Por: Laura Cano, periodista Pares.
Recientemente la Fundación Paz y Reconciliación presentó su más reciente informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia en el que a través de una investigación se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital.
Los cuestionamientos en los que estarían estos contratos son: sobrecostos, categoría en la que están 118 documentos; mediación por influencias políticas con 60 hechos; violación del principio de publicidad en el que hay 53 casos; actividad comercial no relacionada con el servicio contratado en donde se hallaron 9 registros; servicio sin relación con Covid-19 pero justificado en este con 8 denuncias; y otros en los que hay 65 hechos.
Adicionalmente se identificaron que los departamentos con más indicios de posible corrupción en contratos celebrados durante la pandemia son: Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas y Nariño. También, llama la atención, como lo afirmó Daniel Gómez Rivas en el programa El Poder, que: «Para Pares fue una constante encontrar el mayor número de contratos con irregularidades en las zonas donde fueron elegidos alcaldes y gobernadores cuestionados».
En ese sentido, la Fundación Paz y Reconciliación –Pares realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos por cientos de miles de millones de pesos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades.
Así, este es el top 5 de los hechos de corrupción investigados por la corrupción:
5. Ibagué, Tolima
El contrato AI-CD-URG-0244-2020 de la Alcaldía de Ibagué, justificado en la urgencia manifiesta de la pandemia, benefició a Carlos José Alvarado Parra, dueño de la reconocida cadena de supermercados de gran superficie Mercacentro. El objeto es la venta y entrega de 52 mil mercados para garantizar el abastecimiento nutricional de la población vulnerable de la ciudad. Este fue realizado por un valor de $5.575.338.600.
¿Qué hay de raro?
Como en la mayoría de los casos en los productos vendidos se encontraron sobrecostos. Esto luego de comparar los precios en los que la misma mercancía es vendida en otros establecimientos de personas naturales. Así, los sobrecostos rondarían el 9.3 del total, es decir cerca de $472 millones de pesos.
A esto se agrega que la Fundación Paz y Reconciliación halló una relación política y familiar entre Carlos Alvarado (dueño de Mercacentro) y el exgobernador Óscar Barreto. Además, “Milena Alvarado, hija de Carlos Alvarado, es esposa de Diego Macías Barreto, sobrino del exgobernador Óscar Barreto. (…) No hay que olvidar que Barreto es líder del clan político Barretismo que ha tenido control de la gobernación durante 12 años y que en las elecciones locales de 2019 ganó tanto Gobernación como Alcaldía”.
4. Gobernación del Chocó
En esta Gobernación hay dos contratos que encendieron las alarmas. El primer documento es el 001 del 26 de marzo del 202014 que tiene por objeto “Contratar al operador para adquirir kit de ayudas humanitarias para atender a población víctima del conflicto armado en el departamento del Chocó”.
Este fue firmado con Distribuidora Jifar S.A.S. (NIT 818.001.464) por un valor de $445 millones, dinero por el que se debían suministrar un total de 800 kits. El segundo contrato tiene como fin el “suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19” y fue firmado por $220 millones y tenía como beneficiario a la compañía IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA S.A.
¿Qué hay de raro?
En el primer contrato se hallaron sobrecostos demostrados en: “el arroz blanco de 500 gr. que se reporta en Quibdó el 24 de abril en 1.840 pesos, figura en el contrato por 2.900 pesos; el azúcar de 1.000 gramos que se reporta en 13 municipios del país el 28 de abril en 2.900 pesos, figura en el contrato por 3.900 pesos; por otro lado, un café de 500 gr. aparece por 18.000 pesos, una panela de 500 gr. a 3.900 pesos y un chocolate en pastilla de 500 gr. por 18.000 pesos. Estos y otros productos del contrato sugieren sobrecostos”.
Por otra parte, se evidenció que el segundo contrato no figura entre los documentos del proceso disponibles en el SECOP, plataforma en la que solo está el documento que argumenta la Urgencia Manifiesta, el certificado de disponibilidad presupuestal de la gobernación y el registro presupuestal de compromisos. “Al no existir el PDF del contrato, no es posible cumplir con el principio de transparencia, desconociendo la cantidad, calidad y precio en la adquisición de los elementos de bioseguridad”, se señaló en el Informe.
Cabe señalar que el pasado 24 de abril la Procuraduría suspendió a Ariel Palacios, gobernador del Chocó, argumentando las posibles irregularidades, donde también se señaló el contrato realizado con la Fundación Chocó Saludable por $2.000 millones, en el que se incluía la realización de sesiones educativas de dos horas sobre: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis. Estas actividades fueron consideradas por el ente de control como un aporte no significativo a la mitigación de la pandemia.
3. Gobernación del César
En este ente territorial habría 32 contratos con irregularidades, las cuales se centrarían en sobrecostos y doble contabilidad de algunos de los productos. La realización de estos se realizó, según lo expresado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, para entregar 101.800 mercados en 25 municipios seleccionados.
¿Qué hay de raro?
En un primer momento es necesario anotar que por sobrecostos se hallaron irregularidades por cerca de $4 ́589.144.000) y en el caso de la doble contabilidad los recursos comprometidos serían de $375 .251.474, del café, el frijol y el aceite, más 28 millones adicionales de un contrato para la compra de panela.
