Por: Katerin Erazo, Periodista
La democracia colombiana enfrenta un sombrío panorama en medio del proceso electoral en curso, con algunos candidatos asesinados en diferentes regiones del país. Estos lamentables sucesos no solo enlutan a las familias y comunidades afectadas, sino que arrojan luz sobre una creciente ola de violencia política que amenaza la integridad del proceso democrático.
Durante el mes de agosto se registró en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, una de las víctimas que fue José Eduardo Timaná, líder indígena del resguardo “Kwet Wala” y candidato al Concejo por el Pacto Histórico. Timaná fue atacado el pasado 04 de agosto por dos individuos en motocicleta cuando se dirigía al corregimiento de Lomitas, acompañado por su pareja sentimental. Los atacantes dispararon sin previo aviso, arrebatándole la vida y dejando en shock a la comunidad indígena y política. Jorge Yonda, Gobernador del Resguardo Kwet Wala, denunció la persecución hacia las comunidades indígenas y exigió justicia.
Por otro lado, en Honda, Tolima, la víctima fue Leandro Sánchez, candidato al Concejo por el partido Creemos. Sánchez, conocido por su compromiso en la mejora de la atención en salud y la protección animal, fue víctima de un acto sicarial frente a su vivienda. La brutalidad de este ataque resalta la vulnerabilidad de los candidatos y la urgente necesidad de medidas de seguridad para protegerlos en medio de sus campañas.
Finalmente, el pasado 26 de agosto, Claudia Ordoñez, lideresa social y candidata al Concejo de Jamundí, Valle del Cauca, también fue víctima de la violencia política. Ordoñez fue asesinada en las inmediaciones de la cárcel de Jamundí mientras se preparaba para su jornada laboral, Ordoñez era reconocida por su defensa de los Derechos Humanos y del territorio. Su esposo resultó gravemente herido en el mismo ataque, subrayando la magnitud de la tragedia.
Estos asesinatos son solo algunas de las víctimas registradas, lo que demuestra una preocupante tendencia de violencia política en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que entre octubre de 2022 y agosto de 2023 se han registrado 237 casos de violencia contra liderazgos políticos, incluyendo amenazas y asesinatos. Esta cifra representa un aumento del 75% en comparación con hace cuatro años, pintando un panorama alarmante.
Las regiones más afectadas por esta ola de violencia son el Cauca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Nariño y Cesar. Candidatos elegidos por voto popular y precandidatos son los perfiles más vulnerables, con un incremento del 245% en ataques dirigidos a los últimos.
La violencia política no solo pone en riesgo a individuos y comunidades, sino que también socava la confianza en el proceso democrático. Las autoridades electorales y de seguridad tienen la responsabilidad de proteger a los candidatos y garantizar un ambiente seguro para que el pueblo ejerza su derecho al voto. La paz y estabilidad de Colombia dependen en gran medida de la capacidad del país para asegurar elecciones libres de violencia y temor.
En este contexto, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) habría presentado su tercer informe de violencia político-electoral, el cual abarca el período desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de junio de 2023. Los datos revelan un panorama desalentador: durante estos ocho meses, se han registrado 152 víctimas de violencia electoral en 116 hechos asociados. Esto implica un incremento del 42% en el número de hechos registrados y del 35% en el número de víctimas contabilizadas en comparación con el informe anterior.
El informe de Pares también destaca la preocupante tendencia de victimización continua, con una víctima de violencia política electoral cada día en Colombia. Las medidas tomadas por las autoridades y la sociedad en general serán cruciales para contrarrestar esta tendencia alarmante. Además de asegurar la seguridad de los candidatos, también es imperativo abordar las causas subyacentes de esta violencia, incluyendo las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, así como las cuestiones políticas, clientelares y corruptas que pueden alimentar el ciclo de violencia.
La comunidad internacional también juega un papel importante al mantener la atención sobre esta situación y presionar por acciones concretas que protejan la integridad de los procesos electorales y de aquellos que participan en ellos. La defensa de la democracia y los derechos humanos en Colombia debe ser una prioridad, no solo para el país, sino también para la comunidad global comprometida con la paz y la justicia.
Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, en Colombia se han registrado actos de violencia selectiva dirigidos contra candidatos a concejo, precandidatos a concejales y otras personas que participan en la política electoral con aspiraciones a cargos de elección popular. Pérez resaltó que, si bien existe esta violencia selectiva en el país, es importante señalar que desde la Línea de Democracia se difiere de la perspectiva de la Defensoría del Pueblo.
A diferencia de la posición de la Defensoría del Pueblo, que sugiere la posibilidad de un escenario adverso para la realización de las elecciones debido a la presencia de estructuras armadas ilegales en ciertas zonas y los asesinatos de líderes sociales, Pérez consideró que afirmar la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones es un error. A pesar de la existencia de esta violencia selectiva, la Defensoría del Pueblo debería ser más cuidadosa al concluir que las elecciones no podrán realizarse en función de estos factores.
No obstante, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares muestra preocupación por casos concretos que ilustran la magnitud del problema, como las renuncias del alcalde de Playa Norte de Santander, quien abandonó su cargo debido a la violencia política y se vio obligado a abandonar el país, así como la salida del alcalde de Nuquí. Estos dos casos específicos resaltan la urgencia de abordar la problemática de la violencia política en el país.
Finalmente, es importante resaltar que en los próximos días, la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares presentará un nuevo informe acerca de la violencia político-electoral. En este contexto, Pérez explicó que la incidencia de hechos de violencia política y electoral sigue siendo constante, con un acontecimiento de este tipo ocurriendo aproximadamente cada día de por medio. Esta tendencia persiste y continúa generando preocupación.
Un aspecto que resalta y preocupa es que esta violencia selectiva se manifiesta de manera precisa y dirigida. Prácticamente en cada incidente, una víctima se ve afectada. En otras palabras, existe una correspondencia casi uno a uno entre los actos violentos y las víctimas.
Esta naturaleza específica y dirigida de la violencia es notable. Juan Alejandro Pérez mencionó que los perfiles más vulnerables y afectados por estos actos son aquellos de precandidatos y candidatos, principalmente en el período cercano a la inscripción de candidaturas y antes de esta. Asimismo, los miembros y militantes de partidos políticos, así como aquellos que ocupan cargos de elección popular, también se encuentran entre los más perjudicados, según lo que indicará el próximo informe.