Por: Angélica Gutiérrez, Línea Conflicto, Paz y Postconlicto – Pares
Manuel Ramírez Mosquera, líder de restitución de tierras, fue asesinado el jueves 17 de agosto de 2017 en cercanías a la Cuenca del Truandó, zona rural de Riosucio, Chocó. Dos hombres le dispararon tres veces mientras se transportaba, junto con su hermano, en una panga (lancha rápida) por el río hasta la comunidad de La Nueva para abastecerse de algunas cosechas de pancoger y regresar de nuevo al casco urbano. Tras lo acontecido, su hermano no quiso dar declaraciones a las autoridades competentes por temor a retaliaciones.
Mosquera lideraba varios procesos de reclamación de tierras como presidente del Consejo Comunitario del Truandó, cargo que había cedido menos de cuatro meses antes de su muerte. Además, era sobrino del reconocido Apolinar Mosquera, quien ha trabajado como delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa en 2017.
Desde la salida del Frente 57 de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo han intensificado sus disputas por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, incurriendo en violaciones de Derechos Humanos como desplazamiento masivo y reclutamiento forzado, utilización de menores, riesgo de afectación por la siembra de minas antipersonales, munición sin explotar y el uso de artefactos explosivos improvisados, afectando directamente a los pueblos indígenas Wounaan y Embera, junto con comunidades afros de Quiparadó Platanillo, La Nueva y Taparal.
Manuel se oponía al ELN y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Hacía parte de las más de 320 familias que desde mayo de 2017 pasado salieron huyendo de sus territorios en el Bajo Atrato. Según cifras de la Unidad de Víctimas, en 2018 se han registrado 59.931 casos de desplazamiento forzado en todo el país; de estos, 106 tuvieron lugar en Riosucio, afectando a la población de Taparal y el resguardo de Peñas Blancas.
Hoy el panorama no es muy distinto, el pasado 6 de noviembre se registraron amenazas contra otros líderes de Riosucio, como lo es el caso de Ever Ramos Gallego, presidente del consejo comunitario de la vereda Riociego en la Cuenca del Salaquí. Además, el 12 de noviembre, cerca de 400 integrantes de comunidades indígenas se dirigieron a Bogotá para denunciar la falta de acciones del Estado para evitar enfrenten amientos entre los 2 grupos armados anteriormente nombrados.
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