Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El gobierno Petro quiere avanzar rápido en materia de paz en Colombia, por eso realizó la propuesta de pactar en los próximos días un cese multilateral del fuego. Quiere que todas las organizaciones armadas –incluyendo la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y las estructuras criminales como el Clan del Golfo o la Oficina– se comprometan políticamente a silenciar los fusiles, al menos durante el tiempo dedicado a los acercamientos y las negociales de paz.
Esta importante propuesta será relativamente fácil de lograr, a pesar de que aún no se han iniciado las conversaciones ni los diálogos formales. Lo más probable es que las 22 o 29 organizaciones armadas ilegales lo hagan –las mismas que han enviado cartas al alto comisionado de paz manifestado su deseo de querer negociar un sometimiento a la justicia colombiana–. Incluso, aceptarán el llamado del Gobierno estructuras armadas como las disidencias de las FARC o la Segunda Marquetalia.
Eso sí, lo difícil será mantener este acuerdo político por mucho tiempo y atender los múltiples problemas técnicos que se presentarán en el cumplimiento de esta importante tarea colectiva. Entre las dificultades están: comprometer a todos los actores que aportan al conflicto, el diseño de un buen mecanismo de verificación, extender el compromiso también a la parálisis de las hostilidades y, finalmente, convencer a los opositores de la paz que, a pesar del acuerdo, el Estado sigue cumpliendo su tarea constitucional de mantener el orden público.
Partamos por reconocer que los ceses al fuego son mecanismos institucionales en los que los actores de la guerra se comprometen con el Estado y la sociedad a no hacer uso de las armas. Esto como una manera de mostrar el interés por llegar a un fin del conflicto y generar confianza para avanzar en los procesos de paz. Advirtiendo que, de romperse el pacto tácito, se perderían los avances logrados hasta el momento.
Históricamente en Colombia los cese al fuego han tenido tres momentos. El primero durante las primeras negociaciones de paz con las guerrillas en las décadas de 1980 y 1990. En aquél momento, a través de acercamientos y negociaciones con estas organizaciones, se logró pactar el silencio de los fusiles por varios periodos. Este fue el caso con las FARC-EP en 1984, cuando se firmó el Acuerdo de la Uribe, al cual se le sumaron otros cese al fuego con otras guerrillas.
Le siguió un segundo momento nuevamente con las FARC-EP en los diálogos de La Habana, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Allí, de nuevo, se logró silenciar los fusiles entre las partes, pero el acuerdo no se dejó para el final, fue en la mitad de los diálogos, en 2014, cuando se decidió de manera bilateral parar los enfrentamientos. Esto como una forma de ganar confianza y mostrar una apuesta decidida por llegar a la firma de un acuerdo final de cierre del conflicto.
Finalmente, estamos en el tercer momento. Ya el país ha aprendido a valorar este tipo de acuerdos y han ganado legitimidad. El Gobierno y la sociedad han visto con buenos ojos proponer como punto de partida los cese al fuego, argumentando que hacerlo tiene la ventaja de hacer más creíble la disposición a la negociación política, además permite, entre otras cosas, la movilidad de los actores y reducir la presión de la guerra. Finalmente, posibilita el despliegue de una mayor logística interna de las organizaciones para el encuentro, la conversación y la asociación clandestina para enfrentar los retos de la paz.
Pero como he dicho, lo difícil de los pactos de no agresión no es el inicio sino su mantenimiento. Esto se explica, en primer lugar, porque no todos los actores pueden comprometerse con un tipo de acuerdo previo. En el país hay decenas de actores con los que estamos en guerra; las autoridades han identificado muchas organizaciones criminales y algunas de ellas pueden no querer parar sus negocios y el uso de las armas mientras se llega a un posible acuerdo de sometimiento. Se perderían recursos y ganancias importantes, como lo deben de estar pensando los carteles mexicanos o venezolanos.
Incluso, podría tener dificultad para llegar a un cese al fuego con el ELN. Esta guerrilla ha criticado la propuesta de un cese al fuego multilateral, pues simula una situación de igualdad de condiciones para todos los actores, y la posición de este grupo armado es que se les diferencie, que ellos son “harina de otro costal”. Quieren un reconocimiento y un tratamiento especial, propio de un actor político genuino, como se le reconoce y se reconocen.
En segundo lugar, muy asociado con el anterior, está el problema de lo que se comprende y se pide frente a un compromiso de cese al fuego. Normalmente se incluye en este tipo de acuerdos también otros componentes de cese de hostilidades. Estas se asocian con otras actividades distintas a disparar, como la extorsión, el secuestro u otras actividades que se relacionan directamente con los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico. Y como se dijo, los actores armados ilegales hacen cálculos racionales y no ven conveniente, por ejemplo, parar la producción de coca, actividad que muchas veces conlleva la amenaza y el desplazamiento forzado.
En tercer lugar está el problema técnico del seguimiento y verificación del cese al fuego. Este es un trabajo que requiere ser realizado por expertos, personas capacitadas para certificar el cumplimiento del pacto. Para eso se deben rastrear los hechos violentos, identificar a los responsables y denunciar el incumplimiento de los acuerdos, incluso, castigar dichos actos, si tienen el poder. Tareas como esta exigen que organismos como las Naciones Unidas se comprometan a realizarla, lo cual es difícil en el país por los costos que tiene y el gran personal que hay que movilizar.
Finalmente, los que hacen oposición a la paz y al Gobierno Nacional usan los ceses al fuego como instrumentos para mostrar la debilidad del Estado e, incluso, de las organizaciones armadas. Argumentan que estos actos son muestras de debilidad del Estado y de incapacidad de la Fuerza Pública para mantener el orden público, pues se decreta la suspensión de operaciones militares y policiales. Además, advierten que el cese al fuego es un resultado y que pactarlo sin comenzar las negociaciones se verá como una debilidad, como un ceder sin contraprestaciones.
En síntesis, hay factores muy positivos para lograr un cese multilateral del fuego. Existe una disposición de muchos por llegar a este acuerdo político previo antes de iniciar negociaciones políticas o acuerdos de sometimiento; una disposición a acogerse a la ley y de estar de acuerdo con la propuesta del Gobierno de Paz Total. Además una disposición del Gobierno Nacional de, como jefe de Estado, usar las atribuciones constitucionales para decretar un cese al fuego oficial, que conlleva a una presión para que todos los demás actores paren el uso de la fuerza.
Una propuesta que, de lograrse próximamente, podría llevar a una situación inédita en el país, muy cercana a la que se produjo en 2017, cuando las FARC-EP habían dejado las armas y el ELN había decretado un cese al fuego unilateral. Situación que dio una luz de esperanza de un fin del conflicto a las víctimas y que mostró de forma irrefutable las bondades de la paz negociada, al convertirse en un momento de gran alivio para los habitantes del territorio donde hacen presencia los armados. De allí que sea necesario mantener la esperanza y la presión sobre esta propuesta estatal a la que deseamos se acojan todos los actores del conflicto.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
Comentarios