Las ciudades habitualmente albergan diversidad de problemas incluyendo deficiencias en sus sistemas urbanos funcionales (movilidad, flujos de abastecimiento, conectividad del espacio público, etc), y en la provisión de servicios sociales (salud, educación, vivienda, servicios públicos adecuados), así como asuntos relacionados con la inseguridad y la convivencia ciudadana. Otra clase de problemas son los que los psicólogos refieren con el término “patología social urbana”, que comprenden el estrés asociado con un ritmo acelerado de la vida, la depresión, el aislamiento y la pérdida de identidad. Además de todos estos problemas, y al mismo tiempo influyendo sobre ellos, están los conflictos sociales que en los entornos urbanos alcanza niveles elevados en cantidad, diversidad y complejidad. (Gilis, 2010)
Los conflictos sociales urbanos se experimentan de manera asimétrica y heterogénea porque las ciudades son altamente diferenciadas. Es decir, lo que puede sumar como una oportunidad para algunos representa con frecuencia el origen de conflictos colectivos para otros. De hecho, las ciudades y áreas metropolitanas de hoy se han convertido en importantes centros de interacción colectiva entre las clases subordinadas debido a la facilidad con la que circulan la información y los contactos en contextos urbanos, lo cual favorece la formación de nuevos «actores políticos» en representación de numerosos y diversos grupos sociales “excluidos”. En síntesis, las dinámicas urbanas de hoy no están marcados por los conflictos sociales simétricos y estructurales que caracterizan la sociedad industrial, sino por las contradicciones transversales que afectan de distintas maneras a diferentes a grupos sociales con diversos valores e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y resultado final. (Borja, 2003)
En muchos casos, la violencia urbana es una situación endémica impulsada por distintos factores sociales, económicos y políticos. Comprende un amplio espectro de expresiones y formas de violencia que van desde la violencia de género, pasando por aquella basada en pandillas y hasta los conflictos étnico-religiosos y el terrorismo. A diario los residentes urbanos tienen que lidiar de manera directa con asuntos como la violencia intrafamiliar, la expansión del consumo de sustancia psicoactiva, la extorsión, en ocasiones con protestas sociales y disturbios debido al hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos o fuentes legales de ingreso, así como la falta de voz para incidir sobre los asuntos públicos que los afectan al e igual que por la subordinación a “poderes de hecho” que se ejercen por medio de oscuras alianzas entre actores armados extralegales y oficiales. Por otra parte, hay ejemplos notables de conflicto armado interno o internacional, pasando por las fases agudas «guerra urbana», como en Beirut, en el Líbano, Mogadiscio, Somalia, Bagdad, en Irak, en Marjah, Afganistán, Misrata y Trípoli, en Libia, y Homs y Damasco en Siria , para nombrar sólo muestra una de casos recientes. (Moser y Horn, 2011; Koonings,2012)
Muchas grandes ciudades que no son escenarios de guerra urbana sin embargo registran muertes causadas por los diferentes tipos de violencia mencionados anteriormente por encima de 1.000 víctimas mortales anuales que comúnmente se acepta como establecido como el umbral para clasificar procesos sostenidos de violencia como “conflictos armados internos de baja intensidad», tal como es el caso ciudades como Ciudad Juárez, en México, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en Honduras, en Caracas Venezuela, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Río de Janeiro, en Brasil y Cali, Medellín y Bogotá en Colombia. La verdad es que hay otros atributos además del umbral de muertes violentas que deben estar presentes para poder clasificar un episodio prolongado de violencia colectiva como un conflicto armado interno, que incluyen su ubicación en el territorio de un Estado, la participación de fuerzas armadas “oficiales” y los grupos rebeldes o disidentes al mando de la estructuras de mando responsables y estables con suficiente control sobre un territorio para permitir operaciones militares organizadas y sostenidas, al igual que el compromiso de observar y aplicar las leyes internacionales pertinentes a este tipo de conflictos. (Verri, 1998; Koonings de 2012)
Sin embargo, el hecho es que en las grandes ciudades donde el alto nivel de violencia es endémico hay actores armados urbanos que buscan explotar las oportunidades económicas ilícitas y controlar el espacio físico urbano y social, mientras que las fuerzas oficiales de seguridad emplean la violencia para contrarrestar esto. Si bien esta configuración de eventos no se ajusta completamente a los atributos de un «conflicto armado interno», no puede ignorarse que tal estado de cosas puede llegar a tener efectos similares sobre los residentes urbanos en las áreas afectadas. (Koonings, 2012).
A medida que el mundo se vuelve cada vez más urbano, el conflicto urbano generalizado prefigura un ambiente general de «poder difuso» en el que actores no estatales y privados juegan un papel progresivamente más protagónico a la vez que el monopolio de la fuerza por parte del Estado se resquebraja y se debilita. Por consiguiente, las diversas formas de violencia colectiva en entornos urbanos serán cada vez más frecuentes en el futuro debido a la creciente concentración de conflictos colectivos en las ciudades.
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