Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reprochó la forma en la que el gobierno del presidente Iván Duque está actuando frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. De acuerdo con Carrillo, las políticas han sido erradas y no responden a las dinámicas del conflicto que se está recrudeciendo en cinco zonas del país.
“Esto no se resuelve en una reunión en casa de Nariño en Bogotá, sino con los pares locales. Nos estamos quedando cortos a la hora de parar, de ponerle freno al desangre desde el punto de vista humanitario del asesinato de los líderes sociales”, expresó el procurador en el evento Lidera la Vida en el que también participaron la Defensoría, USAID, Pastoral Social, entre otras organizaciones.
Asimismo, Carrillo le envió una carta a Duque en la cual solicitó la creación de un Puesto de Mando Unificado Electoral con el fin de hacerle seguimiento a los comicios regionales del próximo 27 de octubre y prevenir cualquier tipo de riesgo que enfrentan los candidatos a Alcaldías, Gobernaciones, Consejos, entre otros cargos de elección popular.
El alto funcionario también señaló con preocupación la situación de al menos 45 líderes sociales que actualmente se disputan el electorado, pero adicionalmente “requieren atención prioritaria”, debido a la gravedad de las amenazas registradas.
«El mapa de riesgo electoral en este momento en Colombia indica que estamos en alerta roja. Podemos prevenir esta masacre que se está cocinando en distintos sectores de Colombia», señaló Carrillo en los micrófonos de Caracol Radio.
Carrillo habló de las deficiencias en la protección a líderes debido a la ‘bogotanización’ de las políticas del país. “La muerte de un líder social extingue las posibilidades ciertas de la paz, de la defensa del medio ambiente, de luchar contra los actores armados ilegales. Es la muerte a pedazos de la Constitución”, apuntó.
La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado 295 asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta el 2 de septiembre de este año.
¿Qué sucede con los liderazgos en Colombia?
De acuerdo con la Fundación Pares, los territorios que conforman focos de violencia selectiva contra los líderes y lideresas sociales son: Antioquia, específicamente las regiones del Bajo Cauca y el Urabá; Chocó, Norte del Cauca, Tumaco y Catatumbo.
Asimismo, los perfiles más afectados corresponden al líder comunal de Junta de Acción Comunal, indígena, campesino y al afrodescendiente; quienes en la mayoría de los casos se encuentran en procesos de reclamación de tierras, se oponen a la siembra de cultivos de uso ilícito, y en definitiva defienden la implementación del Acuerdo de Paz.
De acuerdo con Pares, las zonas donde se concentran en gran parte dichos focos de violencia selectiva son territorios étnicos, es decir, grupos sociales marginados a lo largo de la historia que infortunadamente se ven otra vez sometidos a los vejámenes de la guerra.
“Las alertas del defensor siguen dando la razón, donde hay una alerta viene casi inmediatamente un hecho que lo corrobora, que en muchos casos ni siquiera es atendida por el Estado”, sostuvo Carrillo.
Tres críticas a la política de protección
El gobierno implementó el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO), para la protección de líderes y lideresas, por medio del trabajo interinstitucional; sin embargo, Pares plantea tres críticas a esta medida que no hay sido efectiva para mitigar este fenómeno.
La primera corresponde a que el PAO prioriza la presencia de funcionarios de alto gobierno y excluye a la sociedad civil. La segunda, es la creación una nueva instancia en lugar de fortalecer la ya creada Comisión de Garantías de Seguridad, en el marco del punto tres (3) del pacto con la exguerrilla FARC. Y en tercer lugar, el PAO reproduce un enfoque represivo de la seguridad.
“Los que están incitando a la población colombiana en este momento a revivir unas guerras que Colombia no quiere, son simplemente unos derrotados que fracasaron en la guerra y en la paz, y van a fracasar de nuevo en ese intento por devolver a Colombia al pasado, porque hay que seguirle apostando al futuro, a la paz, y no al pasado y a la guerra”, resaltó el Procurador.
En ese sentido, la Fundación plantea varias recomendaciones con el fin de implementar medidas urgentes de protección y prevención, priorizando los territorios y los tipos de liderazgos mencionados.
En primer lugar, es clave implementar el Acuerdo de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 con las otroras FARC, y en ese sentido, retomar las labores de la Comisión de Garantías de Seguridad, que hoy aqueja a todos los excombatientes de esa exguerrilla.
Otro punto, en el marco de esta Comisión es esclarecer de manera ágil los autores intelectuales de los homicidios, puesto que, de todos los casos registrados, 171 corresponden a un actor no identificado, seguido de Estructura Armada Ilegal no identificada con 33, y el Clan del Golfo con 15.
En tercer lugar, Pares propone emprender una campaña de visibilización sobre la importancia de la labor de líderes y lideresas sociales en los territorios del país rescatando sus memorias.
Y por último, fortalecer los mecanismos de protección y autoprotección propios de las comunidades como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas construyendo relaciones de confianza y solidaridad con la institucionalidad local en el marco del respeto de los derechos humanos y de la dignidad de individuos y colectivos.
“Aquí cada muerte de un líder social es la muerte a pedazos de la Constitución, es la muerte por goteo del conjunto de derechos, que estamos defendiendo todos desde 1991, y por eso hay que frenarlo”, destacó el procurador.
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