Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El 30 de septiembre de 2018 en horas de la tarde en el municipio de Arauquita, Arauca, fue capturado Hermes José Burgos, a quien la Fiscalía General de la Nación lo acusaba de concierto para delinquir y rebelión. Burgos en ese momento hacía parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), lideraba proyectos productivos, organizativos y políticos en el departamento de Arauca, y desde allí hacía defensa a los intereses de las y los campesinos, pues además era parte de las mesas de interlocución con el Gobierno Nacional.
Luego de esto, el 01 de octubre de 2018, fue capturada Alix Miriam Aguilar por miembros del Gaula de la Policía, quienes llegaron a allanar un lote que ocupaba en la invasión “Mi Nueva Esperanza”. Ella, para ese año, hacía parte la Asociación de Mujeres Unidas Por Casanare –ASMUC-, y había sido vocera ante la administración local y departamental en Casanare en temas de vivienda, salud, educación. A Alix también se le imputaban los delitos de rebelión y concierto para delinquir.
Antes de estos dos hechos, el 06 junio de 2018, había sido capturado Julián Gil, bajo el argumento que tenía vínculos con el ELN. Él se desempeñaba como Secretario Técnico del Congreso de los Pueblos, además hacía parte del Pre-Icfes Popular Vamos Pa’la U Pública que se desarrollaba en el barrio José Antonio Galán de la localidad de Bosa. Julián, luego de estar detenido en la estación de Facatativá, fue llevado a la cárcel La Modelo, desde donde, tras el nivel de hacinamiento, fue llevado a La Picota. Estando allí, el pasado mes de junio al cumplirse, escribió las siguientes palabras para Colombia Informa:
“En estos dos años hemos visto desde distintos ángulos cómo la violencia dirigida hacia el movimiento social ha aumentado, encarcelando y asesinando a líderes y lideresas comunitarias, haciendo juicios mediáticos y sobre todo marcando un ciclo antidemocrático, caracterizado por el soterrado cierre de la participación política a las propuestas distintas de país. Es como los días nos van cambiando y nos van enseñando que es la lucha diaria como la vida cobra sentido y que es a quienes no dejamos de soñar y amar la vida a los que nos corresponde transformar el mundo”.
Un panorama que no cambia
Julián, Alix y Hermes son tres de las muchas personas, líderes y lideresas sociales que se les ha capturado de forma arbitraria, con una y otra irregularidad en los procesos judiciales, y quienes pasaron días, años, esperando que sus casos se resolvieran, defendiendo siempre su inocencia, en la cual no solo habían insistido ellos y ella, sino también cada una de las personas con quienes habían trabajado a favor de los Derechos Humanos.
A Julián, Alix y Hermes, tras una constante lucha contra el sistema judicial, y como muchos/as lo esperan, les fue concedida la libertad; a Hermes José Burgos en agosto de este año, a Alix Miriam Aguilar el 01 de septiembre de 2020 y a Julián Gil el 24 de noviembre, también de este año. Los tres tuvieron que estar cerca de dos años privados/as de la libertad, siendo criminalizados y judicializados bajo argumentos que la Fiscalía no tuvo cómo sostener, hecho que terminó generando que se vencieran los términos, haciendo pasar a ellos/a por un proceso judicial irregular y que vulneró los derechos de estos líderes comunitarios.
Aunque esto es una radiografía de la persecución que enfrentan quienes deciden hacer defensa de las comunidades y los territorios que más se ven expuestos a vulneraciones – y a este panorama se suman otros muchos hechos victimizantes-, ha sido muy poco lo que se ha hecho y ha sido casi nula la atención, seguimiento y acciones que ha tenido el Gobierno Nacional, que a pesar de ser un escenario que aunque se repite y se repite pareciera pasar desapercibido, apropósito o no, ante los ojos de un Ejecutivo al que se le han hecho constantes llamados y alertas que se han quedado ahí.
Hoy, esto ha llevado a que a la fecha sean, al menos, 292 las lideresas y líderes sociales asesinados en solo lo que va del 2020 (según datos de Indepaz), y también a que casos como el de Julián, Alix y Hermes se sigan repititendo.
Nuevas víctimas de detenciones arbitrarias
El pasado 15 de diciembre desde diversas organizaciones se informó que en horas de la tarde habían sido capturados Teófilo Acuña y Adelso Gallo, voceros de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, miembros del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario –CNA-.
Adelso Gallo, quien además era parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), fue detenido en la ciudad de Villavicencio, Meta. Mientras tanto, en Barranco de Loba en Bolívar estaba siendo detenido Teófilo Acuña, quien fue posteriormente trasladado a El Banco, Magdalena, desde donde se quiere llevar hacia Bucaramanga.
Sobre este caso la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes escribió en un comunicado que “la captura fue emitida el mismo 15 de diciembre desde Popayán, y ejecutada con una diligencia jamás vista”.
Agregaron: “Teófilo Acuña ha dedicado su vida entera a un liderazgo social ampliamente reconocido en toda la región y el país: es nuestro vocero y cofundador del Congreso de los Pueblos, del Coordinador Nacional Agrario y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Además, se encontraba liderando las mesas de interlocución con el Gobierno Nacional, que, pese a haberse reactivado desde el mes de julio de 2020, no avanzaba por falta de voluntad política de las instituciones estatales, excusándose en la pandemia”.
