Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Fotografía: Giorgio Londoño.
Desde hace un año la protesta social ha tenido una reactivación importante. Con el Paro Nacional del #21N de 2019 las calles volvieron a ser para la movilización social durante varios días: esta dinámica continuó entre enero y febrero de 2020 y luego, por el inicio de la pandemia y las medidas restrictivas, tuvo un parar, pues la invitación ya no era a permanecer en las calles, sino a quedarse en casa.
No obstante, en varios barrios de algunas ciudades y en algunos municipios la protesta social no se detuvo. Esta vez ya no estaba dentro del marco del Paro Nacional, pero las exigencias seguían siendo en torno a la vida digna, pues las y los manifestantes salieron a reclamarle al Gobierno Nacional y a los gobiernos locales que urgía, y sigue urgiendo, una renta básica para las personas más afectadas por el confinamiento.
Es necesario pensar cómo la protesta social también es un espacio en el que se reproducen las violencias basadas en género (VBG). Por eso hoy, 25 de noviembre, queremos abrir el diálogo y la discusión respecto a esta problemática en tanto que es es una realidad y urge crear medidas pensadas diferencialmente, además de reconocer estas violencias, para cuidarnos y conocer rutas de acción a las que recurrir. Fotografía: Pares.
Asimismo, desde distintos lugares, las peticiones abarcaban desde el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la protección de las personas privadas de la libertad, la existencia de garantías de vivienda digna, hasta que parara la corrupción con los recursos destinados para atender la pandemia.
Tras el asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá, que habría sido cometido por al menos dos uniformados en el barrio Santa Cecilia en la localidad de Engativá, la protesta social volvió a ser convocada masivamente. Pero el resultado – incluso cuando la petición principal era que parara el abuso de fuerza por parte de Policía-, fue de 13 personas asesinadas entre Bogotá y Soacha, presuntamente por miembros de la institución que habrían utilizado sus armas de fuego de forma irregular causándole la muerte a varias personas que se encontraban manifestándose y transitando por la vía pública.
En este mismo contexto, desde la ONG Temblores se denunció que el 10 de septiembre en el CAI de San Diego de Bogotá fueron abusadas sexualmente tres mujeres de entre 22 y 23 años por parte de uniformados, quienes, siguiendo la denuncia de la ONG, fueron trasladadas desde Villa Luz hacia el centro, luego de haber sido detenidas bajo la presunción de porte de marihuana del que se les acusó porque una de las mujeres prendió un cigarrillo. Estando en el lugar de los hechos los uniformados habrían empezado a acosarlas; uno de ellos les habría preguntado: “¿Cómo vamos a arreglar?” y, acto seguido, habrían cometido tocamientos indebidos contra ellas, aprovechándose de la indefensión en la que estaban las jóvenes.
Ante los hechos de violencias sexuales se sumó que los uniformados también les habrían quitado los celulares a las jóvenes, y, además, borraron todo lo que habían grabado durante el procedimiento: lo anterior con la excusa de que éstos eran robados y debían confirmar que los celulares sí les pertenecían a ellas. E incluso se denunció que, al compañero de una de las jóvenes, quien llegó al CAI al conocer lo que estaba pasando, se le pidió que le diera $150.000 a los uniformados para dejarlas ir.
Tras esto, varias mujeres se citaron el 12 de septiembre como muestra de rechazo al abuso de poder de los Policías, pero también como muestra de rechazo a las violencias que son cometidas contra las mujeres en contextos de protesta social, pues contra nosotras también son cometidas violencias diferenciales incluso en estos escenarios.
A los cuestionamientos sobre este procedimiento se suma que todo el proceso fue realizado por policías hombres; solo horas después de que las jóvenes estuviesen retenidas llegó una policía mujer. Este no es un aspecto menor si se tiene en cuenta las directrices que indican que los procesos judiciales y de detención contra una persona deben ser realizados por un/a agente de la policía del mismo sexo.
En este mismo contexto, desde la ONG Temblores se denunció que el 10 de septiembre en el CAI de San Diego de Bogotá fueron abusadas sexualmente tres mujeres de entre 22 y 23 años por parte de uniformados, quienes, siguiendo la denuncia de la ONG, fueron trasladadas desde Villa Luz hacia el centro, luego de haber sido detenidas bajo la presunción de porte de marihuana del que se les acusó porque una de las mujeres prendió un cigarrillo. Fotografía: Giorgio Londoño.
