Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La última semana de marzo de 2025 se generaron dos hechos que describen muy bien la dinámica actual de la política de paz y seguridad del gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por un lado, se manifestó, por parte de dos de los comandantes del ELN, la postura de guerra total que esta organización tiene en el país con los diversos grupos armados —legales e ilegales, desde el Ejército Nacional hasta la “Banda la 33” como nombran ellos a las disidencias de las FARC—.   Por el otro, la publicación y firma del Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025, donde se da a conocer el Acuerdo número 4 entre el frente disidente del ELN Comuneros del Sur para establecer el “Procedimiento de destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur”. Lo que evidencia que está en marcha el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de esta agrupación y con ello en firme el primer acuerdo final de paz del gobierno de la Paz Total.   Este contraste entre la manifestación de “guerra total” del Comando Central (COCE) y “paz total” de una fracción disidente pone en evidencia los dos frentes de actuación que tendrá el Gobierno Nacional con la agrupación subversiva más vieja del continente. En los próximos años el país se verá abocado a lidiar —positiva y negativamente— con las dos dinámicas de guerra y paz que mantiene con el ELN.   Las dinámicas de guerra las conocemos todos en la actualidad. Esta comenzó a configurarse de manera definitiva desde mediados de enero de 2025, cuando el Frente de Guerra Nororiental del ELN decidió emprender un proceso de exterminio del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Una situación que ha dejado, por lo menos, varias docenas de muertos y millares de víctimas de la sociedad desplazadas y confinadas.   Una dinámica que se ha extendido a los departamentos del Chocó, Antioquia y Bolívar, por no nombrar a todas las regiones donde tiene presencia esta guerrilla. En el Chocó el ELN se enfrenta al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo y a la misma disidencia de las FARC. Y en el sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño se enfrenta de manera reiterada con el EGC, por el control territorial y las rentas ilegales que dejan los yacimientos de oro.   Una situación de guerra contra varios ejércitos —legales e ilegales— que quedó confirmada la última semana de marzo de 2025, cuando dos de los comandantes del ELN —Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, y alias “Ricardo”, que dirigen el Frente de Guerra Nororiental— afirmaron que la política de paz del Gobierno fracasó y que su postura, en el resto de mandato Petro, será de guerra: “la Paz Total es un fracaso total, y la paz total se convirtió en guerra total”.   En oposición a esta afirmación de la dirigencia del ELN, el 27 de marzo el Ministerio de Defensa Nacional dio a conocer el Decreto 0356 donde, en ocho artículos, se describe y reglamenta la fase del desarrollo e implementación del Acuerdo número 4 y del Protocolo III de “Destrucción de Material de Guerra de Comuneros del Sur”. Con el que se avanza en el proceso de DDR con el Grupo Armado al Margen de la Ley (GAML).   Allí se deja claro que la política de Paz Total está entregando los primeros frutos —o al menos los que desea la mayoría de la población—, que es la dejación de armas por parte de una agrupación ilegal armada. En el Decreto aparecen explícitas las responsabilidades en el procedimiento para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra de la organización armada, por parte del Gobierno Nacional.   El proceso de DDR inicia con la recepción, registro, control y destrucción de todo el armamento —municiones y material bélico— por parte de la Fuerza Pública, en cabeza del Ministerio de Defensa. La idea es que este proceso se lleve a cabo una vez el grupo esté concentrado en zonas territoriales, especialmente en el municipio de Samaniego. Y durará tres meses (Artículo 2 del Decreto).   Una primera fase que estará acompañada por el componente internacional —a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA)— y el componente nacional —liderado por la Procuraduría General de la Nación— (Artículo 3 del Decreto). Quienes se encargarán de verificar que se dé la completa recolección y destrucción del material bélico. Lo que constituye una medida de construcción de confianza entre las partes y una garantía para la población civil.   Finalmente, se tiene programado que a partir del 27 de junio, al finalizar esta primera fase, se entregará a la Presidencia de la República un informe de las “acciones adelantadas, los resultados obtenidos y las contingencias presentadas en la ejecución del procedimiento”. Fase a la que le seguirá una segunda de tránsito a la legalidad de los miembros de la organización armada.   Esta será una segunda etapa donde se logre la desmovilización y reinserción de los acogidos a la paz. Allí se discutirán asuntos de justicia transicional, se ratificará el compromiso de los desmovilizados de apoyar a la Fuerza Pública en unos planes de desminado humanitario en la región donde tenían presencia, y se hará un trabajo integral contra minas antipersonal, que ya se viene ejecutando en el territorio.   A la par de este proceso de DDR se ejecutarán acciones que permitan  el retorno de pobladores desplazados por la guerra, la atención a niños y niñas que hayan estado en condición de reclutamiento en el frente disidente del ELN; al igual que se abordará el tema del tratamiento de casos de desaparecidos locales. Para el grupo reinsertado y para el Gobierno será muy importante en la fase de posconflicto el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona.   La decisión de tomar este otro camino que dirige a la construcción de paz y que inicia con pie firme con la ejecución del proceso de DDR, la tomó Comuneros del Sur en septiembre de 2024, cuando anunció, desde la Mesa de Co-Construcción de Paz Territorial, que se procedería con la dejación de armas en los próximos meses; lo cual comenzó a ocurrir desde el 8 de febrero de 2025 y se pone en firme al final de marzo.   