Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad La semana pasada la exministra de Igualdad y vicepresidente de Colombia, Francia Márquez, recibió otro golpe. Esta vez, por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que tumbó la personería jurídica de su partido “Soy porque Somos”.  Este partido la había recibido el 20 de diciembre de 2023 por parte del Consejo Nacional Electoral , bajo el argumento de que tenía representación política tanto por la elección de Francia Márquez como vicepresidente, así como por la elección de Dorina Hernández como representante a la Cámara por el departamento de Bolívar dentro de la lista cerrada que se presentó a esta corporación en 2022. Este golpe se suma a otros más que la vicepresidente ha recibido en las últimas semanas, luego de los choques y el distanciamiento que ha tenido con el presidente Gustavo Petro —a partir de los cuestionamientos de las figuras que están llegando al gabinete y de los señalamientos de corrupción al interior del gobierno—; de su salida del Ministerio de la Igualdad; de las amenazas que ha recibido contra su vida ; de los roces con Carlos Rosero en medio del empalme dentro del mismo ministerio y del acercamiento que Márquez ha tenido con Carlos Caicedo y Daniel Quintero, con la idea de lanzar un nuevo proyecto político alternativo en el seno de la izquierda para disputarle este escenario al Pacto Histórico y al movimiento Unitarios. Con la pérdida de la personería jurídica del movimiento Soy porque Somos, ya son 4 los partidos que han perdido su personería, todos ellos cercanos tanto al bloque de izquierda y al Pacto Histórico, como al bloque de la Centro-Esperanza, por lo que se suma a la situación de Fuerza Ciudadana, Todos somos Colombia y En Marcha. Detrás de estas demandas ha estado la abogada Ximena Echavarría, chocoana, exdirectora jurídica del Partido Verde Oxígeno y exveedora del mismo partido. Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad hablamos con Echavarría para entender con mayor profundidad sobre las razones de esta demanda, a la luz de la fragmentación política que vive el país y que está ambientando el escenario preelectoral de cara a 2026. “Mi deber (...) siempre fue ser una guardiana de la democracia del país” - Echavarría Fuente: Seguimiento.co Lo primero que aclaró Ximena Echavarría en sus declaraciones fue que la decisión de impugnar las personerías de estos partidos no fue premeditada bajo un argumento ideológico o político, sino como un ejercicio académico resultado de analizar la manera como estos partidos habían adquirido la personería. “Detrás de esto solamente estoy yo, no hay un político detrás pagándome para que haga estas demandas. Esto es una iniciativa propia que nace como un ejercicio académico. En el año 2023, después de que yo me quedé sin trabajo, tenía el tiempo para iniciar estas acciones, por lo que decidí hacerlo.” señaló. No obstante, en una entrevista al medio Seguimiento.co , Echavarría sí indicó que la presencia de partidos como Fuerza Ciudadana hacían daño a la política colombiana. En las palabras recogidas por el medio, Echavarría dijo que Fuerza Ciudadana “(...)es un movimiento político que es nocivo para la política colombiana. Y movimientos como este han llevado a que la gente se decepcione más de los políticos; yo veo en la política una herramienta para solucionarle los problemas a la gente y para uno servir, y movimientos como este y sus dirigentes decepcionan a los electores y a la gente”. Según Echavarría, Soy porque Somos, al igual que Fuerza Ciudadana, Todos somos Colombia y En Marcha, incumplieron con lo estipulado en el Artículo 108 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los partidos deben superar el 3% del umbral de votos a Senado, así como obtener curules dentro del Congreso para poder solicitar o conservar su personería. Asimismo, estos partidos no cumplieron con lo estipulado en las sentencias de la Corte Constitucional SU316-21 y SU251-21, que otorgaron la personería jurídica a la Colombia Humana por haber participado en la elección presidencial y ocupar la segunda votación más alta por Estatuto de oposición, y a Nuevo Liberalismo por haber desaparecido debido a hechos victimizantes en el marco de la violencia y del conflicto armado. Este fue el concepto que tuvo en cuenta la Sección Quinta del Consejo de Estado para indicar que el CNE hizo una lectura pobre frente a estas personerías, especialmente porque tanto Soy porque Somos  como Todos somos Colombia  (por dar un ejemplo) inscribieron a sus candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes