Por: Luis Eduardo Celis
En el gobierno del expresidente Ernesto Samper, las FARC crearon la ilusión de triunfo, fue su mejor época de desempeño militar, y también fue en ese cuatrienio que los paramilitares crecieron y se amplió la violencia en territorios y en sufrimiento.
Cuando se habla de política de Estado para la paz, hay que decir que fue el expresidente Ernesto Samper y el alto comisionado de paz, Daniel García Peña, quienes sentaron las bases para lo que vendría en el futuro con la formulación de dos leyes que han sido claves. La Ley 418, que fue formulada en buena medida por el hoy magistrado de la JEP Gustavo Salazar, en su momento asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, para dar todos los instrumentos legales que hicieron viables las negociaciones con las AUC entre 2002 y 2006, y con las FARC entre 2010 y 2016. La otra ley es la Ley 448, que creo el Sistema Nacional para la Participación, en este esfuerzo de construir territorios y una nación en paz.
La Ley 418 luego asumió la denominación de Ley 782 de 2002 y en su presentación dice: "Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica", en las sucesivas prórrogas no sufrió modificaciones sustanciales. El gobierno del expresidente Juan Manuel Santos promovió su renovación en 2011 y asumió el número de 1448. Luego, en 2016, Santos promovió una modificación de esta ley para poder establecer las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde se ubicó la fuerza combatiente de las FARC, espacios que luego se transformaron en los Espacios Territoriales de Convivencia y Reconciliación (ETCR).
El expresidente Duque igualmente promovió la prórroga de la Ley 418 y en 2018 promovió la inclusión de dos artículos para hacer inviable cualquier proceso de paz: ni secuestro ni narcotráfico serían considerados como delitos ligados a la rebelión armada. Claro que bien sabemos que Duque no quería ningún proceso de paz con el ELN, la única negociación política pendiente.
Esta semana el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado un proyecto de ley que no se trata de ampliar la vigencia de la Ley, como ha sido la tradición, o adicionar esto o aquello. Ahora se trata de un diseño que recoge todo lo bueno de la Ley 418 y con la experiencia de diálogos y negociaciones de los últimos veintidós años, crea todo un diseño para hacer viable la política de paz total que lidera este gobierno.
El proyecto de ley para dar soporte a la política de paz total fue trabajado en buena medida por el senador Iván Cepeda y su equipo de trabajo, con el concurso de docenas de personas con amplia experiencia en este largo esfuerzo de construcción de paz, y con seguridad que es una ley con mucho detalle y rigor para avanzar en el cierre de todas las violencias organizadas.