Este caso, como mucho otros, puso sobre la mesa la necesidad de pensar cómo la protesta social también es un espacio en el que se reproducen las violencias basadas en género (VBG). Por eso hoy, 25 de noviembre, queremos abrir el diálogo y la discusión respecto a esta problemática en tanto que es es una realidad y urge crear medidas pensadas diferencialmente, además de reconocer estas violencias, para cuidarnos y conocer rutas de acción a las que recurrir.
La protesta social, otro escenario de las VBG
No es un hecho aislado el que dentro de la protesta social el miedo se mantiene presente, pues los abusos, principalmente de la Fuerza Pública, son una constante y cualquier manifestante puede ser víctima de estos. No obstante, hay una mirada con la que se deben ver estas agresiones, ya que si bien el ejercer el derecho a la protesta genera ciertos riesgos, estos pueden ser mayores y diferentes cuando quien protesta es un mujer, pues la protesta social:
“(…) al desarrollarse en un espacio público genera que seamos susceptibles, tanto las mujeres como las diversidades sexuales, a este tipo de violencias que pueden ser ejercidas desde los propios manifestantes hasta por los funcionarios públicos”, contó Paulina Farfán, voluntaria del Comité de Solidaridad con los/as Presos/as Políticos/as y miembro de la Campaña Defender la Libertad.
“También tiene que ver mucho con la forma en que se habita el espacio público, y con la manera en la que se nos ha segregado de este tipo de espacios, y obligado a habitarlos con unos roles de género ya asignados. Por eso, en estos escenarios también se debe ser crítico/a no solo con nuestras posturas y apuestas, sino también en las relaciones con nuestros cuerpos y en la forma en la que habitamos estos espacios, generando un diálogo sobre cómo esto es parte de un ejercicio político, que surge del reconocimiento de las violencias basadas en género y del entender que éstas hacen parte de un mecanismo aleccionador, con el que se quiere que sigamos respondiendo a esos roles asignados, generando una negación a participar en ese tipo de espacios”, agregó Karla Trujillo, integrante del Comité de Solidaridad con los/as Presos/as Políticos/as y miembro de la Campaña Defender la Libertad.
Cuando se piensan las VBG en medio de protesta social, las agresiones de las que se pueden hablar son amplias; sin embargo, en lo que ha sido el último año de protesta algunos hechos se han presentado con mayor constancia, estando en el marco de la violencia política y simbólica, así como en el de la violencia física y psicológica.
Por una parte, hay “un rechazo y desestimación de las reivindicaciones propias de las mujeres y de las diversidades sexuales”, afirmó Paulina Farfán. Además, Trujillo mencionó que “siempre hay una amenaza sexual, o palabras como “perra”, “puta”, “ustedes no deberían estar acá”, “les hacen falta que las corrijan”. Todo el tiempo se están reproduciendo este tipo de violencias”.
En este sentido, hay que mencionar que los hechos que generan mayor alarma por la sistematicidad con la que son cometidos son las detenciones arbitrarias, y en el ejercicio de estas, la no separación en razón del género; es decir, que a las mujeres las trasladen y detengan policías hombres, lo cual facilita o propicia situaciones en que presentan tocamientos indebidos, violencia sexual – como el hecho nombrado al inicio del artículo-, masturbación frente a las/es detenidas/es, y la sugestión de “favores sexuales” para dejarles ir o no poner comparendos. Otra vulneración que se comete es obligar a las personas detenidas a desnudarse total o parcialmente.
Protesta social en Bogotá, noviembre de 2020. Fotografía: Giorgio Londoño.
A propósito de esto último hay que recordar que, también durante septiembre una joven denunció a través del portal 070 que el 13 de ese mes, mientras recorría las calles del barrio La Macarena como parte de un ejercicio de fotoperiodismo que hacía, se encontró unos escudos que utilizan los policías a las afueras de la Estación de La Macarena.
Ella decidió sacarles fotos a estos, cuando tres policías (dos hombres y una mujer) llegaron hasta donde ella estaba, le dijeron que no estaba permitido que tomara esas fotos y la hicieron ingresar a la Estación. Estando allí la trataron de guerrillera y vándala, y le pidieron una requisa.La trasladaron a un baño del lugar donde la mujer policía le pidió que se quitara el pantalón y la camisa, luego le dijo que se quitara toda la ropa y que hiciera cuclillas; hecho que llenó a la víctima de rabia e impotencia al no saber qué hacer.
