Por: Katerin Erazo, Periodista
En la noche de este miércoles 09 de agosto asesinaron al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, durante un acto de campaña en la capital, Quito. Villavicencio, de 59 años, había emergido como una figura política cuyo enfoque en la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana lo había posicionado como una opción a tener en cuenta en las elecciones presidenciales anticipadas que estaban programadas para el próximo 20 de agosto.
La escena del crimen fue el colegio Anderson, donde Villavicencio se encontraba finalizando su acto de campaña ante un grupo de simpatizantes. Alrededor de las 6:20 p.m., al concluir el evento, varios disparos resonaron en el lugar, que resultaron en la muerte de Villavicencio y un saldo de nueve personas heridas.
La Fiscalía de Ecuador emitió un comunicado confirmando el trágico suceso y dando detalles sobre el tiroteo. Según las autoridades, luego del ataque, que generó caos entre la multitud que se encontraba en el lugar, uno de los sospechosos habría sido aprehendido, pero murió más tarde debido a heridas sufridas durante un enfrentamiento con el personal de seguridad. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó su indignación y condenó este acto violento, calificándolo como un crimen político y un intento de sabotaje al proceso electoral.
Esteban Ron, decano de ciencias jurídicas en la UISEK de Ecuador, expresó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) su profunda preocupación por la propagación de temor y terror que este evento desata, que impacta directamente en el proceso democrático. Ron mencionó que el asesinato refleja de manera elocuente la existencia de un direccionamiento cada vez más evidente por parte de la criminalidad en el país. De manera particular, esta tendencia ha tomado forma en el desafío hacia instituciones fundamentales del Estado Ecuatoriano, como la representación política y el sistema democrático.
También explicó que la identificación de las personas detrás de las amenazas dirigidas a Villavicencio es problemática. Esto se debe a que los grupos irregulares o criminales en Ecuador adoptan diversas estrategias para ocultar el origen de sus ataques, lo que complica la certeza sobre sus responsables. Sin embargo, Fernando Villavicencio ya había identificado que las amenazas que estaba enfrentando estaban vinculadas a grupos de criminalidad organizada; uno de estos grupos, conocido como “Lobos”, negó su involucramiento en el ataque.
Fernando Villavicencio era un político que trabajaba por la lucha contra la corrupción y la defensa de la justicia. Aunque su experiencia en cargos electivos no era extensa, su historial en el periodismo de investigación y su compromiso con la transparencia le habían otorgado reconocimiento. Durante su tiempo en la Asamblea Legislativa lideró la Comisión de Fiscalización y Control Político, desde donde desentrañó casos de corrupción en el sector petrolero y promovió investigaciones en temas de interés público. Su lema de campaña, “Es tiempo de valientes”, reflejaba su determinación para abordar los desafíos más apremiantes de Ecuador.
Las propuestas de Villavicencio se centraban en un enfoque “multidimensional” de la seguridad, abordando no sólo la violencia, sino también la seguridad ciudadana, alimentaria, económica, ambiental y sanitaria. Su programa electoral abogaba por una justicia independiente y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en el sector petrolero, un tema en el que había profundizado durante su tiempo como periodista.
En los días previos a su asesinato, su campaña había emitido un comunicado informando que Villavicencio seguía recorriendo el país a pesar de las amenazas de muerte que recibía de grupos criminales.
El presidente Guillermo Lasso, como respuesta al asesinato de Villavicencio, declaró un estado de excepción en todo el país por 60 días. Esta medida implica la movilización de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana y la realización de las elecciones programadas. Además, se han suspendido algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo por mantener el orden público y la paz social.
Hasta hace una semana, las intenciones de voto estaban encabezadas por la abogada Luisa González, afín al exmandatario Rafael Correa; el abogado indígena Yaku Pérez; el economista Otto Sonnenholzner; y el periodista Fernando Villavicencio, ahora fallecido. Estos nombres destacaban, según una encuesta de Cedatos.
Los candidatos han presentado diversas propuestas para abordar la seguridad en el país. Entre ellas se incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía, la instalación de inhibidores de señales de telecomunicaciones en las prisiones, el fortalecimiento de las fuerzas policiales y militares, y reformas legales para endurecer las sanciones. Cada candidato tiene su enfoque característico.
Ecuador se prepara para unas elecciones generales anticipadas para completar el actual período, que concluirá en 2025. Esta decisión se tomó tras la disolución del Congreso por parte del actual presidente Guillermo Lasso, quien ha optado por no participar en las próximas elecciones y, en cambio, centrarse en cumplir las metas de su gobierno antes de concluir su mandato.
El sistema electoral ecuatoriano establece que, para evitar una segunda vuelta, el ganador debe obtener al menos un 40% de los sufragios válidos y una diferencia de más de diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato en la primera ronda. En paralelo a la elección presidencial, los ecuatorianos también deberán seleccionar a 137 representantes para el Legislativo, una institución que históricamente ha enfrentado problemas de credibilidad.
Además de los cargos presidenciales y legislativos, la misma fecha de las elecciones generales albergará dos consultas populares impulsadas por grupos de ambientalistas. Estos colectivos buscan detener la explotación petrolera y minera en dos zonas designadas como reservas de la biosfera, lo que refleja el compromiso de la sociedad ecuatoriana con la protección del medio ambiente.
El homicidio de Fernando Villavicencio ha desencadenado interrogantes en torno a la seguridad de los candidatos y la estabilidad del proceso electoral. Según Esteban Ron, desde una óptica constitucional y siguiendo las pautas delineadas en el artículo 112 del Código de la Democracia de Ecuador, la responsabilidad de proceder al reemplazo de la candidatura recae en la organización política Construye 25. En este contexto, las directivas de esta agrupación deben tomar una determinación respecto a la sustitución del candidato fallecido. Ron enfatizó que en ninguna circunstancia está previsto que la vicepresidenta asuma esta función.
La nueva candidatura seleccionada debe someterse a un proceso de escrutinio público, el cual implica la presentación de objeciones e impugnaciones que deben ser dirimidas antes de confirmar la candidatura de manera definitiva. Aunque es poco probable, para Esteban Ron, que este proceso se complete antes del próximo domingo, por lo que existe la posibilidad de llegar a una resolución antes del día de las elecciones.
Según Laura Bonilla, gerente de proyección para América Latina de la Fundación Pares, en las encuestas recientes, Villavicencio se encontraba en segundo lugar. Este hecho tiene el potencial de influir en el resultado de las elecciones. Además, Bonilla indicó que es altamente probable que esta situación sea utilizada para cuestionar la gestión del actual presidente Lasso.
En palabras de Bonilla, Fernando Villavicencio será reemplazado conforme a las disposiciones de la ley electoral. En este sentido, el o la candidata que lo suceda podría experimentar un aumento en sus posibilidades de crecimiento. Finalmente, Bonilla destacó que la violencia política ya estaba en aumento y señaló que esta se encuentra relacionada con conflictos internacionales y los disturbios en el mercado del narcotráfico.