Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
Tras una semana en la que la Fuerza Pública ha hecho presencia en la región de los Montes de María, especialmente en el corregimiento de El Salado, desplegando una fuerte presencia de uniformados de la Armada Nacional, Gaula Militar y Policía Nacional; las comunidades enfrentan la noticia de que Blas Herrera Arias, un campesino oriundo de El Salado, fue asesinado y calcinado. Su cuerpo fue hallado en cercanías al corregimiento de Hato Nuevo, en zona rural de El Carmen de Bolívar. Una semana después de que paramilitares enviaran un mensaje en la región “YA SABEN DE LO QUE SOMOS CAPACES”, evocando el horror de la masacre de 21 de febrero del 2000 perpetrada paramilitares del Bloque Norte de las AUC.
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De acuerdo con las versiones que han entregado los familiares de Blas Herrera a los medios de comunicación, del campesino —de 58 años— no se volvió a saber cuando emprendió camino de su casa en el casco urbano de El Carmen de Bolívar hacia su parcela, en cercanías de una vereda conocida como La Negra.
Frente a esta situación, sumada con las amenazas a nombre de las ‘Águilas Negras’ de la semana pasada, las autoridades resolvieron convocar un consejo de seguridad extraordinario; del cuál surgió el ofrecimiento de hasta 40 millones de pesos por quien brinde información que permita establecer los hechos. El Consejo de Seguridad lo presidió Vicente Blel, gobernador de Bolívar, quién señaló que se encuentran a disposición 48 hombres de una patrulla militar que controlan los seis puntos de acceso que tiene el corregimiento de El Salado.
¿Qué ha pasado con la Fiscalía frente a las amenazas a líderes en El Salado?
El pasado 19 de marzo, el fiscal Francisco Barbosa designó una fiscal especial para que atienda de lleno la situación de riesgo que vive el corregimiento y sus líderes y lideresas sociales. Ocho (8) días después de este anuncio, Barbosa ha señalado que la Fiscalía ha priorizado “acciones investigativas para esclarecer los hechos”. Además, se refirió a que han “intensificado el desarrollo de diferentes labores de la policía judicial”. Sin embargo, no han entregado resultados concretos sobre la situación de El Salado y de la región de El Carmen de Bolívar.«
Por otro lado, se concretó una reunión entre el fiscal Barbosa con el defensor del Pueblo Carlos Ernesto Camargo. Esto, después de la polémica respuesta del fiscal Barbosa al defensor Camargo; cuando Camargo le solicitó a la Fiscalía investigar las amenazas registradas en el corregimiento de El Salado y Barbosa le respondió: “Le recuerdo que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía” y “lo invito a que antes de emitir este tipo de comunicaciones, se informe del rol acusador de la Fiscalía”.
De la reunión entre Barbosa y Camargo surgió la propuesta de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a las comunidades de El Salado. Mesa que estaría integrada por la unidad Nacional de Protección (UNP), el Ejército Nacional, La Policía Nacional. Mesa que será liderada por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
Denuncias desatendidas por el Gobierno Nacional
La situación de El Carmen de Bolívar fue advertida por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana Nº 006 de 2020. En el documento se había advertido de la presencia del Clan del Golfo y sus repertorios de violencia. La consolidación del Clan del Golfo en 2015 se dio, por un lado, por cuenta del infructuoso proceso de desmovilización del Bloque Héroes Montes de María de las AUC.
Por otro, tras imponerse en la disputa que venían adelantando en contra de grupos como ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Paisas’. El riesgo que implica el Clan del Golfo en la región ha venido aumentando por cuenta de que su control se ha expandido de las zonas rurales a zonas urbanas. Por ejemplo, el casco urbano del municipio.
Geográficamente el municipio de El Carmen de Bolívar ha resultado clave para los intereses ilegales de los grupos armados que han hecho de las suyas por estas tierras. De acuerdo con la Defensoría, resulta una salida estratégica hacia el Mar Caribe por el golfo de Morrosquillo, en la zona montañosa de El Carmen de Bolívar. Asimismo, en la zona norte del departamento de Bolívar por el municipio de María la Baja.
De igual forma, el documento resalta que el municipio permite la comunicación de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo y la subregión del Urabá antioqueño. Para el caso del Clan del Golfo, hacerse al control de esta región pues su principal fuente de financiación es el narcotráfico.
Sin embargo, no es la única fuente de financiación puesto que, desde 2019, han ejercido control a través de economías ilegales conocidas como ‘gota a gota’ o ‘paga diario’. La extorsión en este sentido es otro de los repertorios de violencia del Clan del Golfo. Los profundos problemas derivados de la ausencia integral del Estado acrecientan la situación; pues vía coacción o por medio del dinero se da el reclutamiento de jóvenes desempleados del municipio, de acuerdo con la Defensoría.
Según la Defensoría, durante estos años el Clan del Golfo ha representado riesgo a personas que hacen parte de la Mesa de Participación Efectiva de El Carmen de Bolívar, Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOCOMUNAL), 116 JAC del municipio, el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, organizaciones de base, organizaciones de campesinos, mujeres víctimas, defensores/as de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales.
Respuesta frente al Clan del Golfo
En entrevista con El Tiempo, el Contralmirante Juan Ricardo Rozo Obregón desatacó que las labores de la Fuerza Naval del Caribe se han concentrado en los Montes de María para combatir al Clan del Golfo. Reconoce que la apuesta del grupo paramilitar es hacerse con el corredor estratégico para tráfico de droga con salida al mar Caribe. Según Rozo Obregón en El Salado, hoy por hoy, hay 48 uniformados de la Armada y 35 de la Policía Nacional. Frente a resultados, señaló ante los micrófonos de este medio, que se encuentran en reserva de inteligencia.
Una sombra armada persigue los procesos de restitución de tierras
De acuerdo con la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo en El Carmen de Bolívar “la presencia de actores armados, la materialización de la violencia representada en amenazas y atentados en contra la población campesina en procesos de retorno o incursos en procesos de restitución de tierras, la persistencia en la vulnerabilidad económica de la población campesina, la poca efectividad de las medidas judiciales y extrajudiciales derivadas de la en la política pública de víctimas para incidir en la recuperación económica y social de las víctimas y la falta de acceso a la reparación integral, han llevado a un escenario de reproducción y repetición de la victimización de la población campesina del municipio.”
Es necesario recordar que uno de los temas que tienen que ver con el paramilitarismo es el despojo de la tierra. De hecho, en el más reciente informe que entregó la Fundación Forjando Futuros a la Comisión de la Verdad; el 83% de los casos de despojo tuvo a los paramilitares como perpetradores.
Frente a esta victimización, las organizaciones de victimas solicitan Verdad y Garantías de No Repetición para continuar con su proceso de reclamación. Incluso, la Defensoría ha venido advirtiendo de la revictimización a manos de quienes retornaron a la libertad tras la ley 975 de 2005 y que operaron en armas en la región de los Montes de María.
Según el documento de la Defensoría, El Carmen de Bolívar es “el municipio con más solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas en el departamento de Bolívar; 2.450 en total que cobijan más de 46.265 hectáreas.”
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