En esta lógica el país se enfrenta en el primer semestre de 2025 a dos situaciones muy distintas con el ELN. A un frente de guerra total, liderado por el Frente Nororiental, quien ha manifestado su intención de profundizar el conflicto armado interno y alejarse de una posibilidad de paz durante el gobierno de Gustavo Petro.    Y otra de Paz Total, en la que está involucrada inicialmente la disidencia del ELN Comuneros del Sur. Y que con el Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025 se deja en firme la continuidad del proceso de dejación de armas, de uno de los grupos armados con los que el gobierno Petro ha entablado diálogos de paz.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Desde agosto del 2024 la población del Catatumbo le venía advirtiendo al Alto Comisionado de Paz Otty Patiño que se vendría una contraofensiva del ELN en el territorio. No había que tener poderes paranormales para predecir el futuro, en el ambiente ya flotaban las señales de lo que iba a suceder. Y efectivamente, desde el pasado 15 de enero la guerra ha vuelto a ser lo constante, la cotidianidad en este territorio colombiano. El número de desplazados, de confinados y el ensañamiento contra firmantes de paz ha sido diario. El conflicto, en vez de atenuarse, parece agravarse con el paso de los días. El Frente 33 va a paso firme buscando tomarse Filo Gringo. Las versiones sobre el disparador de la guerra han cambiado esta semana. Informes de inteligencia del ejército le apuntan a la pérdida de un cargamento de cocaína como la causa que perdió el polvorín. Lo único cierto es que desde hace décadas ha existido una disputa por el control territorial de una de las zonas más ricas estratégicamente hablando del país.   El Estado ha intentado hacer lo posible por tener un control que jamás ha ejercido en la zona. Para concretarlo ha concentrado la fuerza de 10.500 soldados desplegados en ese territorio. Los resultados están lejos de ser los esperados. Mientras tanto los cultivos ilícitos se han disparado. En un lapso de diez años han crecido de 8.000 hectáreas a 44 mil. Mientras esto sucede la población aún no encuentra respuestas concretas por parte del gobierno sobre un posible retorno o una normalización de la situación. La semana pasada Human Right Watch sacó un duro informe en donde se evidenciaba que el cese al fuego y los proyectos productivos firmados con el Frente 33 antes de que estos dejaran las armas, sirvieron para que este grupo se fortaleciera y expandiera sus alas.   Pero la nueva preocupación que tiene la gente en el Catatumbo es la degradación de la guerra de las dos principales estructuras armadas que mandan en ese territorio. Mientras el ELN sigue despojando a la población de su tierra, obligándola a marcharse de ahí, se tiene evidencia que el Frente 33 de las FARC está contratando sicarios de oficinas de cobro para hacer operaciones en el Catatumbo que terminan en asesinatos. Además en las últimas semanas se ha comprobado la utilización, por parte de esa estructura, de los sofisticados drones con explosivos. Estos artefactos sólo se habían utilizado dentro de la guerra irregular en el Cauca. Vale aclarar que el único país de Latinoamérica que cuenta con este material de guerra es Venezuela gracias a la influencia de los iraníes.   Cúcuta y su área metropolitana, que fueron escenario de una escalada de violencia a mediados de febrero, empiezan a temer que se repita la historia de hace dos meses. En el día de ayer 1 de abril fue activado de manera controlada por parte de la policía un explosivo que había sido colocado en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. A pesar de estas inquietudes y de la escalada de la violencia aún no existen las respuestas que necesita Cúcuta y el Catatumbo por parte del gobierno colombiano.

Por: Redacción Pares El pasado viernes en la madrugada cinco contratistas de Cenit, una empresa filial de Ecopetrol, salieron hasta el caserío Aguaviva en el municipio de Fortul para poder reparar un daño producido por un atentado del ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas. Desde los años ochenta este grupo guerriller ha venido atentando contra esta estructura produciendo daños incalculables en materia económica y ambiental. Debido a la complejidad de la zona los trabajadores estaban acompañados por uniformados del Ejército pertenecientes a la Brigada 18.   Es que el 19 de marzo del 2025 el Frente de Guerra Oriental del ELN realizó un atentado contra el oleoducto Bicentenario. El derrame llevaba ya dos semanas. Aunque el ELN aún no se ha atribuido el secuestro si queda claro que tiene toda la marca de este grupo armado. En el 2024 también habían retenido a empleados de Ecopetrol que se encontraban reparando el oleoducto. Hay que recordar que Caño-Limón-Coveñas tiene 770 kilómetros de largo.   A pesar de que los empleados estaban custodiados por miembros de la Brigada 18 un grupo de hombres armados comenzó un hostigamiento contra ellos. El viernes, después de atacar a los uniformados, de reducirlos, se llevaron a los cinco contratistas.   Organizaciones civiles como Paz y Reconociliación emitieron un comunicado público condenando este hecho y exigiendo la más pronta de las liberaciones. Además la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, Campetrol, han alertado de este hecho, calificándolo como un “atentado contra los derechos fundamentales y la seguridad de quienes trabajan por el desarrollo energético del país”.   La verdad es que ya han pasado cinco días y aún no hay señales o pruebas de vida de los ingenieros. Se exige desde Arauca al ELN liberar a estos cinco trabajadores que lo único que estaban haciendo era intentar reparar los daños ambientales que está generando el derrame del crudo. El silencio no puede ser su única respuesta.

