Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Como dejé planteado en mi columna anterior (Ver: La foto de la paz con las estructuras criminales) el sometimiento a la justicia de las bandas criminales es el componente de la política pública de Paz Total del gobierno Petro en que menos se ha avanzado. Entre los factores que han contribuido a este retraso están: la carencia de un marco normativo apropiado, la falta de cooperación de la Fiscalía General de la Nación, los pocos avances en lo procedimental en las mesas de diálogo y el escaso apoyo de la ciudadanía a este componente de la paz.
Ante esta situación se espera que en el corto y mediano plazo se vayan configurando en Colombia varios frentes de trabajo que permitan acelerar estos procesos de diálogo y presentar mayores resultados. Siguiendo la secuencia de los problemas encontrados, en esta nueva columna planteo varios retos que tienen el Gobierno y los demás actores implicados en el proceso.
El primero y más urgente es trabajar en darle certidumbre normativa a estos diálogos socio-jurídicos. Ante el poco avance en la discusión y aprobación de la Ley de Sometimiento, debe revisarse la normatividad existente en el país. Es necesario aclarar si la Ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz, que creó un marco jurídico para la desmovilización de los grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe– y las normas asociadas a la extinción de dominio –Ley 1708 de 2014– brindan los instrumentos legales y los incentivos económicos y jurídicos para que los actores que han mostrado interés en participar se acojan al proceso y negocien.
Eso sí, teniendo claro que, tanto para el Gobierno y la sociedad como para los grupos ilegales de alto impacto, la mejor opción es la aprobación del proyecto de Ley de Sometimiento que hoy está en el Congreso de la República (Ver: Ley de sometimiento: malestares y posibilidades). Esta Ley brindaría mayores instrumentos legales para el sometimiento de las organizaciones de crimen organizado a cambio de desmantelar sus estructuras, aportaría más información para reducir el crimen y avanzaría con mayor seguridad en la reparación colectiva de las víctimas.
En segundo lugar, el Gobierno debe aprovechar el cambio que en febrero realizará la Corte Suprema de Justicia con la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Lo que se espera es que una de las tres mujeres, propuestas por el presidente Petro, le imprima otro aire a la Paz Urbana. Que sea más amiga con los acercamientos y negociaciones que se tienen con las estructuras criminales de alto impacto. La proyección es tener una fiscal que tenga mayor apoyo y tolerancia con este componente de la Paz Total.
Se espera que el cambio de fiscal haga, por un lado, que el organismo de justicia, en lugar de criticar la norma, ayude en la discusión del proyecto de ley y proponga los ajustes que requiere la norma; y, por el otro, reduzca los riesgos legales tanto para los negociadores como para quienes representan a las bandas criminales. Recordemos que ambos tipos de actores se encuentran en riesgo, pues se estaría hablando con criminales sobre asuntos “ilegales” sin tener un marco legal que los proteja.
Y el tercer frente de trabajo está asociado a las mesas de diálogo socio-jurídico. Los líderes de las bandas criminales deberán avanzar en la construcción de una agenda de negociación en la que lo social ocupe un lugar especial. Es normal pensar que a cambio del silencio de los fusiles los ilegales pidan un tratamiento especial en temas de apoyos económicos, educativos y de infraestructura social, tanto a los actores de la guerra como a las comunidades en las que tienen presencia.
Las estructuras armadas organizadas querrán aprovechar los aprendizajes de la paz en Colombia. En la historia de las negociaciones de paz hemos aprendido que, por un lado, deben construirse agendas amplias, donde –además de incluir los programas de desarme, desmovilización y reinserción– se discutan asuntos de justicia, memoria, desarrollo y democracia, entre otros. Además, un acuerdo que permita avanzar en aportar a la verdad, la reparación colectiva y la no repetición.
En definitiva, los actores del conflicto en las ciudades buscarán que los diálogos socio-jurídicos involucren también a la ciudadanía, a la población, a las comunidades, lo que es uno de los elementos más importantes en todo proceso de paz. Hasta el momento, esta participación ha sido escasa, el protagonismo lo han tenido los representantes del Estado y de las bandas criminales. Y ante el deseo de justificar el uso de las armas y de acciones como el reclutamiento de menores y la extorsión, los líderes criminales buscarán formas de justificar su actuación ilegal.
En conclusión, nos encontramos con unos diálogos socio-jurídicos con grupos armados criminales que, aunque han avanzado poco, se puede aún trabajar para construir este componente de la Paz Total para que dé resultados. Estamos a tiempo de señalar un camino para negociar con actores armados criminales que estarán tentados a buscar formas de aumentar su poder en lugares muy propicios para aprovechar las economías ilegales. Nos encontramos, a pesar de la experiencia pasada, ante un laboratorio de Paz Urbana.
Avanzar en este componente de la Paz Total nos podría, en el corto plazo, ayudar a des escalar el conflicto armado en las ciudades, a reducir los daños que provocan los ejercicios que hay entorno a la protección de las economías ilícitas y a generar un ambiente de convivencia en el que los indicadores de violencia territorial no sean los más preponderantes. En breve, a hacer que, además de la pobreza, la ciudadanía no tenga que vivir en un ambiente que amenaza su vida y no permite el desarrollo.
Finalmente, estamos ante un proceso de paz que –aunque tiene un carácter de sometimiento– buscará construir un modelo de pacificación que supere la simple dejación de las armas y el fin del conflicto. Un proceso que propondrá un diálogo social en el que se involucre lo económico, lo cultural y lo político, buscando mejorar la prestación de servicios, el desarrollo y la participación ciudadana. Finalmente, un proceso que, a pesar de alejarse de una negociación política, insistirá en que tenga algunos elementos de justicia restaurativa individual y colectiva (Ver: Medellín: ciudad piloto de la Paz Urbana).
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.