Por: José Roberto Acosta, aliado PARES
Se cumplen dos años desde que Néstor Humberto Martínez Neira empezó abierta y públicamente su vergonsoza tarea de encubrimiento de la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval al anunciar, en su calidad de Fiscal General de la Nación que: “descarta corrupción en adjudicación de obras del Río Magdalena”, otorgado al Consorcio Navelena.
En lugar de cumplir su tarea de acusador, o por lo menos de investigador acucioso a partir de las confesiones de los bandidos de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos conocidas apenas dos semanas antes de su posesión, se inauguró otorgando una exoneración express en el caso Navelena, pero con tan mala suerte que casi de inmediato, junto con el Senador Jorge Enrique Robledo, expusimos pruebas contundentes de las irregularidades presentadas en el otorgamiento de un crédito de $120.000 millones por al Banco Agrario al Consorcio de Navelena, conformado en un 87% por Odebrecht y 17% por la colombiana Valorcon S.A., de propiedad de Julio Gerlein, hermano del exsenador Roberto Gerlein e involucrado con Aida Merlano, destituida del Senado por compra de votos.
Las probadas irregularidades en este crédito del Banco Agrario, aprobado en noviembre del año 2016, dieron pie para que en abril del año 2018 la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos al presidente del Banco Agrario y a los miembros de la junta directiva de ese entonces. Proceso que deberá fallarse este año 2019, después de que los investigados ejercieran su legítima defensa y pedir mas pruebas.
Entre los involucrados están el exviceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar; Adolfo Dajud Durán, quien representaba al ministro de Agricultura Aurelio Iragorri en la la junta directiva del Banco Agrario; Luis Fernando Mejía Alzate, quien fue director de Planeación Nacional de Juan Manuel Santos, nombrado como director de FOGAFIN por Iván Duque y actualmente director de Fedesarrollo; Francisco Estupiñán, quien fue ministro de Agricultura y cuyo hijo era contraparte en el contrato de administración de las garantías del crédito, en su calidad de presidente de Fiduciaria de Occidente, filial del Grupo Aval, en un abierto conflicto de intereses y que no ha sido sancionado aún por la Superintendencia Financiera, a pesar de haberse denunciado desde hace más de un año, pues no es aceptable que entre padre e hijo se celebren contratos con recursos públicos por $120.000 millones y no se revele dicha relación familiar entre las partes.
Gracias a la presión social, el Banco Agrario recuperó lo desembolsado irregularmente con intereses de mora, recibiendo cerca de $150.000 millones. Sin embargo, este dinero salió del pago realizado por CORMAGDALENA al Consorcio Navelena por supuestas obras de dragado. Es decir, en la práctica quien terminó pagando la deuda fue CORMAGDALENA. Ni Odebrecht ni Valorcom desembolsaron un centavo. Dichas obras de dragado fueron certificadas por el interventor de las mismas, y sobre ellas nunca se despejaron las dudas que por escrito se le pusieron al director de CORMAGDALENA en ese momento, el señor Alfredo Varela, quien renunció en agosto del 2018 y ahora se dispone a condidatizarse a la gobernación del departamento de Atlántico.
CORMAGDALENA salvó a los implicados en este caso de corrupción técnica de un millonario juicio fiscal que hubieran tenido que pagar de su propio bolsillo, pero las obras de dragado no parecen existir. Navelena, al igual que en el caso DRAGACOL, usufructuó una actividad que sigue favoreciendo castas políticas de la costa como es el irregular e interminable dragado del Río Magdalena. Obra que sigue siendo un barril sin fondo de corrupción y una chequera en blanco para politiqueros que justifican el multimillonario pago a empresas que son contratadas sin los requisitos financieros, técnicos y reputacionales, como fue el caso del Consorcio Navelena, que ademas, por incumplir el cierre financiero para la obra principal, terminó perdiendo por Caducidad el contrato para asegurar la navegavilidad del Río Magdalena.
Es importante no olvidar este episodio de corrupción de Odebrecht y en el que el gran beneficiado fue el Banco de Occidente del Grupo Aval, quien recibió de manera preferente $50.000 millones del irregular crédito otorgado por el Banco Agrario, desfigurado de su objeto social por este perverso negocio.
Los actores implicados son muchos más y siguen siendo los mismos con las mismas, en otro triste episodio de “lo que el río se llevó».
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