Por: Katerin Erazo, Periodista
El abuso policial sigue siendo una preocupación apremiante en nuestra sociedad. A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la actuación policial y la rendición de cuentas, este flagelo persiste, generando indignación y preocupación entre la población. Los recientes incidentes registrados han despertado el debate sobre la transparencia en los procesos de investigación y judicialización que involucran a las fuerzas de seguridad en Colombia. Estos casos han puesto de relieve la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de formación y capacitación policial, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y prevenir el uso excesivo de la fuerza.
En la mañana del pasado domingo 11 de junio, en el barrio Cazucá de Soacha, se desencadenó una confrontación violenta entre un grupo de jóvenes y una unidad policial del cuadrante, dejando como resultado la trágica muerte de Fabián Perdomo, un adolescente de tan solo 14 años. Los hechos, registrados en videos captados por vecinos del lugar, han suscitado indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Según el reporte oficial, el enfrentamiento tuvo inicio aproximadamente a las 6:45 de la mañana, cuando un grupo de hombres atacó a varios uniformados que patrullaban la zona. En respuesta a la agresión, uno de los policías aparece en los videos mostrando un cuchillo en un aparente intento de amedrentar al grupo. Sin embargo, la situación se tornó más caótica cuando se escucharon disparos y gritos, sumando a el pánico de los residentes del sector.
Fabián Perdomo se encontraba en el lugar de los hechos y del enfrentamiento, ya que había salido a la panadería en el momento del incidente. Las imágenes lo muestran como una víctima colateral del enfrentamiento, que sin participar activamente sufrió la violencia de los hechos.
Los testimonios de los patrulleros indican que tres de ellos resultaron lesionados durante el altercado: uno con arma corto punzante, otro con arma de fuego tipo traumática y una patrullera con múltiples golpes. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía, la cual busca determinar cuál fue el proyectil de arma de fuego que impactó mortalmente a Fabián Perdomo.
En otro caso de presunto abuso de autoridad, ocurrió el mes pasado en la ciudad de Cartagena. Los hechos ocurrieron en la avenida “El Consulado”, a la altura del Conjunto Residencial “Los Ejecutivos”, involucrando a uniformados de la Policía Metropolitana. Los afectados aseguran que fueron sometidos a un trato injusto y violento por parte de los agentes, generando indignación en la comunidad.
Todo comenzó cuando una patrulla se aproximó al conductor y la acompañante de una motocicleta que transitaba por la zona. Los ciudadanos afirmaron tener todos los papeles en regla, sin embargo, los uniformados insistieron en llevarse la motocicleta sin una explicación válida aparente. Ante la negativa del conductor de ceder su vehículo, la situación se tornó tensa y descontrolada.
Según testimonios de los afectados, los policías sacaron sus armas de dotación y les ordenaron levantar las manos, acusándolos de estar involucrados en actividades criminales, específicamente “sicariato”. La acompañante del joven conductor denunció que, en medio del forcejeo, los uniformados lo tiraron violentamente al suelo, aumentando el nivel de violencia y abuso percibido por los ciudadanos.
En un giro inesperado, agentes del Departamento de Tránsito y Transporte (DATT) llegaron al lugar alegando que la motocicleta circulaba sin la placa visible. La situación se volvió aún más tensa y descontrolada, generando daños materiales en el área y aumentando la indignación de la ciudadanía.
La versión de la Policía Metropolitana de Cartagena informó que la patrulla actuó en respuesta a la información recibida sobre una motocicleta con características similares a la de uno de los presuntos responsables de un sicariato registrado en el mercado de Bazurto. Esta información habría desencadenado una acción de persecución que, según los ciudadanos afectados, se salió de control y terminó en un trato violento y abusivo hacia ellos.
Este incidente avivó el debate sobre el respeto a los derechos ciudadanos y el uso adecuado de la fuerza por parte de la Policía. La ciudadanía exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades. Además, reiteran la importancia de que los procedimientos internos de la institución sean fortalecidos y orientados hacia una actuación policial responsable y respetuosa de los derechos humanos.
Ante estos casos y muchos otros que se han registrado no solo este año, Isaac Morales, coordinador de la Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) enfatizó en la necesidad de transparencia para los procesos de investigación y judicialización de la policía, particularmente cuando se trata de abuso policial. Morales señaló que la justicia penal militar, que tiene jurisdicción sobre casos policiales, puede limitar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es crucial que estos procesos sean claros y accesibles para la ciudadanía.
Respecto a la prevención del abuso policial, Isaac Morales destacó la importancia de fortalecer los procesos de formación y capacitación policial en derechos humanos. Además, señaló que, en muchos casos, la formación es insuficiente y no se enfoca adecuadamente en respetar los derechos de los ciudadanos. También instó a reforzar los procedimientos y protocolos internos de la policía para garantizar un actuar más responsable y consciente.
El año 2021 quedó marcado en la memoria colectiva de los Colombianos, debido a una serie de manifestaciones que cambiaron el rumbo del país. Desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo, miles de personas tomaron las calles para expresar su descontento frente a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque. Lo que inicialmente fue una protesta pacífica se vio ensombrecida por una represión policial sin precedentes.
La represión policial durante ese período fue abrumadora y devastadora. Trágicamente, 43 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad. El intento de aplicar una reforma tributaria que afectaría principalmente a las personas de ingresos medios y bajos desencadenó una ola de indignación y solidaridad en toda la nación. Sin embargo, en lugar de escuchar y entender las preocupaciones de la ciudadanía, las autoridades respondieron presuntamente con violencia.
La brutalidad policial no se detuvo allí. En tan solo un mes, se registraron 3.405 presuntos casos de abuso policial y 1.445 detenciones arbitrarias, dejando a más de mil personas con heridas y marcas físicas por la violencia ejercida por quienes deberían protegerlas. Es especialmente inquietante que 47 personas sufrieran heridas en los ojos debido a la agresión policial, lo que refleja una represión desproporcionada y peligrosa.
La situación continuó significativamente en el año siguiente, pues según el reporte de Temblores ONG sobre la violencia policial en 2022, se registraron 341 presuntos casos de violencia policial que afectaron al menos a 552 personas. Cada uno de estos casos pudo haber involucrado múltiples formas de violencia, como agresiones físicas durante detenciones arbitrarias o actos de violencia sexual. Además, es importante tener en cuenta que un solo caso puede afectar a más de una víctima, lo que muestra la magnitud y la gravedad del problema.
Las cifras también revelan una disparidad preocupante en cuanto a la distribución geográfica de estos incidentes. Bogotá fue la ciudad más afectada, con 160 casos registrados, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Es alarmante que Bogotá también tenga el mayor número de hechos de violencia policial por millón de habitantes, lo que indica una situación especialmente compleja y delicada en la capital del país.
Teniendo en cuenta dichas cifras, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares hizo énfasis en que a pesar de que los avances institucionales en la transformación de la policía son reconocidos, así sea un solo caso de abuso policial puede restar importancia a todos los avances realizados. Por tal motivo, es importante seguir trabajando para que este tipo de casos no se presenten y la ciudadanía realmente pueda estar tranquila con los procesos que llevan a cabo las autoridades.
Con esto se puede evidenciar que la violencia policial es un problema que persiste en Colombia, y es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad trabajar en conjunto para abordar este tema y buscar soluciones que respeten los derechos humanos y garanticen la seguridad y protección de todos los ciudadanos. Es necesario que las instituciones y las autoridades asuman su responsabilidad de manera transparente y efectiva, garantizando la rendición de cuentas por los actos de violencia cometidos por parte de los agentes de seguridad.