Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
En Jamundí un hombre arrojó a su hija desde un tercer piso y fue golpeado hasta la muerte por sus vecinos, lo que expone dos problemáticas urgentes, la violencia vicaria como una terrible forma de violencia de género y los riesgos de la justicia por mano propia y, en definitiva, la respuesta al dolor no puede seguir siendo la violencia.
La violencia vicaria es una en la que hijos e hijas son utilizados como instrumentos para castigar y herir emocionalmente a las madres y así, es una de las manifestaciones más brutales de las violencias basadas en género en un sistema que nos quita a las mujeres el control sobre nuestras vidas.
Es urgente que reconozcamos la violencia vicaria como una forma específica de violencia de género que requiere atención prioritaria. Pero quiero concentrar estas letras a reflexionar sobre el linchamiento al agresor en Jamundí.
Producto de dicho linchamiento el agresor murió y, como las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo que pasó es un asesinato. Esto refleja que, si bien, hay unos niveles profundos de indignación que experimentan muchas personas y que es comprensible, la violencia como respuesta a la violencia no puede, ni debe, ser justificada. Estas personas que se asumen justicieras, terminaron siendo criminales.
En sociedades como la nuestra, caracterizadas por altos índices de violencia e impunidad, tomar la justicia por mano propia normaliza la idea de que el castigo físico es una forma legítima de castigo. Esto no solo deshumaniza a los agresores –sin importar si son culpables o sospechosos–, sino que, además, perpetúa un ciclo de agresión que favorece un sistema de valores vengativo, que se refuerza en la desconfianza a las instituciones debilitando aún más el sistema de justicia.
La justicia por mano propia no es justicia, es un atentado contra los derechos humanos y el Estado de derecho, que profundiza los círculos interminables de venganza donde el dolor colectivo no encuentra reparación, sino nuevas víctimas. Lo que pasó en Jamundí refleja el fracaso estructural de las instituciones para prevenir y abordar los casos de violencias, siendo las fallas en el sistema de justicia un argumento para los violentos.
Es fundamental promover el acceso a servicios institucionales integrales para familias en situación de riesgo y trabajar en programas específicos que reconozcan la violencia vicaria como una prioridad, además de fortalecer la agilidad de las fuerzas policiales y de justicia para atender, pero, sobre todo, proteger a los culpables.
Como sociedad debemos asumir una postura de rechazo a la justicia por mano propia. No podemos permitir que la indignación frente a la violencia se traduzca en actos criminales. La justicia no puede ser vista como un arma de venganza, sino como una herramienta para la reparación y, son las instituciones las que deben prevalecer como garantes de los derechos humanos y el debido proceso.
Debemos defender la vida y la dignidad, ponerlas en el centro de la discusión, incluso si se trata de un criminal.
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