Por: León Valencia Se inicia el juicio a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de estado en Brasil, el 8 de enero de 2023, y en mis recuerdos emerge intrigante el asalto al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 promovido por Donald Trump. Dos intentos de golpe de Estado con tantos parecidos y tan graves consecuencias para la democracia que incitan a compararlos. Es más, hay la hipótesis de que el primero inspiro el segundo. Tengo, además, el temor de que la afrenta a la democracia de Bolsonaro tenga el mismo desenlace que la de Trump.   Lo primero que hicieron Trump y Bolsonaro fue difundir allá y aquí que les habían robado las elecciones donde buscaban su reelección. Tamaña afirmación para dos hombres que ejercían el poder en dos regímenes presidencialistas, dos regímenes donde pocas cosas escapan al ojo del presidente. Alegaron con vehemencia y sin recato el fraude y urdieron la grave maniobra para desconocer los resultados electorales y mantenerse al mando.   Era temprano el 6 de enero, en Washington, cuando Donald Trump y Rudy Giuliani, pronunciaron ante una manifestación, en el parque público de La Elipse, convocada con el ostentoso nombre de Save América , airados discursos con la espina del supuesto fraude electoral. Las palabras empujaron a una turba de manifestantes a marchar sobre el Capitolio y a irrumpir en una acalorada sesión del Congreso para intentar que las elecciones de 2020 fueran anuladas. El disturbio dejó varios muertos y numerosos detenidos y a un país asombrado por una osadía que sólo había ocurrido en un lejano año del siglo XIX.   En Brasilia el asalto a la plaza de los tres poderes y la irrupción en el Congreso ocurrió el 8 de enero, una semana después de la posesión de Inacio Lula da Silva como presidente del país. La acción estuvo precedida de manifestaciones y disturbios promovidos por los partidarios de Bolsonaro a lo largo y ancho del país durante varias semanas. Los asaltantes fueron repelidos y en pocos días las autoridades formularon cargos contra 1400 bolsonaristas implicados.   Tanto en el primero como en el segundo intento de golpe, se pudo ver que no se trataba de algo improvisado, de un desborde espontáneo de los manifestantes que concurrieron al mitin de Donald Trump o los que llegaron a la Plaza de los Tres poderes  en la ordenada Brasilia. Los artefactos explosivos que quedaron regados en los alrededores del capitolio en Washington y las numerosas pruebas que ha recolectado el Tribunal Supremo sobre la implicación de Bolsonaro en el intento de golpe en Brasil dejan al descubierto sofisticadas conspiraciones para impedir la presencia de Biden y de Lula a la cabeza del gobierno en EEUU y Brasil.   Trump, en todo caso, dejó menos huellas que Bolsonaro en el proceso golpista. Su presencia en la escena del crimen la mañana de la marcha sobre el capitolio y sus arengas contra las elecciones son pruebas de su interés en producir una ruptura del hilo constitucional, hasta ahí nomás. En cambio, a Bolsonaro se le atribuye el borrador de un decreto encontrado por la Policia Federal en la residencia de uno de sus correligionarios, una minuta   do golpe , un documento en el que se plasma el plan para establecer un estado de defensa  que anularía los resultados de las elecciones.   Las conspiraciones fracasaron gracias a la división en las filas de Trump y de Bolsonaro y a la resistencia de las instituciones democráticas. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, estaba en el capitolio validando la votación presidencial y al mismo tiempo, su jefe, Donald Trump, estaba agitando las banderas del fraude. Se ganó el mote de traidor en la furiosa diatriba de Trump. El plan de Bolsonaro no recibió la aprobación del general Freire Gomes comandante del Ejército.   El intento golpista de Trump falló, pero no su aspiración a un segundo mandato. Las investigaciones judiciales no pudieron contra su enorme poder económico y su reiterada vindicación de su triunfo electoral. También la eficaz campaña de que se trataba de una persecución política en cabeza del Partido Demócrata. Más de la mitad de los electores del país le creyeron el relato adobado con una proliferación de falsas noticias a través de su entramado de redes sociales. Trump regresó triunfante y recargado a la Casa Blanca en enero de 2025.   El camino de Bolsonaro no parece tan despejado como de Trump. Hay grandes obstáculos en el camino del político brasileño. Las pruebas son más contundentes y el apoyo ciudadano a sus ideas no es tan categórico. Pero la absolución o la prolongación de un proceso judicial sin resultado a la vista, puede jugar a su favor. La posibilidad de su regreso al poder no se puede descartar.   Tendríamos así dos golpes demoledores a la democracia en el hemisferio. No se puede medir el efecto contagio que puede tener en la región la grave impunidad de Trump y de Bolsonaro. Crucemos los dedos para que, al menos en Brasil, no ocurra lo que aconteció en los Estados Unidos.

Por: Redacción Pares En marzo hubo 20 homicidios en Buenaventura. En lo que va del 2025 son 50 las personas asesinados. Francia Márquez el pasado domingo le exigió al ministro de defensa y al alto comisionado de paz un consejo de seguridad. Esto se hizo de manera virtual el pasado 1 de abril. En Buenaventura se encuentran tan ahogados que las calles están vacías e incluso los padres no están mandando a sus hijos a estudiar ni al colegio, ni a la universidad. La mesa sociojurídica aún no se levanta, las puertas siguen abiertas al diálogo. En algún momento hubo esperanza. Casi noventa días sin crímenes. Ahora todo cambió. Regresaron la extorsión, el asesinato, la desaparición y las fronteras invisibles. Además, según el ministro de defensa, la mano del ELN es evidente en una alianza con los Espartanos, sobre todo en el bajo Calima. También se cree que la estructura de las ex FARC, Jaime Martínez, tendría lazos con los Shottas. Por eso hay miedo.   Es importante para los lectores de nuestra página saber de dónde surgieron los Shottas y los Espartanos.   Desde los noventa la paz se rompió en el puerto de Buenaventura. Las siete plagas de Egipto se han ensañado contra él. Guerrillas, Paras, bandas criminales y corrupción son los componentes del remolino que amenaza con tragársela. En 1999 las FARC se tomaron la hidroeléctrica de Achincayá con 200 empleados adentro. La noticia incluso le dio la vuelta al mundo. Fue un secuestro espectáculo, algo parecido a las tomas simbólicas que hacían el M-19 o el mismo ELN en los noventa. Lo que pedían, con la toma, era una rebaja del 30% a las tarifas de energía. Pero igual no dejó de ser violento. Además de ser un punto de inflexión.   