Por: Katerin Erazo, Periodista
Los asesinatos de líderes sociales continúan en aumento en este 2023, a pesar de los esfuerzos por parte de las organizaciones civiles para detener esta ola de violencia. Un caso reciente fue el de Mariela Martinez Gaviria, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buchely, Tumaco. Según informaron sus familiares al medio de comunicación Caracol Radio, Mariela se encontraba en su hogar cuando seis hombres en motocicletas llegaron preguntando por ella. Uno de ellos le disparó varias veces, causándole la muerte.
Esta lideresa social, también trabajaba en el área administrativa del hospital Divino Niño en su vereda. La noticia del su asesinato causó gran indignación en la comunidad local y en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes exigen justicia y protección para los líderes sociales.
El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, envió un mensaje de condolencias a la familia de la lideresa social y solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones. Sin embargo, muchos en la comunidad expresan su preocupación por la falta de protección y seguridad para los líderes sociales, especialmente en regiones como Tumaco, donde la presencia del Estado es limitada y los grupos armados ilegales tienen un gran control territorial.
Otro de los casos recientes fue el del pasado 25 de marzo, en el que fue asesinado Gonzalo de Jesús Parra Forero, líder y presidente de la Asomipaz, una asociación de mineros artesanales en el departamento de Boyacá.
El asesinato ocurrió en la vereda Zulia, en el sector el Guarumal del municipio Maripí, Boyacá. Según la información suministrada, el autor fue capturado pocas horas después por la Policía Nacional. Parra Forero pertenecía a uno de los programas de desarrollo y paz de la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz y era miembro activo de la Red de Pobladores, Representante del Nodo Nororiental y cofundador de la Red de Mineros Artesanales de Esmeraldas.
A este caso se le suma el del pasado martes 21 de marzo, en el que horas de la madrugada, la comunidad de Jerusalén, corredor San Pedro Arizona, municipio de Puerto Caicedo, fue sacudida por un acto violento que dejó como resultado la muerte de Diego Jair Orbes y Luis Fernando Malpud. De acuerdo al informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hombres armados fueron los responsables del hecho.
Diego, de 32 años, era comunero Nasa afiliado al cabildo Selva Hermosa y actualmente ejercía como fiscal de la JAC de la comunidad de Jerusalén. Fernando Malpud, por su parte, era un reconocido finquero de la zona, quien vivía en la comunidad desde hace muchos años.
La zona donde ocurrieron los hechos cuenta con la presencia de la estructura armada Comandos de Frontera, Ejército Bolivariano CDF-EB y el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC.
Las comunidades rurales de Puerto Caicedo urgen acciones institucionales que esclarezcan los hechos y garanticen su vida e integridad. En el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se destaca que las comunidades siguen llamando a los actores armados a respetar y demostrar gestos de paz real en los territorios.
Estos lamentables sucesos se suman a la larga lista de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia. Ver: (Siguen los asesinatos contra líderes sociales) Según la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en lo que va del año ya son 36 los líderes y lideresas sociales que han sido víctimas de la violencia, y desde la firma de los acuerdos de paz en el 2016, el número total de asesinatos ha alcanzado la cifra de 1.040.
Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Pares, identificó que los departamentos con mayor incidencia de asesinatos de líderes sociales son Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En cada uno de estos departamentos, se han registrado cinco casos, lo que representa un total de 15 líderes sociales asesinados. Estos casos equivalen aproximadamente al 41,6% del total de asesinatos de líderes sociales en lo que va del año. Ver: (Continúa la violencia contra los líderes sociales en Norte de Santander)
Según Valencia, en la cifra de afectaciones y violencia en general, es común observar que Cauca y Nariño aparecen lamentablemente en los primeros lugares de los departamentos que registran mayores niveles de violencia por este tipo de hechos. Asimismo, el investigador nacional destacó que Cali es una ciudad que ha sido afectada por amenazas sistemáticas, particularmente en la comuna de Siloe, donde se han visto afectados líderes y lideresas sociales, quienes enfrentan múltiples formas de violencia. Varios de los asesinatos ocurren después de sufrir, señalamientos, persecución y amenazas. En este sentido, la ciudad de Cali es la que registra mayor número de amenazas sistemáticas contra personas defensoras en el país.
Ante la ola de violencia contra líderes sociales, el Gobierno habría implementado un plan de emergencia para mitigar dicha situación. A pesar de esto, los resultados obtenidos no han sido los esperados. Parte de las medidas a largo plazo incluían el desmantelamiento de organizaciones criminales, con la expectativa de obtener resultados positivos. Sin embargo, hasta el momento, la Comisión Nacional de Garantías no ha establecido un plan concreto ni ha desarrollado una estrategia completa para la reducción de la violencia contra líderes sociales. Ver: (Amenazan de muerte al excomisionado de la verdad y líder social Leyner Palacios)
La Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos registró que durante los ocho meses de Gobierno de Petro, se han reportado 117 asesinatos de líderes sociales, superando las cifras de los años 2016, 2017 y 2018. Esto sugiere que es posible que la cifra siga aumentando, lo que es motivo de gran preocupación para el investigador nacional, Mauricio Valencia.
Cabe añadir que los líderes sociales son las personas que ejercen como cabezas visibles en sus comunidades y en quienes recae gran parte de la responsabilidad de llevar a cabo la defensa de los derechos humanos en sus territorios. Estos líderes pueden estar luchando por diversas causas sociales, como la restitución de tierras o la sustitución de cultivos. También existen líderes comunitarios que luchan por la conservación de tradiciones culturales, incluyendo los afrodescendientes e indígenas.
Es por esta razón que una de las recomendaciones para el Gobierno es dar una implementación precisa a las instancias creadas en el marco del Plan Nacional de Emergencia para mitigar la violencia contra líderes y lideresas sociales. El Ministerio del Interior tendría una gran responsabilidad en este plan, ya que debe activar las rutas de atención para abordar los casos de violencia contra los líderes y lideresas sociales de manera efectiva.
Es importante recordar que dentro del Plan de Emergencia se crearon los Puestos de Mando Unificado por la Vida, que involucran a varias instancias, como la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército. Sin embargo, a pesar de esto, las cifras de asesinatos siguen aumentando, por lo que es necesario una mayor integración y articulación entre todas estas instancias, según Valencia.
Mauricio Valencia, investigador nacional de la Línea Paz Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, considera que el panorama es crítico debido a que las cifras de asesinatos de líderes y lideresas sociales podrían aumentar en el futuro cercano. Además, Valencia señala que actualmente el Gobierno carece de una estrategia clara para mitigar los riesgos que enfrentan estos líderes y lideresas sociales, lo que indica la necesidad de una mayor labor y de una estrategia más sólida para abordar esta problemática.
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