Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
El pasado 4 de septiembre de 2020 —cinco días antes de que se desatara una protesta sostenida por cuenta de la brutalidad policial que fue respondida por los uniformados con una masacre en Bogotá y en el municipio de Soacha— nueve (9) jóvenes murieron a causa del fuego en el CAI de San Mateo ante la mirada indolente de más de 20 policías.
Sobre esta delicada situación, Pares habló con Heiner Gaitán Parra, concejal en Soacha por el partido Colombia Humana y quien se refirió a los hechos ocurridos en el CAI de San Mateo.
Pares: ¿Qué decir sobre las amenazas de la Policía de Soacha hacia los familiares de las víctimas de esa tragedia? ¿Qué pasa con la Policía en el municipio?
Heiner Gaitán (H.G): En Soacha la Policía ha tenido un papel desafortunado. A las reiteradas y constantes denuncias ciudadanas sobre corrupción y exceso policial durante esta época de emergencia sanitaria se le suman hechos de sangre hacia la población civil que configuran claras violaciones de Derechos Humanos que no han sido objeto de investigación por la justicia y han sido legitimadas en el discurso de impunidad que se promueve desde la alcaldía municipal.
Este año, durante un proceso de ocupación de tierras por parte de familias desplazadas -engañadas por mafias de Tierreros- en el sector de Ciudadela Sucre, fue asesinado en enfrentamientos con la policía el menor de 16 años de edad: Mateo Aldana; el 4 de septiembre se supo de un incendio en el CAI de San Mateo, en donde tenían hacinadas un grupo de 20 personas en proceso de judicialización, con el paso de las semanas se conoció que nueve de ellos murieron debido a la gravedad de las quemaduras; en las noches del 9 y 10 de septiembre las protestas en los CAI dejó el macabro saldo dejó tres jóvenes asesinados (Cristian Hurtado, Stiven Mendoza y Gabriel Estrada) junto a otros seis heridos con arma de fuego; las torturas en los CAI de Ciudad Verde, Cazucá y San Mateo hacen parte de las denuncias de la ciudadanía.
Lamentablemente ningún ente de control, ni la alcaldía, ni mucho menos la Policía han avanzado ni en lo penal ni en lo disciplinario para esclarecer todos esos hechos. Al contrario, a cada denuncia se responde con la estigmatización y el señalamiento a los sectores sociales que ejercen Veeduría en materia de Derechos Humanos en nuestro municipio, ni que decir con las familias de las víctimas, quienes en su gran mayoría integran hogares humildes a las que se intenta amedrentar para que no exijan justicia.
Pares: ¿Deben reformar el uso y propósito de los CAI?
H.G: Sin duda, la grave crisis de legitimidad que tiene la Policía ha permitido que múltiples sectores de la sociedad se expresen sobre los reiterados abusos de la fuerza policial.
Tanto los CAI y los CTP se deben reformar en una lógica formativa y de garantía de los Derechos Humanos. Estos lugares son de carácter transitorio para ciudadanos que han cometido una infracción, pero en la práctica son centros de tortura donde se somete a la ciudadanía a todo tipo de abusos.
Pero voy más allá, se debe modificar estructuralmente el Código de Policía y debe trasladarse las competencias de la institución, como fuerza civil armada, al Ministerio del Interior donde se debe superar la terrible Doctrina de Seguridad Nacional que entiende peligrosamente a quien protesta como una amenaza para el país. Esa doctrina debe finalizar para avanzar en la lógica de defensa de Derechos Humanos.
Pares: ¿Cómo denunciar en Soacha si la Policía amenaza? ¿Le han solicitado a alguna institución o organización de Derechos Humanos para resolver esta situación?
H.G: Pues las denuncias formales ya están ante la fiscalía y la solicitud medida de Protección ante la UNP. Organizaciones como el CPDH y el CAJAR han ayudado.
Pares: ¿En qué va lo de las denuncias de las Águilas Negras?
H.G: De mi parte, te comento: a los tres días del CAI de San Mateo nos amenazaron, entonces eso en la práctica constituyó el tiempo de todo el proceso de denuncia, de calmar y coordinar con la gente… Y luego a los dos días de eso, lo del 9 y 10 de septiembre, ahí la Policía asesinó a un compa nuestro.. entonces pues todo ese proceso y demás.
Cuando la marea bajó, intentamos hablar con las familias. Desde un principio, reticentes y desconfiados de la ayuda que íbamos a brindar a través de Alirio Uribe. Entonces la cosa quedó así. Una parcera estaba intentando una reunión y ellas dijeron que ya tenían abogado, entonces que por ese lado continuarían. Por eso ese tema no se abordó en profundidad.
Pero si se denunció y esos vídeos que mostró Cancino ya era de público conocimiento por acá. Lo que pasa es que sucedieron tantas cosas en tan pocos días que reaccionamos tarde. Me refiero, también, a los familiares que han sufrido hechos victimizantes por parte de las autoridades. ¿Qué sucede con ellos?
Pero no es descabellado, la Policía quería evitar que la noticia llegara a oídos nacionales, es por eso que hasta hoy, semanas después, el país conoce la tragedia que pasó en ese CAI.
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