Según el informe de la Comisión de la Verdad la primera masacre que se cometió en Buenaventura data de 1995 en el sector de las Zabaletas. Las Farc ejecutaron a cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas. Desde entonces la violencia no ha parado. En 1998, según lo afirma El Espectador, llegó el frente urbano Manuel Cepeda al mando de Milton Sierra. Se instalaron en los barrios de la ciudad y empezaron a reclutar jóvenes. Los fueron metiendo en la guerra y de eso se acostumbraron a vivir.   Porque la desigualdad siempre va a ser la explosión que enciende todo. El Puerto de Buenaventura mueve el 44% del comercio exterior del país. Moviliza hasta 18 millones de toneladas al año. Además el 90% de la carga que llega de Asia al país ingresa por este puerto. Y nada de esto queda para sus habitantes. Las cifras de pobreza de Buenaventura son poco menos que desgarradoras. En el casco urbano el 63.5% son pobres pero la cifra se dispara aún más en lo rural en donde el 91.6% de los hogares viven en situación de pobreza.   Por acá, en la primera década de este siglo, se establecieron los paras. En el año 2000 hubo una reunión entre Vicente Castaño y comerciantes del puerto quienes estaban hartos de la presencia de las FARC. Hicieron la fácil, al no confiar en la fuerza pública decidieron financiar a los paracos y así llegó el Bloque Calima, comandando por el despiadado Ever Veloza, alias H.H. En el informe de la Comisión de la Verdad se dejan ver los nombres de los comerciantes que estuvieron de acuerdo con el aterrizaje de los paras: Julio Martínez, Julio Aristizabal, Stewart y Jessica Armitage. No sabían que estaban alimentando un monstruo.   Entonces, en la guerra por el control del puerto entre Farc y paras, ocurrieron 19 masacres entre los años 2000 y 2003. 117 personas asesinadas. Se desplazaron 36.154 personas según el informe de la Comisión de la Verdad. Los paras fueron volteando, a punta de sueldos más altos, a los propios pelados que formaban parte de la milicia de las FARC. Una vez más, como ha sucedido en la guerra colombiana, un muchacho sólo se cambiaba de uniforme a cambio de más billete. Las convicciones políticas no existen.   Cuando los paras se desmovilizaron quedaron sus rezagos, las esquirlas de la guerra. En Colombia cuando un grupo armado muere parecen renacer en su lugar varios más. A casi veinte años de este hecho, según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación Mapa del delito: inventario de organizaciones delincuenciales en aglomeraciones urbanas en 2023, en la actualidad existen tres guerras en curso en Buenaventura: la primera es entre Shottas y Espartanos quienes se eternizaron en la disputa por diferentes zonas de la ciudad. Viven de la extorsión y del microtráfico. En la zona rural del Bajo Calima el Clan del Golfo y el ELN viven en constante enfrentamientos. En la zona rural del sureste de Buenaventura el EMC tiene combates con el ELN y un remanente de la Segunda Marquetalia.   Los integrantes de los Shottas y de los Espartanos, en su gran mayoría, han pasado por todos estos procesos de violencia, vienen de las viejas estructuras de las FARC que luego pasaron a ser del Bloque Calima y luego, después de la desmovilización, se transformaron en bandas como la Local, La Empresa y los Rastrojos. Cuando estas se disuelven se crean estas dos organizaciones que hasta el miércoles 6 de marzo se habían sentado a conversar sobre sus diferencias, interesadas en ingresar en la Paz Total que les proponía el gobierno colombiano.   Según el Informe Colombia 2020 de El Espectador, el delegado de los Shottas para hablar con el gobierno, Wilmer Carvajal Ortegon, apodado Tocayo, perteneció al frente 30 de las extintas FARC. El otro vocero de esta organización, José Jimmy Rivas García, incluso tuvo intenciones políticas al lanzarse a las elecciones de Juntas Administrativas Locales por el partido de la U en el año 2011. Entre los seis negociadores que llegaron a reconocerse de los Espartanos ninguno perteneció a las guerrillas y todos eran sobrevivientes de bandas como La Local o La empresa. Según el ya mencionado informe de la Fundación Paz y Reconciliación, los Shottas surgen como una escisión de la banda La Local que desde el 2019 venía fracturándose luego de la llegada de su nuevo cabecilla Diego Optra que empezó a crear rencillas dentro de la misma organización. Luego de varios atentados y un robo fallido a un barco con coca, se dividió la banda entre Shottas y Espartanos. Los primeros son más cercanos a Diego Optra. Shottas fue el nombre que se le dio a la banda a raíz de una película jamaiquina. En ese país ese es el nombre que se le da a los delincuentes.   Actualmente mantiene presencia y control de territorial en las comunas 5, 7, 8, 11 y 12 del Distrito de Buenaventura, donde desarrolla actividades extorsivas, incluyendo el control de precios de productos de la canasta básica y de uso diario, así como el tráfico de estupefacientes. Cuenta con una cantidad de integrantes de entre 600 y 1.000, principalmente jóvenes, que han mantenido una disputa con Los Espartanos, y más recientemente con una facción de la antigua banda La Empresa llamada Los Chiquillos, aliados de Los Espartanos. Según las fuerzas de inteligencia, mantendría alianzas con la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, disidencias que operan en zona rural de Buenaventura. Se ha identificado que sus principales cabecillas son Diego Fernando Bustamante Segura, alias “Diego Optra”, Wilber Andrés Valencia Cuero, alias “Cachetes”, Jairo Gamboa Viáfara, alias “La Garra” y alias “Andrés”.   Los Espartanos están encabezados por alias Mapaya, personaje que protagonizó la disputa con Diego Optra por el control de La Local. El número de integrantes de esta organización también podría llegar a 1.000. Amenazas, homicidios y desapariciones son la marca con la que se mueven los espartanos.   Se han llegado en las últimas semanas a ciertos acuerdos. Uno de ellos es el compromiso de no reclutar menores. A veces lo cumplen, a veces no. Aunque la sociedad civil siempre abogará por el diálogo, lo cierto es que se les está acabando el tiempo a ambas bandas. La voluntad de paz ya debe verse de manera inmediata.

