Por: Guillermo Linero Montes
El ejército colombiano, en su historia -fundado en 1810- ha sido fiel a la constitución y ha obedecido con ciega lealtad a los gobiernos de turno. Esa es una verdad que no tiene discusión en Colombia y es unánime la creencia de que tal lealtad es el talante moral del ejército. Por ello, quienes estudian nuestra historia política (la historia de la violencia, de la corrupción y de las inequidades) aseveran que la guerra, que el conflicto armado, que la miseria y la corrupción, no son por culpa del ejército, sino por culpa de los gobernantes a quienes los mandos militares han obedecido ciegamente.
Hoy, el gobierno de Gustavo Petro, por ser el primero de izquierda en la historia política de Colombia, el contexto resulta por completo distinto y el ejército se encuentra en una prueba de fuego, pues deberá probar que esa lealtad demostrada hasta ahora, es verdadera, y que no ha estado ligada al provecho que los mandos militares les sacaban a los gobiernos de derecha apoyándolos en sus insensateces.
Como todos los ejércitos decentes del mundo, el ejército colombiano siempre ha tenido dos misiones: la del flanco armado, con operaciones en defensa de la soberanía, en busca del aseguramiento de la independencia y en el cuidado del territorio; y la misión del flanco desarmado, con acciones en pro de generar un ambiente de paz.
Generar un ambiente de paz significa que habiendo guerra (como ocurre en nuestro país) el ejército tiene que promover discursos en favor de la paz; y, de no haber guerra, entonces tendría que dedicarse a mantener y promover la paz. Pero, también dentro de la misión del ejército está contribuir con el desarrollo del país, lo cual implica asistir a la población en todas aquellas eventualidades que conlleven la participación inteligente de una fuerza organizada profesionalmente, como la caída de un puente y la construcción rápida de uno provisional.
De hecho, siendo los ejércitos un conjunto de personas que por su preparación física son capaces de asegurar la consecución de sus fines sociales, y para ello -como ya lo han determinado científicos y filósofos, deben sumar además factores y herramientas, y es necesario que sumen igualmente estos cuatro componentes: la tecnología, las experiencias, las aptitudes humanas y los medios de producción.
Por tal razón, las denominadas fuerzas militares, que son incuestionablemente una fuerza especial para la consolidación de las naciones, deberían contar con la mejor tecnología -dispositivos y programas electrónicos actualizados-, y sus soldados deberían tener una mínima experiencia escolar, al menos la primaria y la secundaria. Asimismo deberían tener aptitudes humanas, conducentes al respeto por los derechos de los demás, partiendo de que la vida es sagrada; y en su condición de medios de producción deberían estar provistos de herramientas y maquinarias que, en el contexto de Colombia como potencia de la vida, antes que para acciones bélicas se necesitan primero para estimular el desarrollo de las regiones, especialmente en aquellos lugares que por apartados suelen ser inhóspitos, o para asistir con urgencia a la población civil de ocurrir desastres naturales.
Un ejército es una fuerza viva, no para aplastar a sus semejantes; sino para emprender en nombre de estos los retos más difíciles. Por eso es injusto que un ejército, aparte de la férrea disciplina que les exige a sus soldados, no les garantice la dignidad humana, que reside en un buen trato, en un salario justo y en bonificaciones merecidas. De eso bien se cuidaban los antiguos gobernantes del imperio romano y se cuidan hoy los gobernantes de los ejércitos poderosos. Los soldados deben tener óptima salud, deben estar bien alimentados y provistos de los implementos necesarios para hacerles menos difícil su trabajo. Y deberían tener sueldos altos; porque, ¿quién niega que la labor del soldado no es de alto rendimiento y de riesgos fatales?
