Por: Guillermo Lineros
Denunciar al presidente Gustavo Petro, por la existencia de supuestos indicios acerca de que sobrepasó los topes electorales, es democrático y lícito; pero no lo es que, fundado en tales hallazgos, cualquiera abra a la topa tolondra una investigación contra él, excepto que se trate de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Y esto es así, porque investigar al máximo administrador del Estado pone en riesgo la seguridad nacional, ya que esto implicaría: vigilancia y seguimientos, intervenciones, capturas, registros, incautaciones y pericias, que afectarían directamente al presidente, a su núcleo familiar y a la gobernabilidad.
Aun menos podría alguien, o alguna institución estatal, juzgar al presidente por cualquier hecho punible que se le impute, excepto que se trate de la Corte Suprema de Justicia, que puede hacerlo, única y estrictamente, si el presidente es acusado por la Cámara de Representantes y por el Senado. El artículo 199 de la Constitución Política de Colombia es tajante en eso: “El presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”.
De modo que, si el Concejo Nacional Electoral, CNE, o alguno de sus magistrados, recibió información documental de un tercero anónimo, sobre indicios o pruebas contra el presidente de la república, ha debido trasladarlas inmediatamente a la Comisión Tercera de la Cámara, sin necesidad de ponencias ni declaraciones públicas. De hecho, cualquier estudiante de V semestre de Derecho, entiende que eso es así. Por tal razón, que los magistrados del CNE -la mayoría de ellos anti petristas- desconozcan ese procedimiento tan elemental, permite aseverar sin vacilaciones que se trata de una maniobra política de persecución y prejuzgamiento que, por inconstitucional, está destinada a un fin distinto muy claro: confundir malvadamente a la población ingenua y debilitar al presidente Gustavo Petro.
En efecto, pretenden confundir a la población con la instrumentalización de los medios de comunicación tradicionales -hoy todos al servicio de la inescrupulosa oposición al gobierno- haciéndole creer a la ciudadanía que el presidente va a ser juzgado por el CNE, tras descubrirse, supuestamente, que en su campaña a la presidencia lideró actos de corrupción. Y pretenden a la par, debilitarlo, manteniéndolo ocupado en un asunto jurídico que, siendo burdamente engañoso (un lawfare), la oposición propaga como verdadero, y podrían usarlo para tumbar al presidente, si echan mano de sus modos delincuenciales y si reciben el respaldo del régimen, que como hoy se sabe, es una maquinaria de corrupción que tiene compradas o secuestradas a la prensa, a la radio, a la televisión y a la justicia.
No obstante, luego de ser cuestionados por distintos expertos en derecho constitucional, algunos representantes de la oposición terminaron diciendo que lo hasta ahora realizado por el CNE, es recibir una ponencia de dos magistrados, y que la mayoría de los otros integrantes de dicho concejo, ni siquiera la han discutido ni validado con fines de investigar al presidente. Empero, han objetado que el presidente Gustavo Petro, haya denunciado públicamente que se está promoviendo una ruptura institucional, o que se está fraguando un golpe blando. Incluso, han calificado sus manifestaciones como un absurdo modo de victimizarse. Piensan o imaginan, esos opositores, que el presidente y la ciudadanía ignoran que todo golpe, blando o militar, es disimulado y engañoso.
Si bien, distinto a como ocurría con los golpes militares, los golpes blandos evitan los propósitos violentos -pues no buscan el asesinato de los presidentes, como hicieron con Salvador Allende- pero son conspirativos y sus motivadores se reúnen a puertas cerradas -como quienes planean el robo de un banco- para encontrar o fabricar maneras de llevar a la cárcel al gobernante que no satisface sus intereses. En consecuencia, hacen acusaciones temerarias y buscan realizar juicios sumarios enmarcados en el llamado lawfare (una guerra legal) que consiste en un acoso judicial, para el cual utilizan abusivamente las instancias judiciales.
Los golpes blandos no se mueven con verdades jurídicas -en tal caso no serían golpes- y para llevarlos a cabo, sus gestores deben cumplir con varias etapas que deben cometerse bajo una coraza de secretismos. Eso distingue a los golpes blandos de los golpes militares que se forjaban supliendo apenas dos etapas: planeándolo y ejecutándolo. Los golpes blandos, como lo hemos dicho, no aplican métodos violentos, siendo conspirativos tejen estrategias de debilitamiento y desprestigio de los presidentes, en una secuencia de acciones y procesos legales o inmorales, todas conducentes a su derrocamiento.
Comparando la pertinencia de cada una de esas etapas y relacionarlas con hechos políticos contra el gobierno, puede cada lector por su propia cuenta sopesar si en efecto se está fraguando un golpe blando contra el presidente. Ablandamiento (chismes y calumnias donde el target es su propia familia), deslegitimación (lo acusan de castrochavismo, de consumidor de drogas, de comunista e incumplido, y lo acusan de cortar la libertad de expresión), inquietud social (le organizan marchas, plantones y cacerolazos, y lo culpan, como si los colombianos fueran idiotas, de todos los males que heredó de los expresidentes), desestabilización (guerra sicológica), fractura institucional (la intervención inconstitucional de la CNE en asuntos que le corresponden a la Cámara de representantes).
Cinco pasos que, no fructificarían de no ser por el uso de estas armas puntuales: el arma de la falsedad y la calumnia (periodistas incitadores, que construyen y propagan falsas noticias); el arma sicológica (como la violenta captura de su hijo Nicolás por la fiscalía y las ofensas a su hija Antonella que conllevan elementos de tortura sicológica); las armas económicas (como, entre otras, la desaprobación de las emergencia para la Guajira, desmonte del ministerio de la igualdad y el freno a las reformas sociales) las armas políticas (las decisiones de las cortes y de la procuraduría que le han quitado ya seis curules al Pacto Histórico); las armas sociales (las marchas surrealistas de la oposición con gente que no sabe ni donde está parada); y las armas legales (como la ya citada intromisión del CNE en asuntos que no le corresponden).
Así las cosas, no es descabellado, sino por el contrario de alta responsabilidad, que el presidente denuncie que la extrema derecha prepara un golpe blando, pues esto se deduce de algunos indicios que por inútiles o insignificantes que parezcan sus protagonistas -piensen en el concejal Guri Guri y en los marchantes que cargaron ataúdes para enviar mensajes sicariales de terceras personas en la marcha del 21 de mayo- no deben desestimarse, aunque el avasallante respaldo del pueblo a su presidente nos haga pensar, razonablemente, que tumbar al presidente Gustavo Petro, sería igual de difícil que tumbar al pueblo.