Por: Lizbeth Guerrero Cuan
Analista política con perspectiva de género
El cierre de las inscripciones de candidaturas a Gobernaciones, Asambleas, Alcaldías, Concejos y Juntas Administradoras Locales, aviva el ambiente electoral y algunas reflexiones sobre nuestra democracia, más allá de cuáles serán las fuerzas políticas ganadoras y perdedoras, caben en este contexto. Una de ellas, especialmente relevante para garantizar la representatividad de los distintos grupos que conforman la sociedad colombiana, es preguntarse por los esfuerzos que se hacen para que en las elecciones se garantice el ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía. En este marco es crucial llamar la atención sobre lo que sucede con la participación de los grupos poblacionales que enfrentan más barreras para su participación política, como la población trans.
La elección de representantes de la población LGBTIQ+, aunque ha ido en aumento, sigue siendo reducida. Dentro de este grupo poblacional, la elección específica de personas trans es aún menor. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales (2019), de las 20 candidaturas de personas LGBTIQ+, solo dos personas trans resultaron elegidas como edilesas. Una cantidad significativamente baja si se tiene en cuenta que se eligieron 32 gobernadores, 1101 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales, y 6.814 ediles. Estos resultados nos indican que, a la hora de ser elegidas, sigue existiendo una amplísima brecha por cerrar.
Pero a la hora de elegir, el escenario tampoco es alentador. “Que venga a votar la de la cédula”[1] es una frase que ilustra una de las maneras en que se les imponen restricciones a las personas trans cuando no existe correspondencia entre su identidad, expresión de género y la información de sus documentos de identidad (nombre, sexo, foto). Comentarios inapropiados, sumados a preguntas invasivas e incluso la aplicación de procedimientos adicionales para verificar su identidad son situaciones que deben soportar en los puestos de votación. Esto sucede a pesar de que, por supuesto, la corrección del componente de sexo en los documentos de identidad no es un requisito para que las autoridades cumplan con su deber de respetar la identidad y expresión de género de esta población.
Y si bien desde 2015 el trámite para corregir el componente sexo está reglamentado, hay obstáculos como la negación de la prestación del servicio, el desconocimiento del Decreto por parte de los funcionarios, las complicaciones que se añaden al proceso o los costos notariales que persisten y dificultan la actualización. Esto evidencia que la población trans enfrenta distintas barreras para su ejercicio del derecho al voto, no solo por lo que sucede en la jornada electoral, sino desde antes de que las elecciones ocurran.
Así mismo, los prejuicios en torno a la población trans y los imaginarios acerca del lugar que deben ocupar en la sociedad añaden dificultades a su experiencia como votantes. No hay que olvidar las violencias a las que se ven expuestas en el espacio público, que van desde el insulto hasta la agresión física. Si deciden salir a votar es muy probable que para lograr que su tarjetón marcado llegue al fondo de la urna deban enfrentar antes expresiones de burla o denigrantes, juicios negativos sobre su identidad, e incluso riesgos de violencia ejercida por parte de diferentes actores. No acudir a las urnas es una opción razonable si en el camino hacia ellas se encuentran obstáculos que pueden ir desde las restricciones institucionales hasta riesgos a la integridad. Este escenario desincentiva la participación de las personas trans.
Dentro de los múltiples esfuerzos que hacen algunas personas y organizaciones por transformar esta realidad, en 2020 la Misión de Observación Electoral (MOE), el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y Caribe Afirmativo, lideraron el diseño del Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) en igualdad de condiciones y libre de discriminación. Este fue aprobado ese mismo año mediante la resolución No. 3480 de 2020 del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El protocolo contempla medidas como capacitación, visibilización de información, disposiciones sobre cómo referirse a las personas trans, e incentiva la inscripción de cédulas y actualización de datos en los documentos de identidad. Su primera implementación fue en 2022 para las elecciones de Congreso y Presidencia (primera y segunda vuelta). Luego de observar lo ocurrido en estas jornadas electorales, el informe “Una observación Trans al voto Trans” plantea algunas recomendaciones para futuras implementaciones. Dentro de ellas se encuentran: mejorar los niveles de capacitación con respecto al protocolo de Voto Trans, garantizar que luego de la corrección del documento de identidad se actualicen las bases de datos de la Registraduría, coordinar la divulgación de los plazos y procesos de inscripción de cédulas dirigidos específicamente a la ciudadanía trans, ampliar la difusión de piezas informativas en los puestos de votación, y disponer de procedimientos y mecanismos para interponer quejas sobre hechos de discriminación.
Los procesos electorales son una oportunidad para unir esfuerzos que nos lleven a construir una democracia verdaderamente incluyente. Comprometernos con la garantía del Voto Trans no favorece solamente a esta población, sino que está estrechamente relacionado con el fortalecimiento de la democracia colombiana. Además, la renovación de los liderazgos políticos que desde muchas orillas se reclama, también puede encontrar un camino de transformación positiva a través de una mayor inclusión.
En ese sentido, vale la pena aprovechar el clima pre-electoral para poner sobre la mesa este tema y sumar voces y esfuerzos que rodeen, acompañen, y apoyen las iniciativas que distintas organizaciones, líderes y lideresas han puesto en marcha por esta causa. Derribar las múltiples barreras que tiene la población trans a la hora de ejercer su derecho al voto requiere de un trabajo conjunto, sostenido y en diferentes niveles.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
[1] Jhan Florez, lideresa trans.