con avales de otros partidos. En el caso del movimiento de Francia Márquez, tanto la hoy vicepresidente como sus candidatos recibieron aval del Polo Democrático como parte de un acuerdo de los partidos con personería dentro del Pacto Histórico para inscribir a estas figuras en estas listas cerradas. Fuente: Consejo de Estado. Frente a esta interpretación, la trabajadora social y lideresa afro de Chocó, Luz Marina Becerra, quien declaró en el proceso como tercera interviniente , opuso en sus argumentos que era necesario mantener la personería jurídica de Soy porque Somos para romper la brecha de representatividad e incentivar la participación política de las mujeres afrodescendientes en un escenario de justicia racial y de género frente a la exclusión política en Colombia. No obstante, el Consejo de Estado tomó sus declaraciones a título personal y no los tuvo en cuenta en el momento del fallo. Así como los procesos contra los 4 partidos a los que Echavarría les tumbó la personería, iban otros procesos que la abogada chocoana estaba liderando como demandante frente a la nulidad de la elección de Carlos Amaya como gobernador de Boyacá y de Irene Vélez como cónsul en el Reino Unido. Echavarría consideró que Amaya había incurrido en doble militancia, debido a su apoyo abierto a candidatos de partidos que no estaban en su coalición Boyacá Grande , que integraban los partidos Alianza Verde, Dignidad & Compromiso, En Marcha, Colombia Renaciente y Verde Oxígeno. El proceso de Amaya terminó cayéndose también en la Sección Quinta del Consejo de Estado , en tanto el alto tribunal consideró que Amaya no había incurrido en doble militancia, como lo denunció Echavarría en la demanda interpuesta. Sin embargo, Echavarría sintió que igual tuvo una pequeña victoria en el tribunal: “El fallo fue en diciembre del año pasado (2024). Fue un fallo desfavorable para mí, donde el Consejo de Estado determinó que él no estaba en curso de doble militancia. Sin embargo, hubo un salvamento de voto y una aclaración de voto que me dan la razón. El salvamento vino de la magistrada Ana María Montoya, donde ella definitivamente determina que sí hubo un ejercicio de doble militancia —por eso ella no acompañó la decisión—, y una aclaración de voto de Omar Barreto, magistrado de la Sección Quinta, donde también acompañó la decisión, pero con unos reparos serios respecto de las definiciones de doble militancia”, indicó. Frente a la demanda de Irene Vélez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitida por este tribunal el 15 de agosto de 2024, y que la abogada justificó en que su designación era irregular —ya que el acto administrativo que la nombraba daba la impresión de que ocuparía un cargo inferior (cónsul auxiliar), pero en la práctica, ejerció como cónsul general, con la finalidad de presuntamente eludir los requisitos exigidos para ese cargo—, Echavarría indicó que sentía cierta frustración por su posible nombramiento como directora de la ANLA. A este respecto, respondió: “me tiene muy triste este tema de Irene, porque yo siento que es evadir un fallo judicial posterior. Ese proceso en este momento yo presenté los alegatos de conclusión junto con un colega, Juan Sebastián Camargo Antolínez . Presentamos los alegatos de conclusión el año pasado, como más o menos en septiembre, octubre, y ese proceso ya iba para fallo. Estoy segura de que iba a ser un fallo desfavorable para la doctora Vélez, donde iban a declarar la nulidad del acto administrativo que la puso”. En ambos casos, Echavarría justificó estas demandas como un ejercicio de veeduría ciudadana. No obstante, en entrevista con El Tiempo de mayo de 2024 , también indicó que hizo estas actividades como manera de sobrellevar su ‘tusa’ política frente a la desilusión que le había causado su salida del Partido Verde Oxígeno. Mismo argumento que también señaló en esta entrevista. “La democracia está sufriendo un daño que de alguna manera tiene que ser solucionado” - Echavarría Frente a la fragmentación de los partidos políticos en Colombia, Echavarría indicó que lo que ella considera como una “excesiva” dispersión de nuevos partidos con nuevas personerías jurídicas afecta la democracia al generar confusión en los electores y al debilitar la financiación de los partidos políticos establecidos. Argumentó que la proliferación de partidos no garantiza necesariamente una democracia sana, sino que puede derivar en problemas de corrupción y en una menor representatividad real en el país. Según Echavarría, el Estado colombiano financia los partidos a través del Fondo Nacional de Financiación Política. Sin