Por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos
Pensar que Javier Milei quiso borrar en Argentina la palabra feminicidio... En el 2023 se registraron 85 mil asesinatos de mujeres y niñas. La mayoría de estos crímenes lo cometió alguien cercano. Un esposo, un tío, un papá. Con un panorama tan amenazador durante el confinamiento de la pandemia las llamadas de emergencia dadas por mujeres reportando agresiones se dispararon. En este contexto, el negacionismo de las VBG no es solo una postura ideológica, sino una estrategia política para desmantelar derechos conquistados, y así, perpetuar un modelo de sociedad en el que la violencia de género sigue siendo una herramienta de control y opresión.
El siguiente informe analiza la situación de VBG y homicidios contra lideresas sociales en Colombia, destacando cómo discursos negacionistas amenazan los derechos de las mujeres. Asimismo, examina la intersección entre VBG y conflicto armado, revelando el papel del patriarcado y la desprotección estatal en la perpetuación de estas violencias. Para esto, se enfoca en la situación específica en departamentos como Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, resaltando los desafíos y riesgos que enfrentan las lideresas en cada región.
A pesar de todas las alertas las cifras están al alza. Según el SIEDCO de la Policía Nacional, en el año 2024 se reportó un total de 30.881 casos de delitos sexuales en Colombia, lo que implica un aumento del 10% respecto a los 28.053 casos registrados en 2023, resaltando que, para estos dos años, en más del 80% de los casos las víctimas fueron mujeres. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) se registraron 42.167 casos de violencia sexual en el año 2023, es decir, casi un 50% de casos más que los que registró la Policía ese mismo año.
Estas cifras hay que revisarlas con pinzas teniendo en cuenta estos tres factores que se presentan en Colombia: 1. El miedo a denunciar. 2. Es imposible medir las agresiones sexuales en medio de un conflicto armado. 3 El número nunca puede dimensionar el verdadero sufrimiento que han padecido estas mujeres.
A partir de los datos del SIEDCO específicamente sobre mujeres víctimas de delitos sexuales, se evidencia que el 26% son mujeres adultas, seguido de las jóvenes (entre los 14 a 17 años) con el 31% y las niñas menores (de 0 a 14 años) con el 29%, con un 13% de casos en que no se registra grupo etario. Esto evidencia las menores de edad representan el 60% de las víctimas de los delitos sexuales. Esto está en concordancia con el dato de que el acto sexual con menor de 14 años es el delito sexual más recurrente durante el 2024.
La intersección entre las VBG y el conflicto armado en Colombia evidencia cómo la guerra no solo amplifica las agresiones contra las mujeres, sino que también transforma sus cuerpos y sus vidas en escenarios de disputa y control territorial por parte de actores armados. Las dinámicas del conflicto han institucionalizado la violencia sexual como una táctica de guerra, utilizada por los actores armados para imponer su dominio territorial, desmoralizar a comunidades enteras y castigar a aquellas mujeres que desafían su autoridad.
Las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, enfrentan un doble riesgo como consecuencia de la combinación de la violencia estructural de género, y la violencia dirigida específicamente hacia ellas por su rol de liderazgo, ya que, se ven expuestas tanto a violencias sociopolíticas vinculadas a su labor, como a VBG las cuales atraviesan de manera trasversal su posición como mujeres y como lideresas.
El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), identificó que entre los años 2018 y 2024, se perpetraron un total de 158 asesinatos en contra de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia. A partir de estas cifras, se evidenció una tendencia fluctuante, con periodos de aumento y disminución que reflejan la complejidad de este tipo de violencia. En 2018 se registraron 10 asesinatos, cifra que se duplicó en 2019 con 24 casos, y alcanzó su punto más álgido en 2020 con 33 homicidios. Esta tendencia cambiaría después de pandemia.
Es preciso señalar que, aunque las cifras registradas evidencian un patrón de violencia constante, es importante reconocer los obstáculos estructurales del registro, ya que no hay certeza de una visibilización total y completa sobre los homicidios a liderazgos sociales, y a su vez a liderazgos femeninos, debido a las limitaciones propias del fenómeno, y al débil reconocimiento del liderazgo femenino como consecuencia de la violencia estructural de género.
Este informe le pone la lupa a la situación de violencias basadas en género en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, departamentos con presencia durante décadas de grupos armados que se han opuesto a cualquier tipo de liderazgos, sobre todo si son las mujeres las encargadas de ejercerlos.
El informe además señala quienes son los encargados de proteger a las lideresas y que dificultades se han tenido para que se cumpla esto con éxito. Al final del texto se dan recomendaciones para ayudar a que las mujeres no sigan siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, algo que negacionistas como Milei y la nueva tropa de machos quieren borrar para siempre.
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