Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Después de seis años de intenso trabajo –por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la RedPaPaz– se aprobó este domingo 20 de junio de 2021, en la plenaria del Senado, el proyecto de ley de comida chatarra con el cual se busca adoptar medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles o crónicas.
Este proyecto de ley establece que los productos ultraprocesados, comestibles y bebibles deberán contar con un etiquetado frontal de advertencia que evidencie, de manera clara, el contenido de nutrientes críticos como azúcares, sodio y grasas saturadas. Se espera que este etiquetado pueda convertirse en una sencilla, práctica y eficaz herramienta para informar a las y los consumidores sobre los componentes perjudiciales que tiene la comida chatarra para la salud.
El proyecto de ley logró aprobarse luego de sufrir dos rechazos legislativos desde 2017. Los y las congresistas habían ignorado las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y múltiples investigaciones científicas les habían hecho sobre la urgencia y necesidad de una norma que trabajara por la alimentación saludable.
El rechazo permanente en el Congreso de la República se explica por el inmenso poder que tiene la gran industria de alimentos en Colombia. Es de común conocimiento que buena parte de los partidos políticos y congresistas en el país reciben apoyo económico para sus campañas de las empresas azucareras y de alimentos procesados. Esto obliga a que, una vez las y los políticos son elegidos, estos deban defender los intereses de sectores empresarios y velar por que las decisiones que se tomen en el Legislativo los beneficien.
Sin embargo, en esta ocasión, donde se discutió la regulación de la información sobre la comida chatarra, pudo más el lobby que realizó la sociedad civil que el que hicieron grandes empresarios. Fueron seis años durante los cuales diversas organizaciones de la sociedad trabajaron de manera coordinada para exigir su derecho a la información, a la salud y a la alimentación.
Lo que sigue en las próximas semanas es la sanción presidencial. En esta etapa se podría objetar la norma y devolver el proceso, pero es poco probable que esto ocurra. La sociedad civil ha ganado una primera batalla, pero la tarea más difícil está por venir. Es necesario que la ciudadanía continúe organizándose para presionar con eficacia, de cara a la próxima reforma tributaria, y que se logre establecer un impuesto a las bebidas azucaradas.
El impuesto saludable a las bebidas azucaradas será una herramienta más poderosa que la etiqueta frontal de advertencia aprobadas. El tributo busca desincentivar de manera más eficaz el consumo de este tipo de bebidas en la población. Varios estudios han mostrado que un impuesto de este tipo, por ejemplo del 20%, provoca una reducción en el consumo en similar porcentaje o incluso superior.
Una reducción en el consumo sería muy conveniente para el país, pues se ha mostrado que en Colombia 1 de cada 3 personas, entre 14 y 30 años, consume diariamente bebidas tipo gaseosa o refrescos. Ingesta que provoca sobrepeso y diabetes, y afecta, especialmente, a los sectores más vulnerables de la población.
Hay que reconocer que la tarea de presionar para que se imponga un impuesto será muy difícil; sobre todo luego de la experiencia vivida en la última década. El Gobierno anterior, representado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, intentó gravar las bebidas azucaradas. Con esa medida se buscaba, por un lado, crear impuestos que mejoraran los ingresos fiscales de la nación y, por otro, mitigar los daños que causa el consumo de estas bebidas al bienestar social.
Sin embargo, tal propuesta no pasó. El lobby de los grupos de presión que defienden el interés de la industria de bebidas fue el que se impuso. La medida tributaria propuesta fue rápidamente sacada del proyecto de ley. El 5 de diciembre de 2016, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes quitó finalmente el impuesto propuesto de 300 pesos por litro.
De esta forma, Colombia se convirtió en uno de los pocos países en el mundo en los que ha sucedido que, una vez radicada la propuesta de poner un impuesto a las bebidas azucaradas, esta no pasa en la votación en el Congreso. Quedó evidenciado, así, de forma contundente, el poder que tienen las grandes empresas de alimentos y los gremios económicos sobre el Legislativo.
En un estudio que publiqué hace un par de años con otras tres colegas –precisamente sobre el proceso legislativo de 2016– mostramos la capacidad de la industria en el país para bloquear procesos de agenda pública que van en contra de sus intereses. El trabajo evidenció la incidencia y el poder de grupos de interés como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), además de la gran influencia que tienen, en ese sentido, actores institucionales y medios de comunicación masiva –que son de propiedad de los mismos empresarios de bebidas azucaradas–.
De allí que sea conveniente reconocer que la pelea más grande entorno al cuidado de la salud en Colombia está por llegar. Será el Congreso de la República el lugar en el que, de nuevo, se enfrentarán consumidores y defensores de la salud pública contra empresarios y grandes industrias. Un Congreso donde priman los intereses económicos de gran parte de congresistas y no el interés general y de las autoridades técnicas.
Afortunadamente, la experiencia de este último lustro ha mostrado que existe una luz de esperanza. La aprobación de la ley de comida chatarra mostró que la presión de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil es efectiva. Por eso, en la próxima propuesta de reforma tributaria deberá incluirse el impuesto a las bebidas azucaradas. Propuesta que deberá venir de la sociedad civil, pues el presidente Iván Duque es uno de los mayores opositores a un gravamen de este tipo.
En conclusión, el país contará en pocas semanas con una ley a favor de la salud pública y de los derechos humanos. Una ley ganada gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad civil con la que se busca promover mejores hábitos de alimentación, en especial en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el mayor trabajo y el más grande logro está por venir: poner un impuesto a las bebidas azucaradas.
El impuesto a las bebidas azucaradas sería una muy buena noticia para la ciudadanía colombiana y llegaría en un momento muy oportuno: en medio de la crisis del sistema de salud provocada por el covid-19. Un sindemia que ha demostrado que el virus afecta a la población con sobrepeso u obesidad y con diabetes e hipertensión arterial, enfermedades relacionadas con la ingesta de comida chatarra.
Así, el gravamen que habrá que aprobar permitiría elevar dos cometas con el mismo viento: por un lado, al disminuir el consumo excesivo de estas bebidas –asociado al aumento de peso–, ayudará a combatir la obesidad; y, por el otro, creará nuevos impuestos con los que se podrán recolectar más fondos para el sistema de salud que permitan atender las externalidades negativas que viene dejando el mismo consumo de bebidas azucaradas.
Nota: El trabajo Grupos de interés e impuesto al consumo de bebidas azucaradas en Colombia puede consultarse en https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/338783