embargo, al aumentar el número de partidos, los recursos se dividen más, reduciendo el apoyo a los partidos ya establecidos. Esta falta de recursos limita la capacidad de estas colectividades para llegar a todo el país y motivar la participación política, en un contexto donde la abstención es un problema grave. Echavarría también señaló que algunos partidos pequeños, sin vocación de permanencia o poder, terminan convirtiéndose en estructuras dedicadas a vender avales en las regiones, lo que afecta la transparencia del sistema político. Es desde esa postura que defendió su acción de presentar nulidades contra el reconocimiento de partidos que, bajo su criterio, no cumplen los requisitos legales, argumentando que, si no tenían derecho a existir jurídicamente, tampoco debían recibir recursos del Estado. “La democracia está sufriendo un daño que de alguna manera tiene que ser solucionado y, en mi caso, consideré que la manera podía solucionarse ese problema era presentando las nulidades de los actos administrativos que reconocieron a esos partidos, pues porque si no tienen el derecho respecto de los requisitos jurídicos, ¿por qué van a tener un derecho respecto de los recursos del Estado para funcionar?” remarcó. Echavarría también habló de su disputa con el Partido Verde Oxígeno Fuente:  El Mundo, España. Frente a la denuncia que el Partido Verde Oxígeno interpuso contra Echavarría por presunta violación del secreto profesional y de incumplir con sus deberes como abogada en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Echavarría reseñó en esta entrevista, de manera muy breve, su historia dentro de ese partido, habiendo indicado que llegó a ser veedora nacional y directora jurídica del mismo, luego de haberse conocido con Íngrid Betancourt, de la que Echavarría expresaba sentir bastante admiración. “Yo llego a verde oxígeno en el 2022 como resultado del fanatismo y de una idolatría absurda hacia Íngrid Betancourt, porque siempre consideré que era la representación de lo que era el ejercicio político de una mujer transparente en Colombia. Siempre pensé que ella vivió situaciones difíciles en su ejercicio político por ser como era. Siempre me identifiqué mucho con sus maneras, con sus formas", recalcó. No obstante, Echavarría señaló que comenzó a recibir presunto maltrato psicológico y ataques por parte de Betancourt y de su equipo, luego de que la abogada comenzara a interpelar a la directora de su partido en varias decisiones al interior de la colectividad, lo que llevó a su salida en junio de 2023 y a una disputa jurídica en la que Echavarría demandó al partido por incumplimiento en el contrato laboral, junto con la posterior respuesta del Partido con una demanda por presuntas faltas a los deberes profesionales, por violar el secreto profesional, no entregar los bienes recibidos en virtud del cargo y no rendir cuentas, como lo señaló en su momento La Silla Vacía . Frente a este proceso, Echavarría indicó que “(…) el proceso terminó en diciembre del año pasado, justo el día que salió el fallo de Carlos Amaya. Ese mismo día [12 de diciembre de 2024] fue la audiencia donde dictaron el fallo de ese proceso disciplinario y el magistrado determinó que yo no había incurrido en lo que ellos alegaban. Se determinó que yo no había incumplido con mis deberes como abogada, que yo había entregado todos los informes, que yo no había usado de manera indebida la información del partido, o sea, salí absuelta. Sin embargo, el Partido apeló. Por ahora eso está en segunda instancia y desde entonces no sé qué ha pasado”. A modo de cierre La discusión entre representación y participación política en el escenario preelectoral colombiano sigue firme tras la decisión del Consejo de Estado. Ya son 6 partidos los que han perdido en general su personería en estos últimos años (sumando los 4 indicados en este artículo junto con Creemos, el partido de Federico Gutiérrez y Nueva Fuerza Democrática, de Andrés Pastrana) y podrían sumarse en el futuro Poder Popular, de Ernesto Samper y Gente en Movimiento, de Mauricio Lizcano. En todos, hay intentos jurídicos por revivir estas personerías, pero es poco probable que logren subvertir el argumento del Consejo de Estado, especialmente frente a lo que señala el artículo 108 de la Constitución. Hasta el momento, frente a la pérdida de la personería jurídica de Soy porque Somos, Francia Márquez señaló hoy 26 de marzo que también iba a apelar el fallo en todas las instancias jurídicas pertinentes , y que su partido seguiría existiendo a pesar de las determinaciones que ha tomado el Consejo de Estado.

