Violencia sin tregua en el Catatumbo: una generación atrapada entre el miedo y el abandono

Por: Daniel Parra

Norte de Santander continúa siendo un epicentro de violencia que no solo afecta a las zonas rurales, ahora se extiende a los cascos urbanos. Los recientes hechos violentos, como el ataque a la policía en Bucarasica, el asesinato de 3 civiles en Tibú, y las amenazas al alcalde de Cúcuta, lo confirman.

El 26 de abril, un ataque armado en Bucarasica dejó gravemente herido al sub intendente Jorge Armando flores Álvarez, quien fue baleado mientras realizaba labores de control en la entrada al municipio. El uniformado fue trasladado de emergencia a Cúcuta en un helicóptero policial, evidenciando la gravedad del incidente. Se estima que el ataque fue perpetrado por unidades del ELN.

Ese mismo 26 de abril, en Tibú, uno de los municipios más golpeados por la violencia, el asesinato de dos mujeres y un hombre conmocionó a la comunidad. Entre las víctimas, una madre de 2 hijos fue ejecutada, y sus pequeños fueron secuestrados por el ELN. Posteriormente, los menores fueron entregados a un presidente de una Junta de acción comunal, un gesto que no mitiga el horror de la pérdida ni la crueldad del acto. Estos asesinatos, dirigidos contra civiles, evidencian la degradación del conflicto, donde la población no combatiente se convierte en blanco de retaliaciones y mensajes de control territorial. Frente a este caso, circulan dos versiones. Según la primera hipótesis, las víctimas viajaban en un bus intermunicipal cuando fueron interceptadas por el ELN, quienes los obligaron a descender y los ejecutaron. Por su parte, el ELN sostiene que las víctimas eran utilizadas como escudos humanos por el Frente 33, tras un ataque sorpresivo de este grupo minutos antes. Más allá de estas narrativas opuestas, la trágica realidad es que tres vidas se perdieron, dejando un profundo dolor en la comunidad y, en particular, a dos hijos que ahora enfrentan la devastadora pérdida de su madre.

En esta crisis, los niños, niñas y adolescentes se han convertido en las víctimas invisibles del conflicto. Según datos de Save the Children (febrero de 2025), más de 46.000 niños, niñas y adolescentes quedaron sin acceso a la educación debido al cierre de más de 710 escuelas en la región, como resultado directo de amenazas, presencia de artefactos explosivos y enfrentamientos armados. Municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata son algunos de los más afectados. Además, UNICEF ha alertado que alrededor de 18.000 menores fueron desplazados en los primeros meses de 2025, mientras que otros 11.000 permanecen confinados en sus territorios, sin posibilidad de acceder a servicios básicos. Casos como el de los dos niños secuestrados en Tibú tras el asesinato de su madre evidencian la manera en que los menores son instrumentalizados en el conflicto, no solo como víctimas indirectas sino también como actores de presión y control territorial por parte de grupos armados.

La continuidad de estos hechos está generando impactos devastadores en el tejido social del Catatumbo. A la pérdida de familiares y hogares se suma el riesgo creciente de reclutamiento forzado: desde el seguimiento por parte de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de las Fundación Paz y Reconciliación – PARES, se han identificado más de 46.500 niños y adolescentes están en situación de riesgo de ser vinculados a estructuras armadas ilegales. Los informes de la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 026 de 2024, subrayan que los grupos armados continúan utilizando escuelas y espacios comunitarios para expandir su influencia. A esto se suma la afectación en la salud mental: testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica relatan síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión en niños desplazados.

Por otro lado, en Cúcuta, el alcalde Jorge Acevedo ha recibido amenazas directas del grupo delincuencial denominado “Ak-47”, quienes serían, presuntamente, los responsables de la inseguridad céntrica en la capital del departamento. La amenaza directa al número privado del alcalde, y la advertencia difundida a través de un video en el que aseguran que no quieren ver mujeres embarazadas ni niños en el centro, es una muestra fehaciente del terror que imponen los actores ilegales en la ciudad.

La escalada de violencia ha generado un profundo sentimiento de incertidumbre entre los habitantes de Norte de Santander, especialmente en municipios que históricamente no habían sido epicentros del conflicto. Lugares como Bucarasica, Lourdes, Chitagá, enfrentan una nueva realidad, donde los enfrentamientos, atentados, y amenazas, se han trasladado de las veredas a los centros urbanos.

En medio de este contexto, se debe resaltar otra arista: la movilización de todos los frentes del Bloque Magdalena Medio hacia el Catatumbo, con el objetivo de contribuir a una fase avanzada del proceso de paz, mediante el tránsito a zonas de ubicación.

Norte de Santander vive en un estado de zozobra, sin claridad sobre cuándo o cómo terminará la violencia. Recordando, cada día, que la guerra destruye vidas, tejido social, y confianza en el futuro.