Ya afuera, los policías le dijeron que firmara un papel, que de no hacerlo la llevarían a la SIJIN y la procesarían por terrorismo. Finalmente la dejaron ir, no sin antes quitarle la cédula y el celular por varios minutos, borrando las fotos que había tomado y amenazándola.
Vale la pena mencionar que la ONG Temblores, en julio de este año, presentó un informe realizado con base en información de Medicina Legal en el que se informa que entre 2017 y 2019 se registraron 241 denuncias por violencia sexual contra la Fuerza Pública; de ese total 109 casos son contra policías. No obstante, aun con este crítico registro, hay que señalar que la cifra puede ser mucho mayor pues la figura de autoridad que representa la Policía, además del temor a las represalias que pueden tomar los uniformados, así como la impunidad que parece protegerlos, puede llevar a que haya muchas mujeres que prefieran no denunciar cuando son víctimas de este tipo de casos.
No hay que perder de vista que la organización también informó que el mayor número de denuncias se realizaron en Bogotá, y el grupo más vulnerable son las mujeres estudiantes y consumidoras de sustancias psicoactivas. Aunque esto da pistas de un panorama, vale la pena cuestionarse, principalmente, ¿por qué las denuncias se concentran en la capital colombiana? ¿Qué pasa en los lugares alejados de los centros urbanos? ¿No hay casos o no hay instancias para denunciar?
Cuidado colectivo, autocuidado y denuncia: una ruta a seguir
El testimonio de Paulina Farfán indica que existe un reconocimiento de que estos hechos -las agresiones en las movilizaciones- pueden tener efectos diferenciales según grupos poblacionales y lugares donde se realicen las protestas:
“Ha hecho falta hacer un seguimiento institucional más riguroso de este tipo de violencias, pues cuando se sistematizan los hechos de agresiones en las protestas sociales las vbg pasan desapercibidas, y no se ve de manera crítica que muchas de las violencias y agresiones son motivadas en razón del género. Eso dificulta un registro más juicioso y una valoración de las vbg cercana a la realidad y en la que se incluyan otros factores”.
Sin embargo, con el trabajo de organizaciones como la Campaña Defender la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos/as Políticos/as, se han logrado establecer rutas que se pueden tomar en lo hechos que se presentan más sistemáticamente.
· Si somos detenidas tenemos que exigir que tenemos que estar separadas en razón de nuestro género; esto tanto para la requisa como para el traslado.
· No pueden obligarnos a desnudarnos total ni parcialmente.
· Hay que tener en cuenta la identificación de los victimarios; de pronto si escuchamos el rango que tiene.
· Sabemos que es complejo que en medio del momento sea posible fijarse en los números de la placa y recordarlos, pero si se puede tener ese dato es muy valioso, así como rasgos físicos de quien realiza la detención. Cualquier cosa que recordemos va a ser muy útil para la identificación y posterior denuncia.
· También es útil tener en cuenta la hora y lugar de los hechos.
· Puede ayudar el tener algún registro de audio o video; transmitir en vivo es muy recomendable, pues ahí se guarda el registro en dado caso que los uniformados dañen los celulares o nos los quiten.
· Otra herramienta es llamar a una persona que pueda grabar la llamada y las agresiones que se escuchen, o así no se pueda grabar esa persona serviría como testigo/a.
· Es útil tomar nota de lo que recordemos, esto es muy importante pues es probable que a medida que pasa el tiempo se nos olviden datos que pueden ser relevantes para la denuncia. Esta recomendación se puede seguir dependiendo las condiciones de las mujeres, porque en un amplio número de casos quedan en estado de conmoción durante la agresión o después de esta.
Además, hay que tener presente que ante cualquier vbg se puede acudir a una URI, pedir una valoración de Medicina Legal, ir a la Secretaría de la Mujer, y también se puede pedir acompañamiento en todo el proceso por parte de la Defensoría del Pueblo. Hay que anotar que, aunque estas violencias se pueden dar en el marco de la protesta social, los lugares más comunes donde son cometidas son en los centros de traslado por protección, las cárceles, los vehículos oficiales y los edificios públicos.