Por: Redacción Pares y Centro de pensamiento Titiribí, el pueblo de Antioquia, se fundó por una mina, el Zancudo. Desde el siglo XVIII aventureros, busca vidas de otros municipios como Santa Fé de Antioquia o Rionegro, habían descubierto la riqueza de una mina cercana al río Cauca y que estaba ubicada a 60 kilómetros de Medellín. Un siglo después, en 1848, se fundó lo que se conocería como la Sociedad del Zancudo. Mucho tiempo atrás en ese lugar había un volcán. Sus propiedades convirtieron su suelo en un pozo de fertilidad y también de oro y de plata.   El terreno pertenecía a María José Ramírez Castañeda, una de las primeras mujeres políticas de Antioquia. Tenía la sangre azul de los conservadores y la visión que muchos hombres de empresa anhelaban tener. Cuando fundó la Sociedad del Zancudo la empresa costaba 10 mil pesos. Al morir, 14 años después, esta se había cotizado en 100 mil pesos. Sin embargo el dueño de la empresa era José María Uribe Restrepo, también conservador, como dictan sus apellidos.   Durante décadas esta empresa no paró de crecer hasta convertirse en una de las empresas más grandes de Colombia. En un artículo publicado en el Colombiano y escrito por David González se resume la importancia de la Sociedad del Zancudo en estas palabras: “La Antioquia que conocemos hoy en día tiene sus cimientos en la actividad minera de aquellos tiempos”.   Para 1863 la empresa tenía fundición propia, explotaba carbón y lo más impresionante: había creado su propio banco. Con él absorvieron a la competencia. Fue un proceso de expansión veloz y monstruoso. Su impacto se vio en el desarrollo no sólo de Antioquia sino en toda la región bañada por el río Cauca. El progreso se manifestó no sólo en la minería sino en las siguientes actividades: la construcción de ferrocarriles, la ganadería, el comercio, el montaje de industrias como la pólvora, las chocolaterías, los molinos de maíz, los cultivos de caña de azúcar y el tabaco. Pero, tal vez lo más importante, es que la Sociedad del Zancudo fue un semillero inagotable de nuevos ingenieros. El dueño a finales del siglo XIX, en donde la empresa vivió su época de mayor esplendor, fue Coriolano Amador, nacido en Medellín y el italiano Juan Bautista Mainero, quienes se preocuparon por darle la máxima capacitación a los encargados de explotar la mina para hacerlo de la manera más limpia y segura. Por eso crearon, en 1886, la escuela de Minas.   La empresa fue un ejemplo de cómo el país se iba tecnificando. Desde que llegaron los españoles a estas tierras soñaban con explotar el oro. Se inventaron un mito, veían brillos dorados en cada selva que descubrían, que aniquilaban. El Dorado sólo trajo muerte. Sólo hasta La Sociedad del Zancudo se pudo sacar el máximo provecho a los tesoros enterrados en una montaña. Los extranjeros llegaron con su tecnología para explotar las dos minas que correspondían a la sociedad, el Zancudo y los Chorros. La fiebre del oro, que cegaba vidas en California y Australia, llegaba a Colombia. En 1852 se constituyen dos empresas con capital extranjero,  los ingleses le metieron la ficha a La Frontino Gold Mines y Francia a la Compañía Francesa de Segovia. Los antioqueños, por otro lado, crearon la Compañía Minera de Antioquia.   Con los billetes del banco del Zancudo se les pagaba a sus trabajadores. Pero la decadencia llegaría pronto. Para 1927, con la muerte de sus dos dueños, la empresa empezó a convertirse en cenizas. Desde 1907 la prosperidad de la mina empezó a languidecer. La disminución de ganancia por tonelada de material empezó a disminuir. El oro, además, se iba agotando. En 1927 terminó la aventura. Lo que quedó fue una tecnificación, una prosperidad que convirtió a Antioquia, a pesar de sus evidentes y aberrantes desigualdades, en uno de los departamentos más prósperos del país.   A finales del 2024 el último vestigio que quedaba de la Sociedad del Zancudo se volvió polvo. La Capilla de Santa Bárbara en Titiribí, donde alguna vez los mineros se encomendaban a la virgen para preservar sus vidas, se derrumbó. Del Zancudo sólo quedó el silencio.   Pese a que en el Zancudo todo era polvo y recuerdos, a lo lejos se vislumbraba una chispa de esperanza en los rieles de la mina, pues con la Evaluación Económica Preliminar (PEA), anunciada por la minera Denarius Metals se estableció que el Zancudo aún conserva una viabilidad económica tan llamativa como el oro mismo, por lo que quien la posea podrá generar un flujo de efectivo a corto plazo. Lo que, sin duda, es atractivo, para quienes deseen explotarla porque sus retornos son considerables.   Con este estudio también se logró determinar que la mina posee una vida útil de 10 años y se prevé que genere ingresos netos que ascienden a los 1,000 millones de dólares, que provendrían de una venta aproximada de 576,000 onzas pagaderas de otro y 8,8 millones de onzas pagaderas de plata. Con este proyecto se busca estimular la economía local, generando beneficios al municipio de Titiribí y las comunidades aledañas. El Zancudo como el ave fénix puede resurgir de las cenizas, el polvo y el silencio, pero con su resurgimiento, pueden generarse conflictividades por los tesoros que se encuentran aún en sus montañas.

Por: Oficina Pares Pacífico Vladimir Bravo tenía 24 años y era una de las estrellas del equipo de fútbol Deportivo Oros del Pacífico. El domingo 30 de marzo compró unas salchipapas en el barrio La independencia. Nunca pensó que sería lo último que iba a hacer en su vida. Unos hombres, en dos motocicletas, lo balearon. La joven promesa murió en ese lugar. Nadie se explica por qué lo mataron. Sus entrenadores, su familia, constatan que era un muchacho concentrado en una sola obsesión: poder comprar una casa a punta de goles. Ese domingo fueron asesinados en Buenaventura seis muchachos. Buenaventura, en lo que va corrido del 2025, lleva registrado, según la Fundación Paz y Reconciliación, cincuenta homicidios, cincuenta homicidios, una cifra que sobrepasa el primer trimestre del 2023 y 2024 juntos. En esas fechas se contaron 33 asesinatos. En el año 2021 Buenaventura ocupó la casilla 13 entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. La tasa de homicidios era de 51 por cada 100 mil habitantes. Un año después, con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y su política de Paz Total se llegó a pensar que los viejos fantasmas quedaban atrás. Las dos estructuras criminales más temibles de la ciudad-puerto, los Shottas y los Espartanos, decidieron sentarse en un espacio de conversación sociojurídico, avalado por el gobierno y por la iglesia católica. Incluso llegaron a jugar un partido de fútbol para pactar la paz. Durante tres meses Buenaventura no registró asesinatos en la zona urbana. Se respiraba otro aire. Se acabaron por un momento las fronteras invisibles, el reclutamiento de menores. Había esperanza. Pero todo eso terminó. La tregua entre Shottas y Espartanos se había venido renovando con dudas, sin certezas. El 5 de febrero era la fecha donde caducaba. Pero, a fuego y sangre esta se rompió a mediados de enero. Esto disparó las cifras de homicidios. Nada más en marzo del 2025 se registran 20 asesinatos. Esta situación, ha generado Zozobra, angustia y confinamiento. El pasado fin de semana en las calles de Buenaventura asustaban. No había gente en las calles, y la usual música retumbante le daban paso a un silencio atronador. Triste. No cabe duda de que Shottas y Espartanos ejercen control territorial. Ellos dicen lo que va, dicen lo que no se da. Se han tenido que cambiar las dinámicas de la vida cotidiana. Como en pandemia las universidades han decidido cerrar sus puertas y dar sus clases de manera virtual. Los padres y madres no mandan a sus hijos al colegio. Afirman que no hay seguridad para hacerlo. Las zonas en donde se focaliza la violencia son las comunas 10 y 12 en la localidad 2. Allí las venganzas entre un bando y otro y las fronteras invisibles rigen la vida de los habitantes. Y sin embargo, desde la sociedad civil, aún hay un espacio para la esperanza. De acuerdo a los recientes pronunciamientos las dos estructuras, han dicho que tienen voluntad de paz, lo que no existen son condiciones para el sometimiento y para la tregua. En marzo la delegación de paz del gobierno hizo público un acuerdo que llegaron con Shottas y Espartanos para que se comprometan a no reclutar niños y niñas para el uso de la violencia. Exhortamos a las estructuras a cumplir su compromiso con la paz. El asesinato de Vladimir Bravo sirvió para que el país mirara a Buenaventura. Ya se ha dicho sobre la necesidad de pasar a la acción. Los gremios del puerto ya alertan sobre la escalada de violencia que traerá su impacto sobre la economía. Los viejos demonios vuelven a atenazar Buenaventura. Sus calles están vacías y, sin embargo, la llama de la esperanza en una salida negociada del conflicto se mantiene viva desde las organizaciones sociales, quienes cada día contribuyen a la construcción de la Paz. La paz se construye en medio de las diferencias, el llamado es a la articulación del gobierno local, departamental y nacional.

