fue de 525 feminicidios.
En 2025 no podemos permitirnos desviar la atención de la emergencia nacional que representan los feminicidios y transfeminicidios en el país. Este fenómeno expone una crisis profunda de violencia de género que se sigue recrudeciendo y que se debe atender desde un enfoque diferencial que brinde especial atención a las mujeres racializadas, las mujeres trans, lideresas sociales y defensoras de derechos humanos.
Es esencial mantener este tema al frente en la discusión pública, no solo porque cada vida arrebatada deja una herida irreparable, sino porque la violencia de género es una de las tantas señales que demuestra las desigualdades estructurales en el país. Adicionalmente, los datos de la Defensoría del Pueblo exponen la gravedad del problema, señalando que, hasta septiembre de 2024, se reportaron más de 26.600 casos de violencia de pareja y 333 incidentes relacionados con la trata de personas. Además, las mujeres en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas y migrantes enfrentan los riesgos más severos debido a las dinámicas del conflicto armado en los territorios. Resaltando advertencias como la que hicieron organizaciones sociales en septiembre y expuesta por Pares sobre el Plan Feminicidio en Chocó.
Esta crisis, además de estar en el centro de las discusiones, debería estar también en el centro de la agenda mediática, porque el silencio profundiza la invisibilización, la impunidad y la desprotección que sufren estas mujeres. El número de casos de violencia feminicida demuestra que no es un tema aislado y expone la necesidad de que los entes de control verifiquen cómo está operando la Fiscalía, especialmente en lo que respecta a la atención de casos con alertas de riesgo de feminicidio.
El año 2025 debe iniciar con la acción urgente por parte de la Fiscalía y entidades locales para garantizar que los procedimientos y recursos disponibles se empleen de manera efectiva para proteger a las mujeres en situación de riesgo. Además del llamado a la Procuraduría para implementar mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas e investigación que aseguren que las denuncias sean tratadas por parte de los funcionarios públicas con la diligencia y sensibilidad necesarias. Además, se deben establecer indicadores claros de seguimiento para evaluar el impacto de las políticas implementadas tanto en el orden nacional como en los entes territoriales con el fin de romper los ciclos de violencia.
Estas cifras son el resultado de una cultura que nos deshumaniza a las mujeres. No se nos puede volver paisaje este tipo de violencia que se alimenta de estereotipos machistas, discriminación racial y exclusión social. En Colombia debemos adoptar enfoques multisectoriales que, paralelo al fortalecimiento de la justicia, incluyan educación y la creación de redes de apoyo comunitario.
Finalmente, abrazo y saludo con profunda admiración a todas las organizaciones de mujeres y feministas que incansablemente trabajan para visibilizar esta problemática, y nos invito a seguir insistiendo, porque es absolutamente necesario que en 2025 la conversación pública sobre feminicidios y transfeminicidios no pare.
Y como dice la arenga que se canta en cada marcha y plantón feminista:
¡Señor! ¡Señora! No sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente.
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