Por: Katerin Erazo, Periodista
El pasado fin de semana, San Vicente del Caguán fue escenario de una reunión clave entre el Gobierno Nacional, representantes de comunidades campesinas del sur del país y delegados del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). El objetivo era establecer medidas concretas para frenar la deforestación en la Amazonía y la Orinoquía, que se intensifica con la llegada de la temporada seca. Sin embargo, el encuentro culminó sin acuerdos definitivos, dejando propuestas de ambas partes en evaluación.
La jornada estuvo marcada por un ambiente de tensión. Los campesinos expresaron su insatisfacción ante lo que calificaron como una falta de avances por parte del Gobierno, recordando que en mayo de este año ya se habían discutido estos temas sin resultados visibles. Las comunidades demandaron acciones inmediatas, incluida la creación de un fondo de 950.000 millones de pesos para financiar planes de reforestación y conservación que, según ellos, debían ejecutarse en el corto plazo.
Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en esta mesa de diálogo, reconoció las dificultades para lograr consensos. Aseguró que el Ejecutivo presentó un documento integrador que refleja las aspiraciones campesinas y propone una ruta de trabajo a mediano plazo. Sin embargo, explicó que establecer un fondo de tal magnitud de forma inmediata no es viable debido a las restricciones presupuestarias y los procesos administrativos que debe cumplir el Estado. "Hay voluntad, pero todo tiene que seguir los trámites correspondientes y mantener una proporción adecuada", señaló González Posso en un video divulgado tras el encuentro.
Por su parte, Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba y líder del EMBF, adoptó una postura más tajante en cuanto a la tala de bosques. En declaraciones a un medio nacional, afirmó que su organización ha decidido prohibir esta práctica en las zonas bajo su control. Según Díaz, quienes violen la medida enfrentarán la expropiación de tierras, las cuales serán redistribuidas entre campesinos que carecen de propiedades, con la condición de que las utilicen para cultivos sostenibles como yuca, plátano y maíz.
Calarcá también subrayó el papel histórico de las FARC en el control de la deforestación, destacando que los gobiernos no han logrado gestionar este problema de manera efectiva. “Las FARC hemos hecho el trabajo que el Estado nunca pudo. No se trata de recaudar multas por deforestación, sino de garantizar que los bosques no sean destruidos para actividades como la ganadería extensiva”, explicó.
A pesar de los compromisos expresados, el balance de la reunión deja interrogantes. Las comunidades campesinas siguen esperando respuestas concretas que atiendan la crisis ambiental, mientras el Gobierno enfrenta el desafío de articular soluciones que sean viables en el corto plazo.
La deforestación en la Amazonía y la Orinoquía continúa siendo un problema estructural, donde convergen intereses económicos, ambientales y sociales. Esta situación demanda un liderazgo decidido por parte del Estado, acompañado de la cooperación de actores locales y la implementación de políticas que prioricen la preservación de los recursos naturales.
El camino hacia un acuerdo definitivo parece estar lleno de desafíos, pero también evidencia la urgencia de tomar medidas conjuntas para proteger el equilibrio ecológico de una región vital para el planeta.
Según Pola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es fundamental destacar la información recopilada por el Estado Mayor Central (EMC) desde la firma del Acuerdo de Paz, especialmente en relación con la deforestación en la selva. Antes de este acuerdo, las FARC mantenían una política que evitaba la tala indiscriminada, ya que la selva les proporcionaba una ventaja estratégica en los territorios bajo su influencia. Sin embargo, tras la firma, el control sobre la deforestación quedó mediado por la violencia armada ejercida entre el EMC y las comunidades, restringiendo actividades relacionadas con la tala.
Actualmente, el EMC, particularmente su ala conocida como Jorge Briseño, posee un conocimiento detallado sobre la deforestación y el acaparamiento de tierras. Este conocimiento les permite implementar mecanismos de control a través del cobro de extorsiones o "impuestos" a campesinos y empresas que participan en actividades de deforestación.
Marín resaltó que la Jorge Briseño ha avanzado en la consolidación de un catastro multipropósito, mediante el cual censan a los campesinos en las zonas bajo su influencia. Este registro no solo evalúa el estado de la deforestación, sino que también analiza la distribución de tierras. Según este discurso, se presenta como una iniciativa que busca favorecer a campesinos sin tierra, vinculando este catastro a una propuesta de reforma agraria impulsada por el EMC, aunque esta idea difiere significativamente de las iniciativas del gobierno nacional.
El control ejercido por el EMC en estas zonas, que nunca fueron abandonadas tras el Acuerdo de Paz, ha permitido consolidar su poder territorial. Este control genera tensiones con las comunidades campesinas y las organizaciones sociales, ya que el EMC utiliza la amenaza y la violencia para imponer sus políticas, lo que incluye medidas como la llamada "expropiación" de tierras y sanciones a quienes no cumplan con sus normativas.
Marín advirtió que la deforestación no está siendo detenida por el Estado, sino por un actor armado que no ha firmado un proceso de paz, lo que agrava las dinámicas de violencia en la región. Esto representa un desafío significativo, ya que las acciones del EMC no solo tensionan las relaciones con las comunidades, sino que también exponen la falta de información y control del gobierno nacional sobre estas dinámicas territoriales.