Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Desde 2020 el gobierno de Iván Duque sabía que el congelamiento del precio interno de la gasolina corriente representaría para el Estado un desangre fiscal. Una contribución parafiscal –según la Corte Constitucional– a la que había que poner cuidado y atender con suma urgencia, si no se quería acumular un déficit que, en el corto y mediano plazo, amenazaba con convertirse en una hemorragia para el erario público.
A pesar de ello, el gobierno Duque –amparado en la situación de crisis que vivía la economía entre 2021 y 2022, y en la necesidad de intervenir el Estado en esos asuntos– decidió mantener el precio interno de la gasolina sin mucha variación. No quiso enfrentar la difícil situación y optó por no asumir el alto costo político y dejar que el gobierno siguiente asumiera está responsabilidad(Ver: El hueco fiscal que dejará el subsidio a la gasolina).
Con esta decisión arbitraria, el gobierno Duque rompió el compromiso asumido desde 1998 –durante el gobierno de Andrés Pastrana– de trabajar en mantener el precio interno de los combustibles similar al precio internacional. Además, quebrantó la institucionalidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) –creado en 2007– que le ofrecía un seguro a la economía nacional para adaptarse a la dinámica mundial.
De esta manera, el FEPC se convirtió durante el gobierno Duque en un acreedor más del Gobierno Colombiano. En un actor económico impersonal al que, al finalizar el 2022, se le debía más de 37 billones de pesos y que amenazaba con tragarse –como si fuera un agujero negro– cualquier reforma impositiva. Una deuda que iría, poco a poco, quitando los recursos al Estado para la inversión social y aumentando, al mismo tiempo, la baja calificación del país ante las agencias de riesgo internacional.
Ante esta irresponsable decisión, lo único que podía hacer el gobierno Petro era igualar el precio interno de los combustibles al exterior (Ver: El subsidio a la gasolina y el control del déficit fiscal). Y lo podía hacer de una vez –acabando de tajo con el subsidio para evitar el desangre del Estado– o hacerlo de manera gradual, con un plan de incremento mensual, hasta llegar al nivel deseado en un par de años. Y como vemos, fue el segundo camino el elegido.
Desde octubre de 2022, esta costosa decisión política ha generado que el precio de la gasolina corriente aumente en un 50%, pasando de un precio promedio por galón de $9.200 en aquel mes a $14.400 en septiembre de 2023. Con ello, el Gobierno ha logrado reducir la tasa de crecimiento de la deuda del Estado con el FEPC –a pesar de este aumento, la gasolina colombiana sigue siendo una de las más baratas de América Latina, su precio se ubica aún por debajo de la mayoría de economía de la región, estando por encima solo Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina–.
Pero este aumento en el precio del combustible ha tenido y tendrá consecuencias negativas para Petro. El más visible es los miles de taxistas que han salido a las calles a manifestar su inconformidad con la obligada decisión que tomó. Pues el principal insumo que usan en la prestación del servicio les ha generado un aumento en los gastos de estos trabajadores del transporte público.
Esta manifestación de desagrado de los taxistas ha generado un cambio en la medida inicial del Gobierno. Ahora se tendrá que entregar una compensación económica mensual a los conductores de taxi, por lo menos, en lo que resta del 2023, con el fin de mitigar el incremento en el precio de la gasolina. Decisión que significa cambiar las proyecciones del cierre del déficit o deuda ante el FEPC al 2026.
Con las protestas, lograron que el Gobierno les entregue, a partir de septiembre, un subsidio mensual de $100.000 a cada taxista, que se irá aumentando según la evolución de los precios internos del combustible –recordemos que en el país hay cerca de 240 mil taxis, de los cuales 190 mil usan gasolina y 40 mil usan gas natural–.
Lo más seguro es que está variación no será la única que tendremos y, por tanto, el sangrado en las finanzas públicas continuará. Esta medida se ha discutido solo para este año, pero para el próximo los taxistas querrán que continúe. Además, el estancamiento de la economía hará que los ingresos del gremio de los taxistas disminuya, como el conjunto de la economía, y con ello el deseo de recibir más apoyos.
Otro actor que saldrá a las calles serán los motociclistas, los transportistas de alimentos y la población que usa sus vehículos a gasolina corriente para movilizarse o trabajar. Estos usuarios del servicio comenzarán a presionar para que la medida focalizada –los taxis representan tan solo el 1% del total de vehículos que transitan en todo el país– se generalice y el alivio llegue a todos.
Finalmente, hay que considerar que debido a la importancia que tiene el Aceite Combustible para Motores (ACPM), o diésel, para la movilidad de carga y los efectos que tiene en el nivel de precios general de la economía –inflación–, hasta el momento no se ha incrementado el valor de este carburante. Incluso, según cifras del Gobierno, entre enero de 2020 y agosto de 2023, en lugar de subir el precio de venta al público del ACPM, este ha caído en 1,1%.
Un desangre fiscal provocado por el ACPM al país que es mayor al de la gasolina –cerca del 70% del déficit del FEPC–. En promedio, el consumo de este combustible es de 5,6 millones de galones al día, lo que representa una entrega de los recursos al sector privado de los transportadores cercano a los $50.000 millones diarios. De allí que, según lo anuncia el Gobierno, próximamente este importante combustible también comenzará a aumentar de precio.
En conclusión, debemos estar preparados para soportar más paros y protestas de los usuarios del servicio de combustibles en Colombia. En los próximos meses saldrán a las calles los bullosos conductores que tenemos en el país. Continuarán presionando los taxistas al Gobierno para que la medida se extienda por el 2024; los motociclistas y transportistas harán lo mismo para que la medida también la los cobije; y, finalmente, los transportadores que usan ACPM saldrán a cerrar vías y paralizar el sistema de carga terrestre una vez comience el alza de sus insumos.
Y el Gobierno Petro, por su parte, tendrá que poner en una balanza todos los aspectos y decidir que es más importante: si mantener el subsidio en el consumo de un bien que –además de dañino con la naturaleza y no apoyar la transición energética– provoca una reducción en la inversión social; o darse la pela y reducir la popularidad de su mandato, pero ser responsable con las finanzas públicas y coherente con una decisión que se tomó hace más de dos décadas de igualar el precio interno de los combustibles al internacional (Ver: ¿Por qué discrepan en el Gobierno?: el caso de la gasolina).
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.