Por: Daniela Garzón
Investigadora nacional - Línea de Democracia y Gobernabilidad
Ya está lista la terna que se enviará al Senado para reemplazar al magistrado Alberto Rojas en la Corte Constitucional. El pulso político para que dentro de los nombres quedara el de Álvaro Motta, un candidato conservador muy cercano a Duque, lo perdió el Gobierno, pues el Consejo de Estado decidió postular a dos personas lejanas a los políticos, y ninguna de las tres que están en la terna es de sus afectos.
Los elegidos por el Consejo de Estado fueron: Natalia Ángel, profesora de la Universidad de los Andes, quien ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y actual conjuez; Héctor Riveros, quizás el más visible para la opinión pública por ser panelista de Blu Radio, columnista de La Silla Vacía, y quien ha sido magistrado auxiliar de la Corte Suprema; y Luis Manuel Lasso, magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el más cercano a la rama Judicial. Al no estar el candidato del Gobierno, no es fácil señalar a una persona favorita, aunque, probablemente, Héctor Riveros entre con los votos de la bancada liberal ganados.
La elección de magistrados de la Corte Constitucional es crucial porque esta institución ha jugado un papel preponderante en el avance de los derechos de las minorías (a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos, del matrimonio entre parejas homosexuales o de la eutanasia, por solo nombrar unos casos), y porque es el órgano de cierre del control de constitucionalidad y en la revisión eventual de sentencias de tutela que guían a las y los jueces del país. La Corte, para algunos extralimitándose y para otros cumpliendo el papel de legislador que no ha querido cumplir el Congreso, ha dictado cátedra sobre asuntos fundamentales para el país desde su instalación en 1992, y fue la que frenó a Uribe en su intento de perseguir una tercera elección.
La Corte está integrada por nueve magistrados que son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, a partir de ternas que presenta el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En este caso, la única que ha sido ternada anteriormente es Ángel, en 2017, por Santos; y en 2020, también, por el Consejo de Estado.
En este momento, los integrantes de la Corte son:
· Antonio José Lizarazo, presidente. Su periodo va desde febrero de 2017 hasta febrero de 2025.
· Cristina Pardo Schlesinger, vicepresidenta. Su periodo va desde mayo de 2017 hasta mayo de 2025.
· Diana Fajardo Rivera. Su periodo va desde junio de 2017 hasta junio de 2025.
· Jorge Enrique Ibáñez. Su periodo va desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2028.
· Alejandro Linares Cantillo. Su periodo va desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023.
· Paola Andrea Meneses. Su periodo va desde enero de 2021 hasta enero de 2029.
· Gloria Stella Ortiz Delgado. Su periodo va desde julio de 2014 a julio de 2022.
· José Fernando Reyes. Su periodo va desde septiembre de 2017 a septiembre de 2025.
· Y a quien reemplazará el elegido de esta terna, Alberto Rojas Ríos, que está desde mayo de 2013 en el alto tribunal y saldrá en febrero de 2022 (inicialmente, el magistrado Rojas debía terminar su periodo el 2 de mayo de 2021, sin embargo, un fallo judicial determinó que se le debía sumar el tiempo que permaneció sin ocupar el cargo debido a un fallo que declaró su elección como nula).
Como se puede observar en las fechas de retiro de los actuales magistrados, el Congreso que se elegirá en marzo tendrá la responsabilidad de escoger los reemplazos de seis de ellos: Lizarazo, Pardo, Fajardo, Linares, Ortiz y Reyes. La composición de la Corte es especialmente delicada porque de sus balances ideológicos depende buena parte de lo que decida. Debido a que ha tenido que inmiscuirse en tareas muy espinosas, y a que es la que revisa que las leyes y decisiones del Gobierno se ciñan a lo que dice la Carta del 91, un solo nuevo magistrado puede significar el cambio en la mayoría que respalda una decisión que siente precedentes, porque, al final, la Constitución dice lo que la Corte interpreta de ella.
Llegar a ser magistrado implica, por lo tanto, no solo tener muchos pergaminos, sino una milimétrica tarea de lobby para conseguir los votos de los senadores. Por eso, muy buenos candidatos como Rodolfo Arango –hoy en la Justicia Especial para la Paz– o Rodrigo Uprimny –uno de los constitucionalistas más reconocidos del país– no han llegado al tribunal por tener insuficiente apoyo político.
Aunque no siempre es sencillo decir si un magistrado es de corte liberal o conservador, sin duda, hasta el momento, la Corte Constitucional ha tenido una tendencia más progresista, y el cambio de magistrados a otros de corte conservador podría significar el retroceso para muchas de las victorias que los movimientos LGBTI o de mujeres, por ejemplo, han recogido gracias a su labor; o que leyes como la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños –aprobada por el Congreso, impulsada con vehemencia por Duque y tumbada por la actual Corte– se materialicen. La Corte ha cumplido un papel de contrapeso de los distintos Gobiernos, y de freno a iniciativas muchas veces populares, pero cuestionables desde una perspectiva de respeto de los derechos humanos y de pluralismo jurídico.
Solo en este momento, por ejemplo, se debate la posibilidad de una completa despenalización del aborto que vaya más allá de los tres casos en los que la Corte lo avaló en 2006. Con esta terna, la derechización de la Corte no parece un riesgo aún, pues todos son de talante liberal, pero las posibilidades están abiertas cuando en el próximo cuatrienio se cambien seis magistrados.
Finalmente, hay que decir que, aunque la Corte es uno de los órganos más respetados por la opinión pública, no ha estado exenta de polémicas. Estuvo envuelta en escándalos como el de Jorge Pretelt, exmagistrado condenado a seis años y seis meses de prisión por haber exigido un soborno de $500 millones para favorecer a la empresa Fidupetrol en el trámite de una tutela, y quien apeló la sentencia. Además, la pérdida de su imagen favorable ha sido casi constante desde el segundo Gobierno de Santos, como lo muestra la encuesta de Invamer Poll publicada en el último mes.
El nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de mantener dentro de la Corte a personas con la suficiente preparación, experiencia e independencia para tomar decisiones trascendentales para Colombia, que puedan seguir siendo freno de Gobiernos que quieran saltarse los contrapesos de la democracia colombiana o utilizar los mecanismos de participación ciudadana a su favor. De sus labores se desprende buena parte de la confianza que la ciudadanía puede tener en las maltrechas instituciones que la gobiernan.