Por otra parte, quienes sean testigos de estos hechos, aun cuando no se es parte del equipo de Derechos Humanos de las movilizaciones pueden, como lo indicó Paulina Farfán:
“Acompañar a la persona hasta que pueda tomar un transporte seguro y hasta que esté consciente, porque muchas veces se queda en estado de shock. Es importante también ponerla en contacto con una persona conocida o que hacer parte de la situación a las redes de apoyo de la víctima. De ser necesario, y si la persona así lo quiere, [es posible] acompañar en el proceso de denuncia”. También es necesario determinar la edad de la víctima, la identidad u orientación sexual, aspectos poblacionales, si está en estado de gestación, si tiene alguna diversidad funcional, y si cumple algún rol dentro de la movilización como defensora de Derechos Humanos, periodista, etc.
Defensoras de Derechos Humanos al frente de las vbg
Con la violencia que es constantemente cometida en la protesta social, las/os defensoras/es de Derechos Humanos se han convertido en un acompañamiento necesario dentro de estos escenarios, pues son justamente estas personas quienes han logrado documentar las agresiones que ejerce la Fuerza Pública; lo que ha llevado, entre otras cosas, a reconocer que urgen cambios en los mecanismos que utiliza la Policía para reprimir el derecho a la movilización social. Ejemplo de ello es lo que ocurrió hace algunos meses cuando la Corte Suprema de Justicia solicitó varias cosas respecto a la protesta social, entre ellas dejar de utilizar la escopeta calibre 12.
Hay que tener presente que ante cualquier vbg se puede acudir a una URI, pedir una valoración de Medicina Legal, ir a la Secretaría de la Mujer, y también se puede pedir acompañamiento en todo el proceso por parte de la Defensoría del Pueblo. Hay que anotar que, aunque estas violencias se pueden dar en el marco de la protesta social, los lugares más comunes donde son cometidas son en los centros de traslado por protección, las cárceles, los vehículos oficiales y los edificios públicos. Fotografía: Pares.
Adicionalmente, el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos ha sido uno de los contados acompañamientos que tienen los/as manifestantes en la movilización que realmente protejan el bienestar de quienes salen a las calles, y que además exigen que la Fuerza Pública no se exceda en estos escenarios. Es importante mencionar que su apoyo también incluye el servicio de los primeros auxilios para las personas afectadas física y psicológicamente en la protesta social.
Sin embargo, las mujeres que hacen parte de estos equipos como Paulina y Karla reconocen que:
“Somos muy irrespetadas por la Fuerza Pública, sobre todo nuestra labor es bastante desestimada y somos mayormente agredidas tanto psicológica, como físicamente por parte de la Fuerza Pública. (…) Sobre todo en términos de interlocución y de acompañamiento en terrenos, porque muchas veces se deslegitima lo que nosotras decimos simplemente por el hecho de ser mujeres. Las instituciones esperan que venga un compañero, que sea hombre como para que haya una mayor validez. En las comisiones de verificación hay mucha violencia, entonces muchas veces nos dicen: “tan bonitas y estando acá”, o desde la Fuerza Pública a veces nos tratan de vándalas, “putas”, “perras”, buscando amedrantar el ejercicio que hacemos de Derechos Humanos”.
Por todo esto, desde organizaciones como Defender la Libertad se ha insistido en el trabajo pedagógico para reconocer las vbg en la protesta social y para identificar cuáles son las rutas que se pueden tomar, pues parte de la problemática es que muchas/os, por la estructura violenta y patriarcal que atraviesa todos los escenarios, naturalizan estas agresiones que son cometidas en razón del género y por eso muchos casos se quedan sin ser denunciados y son las víctimas quienes deben llevar sus propios procesos de reparación.
Por eso hoy, 25 de noviembre, se reconoce el importante trabajo de las Defensoras de Derechos Humanos en la protesta social, pero también se insta a que se abra el debate sobre las vbg en estos escenarios, pues tenemos el derecho de llevar cada una de nuestras reivindicaciones a las calles sin que el miedo a ser violentadas sea la respuesta que esperemos del Estado. Hoy, 25 de noviembre, la lucha, como cada uno de los días, es para que cada espacio que habitemos sea seguro.