Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética
La región del Catatumbo, ubicada en el nororiente de Colombia y fronteriza con Venezuela, ha sido históricamente uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. Pese a los esfuerzos de pacificación, diversos reportes de prensa y organizaciones civiles advierten que continúan problemáticas arraigadas al narcotráfico, la confrontación entre grupos armados ilegales y la limitada presencia estatal. En este panorama, surge con fuerza un tema emergente: la transición energética justa y la conformación de comunidades energéticas como motores de sostenibilidad ambiental y resiliencia social.
Según un artículo reciente de El Espectador, varios municipios del Catatumbo han experimentado desplazamientos masivos debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, quienes pretenden controlar rutas de salida de cultivos ilícitos. Organizaciones de Derechos Humanos citadas en la investigación sostienen que la población civil permanece “en permanente zozobra”, con un déficit presupuestal que impide atender las necesidades básicas de los afectados. Este déficit no es coyuntural, sino que se remonta a años de escasa inversión pública, traduciéndose en un acceso precario a infraestructura energética.
En la misma línea, El Tiempo señala que la mayoría de hogares en zonas rurales de la región dependen de combustibles fósiles para iluminación, refrigeración y bombeo de agua, debido a que las redes de distribución eléctrica son frágiles o inexistentes. Para romper dicha dependencia, diversos actores han propuesto proyectos de energías renovables que podrían reactivar la economía local y contribuir a mitigar las dinámicas de ilegalidad. Sin embargo, la Ley 2099 de 2021 (Ley de Transición Energética), que ofrece incentivos a la instalación de paneles solares y otras Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), no logra materializarse en el territorio. Tal como indica Revista Cambio, la inseguridad dificulta la llegada de inversionistas y la implementación de proyectos gubernamentales.
Líderes sociales de municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata han expresado que muchas iniciativas energéticas terminan “en el papel” porque las empresas demandan condiciones de seguridad que las instituciones no alcanzan a garantizar. Esto subraya la necesidad de concertaciones amplias con las comunidades y, probablemente, con los grupos armados que operan en la zona para crear entornos favorables a la inversión. De hecho, Revista Semana destaca que el gobierno nacional insiste en que la transición energética justa debe articularse con la política de “paz total” para obtener resultados tangibles. El Plan Nacional de Desarrollo prevé lineamientos específicos para promover las energías renovables en zonas de conflicto, pero también enfrenta obstáculos como la falta de articulación interinstitucional y las dificultades en la implementación de la propia política de paz.
La situación del Catatumbo ilustra las tensiones de un territorio sumido en la disputa armada y la exclusión socioeconómica, donde la transición energética —planteada como objetivo nacional— enfrenta barreras estructurales. La deficiente infraestructura, el control ilegal y el temor de las empresas reducen las probabilidades de contar con soluciones renovables. No obstante, la creación de comunidades energéticas aparece como una alternativa prometedora si hay apoyo integral de autoridades locales, organizaciones internacionales y, especialmente, si se avanza en la reducción de la confrontación armada.
En ese orden de ideas, la apuesta por energías limpias podría contribuir a la construcción de paz, siempre que se aborde tanto el componente técnico como el fortalecimiento de la cohesión social y la participación ciudadana. La experiencia muestra que la electricidad no solo ilumina hogares, sino que también enciende esperanzas de cambio en territorios azotados por la violencia. Aun así, este proceso demandará planes interinstitucionales sólidos, estrategias de seguridad eficaces y, solo entonces el Catatumbo podrá transitar de la sombra del conflicto hacia la luz de un futuro energético sostenible.
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