Por: Redacción Pares En las últimas horas uno de los abogados de confianza de Uribe Vélez, Jaime Lombana, afirmó que el juicio que se armó contra su defendido se hizo a través de un método “estalinista”. Además aseguró en entrevista que le concedió a la experimentada periodista María Isabel Rueda en el diario El Tiempo que se le han violado “sensibles” garantías procesales y que le han montado una trampa. María Isabel, la única víctima de ese proceso se llama Álvaro Uribe Vélez. Esos hechos fueron provocados con un método de control y organización perverso de corte estalinista, con el objetivo de destruirlo políticamente mediante un montaje”. Cuando la periodista le contrapregunta sobre qué pruebas tendría de esto y quien estaría detrás de esa trampa, Lombana empieza a nadar en un caldo espeso y no da nombres, ni cifras, ni factos. Sólo retórica.   Desde febrero la estrategia de la defensa del expresidente, encabezada por el abogado Jaime Granados, quien está convencido que su defendido es un prócer, es la de dilatar el proceso. Han interpuesto tutelas y han intentado desacreditar a la jueza Sandra Heredia a quien le molestan que haga su trabajo de manera parcial, sin rendirse a los encantos de Uribe. Hay que recordar que Uribe renunció a su curul de senador para no ser juzgado por la Corte -en donde no tenía amigos en ese momento- y que el organismo que le impartiera justicia fuera la Fiscalía. Esta jugada la hizo en el 2020 donde el Fiscal General era Francisco Barbosa, alguien muy cercano a sus afectos.   Ver una sesión del juicio por donde han pasado 20 personas es como estar en un bucle de tiempo infinito. Casi siempre Uribe se queja del trato que le da la jueza. En la sesión del pasado 31 de marzo el expresidente, mayestático, se quejó de una “presión inhumana”, por parte dela fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlene Orjuela, mientras interrogaba al exparamilitar Giovanny Alberto Cadavid Zapata. Además de las quejas Uribe y sus abogados, al final de cada sesión en el juicio, usan la táctica de los boxeadores que, apaleados después de un asalto, levantan los brazos y se declaran vencedores para impresionar a sus jueces y al público.   Daniel Coronell afirmó en la W Radio el pasado 31 de marzo que lo peor para Uribe en el juicio estaría por venir. Ahora tendrá que sortear testimonios que podrían mostrar pruebas. Es que aún el juicio no se ha pasado por la parte del arsenal probatorio contra el expresidente que posee la Fiscalía.   Uribe, Granados y Lombana seguirán quejándose de la Juez, de la Fiscalía y seguirán mostrándose, al menos exteriormente, seguros de ganar el caso. Eso sí, la procesión va por dentro.

Por: John Correa Romero La reciente decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) de archivar la propuesta para incrementar el precio de escasez en el cargo por confiabilidad marca un hito preocupante en el panorama energético colombiano. Lo que pudo haber sido una medida clave para corregir desequilibrios en la señal del mercado se convirtió, por omisión, en un mensaje negativo para inversionistas y actores del sector eléctrico. Este artículo analiza cómo esta decisión puede socavar la seguridad energética nacional, obstaculizar la expansión del parque de generación y poner en riesgo la viabilidad de la transición energética. El precio de escasez es el detonante del mecanismo de cargo por confiabilidad. Su valor determina cuándo los generadores deben entregar la energía comprometida en condiciones críticas, como sequías prolongadas. Con la resolución CREG 101 066 de 2024, este precio se fijó en $359 COP/kWh para plantas de bajo costo. La nueva propuesta buscaba elevarlo a $540 COP/kWh, una medida lógica para reequilibrar los riesgos asumidos por los generadores. Sin embargo, el gobierno optó por retirar dicha iniciativa. Esta acción equivale a ignorar las señales del mercado y forzar a las plantas a operar con márgenes cada vez más estrechos. Expertos como Alejandro Lucio han advertido que un precio de escasez artificialmente bajo implica que, ante una crisis, las empresas generadoras podrían verse obligadas a comprar energía cara en bolsa y venderla a precios regulados bajos. Esta ecuación de alto riesgo y bajo retorno desincentiva la inversión. En consecuencia, varias empresas han manifestado su intención de no participar en la nueva subasta de expansión del cargo por confiabilidad, prevista para 2029-2030. Esta falta de interés podría traducirse en una menor capacidad instalada para atender la demanda futura, abriendo la puerta a apagones. Las subastas pasadas han promovido las energías renovables, pero estas no tienen la capacidad de respaldar la totalidad del sistema por su intermitencia. El modelo necesita tecnologías firmes como las térmicas para mantener la estabilidad. Pero con reglas poco claras y precios poco competitivos, ni renovables ni térmicas se sienten incentivadas. Mientras tanto, el gobierno insiste en discursos de transición energética que no se traducen en condiciones reales para ejecutarla. El archivo del ajuste al precio de escasez no es solo una medida técnica archivada: es una decisión política con consecuencias estructurales. La inseguridad regulatoria, sumada al desfase entre oferta y demanda, anticipa un escenario preocupante para 2027 y 2028. Las advertencias de gremios como Andeg y Acolgen son claras: sin incentivos claros y sin un marco de confianza, la expansión energética está en riesgo. Colombia no puede darse el lujo de seguir improvisando. Es momento de repensar el diseño del mercado energético para que sea funcional, sostenible y alineado con los objetivos reales de confiabilidad y transición energética.