Por: Redacción Pares La noticia se repite una y otra vez. Cada mes aparece un titular parecido a este. Otra vez las disidencias de las Farc, buscando hacerle daño a la fuerza pública, termina siendo letal para la población civil. El pasado 26 de marzo estallaron siete artefactos en dos municipios, Piendamó y El Patía. Esa era la manera como la que se celebraba el natalicio de Manuel Marulanda Vélez, jefe supremo de las FARC. El saldo fue trágico, un soldado muerto y 88 civiles heridos. Los autores fueron el Bloque Occidental Jacobo Arenas, específicamente la columna Dagoberto Ramos y los frentes Jaime Martínez y Carlos Patiño.   Esta vez el terror vino con dos motos cargadas de explosivos que estallaron en Piendamó y El Patía. Pero también se registraron ataques en los municipios de Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Caldono y Cajibío. Donde se vivió con mayor intensidad esta ola de terror fue en Piendamó, sobre todo en el sector conocido como Las Panaderías. Una mujer que fue testigo del atentado le contó al diario El País como se desarrolló el mismo: “Esa gente lo que hizo fue dejar abandonada la motocicleta, cargada con explosivos, al lado de las vallas de la Policía que las usan para cerrar las calles en las horas de la noche; después, al tiempo detonaron este vehículo, no les importó que este sitio es uno de los más transitados del pueblo, porque es la zona comercia”.   Una vez estallaron los artefactos la policía reaccionó para ayudar a la población y ese fue el momento en el que los insurgentes empezaron a dispararle a los uniformados. Este sector de Piendamó es altamente comercial por eso se le conoce como el de Panaderías y Droguerias. Era cerca del mediodía y la gente estaba en la calle. Habían olvidado que ese día se celebraba un aniversario más del nacimiento de Manuel Marulanda Vélez. Ese miércoles 26 de marzo se registraron por lo menos diez ataques en el Cauca. En Cajibío el ataque tuvo una característica especial, se hizo a través de drones explosivos. El terror vino acompañado de un video de Iván Mordisco, jefe máximo de las disidencias en el Cauca exaltando a Manuel Marulanda como uno “de los guerrilleros más destacados en Colombia y Latinoamérica” y aseguró que su legado “es la luz que guía a las disidencias”. Además lanzó una perla, que el 26 de marzo debería considerarse como el día en que se celebra “El día internacional de los derechos de los pueblos a la rebelión armada” Mordisco, quien es uno de los insurgentes que abjuró sobre la firma de paz de las antiguas Farc, liderada por Timochenko, siguió criticando esta decisión del antiguo secretariado de haber pactado una paz sin tener en cuenta a la guerrillerada.   El video lo cierra con una frase que hiela la sangre ya que determina que la guerra no cesará: ”El mejor homenaje a Marulanda es continuar su legado, llegar al triunfo de la revolución en Colombia y sumarnos a la lucha global contra la explotación y la opresión”.

Por: Redacción Pares  En la mañana de este lunes 25 de marzo se hizo oficial la muerte de alias “Hitler” y alias “Neymar” cabecillas del Clan del Golfo quienes cayeron después de que la fuerza aérea desatara un bombardeo en el área rural de Segovia, Antioquia. A través de su red social favorita, X, Petro afirmó que otros nueve miembros de esta agrupación criminal también cayeron. El operativo buscaba repeler a la compañía móvil Jairo Julio de Hoyos del EGC. Ellos estarían detrás del asesinato del líder social y minero Jaime Gallego ocurrido a principios de marzo.     La gran pregunta que surge es si los bombardeos en la era Petro llegaron para quedarse. El año pasado se usaron bombardeos en el Cauca pero no dirigidos a objetivos humanos. Esta es una forma efectiva de atacar grupos armados y es una herramienta del gobierno que le ha permitido superioridad a la hora de entrar en combate. Obviamente esto eleva el riesgo de hacerle daño a inocentes y, sobre todo, a niños. Una experiencia nefasta se vivió durante el gobierno de Iván Duque. Pero la gran diferencia es la estructura que Duque atacó y la que está enfrentando Petro. Las EGC por lo general reclutan a ex militares, a hombres curtidos en batalla. Las disidencias FARC apuntan a reclutamientos de menores de edad y a formarlos desde sus escuelas.    Aunque no hay un instrumento válido para garantizar en un 100% que en un campamento bombardeado no existen niños, si está plenamente determinado por inteligencia que los niños en el Clan del Golfo son usados como mensajeros o para alertar cuando llegan enemigos como el ejército u otro grupo armado.    Igual desde la fundación Pares se ha rechazado históricamente este método y ha cuestionado la efectividad de esta práctica como ventaja militar y ha denunciado las afectaciones que trae a la población civil sin importar el gobierno que ordena este tipo de ataques.