En el caso de nuestro ejército, ni siquiera hay que hacer una encuesta entre los soldados, acerca de su realidad social y militar, para saber las respuestas que nos darían. Si les preguntáramos, por ejemplo, a que estrato social pertenecen; de seguro la mayoría de ellos respondería que al estrato 1, y sólo algunos pocos dirían que al 2 o al 3. Y esto es así, porque los gobernantes, los políticos, los empresarios adinerados, y quienes hacen parte de los estratos 4, 5 y 6, no envían a sus hijos al ejército.
Si les preguntáramos a nuestros defensores de la patria, si provienen o hacen parte de una familia económicamente estable; es decir, con posibilidades económicas para al menos asegurarles una educación básica y una alimentación digna a sus hijos; entonces, la mayoría de ellos, si no todos, contestarían que no, porque las familias de estrato uno por lo general viven en estas condiciones: no los alcanza la cobertura escolar, apenas comen una vez al día y es vergonzosa la tasa de mortalidad infantil por causa de la desnutrición. Y en cuanto a la salud, basta saber lo mal que venían en Colombia las empresas que la administran.
Si les preguntáramos, a los soldados regulares, si en su desarrollo tuvieron una formación escolar normalizada; la mayoría de ellos respondería que no, que escasamente hicieron la primaria y que se entregaron al ejército, precisamente porque no tenían ninguna otra opción escolar más allá de la escuela rural ni tampoco opciones de empleo.
Si les preguntáramos a los soldados colombianos, si acaso sus padres son dueños de las casas donde viven, si tienen autos, finca, una empresa que liderar o si son dueños de algún monopolio en el comercio; la mayoría de ellos, si no todos, contestaría que no, que sus padres viven en arriendo, que son empleados de empresas que les pagan el sueldo mínimo y los explotan haciéndolos trabajar más horas de las legalmente autorizadas.
Si les preguntáramos a nuestros soldados, si sus padres tuvieron la oportunidad de estudiar, de sacar adelante al menos un pregrado y desempeñarse como profesionales, o si sus madres tuvieron igualmente esas opciones y no terminaron siendo sólo empleadas domésticas de su propia familia; de seguro, todos dirían que no, porque los ciudadanos en edad de prestar el servicio militar, cuyos padres tienen propiedad, empresa, y tuvieron la oportunidad de estudiar, están convencidos de que el servicio de seguridad, como el de recoger las basuras, deben ser prestados por los hijos de las personas que no son empresarios, ni propietarios, ni adinerados, ni tampoco tuvieron agallas para ser delincuentes.
Si les preguntáramos a los soldados colombianos, que si en vez de estar largas horas vigilando el territorio o realizando escaramuzas militares a veces non sanctas, preferirían contar con oportunidades económicas -como los hijos de quienes poseen empresa y propiedades las tienen- que les permitieran asistir a las universidades, ir a cine, asistir a conciertos, comprar libros e implementarse con dispositivos y sistemas de comunicación de última tecnología; sin duda todos dirían que sí.
Si les preguntáramos a los soldados colombianos si les gusta la guerra más que la paz, o si sienten deseos de matar a los otros no importa si de la misma comunidad suya y de la misma condición social; todos dirían que no, que al ejército llegaron pues no había otra opción de vida, y porque el destino los arrojó allí por haber nacido en la casa de alguien sin empresa, sin propiedades y sin educación.
Si les preguntáramos a los soldados colombianos, si prefieren apoyar a un gobernante como el presidente Gustavo Petro, que les ofrece gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación para ingresar a la fuerza pública, que les aumentó el sueldo y además les restableció la llamada mesada 14; todos dirían que sí, que prefieren a un presidente que lucha y administra las riquezas del estado en favor de que los pobres dejen de serlo, y no a los anteriores que los mantenían en una situación de indignidad.
Por todo lo anterior, es muy claro que los soldados colombianos del presente -en esa tradición de un ejército cuyo talante moral es la lealtad a su comandante en jefe y a la constitución- sin importarles lo que digan los expresidentes, los opositores al gobierno, los jefes políticos de la derecha y de la extrema derecha, o lo que sugieran los grupos económicos de poder, no moverán un solo dedo en contra del presidente Gustavo Petro.