Por: Redacción Pares Daniel Coronell reveló este domingo 30 de marzo los chats en donde se evidenciaría un caso de acoso sexual del general retirado Eduardo Zapateiro contra Liliana del Pilar Zambrano, pareja del coronel José Luis Esparza, quien fue sacado del ejército por orden del ex comandante de manera arbitraria en el 2020. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro quien, durante el domingo 30 de marzo, lanzó trinos contra el ex oficial. Hay que recordar que Zapateiro renunció a la comandancia del ejército después de que Petro ganara las elecciones del 2022. Desde entonces entre los dos la relación está fracturada.   En su trino Petro dijo lo siguiente sobre Zapateiro: “Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo,  en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso (...) demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas,  traicionaría (...) a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general,  y, sobretodo, a ti mismo [sic]”. En uno de los apartes del extenso mensaje, Petro se refirió a Zapateiro como un traicionero, un vampiro y un falso guerrero.   “Tu te puedes matar por honor, pero no sabes que es eso, porque ayudaste a matar inocentes de tu pueblo.  Jóvenes que merecían vivir y amar, como no sabes hacerlo. No te puedes matar por amor, porque eres falso guerrero, como sí se matan los hombres verdaderos, porque no sabes qué es el amor y la hombría [sic]”. El presidente no se contuvo y siguió: “Eres traicionero y te faltan las ideas, y por eso no pudiste recibir mis ordenes, porque hacían que tu corazón se oscureciera,  pero no por las órdenes, y su claridad como el sol, sino porque los vampiros odian el sol, y su propia conciencia traicionera [sic]”.   Hace unos meses Zapateiro fue noticia por su vinculación con la gobernación del Tolima. El 5 de febrero las víctimas del conflicto rechazaron la designación de Zapateiro como asesor de seguridad de esa gobernación.   Hay que recordar que Zapateiro fue el comandante del ejército en tiempos de Iván Duque y ha sido cuestionado por episodios como el bombardeo a un bazar en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 11 de marzo del 2022 mientras era comandante del ejército en tiempos de la presidencia de Iván Duque. Además se le ha relacionado con presuntas colaboraciones con grupos paramilitares. Así lo reveló la revista Vorágine en junio del 2022 cuando hicieron pública la declaración de un ex soldado ante un fiscal en la que detalla una presunta alianza entre paras y una unidad que estaba en cabeza del ex general. Gracias a esta colaboración las AUC habrían asesinado a un profesor.   Una de las organizaciones que salió a criticar el nombramiento de Zapateiro fue el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, quien en un comunicado expresaron “el más profundo rechazo” ya que “esta decisión representa un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y la construcción de paz en el departamento, pues abre la puerta a reproducción de prácticas que han favorecido la impunidad y la consolidación de estructuras paraestatales en el país”.   Zapateiro ha participado en política dando opiniones y movilizándose en contra del actual presidente de los colombianos Gustavo Petro. Vale la pena recordar que el 28 de julio del 2022, una semana después de que Petro ganara las elecciones presidenciales, el general pidió su baja. Un año después, en su libro El hombre del deber cumplido  explicó de manera extensa su versión de por qué había tomado esta decisión: no le perdonaba al nuevo presidente el haber hablado mal de soldados y oficiales, ni que afirmara que varios generales del país habían hecho pactos con el Clan del Golfo. “Yo no puedo ser comandante de este señor” dice en un apartado de sus memorias.   Hay que recordar también que durante la Feria del Libro de Bogotá del 2023 la moderadora para el evento en el que él presentó sus memorias fue Vicky Dávila, entonces directora de la revista Semana y hoy es una de las candidatas presidenciales. Uno de los ídolos de Zapateiro es el general Jesús Armando Arias Cabrales quien fue condenado a 35 años de cárcel por haber liderado la sangrienta retoma al Palacio de Justicia en 1985 que dejó más de 100 muertos.   Zapateiro regresa a la vida pública después de un retiro de dos años en su casa en Cartagena aunque, eso sí, nunca ha declinado, desde la red social X y participando en marchas, su feroz oposición al presidente Gustavo Petro.   El escándalo de Zapateiro apenas comienza. Según lo ha dicho el periodista Daniel Coronell, habría más pruebas del presunto acoso por parte del general a la pareja de uno de sus subordinados.