Adicionalmente, en la madrugada del 16 de diciembre también fue detenido en la ciudad de Pasto Robert Daza, quien es un destacado líder del norte de Nariño, expresidente del CNA, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano. Asimismo, ha impulsado el desarrollo de los Territorios Campesinos Agroalimentarios a nivel nacional, y adicionalmente pertenece a la Junta Nacional de la Secretaría de Tierras, Territorios y Territorialidad del CNA.
Este panorama sigue alertando de lo que está sucediendo con quienes ejercen defensa de derechos humanos, pues sistemáticamente se les está queriendo alejar de sus territorios, familias y procesos de base, mediante la utilización de la justicia para perseguir y atacar los liderazgos; algo que no es nuevo, pues como indicó Franklyn Castañeda del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos durante la rueda de prensa convocada por el Congreso de los Pueblos, en los últimos siete años 249 personas con liderazgo social han sido judicializadas.
Estas personas, al igual que Robert, Teofilo y Adelso, tienen perfiles similares, es decir, son líderes/as campesinos/as o medio ambientales, que se oponen a megaproyectos en sus territorios y/o que defiende la tenencia de tierra de las y los campesinos. Adicional, dentro de las personas de este total de líderes judicializados también están quienes defienden el Acuerdo de Paz o que participaron en las mesas de diálogo e interlocución de la sociedad civil en el marco de la mesa de negociación tanto para lo pactado con la antigua guerrilla FARC-EP, así como para el diálogo que se adelantaba con el ELN. A estos perfiles también se suman quienes han venido impulsando la protesta social.
Ante esta situación desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) hablamos con Erika Prieto, integrante del Congreso de los Pueblos, organización que con la que tiene relación las tres personas detenidas en las últimas horas, además una organización que desde 2017 ha tenido que enfrentar la detención de 43 de sus miembros.
Pares: Esta no es la primera vez que miembros del Congreso de los Pueblos son detenidos arbitrariamente, ¿qué está pasando?, ¿a qué intenciones podría obedecer esta persecución? ¿Qué implicaciones ha tenido esto con las personas que integran el Congreso de los Pueblos?
Erika Prieto: Los ejercicios de oposición en el país históricamente han sido castigados y reprimidos, con lo que buscan que los procesos como el Congreso de los Pueblos, que hacen defensa de distintas causas y se oponen a otras, tengan un impacto. Para esto, por ejemplo, abusan de la figura de detención preventiva, la que han usado para privar de la libertad a muchos líderes y lideresas.
Esta situación ha llevado a que la gente sea muy solidaria, pero que también a que tengan miedo, que es justo lo que se busca con este tipo de arbitrariedades, además de generar señalamientos y vinculaciones del movimiento social con el movimiento insurgente. Acciones que vienen de forma violenta a deslegitimar el trabajo comunitario.
Este tipo de hechos además de atacar a la persona directamente implicada penalmente, también se convierte en un ejercicio para atacar el proceso social a través de la intimidación, y esto se ve, por ejemplo, en el sentir de muchos/as compañeros/as, pues sabemos que a pesar que Teófilo, Robert y Adelso son inocentes, igual están privados de la libertad, lo que genera temor en que más personas sean víctimas de este tipo de montajes.
Pares: ¿Qué particularidades han tenido estas detenciones?
E.P: Desde este momento ya se ven irregularidades en el proceso, por ejemplo, un fiscal de Santa Marta, un lugar donde ninguna de estas personas frecuenta, fue el que fue hasta Popayán a solicitar la medida de aseguramiento. Eso es muy atípico.
A esto se suma que los compañeros son muy representativos dentro del proceso, son además quienes lideran en sus regiones iniciativas de movilización, procesos de incidencia, y que son reconocidos por la gente, la gente les tiene confianza para hablar sobre lo que pasa en donde habitan. Los tres también vienen de hacer parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y de ser negociadores con el Gobierno Nacional.
Pares: ¿Han tenido acompañamiento por parte de organismos públicos de control?
E.P: Este tema ha sido complejo, nosotros/as hemos activado rutas por medio de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control de carácter internacional, pero todavía falta más acompañamiento, sobre todo de seguimiento a las acciones de la Fiscalía, teniendo en cuenta que siempre son las mismas formas de persecución y de actuar dentro de los procesos judiciales.
Pares: ¿Cuáles son los motivos con los que se argumenta hacer estas detenciones?
E.P: A hoy no tenemos ni idea cuáles son los hechos por los que los compañeros están siendo privados de la libertad. Sabemos que se dio por medio de una orden de captura emitida y ejecutada el día de ayer (15 de diciembre) y hoy en el caso de Robert. Hay que decir que la orden solo dice rebelión agravada, no dice nada más.
El abogado que está llevando el caso le pidió directamente al fiscal a cargo –quien está en Santa Marta y no tiene relación con los territorios donde hacen trabajo los líderes- que le suministrara por lo menos la temporalidad de los hechos sobre los que se va a acusar, sin embargo, a esta hora no lo ha hecho, por lo que estamos atentos de lo que vaya a ocurrir en las audiencias que se instalarán el día de hoy y mañana.