Por: Redacción Pares Desde este fin de semana el presidente Gustavo Petro ha denunciado el acaparamiento de medicamentos en bobegas de Audifarma en Bogotá. Algunos de estos medicamentos están destinados para tratamientos tan delicados como los que generan enfermedades tan complejas como la diabetes. El presidente ha señalado que este tipo de acaparamientos se debe al bloqueo que le quieren hacer a su reforma a la salud. Esa fue la razón por la que convocó a un nuevo consejo de ministros televisado. Petro le echó la culpa directamente a su predecesor, Iván Duque y a la familia Char de Barranquilla, por la crisis que vive la salud y que se deriva en la demora en la entrega de las medicinas. Sobre lo que hizo Duque dos semanas antes de que a Petro le fuera impuesta la banda presidencial lo calificó como "una marranada". El presidente se refería a un contrato millonario que dejó firmado Duque antes de dejar la Casa de Nariño y con el que le dejó el monopolio de la distribución de medicamentos a los Char. Además, por ese contrato, según el mandatario, los medicamentos en este momento valen el doble. En el consejo Petro pidió saber quienes eran los dueños de Audifarma y preguntó si detrás de esta empresa no estaba la poderosa familia barranquillera. Las dosis de insulina que estaban guardadas en las bodegas de Audifarma eran 133 mil. Por eso el presidente llamó "bandidos" a los dueños de estas prestadores de salud y los acusó de orquestarles un mal ambiente a través de los medios de comunicación de las que son dueños. El presidente, tiene viento en la camiseta, a pesar de que en el congreso fue hundida su reforma laboral, contó con amplio respaldo popular en las calles. Por eso se planean mas movilizaciones en apoyo a las reformas que ha propuesto el gobierno. Por parte de la oposición Alvaro Uribe puso como fecha el 20 de abril para que la gente salga a la calle, después de semana santa y exprese su rechazo a este gobierno.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Perdón por llegar tan tarde. Hace cinco días se conmemoraron los 35 años del asesinato de Bernardo Hoyos. Perdón también por el oportunismo. Los medios ni las fundaciones deben tener una excusa para recordar a un mártir. Porque eso fue Bernardo, muy a pesar de su risa constante, de su modestia, de su renuencia a asumir una pose.   Bernardo Jaramillo Ossa sabía que lo iban a matar. Por eso se atrevió dos veces a reunirse con Pablo Escobar. Cuenta Alonso Salazar en la mejor biografía que se ha escrito sobre el capo, El Patrón del mal, que se reunieron en Coveñas y que Escobar quedó impresionado con el temple del líder de la UP. Le prometió que haría todo lo posible por detener la sombra de lo muerte que ya le alistaba la guadaña pero que esa orden estaba dada, que iba a ser muy dificil. Jaramillo respiró profundo y botó el aire, se resignó. Igual de algo nos tenemos que morir.   Es increíble que Bernardo tuviera apenas 34 años cuando lo mataron en el puente aéreo del Dorado. Es increíble que a José Antequera, otro líder duro, lo hubieran asesinado ahí mismo, en un lugar relativamente fácil de controlar para cualquier seguridad. A Pizarro lo mataron en otro lugar más improbable, con menos escapatoria: un avión. Muchos creen que Pablo Escobar le jugó una mala pasada a Jaramillo Ossa y que él mismo lo mandó a matar. Pero no fue él. Fue el Mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha, el que empezó el exterminio de miembros de la UP.   Después de la destrucción de Tranquilandia Gonzálo Rodríguez Gacha, según lo investigó Steven Dudley en su libro Armas y urnas, el jefe de finanzas del Cartel de Medellín desplegó toda su furia contra todo lo que oliera o pareciera de izquierda. Le echó la culpa a las FARC y golpeó al grupo político que se había derivado de las conversaciones de paz con esa guerrilla. Gacha empezó a exterminar miembros de la Unión Patriótica, pero al Mexicano lo mataron el 18 de diciembre de 1989 después de un operativo dado por la policía en Tolú. La posta para asesinar a Jaramillo Ossa la siguieron los hermanos Fidel y Carlos Castaño.   Contrario a Escobar que se declaraba, al menos de dientes para afuera, un hombre de izquierdas, los Castaños eran feroces anticomunistas. Buscaron como excusa el supuesto secuestro y asesinato de su padre a manos de las FARC para lanzar su batalla contra todo lo que fuera comunista. Pero, en realidad, los Castaño Gil querían acaparar tierras, por eso fueron los grandes terratenientes de Córdoba. La UP, a pesar de que ya les habían asesinado cerca de 1.000 militantes y a líderes tan importantes como Pardo Leal, aún tenía fuerzas. Jaramillo Ossa representaba esa frescura de la nueva izquierda. Abogado y bohemio amante de los tangos de 35 años, su bigote bonachón le hizo ganar el apodo de Garfield.   