Por: Redacción Pares Una de las operaciones más sofisticadas y efectivas que ha hecho jamás el ejército colombiano fue la operación Jaque. Por medio de ella se le pudo dar a las FARC uno de sus golpes más certeros. Sin disparar una sola arma, con datos de inteligencia, pudieron rescatar a Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados. Fue el golpe militar más sonado en los ocho años que duró el gobierno de Alvaro Uribe. El cerebro de esta operación fue el coronel José Luis Esparza. Siempre llamó la atención porque este oficial jamás ascendió al grado de general si fue la cara visible de una operación sobre la que han sacado libros, telenovelas y de la que se sigue hablando 17 años después. La envidia pudo haber sido una de las razones.   Desde el 2020 empezaron a circular versiones a través de un grupo de WhatsApp llamado Policarpa Salavarrieta, creado por el coronel retirado Carlos Campo y que contaba con 106 miembros. Desde allí se empezó a hacer circular el rumor que Esparza había hecho una alianza en el 2006 con el ELN para derrotar a las FARC. Como si fuera un crimen afirmaban que quedaba inhabilitado para cualquier ascenso porque había nacido en Barrancabermeja y su padre era miembro de la Unión Sindical Obrera del Petróleo. En el grupo se le pedía al presidente tomar cartas en el asunto contra Esparza.   Todo se trataba de una mentira. Esparza ni siquiera había nacido en Barrancabermeja e incluso uno de sus tíos había sido asesinado por el ELN. Igual el presidente Iván Duque lo llamó a calificar servicios. Lo echaron del ejército en donde su superior directo era el general Eduardo Enrique Zapateiro, el mismo que, como denunció Daniel Coronell el domingo pasado, había acosado a su compañera sentimental a través de un chat completamente subido de tono.   La investigación que asumió el juzgado 49 del circuito de Bogotá, encabezado por Manuel Ricardo Laverde, no dejaba dudas de que se había cometido una injusticia con Laverde y por eso en el 2021 se anuló su retiro del servicio activo. Un año después sería la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt. El entonces comandante del ejército, Zapateiro, no dijo una sola palabra sobre la arbitrariedad que se había cometido. No pidió disculpas. Sólo guardó silencio.   En el fallo aparece una frase que puede estar referida al superior inmediato de Esparza, el general Zapateiro, cuando se habla de una “desviación de poder” y que no se cumplió con el debido proceso en su retiro. En esa sentencia además se habla directamente de Zapateiro “el general Zapateiro Altamiranda, se afirmó que este oficial , de manera abrupta, comenzó a interferir en la vida personal del demandante, especialmente en su relación sentimental  con la señora Liliana del Pilar Zambrano Ruiz”.   La revelación que hizo Coronell pone una piedra más en el muro de infamia que le fabricó Zapateiro a Esparza. Además de haber aprobado su salida del ejército acosó a su pareja, la abogada Liliana del Pilar Zambrano Ruiz quien trabajaba como contratista en el Comando General de las Fuerzas Militares. Entre los mensajes inapropiados aparece uno en donde Zapateiro le pide lo siguiente: Bien ya aquí en el despacho mirando cosas y tú como vas? Déjeme verte de pues (sic) a cabeza. En tus kucos. O sin nada!!!”,  escribe quien sería el oficial. En el mismo intercambio, Zapateiro insiste: “ Cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere se hace. Quiero verte. Hazlo. ”   En las últimas horas Zapateiro, quien no ha respondido formalmente a estas acusaciones, pidió su renuncia como asesor de seguridad en la gobernación del Tolima, cargo que tenía desde febrero desde este año y que había traído furiosas críticas contra la gobernadora de ese departamento. Además se tendría evidencia de que el general en retiro intentó borrar estos mensajes a la compañera sentimental de Esparza porque sabía que había periodistas como Coronell que podían sacarlo a la luz pública.   Zapateiro es un uribista declarado, a pesar de haber llevado el uniforme de las fuerzas armadas durante más de tres décadas, y ha liderado marchas contra el presidente Petro de quien es uno de sus enemigos más encarnizados.

Por: Redacción Pares El pasado 29 de marzo las calles de las principales ciudades de Brasil se llenaron de gente. Lo hacían con rabia feroz. Los rumores de que el Congreso pensaba amnistiar a los condenados por el golpe de estado con el que Bolsonaro pretendía derrocar a Lula, eran cada vez más sólidos. Pero el pueblo no lo podía permitir. La memoria estaba fresca. Mientras Brasil siente vergueza por su selección de fútbol, están orgullosos de su cine. Una de sus películas, Aún estoy aquí, que cuenta la historia real de un ex legislador brasileño que fue secuestrado bajo la dictadura militar brasilera, que de paso fue la más duradera y la menos documentada del continente. El ejercicio de memoria que ha hecho esta película ha sido tan efectivo que el filme, que acaba de ganar el Oscar a mejor película extranjera, es la más taquillera de los últimos 22 años.   La única forma de repetir que la barbarie no regrese es asegurarse que Bolsonaro pague por lo que hizo. Esta semana los cinco magistrados que integran el Supremo Tribunal Federal abrieron un proceso en su contra por liderar un golpe de estado en el 2022. Cuando perdió las elecciones el 30 de octubre de ese año, una estrecha derrota con Lula Da Silva, dos millones de votos le impidieron la reelección, misteriosamente se encerró en su casa. Durante dos días no emitió ningún comunicado. Desde el bando de Lula no esperaban que Bolsonaro, un hombre de reacciones violentas, a veces irracionales, reconociera su derrota. Y no, no estaba escribiendo nada, tan sólo estaba planeando, según lo ha establecido el Supremo Tribunal Federal, un golpe de estado. Para esto contaba con tres generales, el entonces comandante del ejército, Marco Antonio Freire Gómez, a quien le pareció una locura la proposición, el jefe de la fuerza aérea, Carlos Almeida Batista, quienes ni siquiera quisieron escuchar del tema y le cerraron la puerta de esa proposición en la cara a Bolsonaro. El único de los oficiales que lo estuvo pensando fue el almirante Almir Garnier.   El Supremo Tribuna Federal tiene las pruebas suficientes y la intención de llegar hasta las últimas consecuencias en esta decisión. La idea habría empezado a gestarse en el 2021 tras la anulación de las condenas a Lula Da Silva. Con esto el líder del partido de las trabajadores sería un escollo muy difícil de vencer para Bolsonaro. Por eso, desde ese momento, tendría un plan b, el de tomar por las armas lo que las urnas le negarían. El plan se llamaba “Puñal verde amarillo” haciendo alusión a la bandera de Brasil. Un extracto de la denuncia dice lo siguiente: Las investigaciones revelaron una aterradora operación para ejecutar el golpe, en la que incluso se admitía hasta la muerte del presidente y el vicepresidente electos de la república, así como la del ministro del Supremo Tribunal Federal [...] El plan fue diseñado y puesto en conocimiento del entonces presidente de la república, que él acordó"   Una vez asesinado Lula y su círculo íntimo se haría un decreto para asentarse en el poder por medio del golpe. Lo que le preocupa a los brasileros es la intención del Congreso de archivar esta acción. Aún están frescas las imágenes. El 30 de diciembre del 2022 Bolsonaro se fue del país, refugiándose en los Estados Unidos porque sabía lo que vendría en Brasil: una irrupción planeada por parte de sus seguidores que quisieron impedir que Lula llegara al palacio de Planalto, los manifestantes también asaltaron el Congreso. Era la barbarie. Ese día la policía detuvo a 1.500 vándalos.   Hay pruebas suficientes no sólo para inhabilitar a Bolsonaro para las elecciones del 2026 - a pesar de todo no ha perdido el fervor de millones de sus seguidores- sino para ponerlo preso.   En Sao Paulo la avenida Paulista se llenó de gente y los brasileros pidieron justicia. Esta sólo puede llegar con una condena contra Bolsonaro. No se puede olvidar la barbarie que pasó. Las heridas tienen que verse para que no vuelvan a ser repetidas jamás.