Por: Igor Parma, Internacionalista
Existen muchas definiciones de lo que son los derechos humanos (DD.HH.), es una discusión muy larga que se sitúa en un espectro amplio de derechos y culturas. Sin embargo, hay un consenso internacional en sus principios, según la caracterización que hace UNICEF. Esos principios son: universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, y rendición de cuentas y Estado de Derecho. Entender así los DD.HH. significa decir que estos se aplican a todos, no pueden renunciarse ni arrebatarse, son indivisibles, están relacionados y confieren igual dignidad a todos. Es entender que cada persona, por su simples condición de ser humano, los tiene en toda su plenitud.
Que se violen los derechos humanos no quiere decir que quienes lo hacen los vayan a invalidar en sus discursos. Esto se constata en el hecho de que es casi imposible encontrar un gobernante que se defina en contra total de los derechos humanos. El consenso internacional frente a la necesidad de los derechos humanos es algo que caló con fuerza en las relaciones entre los países, oficializado desde la implementación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2006. Al día de hoy, es virtualmente imposible encontrar a líderes o países que no hayan ratificado la mayor parte de los 18 tratados internacionales de derechos humanos, con la mayoría absoluta de los países del Sistema ONU como parte en, al menos, diez de los 18 tratados.
Es por este consenso que la oposición y eventual corrosión a los derechos humanos no se construye por oposición ante estos, sino que la estrategia preferida por populistas y aquellos que buscan concentrar el poder es hacer un encuadre distinto en el discurso –porque toda acción política es precedida por un discurso–: niegan las violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus países o culpan a otros de estas. Es lo que hace Bukele cuando afirma que “son más importantes los derechos de la gente honrada [que los de los encarcelados]” o cuando Maduro dice que los hechos de violencia contra los derechos humanos son por parte de “pequeños grupos que queman, que atacan […] quien está violando los derechos humanos en Venezuela son pequeños grupos fascistas”. Ortega también utiliza de la misma estrategia asegurando que “prisioneros que inventan que los están torturando […] simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua ante los organismos internacionales manejado por yanquis”.
Vemos que los gobiernos que efectivamente están violando los derechos humanos no niegan su importancia, sino que los encuadran de otra manera, culpando a otras organizaciones de las violencias que ellos mismos producen. Cuando confrontamos informes y misiones de verificación encontramos que, en efecto, las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son orquestadas por el gobierno, que hay encarcelamientos arbitrarios sin el debido proceso en El Salvador y que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua no son invenciones.
Los tres gobiernos se asemejan en sus estrategias de negar, rechazar e ignorar estos informes, y luego la estrategia por ellos preferida y que más resuena entre aquellos que les apoyan: decir que a las organizaciones de los derechos humanos no les interesan de hecho los derechos humanos. Lo que afirman es que estas organizaciones son actores políticos que desean desestabilizar su gobierno o que, en palabras de Bukele, “no han defendido los derechos humanos de la gente honrada (…) la gran mayoría de la gente honrada, a nadie le importan sus derechos”. Lo que logran estas estrategias discursivas es formular una excusa, un espantapájaros que no da cuenta de lo que sucede en la realidad. Es desenfocar el hecho de que hay violaciones a los derechos humanos en sus países, violaciones que les generan beneficios rentables, que les permiten concentrar poder y tomar control del aparato de violencia del Estado.
Por este motivo es que la acción de organizaciones de defensa a los derechos humanos tienen que enfocarse en la acción estatal, a través de los principios de rendición de cuentas y del Estado de Derecho. Es entender que violaciones a los derechos humanos pasan dentro de un contexto amplio, un contexto de busca de poder, por control del aparato estatal que debilita las estructuras democráticas, dificulta el retorno a una normalidad que no les tenga en el poder y persigue enemigos políticos bajo una autoridad propia al Estado.
Las funciones de las organizaciones de defensa a los derechos humanos se tienen que enfocar así en las víctimas de la violencia estatal, no por ser organizaciones de amigos de pandilleros –como afirma Bukele–, sino porque la violencia estatal suele ser una herramienta de concentración de poder, de instalación de dictaduras. Los argumentos que son utilizados por los gobiernos que sistemáticamente violan los derechos humanos son nada más que excusas: cuando dicen que el esfuerzo de derechos humanos es conducido por el gobierno estadunidense es algo sin sentido, pues los EE.UU. son signatarios solamente de cinco tratados internacionales y no representan una referencia en el campo; decir que son grupos fascistas que violan derechos humanos en Venezuela es intentar encubrir que las violaciones son orquestadas por organismos gubernamentales con fines políticos; igualmente decir que las organizaciones de derechos humanos solo se ocupan de los derechos humanos de los criminales, o que son organizaciones amigas de pandilleros, es más que falso, también se configura como un intento de encubrir que no hay actualmente un claridad de los crímenes por los que se están encarcelando a los ciudadanos de El Salvador y que la misma “gente honrada” que Bukele dice defender puede ser encarcelada por esta falta de claridad.
Las organizaciones de derechos humanos y todos quienes las apoyamos debemos alzar las voces en protesta en contra del apoyo popular a los gobiernos que violan los derechos humanos, que encubren con sus discursos de aparente interés estos derechos las miles de víctimas de su accionar. Debemos buscar fortalecer al Estado, garantizando que su violencia no exceda lo que es justo. Es garantizar el debido proceso de juicio justo, garantizar que el Estado tenga una prestación de cuentas transparente, accesible y que permita una rotación de poder, elecciones libres y sin coerción, que sean sistemas democráticos sostenibles. La pérdida de derechos humanos es algo que no necesariamente pasa de golpe, pero sí despacio al principio. Los líderes populistas lo hacen siempre con alguna excusa, algún propósito que de inicio suena digno. El problema es cuando empiezan con los abusos y se sobrepasan en sus medidas para supuestamente solucionar el problema. Es ahí cuando se deben alzar las voces en protesta para que el apoyo popular no les cubra hasta que consoliden el control estatal y de las instituciones.
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