El senador tenía agallas. Tuvo que tomar la posta de la presidencia de la UP cuando mataron a Pardo Leal. En ese momento se convirtió en el hombre más amenazado de Colombia. Y no se cayó. No se cayaba. Nada lo amedrentaba. En uno de sus discursos más encendidos señaló a los que no querían la paz en Colombia: "No se puede hablar de paz, ni ser consecuente con la paz, cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos con la violencia hacia la población civil".   Iba calando entre los votantes que, estrellados después de ver cómo asesinaban impunemente a Galán en la plaza de Soacha, no sabían por quien votar. Sus llamados a la paz, su rechazo a la política de las FARC de asumir “todas las formas de lucha” incluidas las de la violencia, lo convirtieron en un candidato que podía ganar las presidenciales de 1990.   Pero no lo iban a dejar.   Andrés Arturo Gutierrez tenía 21 años cuando mató en el aeropuerto el Dorado a Bernardo Jaramillo Ossa. Trabajaba en una fábrica para hacer la tiza con la que se les saca punta a los palos de billar. Le pagaban una miseria y llegaba a su casa en Medellín con las manos reventadas. Un amigo de toda la vida, llamado Yerry, fue quien le hizo una oferta de trabajo que le cambiaría la vida. Le dio una foto de Bernardo Jaramillo y le dijo que ese era el señor que tenía que matar. Gutiérrez, en su ignorancia, no sabía que ese hombre de bigote y con aire bonachón era candidato presidencial de la UP, una fuerza política que estaba siendo exterminada por los escuadrones de la muerte. Igual no importaba quien fuera. Había que hacer la operación.   La realizó en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. A pesar del poderoso esquema de seguridad y que dos agentes del DAS habían estado dos horas antes en el aeropuerto para reportar que “todo estaba normal” el detector de metales para pasar a la sala de espera, no funcionaba. Por eso Gutiérrez pudo ingresar la pistola que descargó sobre Jaramillo Ossa. Herido, el líder de la UP intentó pararse pero resbaló después sobre su propia sangre. Mariella, el amor de su vida, alcanzó a escucharlo decir “me mataron mi amor, me mataron estos hijueputas”. Jaramillo llegó sin signos vitales a un hospital en Kennedy. Gutiérrez, una vez disparó, alcanzó a tirarse al piso y a suplicar por su vida. Llegó herido a la clínica y se repuso. Regresó a Medellín y dos años después fue abaleado junto con su papá mientras salían de un parqueadero. Los verdaderos asesinos de Jaramillo Ossa no querían dejar rastro.   Una década después de su asesinato Carlos Castaño Gil publicó su autobiografía llamada Mi confesión, en ella afirma que no mató a Jaramillo Ossa. Pero está claro que fueron los paras quienes lo asesinaron. Hoy tendría 69 años y sería uno de los faros de una izquierda que en esa época emocionaba, que era vibrante, que no se corrompía. Nunca pudimos reponernos del asesinato de Jaramillo Ossa. Nunca y nadie, sobre todo los que somos de izquierda.

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia  La decisión de archivar la propuesta de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, por parte de ocho de los catorce congresistas que conforman la Comisión Séptima del Senado —dos de cada uno de los partidos Conservador y Centro Democrático y uno de cada uno de los partidos Liberal, ASI, Mira y Colombia Justa Libre—, ha dinamizado la arena política colombiana en 2025.     Este es un acto político que, a pesar de ser tomado por integrantes del Legislativo —quienes fueron elegidos por voto popular y representan a la ciudadanía— tiene la desventaja de poner nuevamente en la opinión pública la idea de que las decisiones políticas del país las toman élites y no el mandato ciudadano como lo promete el sistema democrático.     La decisión de archivo la tomó un puñado de representantes políticos, a quienes se les señala de defender los intereses de unas élites económicas. A estas últimas no les interesa para nada echar para atrás las ventajas que les entregaron las reformas laborales anteriores. Y están presionando a los partidos y legisladores para que se opongan a cualquier reforma que les perjudique.     La estrategia de los gremios económicos fue ponerle barreras a las propuestas de reforma lo más pronto posible. Con lo que buscan reducir los costos o inversiones para defender sus intereses. De allí que hayan decidido usar la opción de parar el proceso apenas se iniciaba la discusión en las comisiones del Senado, usando incentivos y poniendo de acuerdo a tan solo un puñado de sus miembros: ocho, que es la cuota más baja para que se hundiera la propuesta legislativa.     Este rechazo sirvió al gobierno Petro para levantar su voz de indignación y proponer la consulta popular como mecanismo para obligar al Congreso en pleno a discutir su propuesta de reforma laboral. Petro no quiere que se le recuerde como el presidente que no pudo cambiar nada debido a la oposición que tuvo en el Senado durante los cuatro años de mandato.     