Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El Alto Comisionado Consejero para la Paz, Otty Patiño, dio a conocer este 10 de marzo de 2025 la idea de crear un nuevo organismo para coordinar el tema de paz en el país, llamado Consejo Nacional de Implementación. Quiere en estos momentos realizar un rediseño institucional que permita la convivencia entre los organismos encargados de implementar el Acuerdo Final de Paz —firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno nacional y las ExFarc-ep— y la política pública de Paz Total —Ley 2272 de 2022—.
Con esta nueva organización nacional, el Alto Comisionado Consejero para la Paz busca articular en un solo organismo los temas de paz, tanto de implementación de acuerdos pasados como los actuales que se están logrando con los grupos armados con los que se negocia en la Paz Total. Un organismo colectivo que ponga en diálogo a la recién creada Unidad de implementación para el Acuerdo de Paz, dirigida por Gloria Cuartas, como las otras agencias encargadas de la implementación, como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) o el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Esta es una idea en la que viene trabajando la oficina de Otty Patiño desde hace meses y con las que busca darle un giro a la maltrecha política pública de Paz Total. Pues, en el último año, y luego de la firma de varios acuerdos parciales con los grupos armados, se ha visto la necesidad de poner en armonía las diversas organizaciones que se encargan de implementar los acuerdos de paz a los que se llegue con los dispares actores armados ilegales.
Para el Gobierno, el Consejo Nacional de Implementación es una propuesta ambiciosa de matrimonio, entre el Acuerdo Final y la Paz Total. Una propuesta que de aceptarse y consumarse lograría poner en una sola morada o casa a la pasada política de paz Estable y Duradera del gobierno de Juan Manuel Santos con la política de Paz Total del actual gobierno de Gustavo Petro. Teniendo está última la pretensión de convertirse en política de Estado y que logre atar a los gobiernos venideros.
Desafortunadamente, esta propuesta de unión marital formal ya tiene un primer detractor. Según un comunicado conjunto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en su Componente Comunes está no es una proposición conveniente para el país. Pues, según los firmantes de paz, los dos posibles cónyuges tienen “un origen, una naturaleza constitucional y unos compromisos muy distintos”.
Para la CSIVI y el CNR el “Acuerdo de Paz de 2016 es un pacto de Estado que debe cumplirse con garantías y seguridad jurídica” mientras que “la Paz Total sigue siendo una estrategia en construcción, sin un marco normativo claro y con efectos inciertos para la estabilidad del país”. Es decir, la primera política tiene un amarre constitucional y unas disposiciones normativas que lo hacen viable y exigible a los gobiernos colombianos, mientras que la otra no tiene los desarrollos normativos y organizativos que la hagan entendible, aplicable y creíble.
Además de está diferencia organizativa e institucional, el comunicado conjunto deja ver el cuestionamiento que los dos organismos del Acuerdo Final tiene a la política de Paz Total. Reconoce que, aunque la Ley 2272 de 2022 hace referencia a la obligación del Estado de trabajar en la implementación del Acuerdo con las Farc-ep, está disposición se pierde con el énfasis que el gobierno Petro le ha puesto a la negociación política y el sometimiento de todos los grupos armados políticos y criminales.
Para los críticos, los diálogos de paz con los grupos armados ilegales no es apropiada, pues estos acercamientos están “otorgando beneficios políticos a grupos que continúan en armas y asesinan firmantes de paz”. De allí que estos dos organismos —tanto la CSIVI como el CNR— estén llamando a la comunidad internacional, a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a los Países Garantes y Acompañantes del proceso de paz con las ex Farc-ep para que se opongan a esta propuesta de matrimonio.
En el comunicado conjunto le piden a estos organismos que “insten al Estado colombiano a cumplir plenamente el Acuerdo Final de Paz”, pues, “sustituir los compromisos firmados por estructuras improvisadas que ponen en riesgo lo alcanzado constituye una violación al Acuerdo”. Quieren que este contrato matrimonial no se realice, el permitir está unión es como casar a dos partes que no pueden vivir en la misma casa, donde una de ellas ha mostrado fallos en la tarea de implementar un Acuerdo Final de paz.
Según los críticos al matrimonio, durante ocho años los gobiernos han mostrado que no son capaces de cumplir a cabalidad las promesas que tiene el Acuerdo Final y dudan mucho que con esta unión se logre cambiar la conducta irresponsable. Son muchos los retrasos, por ejemplo en tierras, en políticas de reforma rural o en tratamiento integral que debe dársele al problema de las drogas ilícitas: “Las tierras prometidas no han llegado en su totalidad, los proyectos productivos no cuentan con sostenibilidad, y la seguridad de los firmantes y sus comunidades está en crisis”. Logrando con ello una implementación que “sigue siendo frágil y fragmentada”.
Sin embargo, hay que decir a favor del proponente de matrimonio que es una idea muy sensata, coherente y con mucho potencial para la construcción de paz en Colombia. En la actualidad hay muchas instancias que trabajan de manera descoordinada en materia de implementación de acuerdos de paz. Y se requiere de un rediseño en la arquitectura institucional para que se logre armonizar esfuerzos y establecer responsabilidades. La construcción de paz requiere una gobernanza adecuada, que permita de forma eficaz cumplir con lo pactado.
También, es urgente poner en diálogo los diversos procesos de paz y acuerdos a los que se llegue. La política de paz, tanto la anterior de Santos como la actual de Petro, tienen en común el enfoque de la paz territorial. Buscan impactar el bienestar de la población que ha sufrido y sufre el conflicto; además con cambios claros y precisos en las veredas, municipios y regiones. Lo que haría el Consejo Nacional de Implementación sería poner en diálogo a las diversas organizaciones del Estado, reducir costos y aumentar efectividad.
Finalmente, estaría el Gobierno y el Congreso de la República dejando atada, de manera más segura, la política de Paz Total como política de Estado. En la Ley 2272 de 2022 se prometió a la ciudadanía que la búsqueda a la salida negociada al conflicto no debe ser asunto de uno u otro presidente, sino una tarea de largo plazo, que llegue el que llegue debe seguir implementando. La idea de unir un componente con fortalezas institucionales y organizativas con otro débil y sin desarrollo permitiría a la política de Paz Total la sobrevivencia y permanencia ante cambios de gobierno.
En conclusión, esta propuesta de matrimonio tiene unas ventajas considerables. En especial para la actual política pública de Paz Total. Pero le están apareciendo críticos que hacen advertencias sobre la inconveniencia de está unión. De allí que el presidente Petro deberá, antes de darle la bendición o permitir el registro ante una notaría, evaluar los pro y contra de esta nueva arquitectura de gobernanza. No vaya a ser que por arreglar una vida dañe otra con la unión que propone.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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