Sneyder Pinilla: el eslabón que pone en jaque a Iván Name y a Andrés Calle
- Diego Alejandro Pedraza, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
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Por: Diego Alejandro Pedraza, Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha dado un nuevo giro con la reciente condena proferida en contra del exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, quien deberá pagar 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Con la condena contra Sneyder Pinilla, el caso cobra su segunda implicación judicial, recordando que, en diciembre de 2024, había sido enviada a la cárcel Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y quien hasta el día de hoy sigue a la espera de la condena por su presunta participación en el entramado que desfalcó la UNGRD.
El caso presenta un nuevo desarrollo, pero siguen sin conocerse todos los nombres, responsables y participantes identificables en el entramado que configuró el caso de corrupción que involucró al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Cronología de una condena
La condena en contra de Pinilla se enmarca dentro de lo que en PARES fue formulado en el artículo del 31 de enero, en donde se indicó que el caso, más que avanzar hacia niveles superiores de responsabilidad, está concentrándose en los denominados “eslabones débiles”, es decir, funcionarios de niveles jerárquicos inferiores que han sido judicializados, varios de ellos condenados, y que han entregado información sobre la estructura del entramado y sobre otros actores que aún no han sido procesados judicialmente.
En este contexto se sitúa el caso de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien suscribió un preacuerdo con la Fiscalía que fue aprobado el 4 de abril por la jueza 10 Penal Especializada de Bogotá, lo cual derivó en una condena a 5 años y 8 meses de prisión. En el marco del acuerdo, Pinilla accedió a beneficios judiciales derivados de su colaboración, que incluyeron una rebaja del 45 % de la pena y una reducción adicional por el tipo de información aportada, junto con la devolución de 618 millones de pesos relacionados con su participación en los hechos investigados en el caso de la UNGRD.
Sin embargo, la pregunta que reposa hoy en el radar de la opinión pública es ¿cuál es la calidad de la información entregada por Sneyder? Porque al final eso representa el insumo central en el esclarecimiento de los hechos asociados al proceso. Según Pinilla, esa información involucra actores del establecimiento político, y es por esa razón que ha manifestado en varias oportunidades la existencia de riesgos para su integridad personal después de su confesión.
No se ha establecido todavía a qué actores señaló Sneyder; lo que se conoce es que su testimonio plantea la necesidad de atención por parte de la Corte Suprema de Justicia, dado que, según investigaciones periodísticas de Noticias Caracol, Sneyder fue quien transportó los 4 mil millones de pesos que salieron de la Unidad de Gestión de Riesgo, destinados al pago de sobornos a congresistas, específicamente a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.
Dineros que fueron transportados por medio de maletas negras, entre las lujosas suites del Hotel Tequendama y las residencias de Iván Name en Bogotá (situación por la cual se encuentra privada de la libertad Sandra Ortiz) y la de Andrés Calle en la ciudad de Montería. Situación que terminó conociendo la opinión pública por cuenta de los chats extraídos del celular de Pinilla.
“Los eslabones débiles” que ponen en entredicho a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia
Al final, son los denominados “eslabones débiles” los que están siendo procesados y los que están aportando información, porque si algo ha caracterizado este caso es la ineficacia operativa, la demora procesal y la limitada acción por parte de la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones contra aforados, así como de la Fiscalía en los procesos contra los no aforados.
En este proceso judicial, las personas con cargos jerárquicos menores han rendido declaraciones en las que se ha hecho mención directa a exministros como Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a funcionarios como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, y a un número significativo de congresistas. Sin embargo, las acciones judiciales se han concentrado en funcionarios de niveles inferiores que, según las declaraciones recopiladas, habrían actuado bajo instrucciones de cargos superiores.
La Corte Suprema, en el caso de los aforados, ha realizado hasta ahora inspecciones en las oficinas de los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes, en el momento en que se conoció el caso, integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Y de esa misma manera han actuado contra Iván Name y Andrés Calle, quienes operaron desde su magistratura de presidentes del Congreso para “torcer” los votos o las discusiones que beneficiaran en si al gobierno nacional. Una justicia lenta, que no opera y que pareciera que como siempre, privilegia a los famosos “padres de la democracia” quienes se defienden mientras votan proyectos de ley para los colombianos.
Pero la Corte no es la única que queda mal parada en este caso, porque la Fiscalía también se ha caracterizado por ese proceder lento en contra de las altas figuras del gobierno que hoy siguen campantes en la libertad. El exministro Ricardo Bonilla sigue sin responder por las presuntas ordenes que dio en el caso, mientras sus exasesoras, María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez buscan desesperadamente preacuerdos con la justicia, exponiendo matrices de colaboración y señalando a congresistas y funcionarios que ordenaron y recibieron los beneficios de los cuantiosos contratos de la UNGRD.
Por su parte, Luis Fernando Velasco ha comparecido ante la Corte para rendir declaraciones en calidad de testigo, la última de ellas, la semana pasada, en el marco del proceso relacionado con la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, última congresista mencionada en el contexto del caso relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En un proceso aparte se encuentra Carlos Ramón González, exfuncionario del gobierno, cuyo paradero se desconoce, aunque la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, ha informado que sus cuentas se encuentran intervenidas y que se están rastreando sus movimientos.
Hasta la fecha han transcurrido 13 meses y medio desde que se hizo público el caso de los carrotanques de La Guajira, y los procedimientos judiciales y las acciones investigativas continúan centradas en los denominados “eslabones débiles” de la estructura implicada. Han sido procesadas personas como Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, y se prevé que otras personas, entre ellas Olmedo López (exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo), los contratistas que presuntamente prestaron el dinero y asesoras vinculadas a Ricardo Bonilla enfrenten procedimientos similares. Mientras tanto, otros actores mencionados en las declaraciones de los implicados no han sido objeto de medidas judiciales y continúan en ejercicio de funciones o con presencia en escenarios institucionales.
El país continúa en un estado de indefinición respecto a los hechos relacionados con el entramado de la UNGRD, mientras personas como Iván Name y Andrés Calle mantienen sus fueros legislativos, participan en votaciones de proyectos de ley y continúan ejerciendo influencia en la configuración de escenarios políticos de cara a las elecciones de 2026.
La condena de Sneyder establece un precedente en el marco del caso de corrupción que ha involucrado a funcionarios del actual gobierno, en tanto evidencia la aplicación de medidas judiciales sobre algunos actores del caso. Sin embargo, el proceso continúa enfocado en los denominados “eslabones débiles”, sin que hasta el momento se haya documentado una actuación procesal equivalente frente a otros actores señalados en las declaraciones entregadas ante las autoridades.