La idea del Gobierno es presentar al Congreso, en las próximas semanas, una serie de preguntas para que se discutan, aprueben y utilicen en la consulta popular. Preguntas directas donde se le dice al ciudadano que opine si está o no de acuerdo con que en el pleno del Senado —y no en una pequeña comisión— se dialogue la propuesta de reforma y se acuerden los cambios necesarios para este importante mercado laboral.     La ventaja de esta opción consultiva, es que con ella el Gobierno está cambiando la forma de decidir en la política. Está buscando pasar de la opción donde son las élites políticas y económicas las que decidan sobre lo colectivo, a una donde sea la ciudadanía, en su pluralidad, la que exija cambios y la dé línea al Legislativo para que tome las decisiones públicas.        Con la consulta popular el Gobierno busca activar en pocas semanas uno de los mecanismos democráticos más importantes consagrados en la Constitución y la ley. Le pide al pueblo que sea el mismo, mediante el mandato popular, el que obligue al Congreso a que legisle, a pesar del rechazo previo, sobre un tema en cuestión. Le devuelve al pueblo el poder.     Pero es una opción que tiene, al menos, dos problemas. El primero es que cuestiona al Legislativo y le resta legitimidad. Le quita parcialmente al Congreso el poder que posee, en su autonomía, de decidir qué es importante o no discutir para el país. La consulta le entrega a la ciudadanía el poder de obligar al Congreso a discutir unas reformas, a sí este no esté de acuerdo con la agenda programática.     La segunda desventaja es que la consulta popular la puede utilizar la clase política como instrumento para hacer campaña en las próximas elecciones. El 2025 se considera un año preelectoral, donde se preparan las campañas para la Presidencia y el Congreso; y dado que estos son los dos poderes donde se propone y discute la posible reforma laboral, la consulta popular podría instrumentalizarse y aprovecharse con fines electorales y no de mandato ciudadano.     Está propuesta de consulta corre el riesgo de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hagan campaña política. El Gobierno buscará el apoyo popular recurriendo a la furia que tiene la mayoría de ciudadanos de que no se le quiera reconocer el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, el aumento de la remuneración en los días de descanso y el horario complementario.     Buscará el Gobierno que la gente salga a las calles y activen el poder ciudadano. Que le diga al Congreso y a los grupos de interés de la industria que los empleados quieren recuperar los derechos laborales. Que nuevamente se les permita la estabilidad laboral, para que se priorice el contrato laboral a término indefinido sobre el existente hoy por un tiempo definido. Y que desean recuperar los beneficios a que tienen derecho cuando trabajen en las noches y los fines de semana.     Los miembros del Legislativo, por su parte, buscarán: primero, rechazar la propuesta de consulta, buscando que no se les cuestione su autonomía legislativa. Además, nuevamente aparecerán los grupos de interés buscando presionar a los miembros del Congreso para que no se ponga en cuestión el actual modelo laboral —para los empresarios la siguiente etapa de consulta aumentaría las inversiones de campaña por él No—.     Segundo, de ser aprobada la consulta, se activarán todos los actores buscando que la gente vaya a las urnas o se abstenga —que vote o no—. Las campañas por el Sí y él No serán agresivas y las inversiones de los partidos y grupos de presión serán más altos. Aquí, será muy difícil explicarle a la ciudadanía que los efectos que se desea de la reforma en el empleo, inversión y crecimiento no se lograrán.     De allí que el poder de organizarse por una opción u otra será determinante y pondrá en ventaja a los grupos que mejor sepan hacer la tarea de apoyar o no las opciones que se tienen. En este camino, la teoría y la evidencia ha demostrado que los grupos pequeños y económicamente más sólidos llevan la ventaja sobre una ciudadanía más dispersa, poco cohesionada y sin recursos para hacer campañas.     Finalmente, si la gente sale a las urnas y dice sí, los debates en el Congreso serán duros. El pueblo habrá evidenciado el gran interés que tiene el tema laboral. Donde los ambientes del trabajador le interesan a muy diversos sectores: campesinos, microempresarios e incluso al del rebusque informal. Al fin y al cabo estamos en una economía donde prima el trabajo pago. Una economía colombiana basada en la utilización de trabajo barato y con difíciles condiciones para los jóvenes.      En conclusión, estamos en un momento candente de la política colombiana. Un momento donde se pone en oposición la opción de que sean las élites políticas las que determinen, como casi siempre se ha hecho, las reformas sociales, económicas y políticas; o la pluralidad de poderes que existen en la sociedad y que sea la ciudadanía la que tenga el poder de mandar sobre los poderes del Estado.     