Por: Nataly Triana Guerrero, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad.
Las fronteras entre Colombia y Venezuela se han transformado en sinónimo de violación sistemática de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. A pesar del anuncio de la apertura total de los puentes internacionales de la Unión, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar para el paso peatonal total desde el 15 de noviembre de 2021 las violencias basadas en género (VBG) han tenido continuidad sobre las mujeres migrantes vulnerables.
La apertura de los puentes internacionales para la circulación de personas tiene el objetivo de reducir las prácticas delictivas y violentas de los actores de la economía ilegal en los pasos fronterizos. No obstante, fuentes de Pares han señalado que una de las razones por las que las VBG continúan sobre la población migrante es debido a la complicidad de la Guardia Bolivariana con grupos armados ilegales que podrían estar dedicados a la trata y/o tráfico de personas, especialmente la trata con fines de explotación sexual.
Varios testimonios recibidos por el Observatorio de Asuntos de Género en Norte de Santander han señalado que las poblaciones más vulnerables como mujeres y personas LGTB continúan cruzando a través de las trochas debido a que en los puentes peatonales la Guardia Bolivariana destruye sus pertenencias y órdenes médicas, impulsando y constriñendo de esta manera el paso por las trochas.
En las investigaciones adelantadas por Pares con el respaldo de la National Endowment for Democracy (NED) se ha podido corroborar que existe un flujo migratorio con carácter pendular y permanente de mujeres y niñas venezolanas provenientes del interior de Venezuela que son captadas desde su lugar de origen o en su tránsito hacia Colombia por redes de trata de personas con el propósito de explotarlas sexualmente, por lo general.
Al respecto, la organización Operación Libertad Internacional ha señalado que estas organizaciones criminalescaptan mujeres migrantes provenientes de estados del oriente y centro venezolano, quienes son marcadas corporalmente a través de tatuajes o rapando una parte de su cabello para que sean reconocidas en su paso por las trochas. De acuerdo con el gobierno nacional, el 60% de las niñas, adolescentes y mujeres que son explotadas en la zona de la Parada y en Cúcuta son de nacionalidad venezolana.
Frente a esto, el Ministerio del interior a Pares le ha señalado también que los casos conocidos por esta entidad a nivel nacional por trata de personas generalmente corresponden mayoritariamente a casos de trata externa que de trata interna, esto quiere decir que la trata de personas en Colombia se da mayoritariamente en población extranjera.
Este tipo de violencia no solamente se da en las trochas que tiene lugar entre Norte de Santander y el Táchira, sino también en las rutas que se extienden por el país hacia el Tapón del Darién. Fuentes de prensa han revelado que está ruta migratoria, la cuál puede ser considerada la más peligrosa de las américas, es lugar de predilección de algunos migrantes venezolanos que cruzan hacia Colombia para poder llegar a la región Centroamérica y migrar finalmente a Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades panameñas, la cifra de personas que cruzan está ruta se ha triplicado en comparación con el año pasado, en este fenómeno se ha podido observar un aumento de migración venezolana que para el 2022 ha superado ya el total de migrantes registrados en el 2021.
En la actualidad, se desconoce la cantidad de mujeres y niñas venezolanas que han cruzado el tapón del Darién y que se han convertido en víctimas de trata desde su lugar de origen o en su paso por este corredor de narcotráfico. No obstante, es importante señalar que el paso hacia Colombia y Centroamérica implica un continuo de violencias en las cuales no se puede decir que son víctimas una única vez, por el contrario, se encuentran expuestas a violencias sistemáticas.
Al respecto, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander ha señalado que las VBG en este departamento son circulares y continuas en tanto las condiciones de violencia del conflicto armado permiten las circunstancias bajo las cuales estas y otras violencias se reproducen y se presentan frecuentemente en la vida de las víctimas a través múltiples actores y lugares.
Las cifras obtenidas a partir del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) informan de un aumento del 260% en este delito entre el 2020 y el 2021 en Norte de Santander. De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia entre 1 de enero al 31 de octubre del 2021 en Norte de Santander se denunciaron 41 casos de trata de trata de personas, los delitos se concentran mayoritariamente en Cúcuta y Villa del Rosario con 29 y 7 casos respectivamente.
Ahora bien, en un mapeo de los delitos sexuales realizado por Pares a través del SIEDCO, se evidencia que los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, entre el 2020-2021 existieron en todo el territorio colombiano 21.336 casos, los cuales se concentran en un 86% en la población femenina y el 14% en masculina. En relación a Norte de Santander se ha identificado que estos delitos se concentran mayoritariamente en Cúcuta (3.484), seguido de Ocaña (104), Villa del Rosario (78) y los Patios (54).
Estas cifras ofrecidas por la Policía Nacional son reveladoras de las situaciones de trata de personas y delitos sexuales en Norte de Santander, sin embargo, estas no reflejan a cabalidad el comportamiento de este fenómeno. Conforme a la Secretaria de Fronteras, las cifras sólo son una pequeña muestra del delito ya que las mujeres víctimas generalmente no denuncian por miedo a las represalias del grupo armado, miedo a la revictimización y desconfianza hacia la Fuerza Pública.
Debido a que este tipo de delito es de carácter transfronterizo, las acciones encaminadas a su reducción y protección integral de los derechos de las víctimas requiere de un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela para la investigación, judicialización y prevención.
Según las investigaciones de Pares, la trata de personas y otros delitos como la desaparición forzada actualmente no han sido investigados a cabalidad debido no solamente a la naturaleza del delito, sino también en la incapacidad de los gobiernos colombianos y venezolanos de trabajar en conjunto para la detección oportuna de estos. Es por esto que Pares hace un llamado para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en función de la protección de los derechos de las migrantes.