Igualmente, Pares encontró que de los 32 contratos solo 24 tenían soportes públicos. A esto se agrega que “el Gobernador informó que el costo individual final de cada kit de mercado es de $126.600 (Incluyendo valor estampilla), de acuerdo con la información dada por el Secretario de Gobierno Departamental y el anexo técnico de los contratos.
En un ejercicio que hizo el Diputado Ricardo “Quintín” Quintero, al emular la compra en un supermercado de la cadena Olímpica equivalente al contenido que estaría entregado la gobernación en los cuestionados mercados, el costo comercial al detal arrojado es de $81.520”.
2. Gobernación de Sucre
Con este ente territorial se relacionan cinco compañías con las que se firmaron contratos: Suministros y Negocios de la Sabana S.A.S (contrato por $2.579.137.439), Corporación Desarrollar (contrato por $2.320.904.889), Corporación Regional para la Construcción Social (contrato por $1.260.612.567), Fundación Multiactiva Caribe Integrado (contrato por $2.144.516.714) y Fundación Social para la Asesoría la Salud y la Educación (1.842.831.570). Todos por un total de 14.868.765.707.
¿Qué hay de raro?
Los hallazgos de la Fundación Paz y Reconciliación muestran varias problemáticas con los contratos nombrados anteriormente. Primero, se alerta que “todos los contratos se les cambia el valor inicial del contrato, donde se puede ver que en todos hay una reducción en los precios. Sin embargo, al revisar el SECOP el precio total del contrato sigue siendo por 14.868.765.707 millones de pesos y no por 12.208.454.072 millones de pesos; cantidad que sale de la suma de las modificaciones de los valores de los cinco contratos (es decir, que hay una diferencia de 2.660.311.635 millones de pesos)”.
Asimismo, llama la atención que en todos los documentos se agrega un cargo bajo la categoría de “costos Indirectos”, el cual no cuenta con ninguna especificidad de a qué se refiere. Sumando este ítem en todos los contratos da un total de $1.836.542.560.
1. Barranquilla, Atlántico
Esta ciudad tiene en el SECOP II registro de 18 procesos contractuales realizados durante la pandemia, los cuales fueron realizados de forma directa sin necesidad de licitación pública, medida que es permitida en el marco de la Emergencia económica, social y ecológica. En este sentido se halla un contrato por $187.482.836, el cual es celebrado entre la Alcaldía de Barranquilla y la empresa Estrategias SAS para suministrar “insumos de higiene necesarios para prevenir y contener la proliferación del virus Covid-19 de conformidad con la urgencia manifiesta decretada a través de decreto distrital n° 0368-202”.
Por otro lado, también se realizaron 98 procesos de contratación directa por servicios profesionales en la plataforma SECOP II entre el 17 y el 30 de abril. Adicional, desde el 27 de abril hasta el 29 del mismo mes la Secretaría de Tránsito suscribió 63 contratos de prestación de servicios para dar “apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (Covid-19) en el distrito de Barranquilla”.
¿Qué hay de raro?
Vale señalar que el Atlántico ha resaltado por sus nexos con el clan político Char, quienes han movido durante años todas las esferas de poder a su antojo, así que era difícil que este clan no entrará en los cuestionamientos a las contrataciones hechas durante el Covid-19.
De esta forma, la primera irregularidad que se encuentra en Barraquilla con los procesos contractuales es que la gerente de Estrategias SAS es Maricel Char Yidi, hija del fallecido Farid Char y sobrina de Fuad Char, es decir, también es prima Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla.
Adicional, en el SECOP II no se encuentra este contrato, ni los documentos que den constancia de un estudio que diera como resultado la pertinencia de contratar a dicha empresa, aunque “es cierto que este estudio no es estrictamente necesario en medio de la urgencia manifiesta, pero la administración sí debe demostrar una mínima planeación para celebrar un contrato que contribuya a solucionar la emergencia. Sin olvidar el dilema moral que se evidencia en el aprovechamiento de la contratación directa para direccionar contratos a la familia Char, claros jefes de la administración actual”.
Por otra parte, en los contratos realizados por la Secretaría de Tránsito se halló que de las 63 contrataciones que se realizaron, 52 de estas se realizaron con personas que ya trabajaban con la entidad y de estos el 86.5% laboran allí desde el 2018.
Además, se encontró en las hojas de vida que 29 de estas personas trabajaron anteriormente con la ONG AHINCO. Esta organización firmó 36 contratos entre 2011 y 2019 un total de 36 con distintas administraciones de la costa, los cuales dan un total de $23.754.160.530. De esa cantidad el 62,7 %, $14.887.500.000 fueron ganados en la administración de Alejandro Char.
En ese sentido, llama la atención que, aunque la misma Secretaría de Tránsito afirmó que el tráfico de personas había disminuido pun 70% dadas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, esta entidad decidió continuar con los procesos de contratación. Algunas de las dudas que quedan des la Pares son:
“¿Por qué se pretende aumentar la planta de la Secretaría de Tránsito por tres meses? ¿Por qué se argumenta que la contratación de estas 63 personas es necesaria únicamente en el marco de la emergencia sanitaria, cuando 52 de estos ya han trabajado desde por lo menos dos años atrás con la Secretaría de Tránsito? ¿No tendría más sentido reducir el número de contratos de orientadores de movilidad debido a la menor afluencia de gente y tránsito?”.