Foto: Andrea Aldana, investigadora – Pares
Por: Naryi Vargas, investigadora de la línea Conflicto, Paz y Postconflicto – Pares
El próximo 7 de septiembre se cumple el plazo de 30 días que el presidente Iván Duque decretó para evaluar el proceso de paz que se adelanta con el ELN y decidir sobre su continuidad. Para desarrollar esa labor pidió el apoyo de la Iglesia Católica, que ha tenido un rol central en la mediación, el de los países garantes y el de Naciones Unidas; además, designó a Miguel Ceballos, actual consejero para la paz.
En este término de tiempo se ha llevado de manera pública un pulso con el ELN respecto al secuestro. No es la primera vez que este tema se presenta como un obstáculo en las negociaciones con esta guerrilla; esta vez, por el reciente secuestro de dos civiles y cuatro integrantes de la fuerza pública en Chocó y dos más en Arauca. El pasado 3 de septiembre el Frente de Guerra Oriental dejó en libertad a dos menores de edad, sin embargo, no se ha logrado pactar un protocolo conjunto para la liberación de los demás secuestrados.
Duque afirmó que la liberación de estas personas es un gesto de paz necesario para dar continuidad al proceso, por lo cual no aceptó la condición de la guerrilla de contar con la presencia de garantes internacionales (Cuba y Noruega) como parte del protocolo para la liberación de los secuestrados. Ante esta negativa, en la mañana del 4 de agosto, desde la cuenta de Twitter de @ELN_PAZ, ‘Aureliano Carbonell’ afirmó que la guerrilla decidió realizar las liberaciones por cuenta propia, a riesgo de no contar con las condiciones mínimas. “Responsabilizamos a las Fuerzas Armadas estatales por cualquier incidente fatal que se pueda presentar en estas operaciones humanitarias. De nuestra parte haremos todos los esfuerzos para que ello no ocurra”, afirmó.
Horas después, alias ‘Uriel’, comandante del ELN en Chocó, le dijo a LA FM “nosotros en el corto plazo no vemos condiciones de realizar liberaciones unilaterales, estamos en un fuerte operativo, se pone en riesgo a nuestras unidades y no pensamos hacerlo así. Estamos buscando posibilidades pero con el intenso operativo en el que nos estamos moviendo no hay condiciones para liberaciones unilaterales en el corto plazo en Chocó”.
A pesar de esta tensión, varios actores nacionales e internacionales han manifestado la importancia de darle continuidad a la Mesa. Por ejemplo, Pedro Sánchez, presidente de España, se ofreció como facilitador. Naciones Unidas, por su parte, presentó el 26 de julio un documento de recomendaciones a Duque en materia de paz, en el que pide no dejar a un lado las negociaciones con el ELN y profundizar el esfuerzo para “lograr un acuerdo mejorado de cese al fuego y diseñar la participación comunitaria en el proceso”. La Comisión de Paz de la Iglesia católica incluso planteó la posibilidad de que la sede de las conversaciones fuera en Colombia. Además, las comisiones de paz de Senado y Cámara se ofrecieron como mediadoras y resaltaron la importancia de buscar una salida negociada al conflicto.
Y es que los beneficios que ha traído este proceso de paz no son menores: desde 2016 a hoy, se ha presentado una reducción de cerca del 65% del accionar bélico del ELN. Esto, sin duda, ha impactado de manera positiva a las comunidades y a los actores que comparten el territorio con esta guerrilla, como las empresas petroleras, quienes han sido un blanco histórico de la insurgencia. Por ejemplo, los ataques a la infraestructura petrolera se han reducido en un 72% con respecto al 2016, situación que beneficia no sólo a las empresas, sino también a la Nación en general, pues sólo en 2016 Ecopetrol tuvo que gastar $40.400 millones de pesos en reparaciones a oleoductos con ocasión de los explosivos detonados por esa guerrilla.
Es necesario reconocer que en algunas regiones, especialmente Catatumbo y Chocó (Urabá y la región del San Juan), el ELN es protagonista del escenario de violencia por cuenta de los enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, lo cual ha victimizado de manera profunda la población que allí habita. Acabar los combates es otra de las razones que refuerzan la importancia de esa negociación.
Por otro lado, los retos en materia de seguridad para el país son gigantes: los grupos criminales han reformulado y sofisticado su modus operandi y su repertorio de acción. Durante muchos años el discurso de seguridad nacional ha opacado la necesidad de que la fuerza pública se enfoque en una política pública seria en materia de seguridad ciudadana. La estrategia de exterminar las guerrillas por vía armada ya mostró su fracaso. El ELN es la última guerrilla del país y ha demostrado que puede mantenerse otros años en armas implementando diferentes tácticas de guerra y justificando la violencia en la política.