En todo caso, estamos en un momento muy valioso para la política. Son numerosos los actores que tienen interés en que se active o no el mandato popular. También serán muchas las consecuencias que se tendrán, incluso, podría dejar abiertas las puertas para convocar a una Asamblea Constituyente. En especial, en un momento preelectoral donde de nuevo se está en disputa entre los partidos por quien se queda o se va de la Presidencia y del Congreso.     * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.  ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista  En la mañana  de este 26 de marzo de 2025, en un video divulgado en redes sociales, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, reapareció en escena junto a un grupo de aproximadamente 150 combatientes del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC (EMC-FARC). Su mensaje, cargado de simbolismo y reivindicación, coincide con la conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo líder del extinto grupo guerrillero, quien falleció el 26 de marzo de 2008.  Durante su intervención, Vera Fernández exaltó la figura de Marulanda Vélez, asegurando que su legado permanecerá en la historia de las luchas revolucionarias en América Latina. "Su nombre será recordado cuando el de muchos políticos haya sido olvidado", afirmó el jefe de las disidencias, quien también aprovechó el momento para justificar la continuidad de su lucha armada y rechazar los procesos de paz adelantados en el país.  En su declaración, alias Iván Mordisco señaló que el 26 de marzo no solo es el aniversario de la muerte de Marulanda Vélez, sino que también representa el "Día Internacional del Derecho de los Pueblos a la Rebelión Armada". Con este argumento, reiteró su postura de resistencia y reivindicó la lucha emprendida por el extinto jefe guerrillero desde las décadas de los 40 y 50, fundamentada, según él, en principios marxistas-leninistas y en el pensamiento de Simón Bolívar.  El líder del EMC-Farc también dirigió críticas a los gobiernos de Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, asegurando que los procesos de paz impulsados por ambos han traicionado los ideales de la insurgencia. "Nos levantamos contra la traición del mal llamado proceso de paz con Santos y del fraccionalismo de traidores que asaltaron el proceso con Petro", manifestó. Además, se refirió a la lucha revolucionaria como un derecho inalienable de los pueblos oprimidos, argumentando que está consagrada en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  En su discurso, también mencionó que el movimiento insurgente sigue enfrentando una "persecución sistemática" por parte del Estado y acusó al gobierno de Petro de continuar con la estrategia de "guerra sucia" que, según él, ha sido una constante en la historia de Colombia. "No han cambiado las políticas de exterminio contra los revolucionarios. Siguen asesinando campesinos, líderes sociales y excombatientes", denunció.  El video también mostró a los miembros de la disidencia armados y organizados en formaciones militares, lo que representa un desafío a la estrategia de Paz Total impulsada por el Gobierno. Las imágenes también evidencian el control territorial que mantiene el EMC-Farc en diversas regiones del país, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada.  Por otra parte, alias Iván Mordisco instó a sus seguidores a fortalecer la organización y mantenerse firmes en sus ideales. "El mejor homenaje a Marulanda es continuar su legado hasta el triunfo de la revolución en Colombia", enfatizó, señalando que la lucha armada sigue siendo la única vía para lograr una transformación estructural en el país.  Según el análisis de la investigadora Paola Marín, de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la figura de Iván Mordisco se ha caracterizado por sus declaraciones contundentes contra el Gobierno. Su reciente aparición no es una excepción, pues era previsible que se manifestara en contra de lo que considera falencias del Acuerdo de Paz de 2016. Además, Marín destaca que el gobierno de Gustavo Petro ha sido el único, desde la firma del acuerdo, que ha intentado generar escenarios para su implementación. No obstante, tras casi una década, las medidas adoptadas siguen siendo insuficientes, a pesar de los esfuerzos coordinados por avanzar en la aplicación del pacto.  Por otro lado, la investigadora señala que el accionar del Estado Mayor Central se ha caracterizado por ataques constantes contra las instalaciones militares y el Ejército Nacional en general. Sin embargo, destaca que la respuesta de la Fuerza Pública ha sido contundente, lo que ha limitado el impacto de estas ofensivas. Aunque la situación en el Catatumbo y otras regiones afectadas por la violencia sigue siendo preocupante, el Ejército ha logrado contener la escalada de ataques, especialmente en el suroccidente del país, con énfasis en el departamento del Cauca, donde este grupo tiene una fuerte presencia.  Asimismo, Marín subraya que, pese a su discurso beligerante, cada reaparición de Iván Mordisco deja abierta la posibilidad de negociación. En ese sentido, no se descarta que en las próximas semanas surjan nuevos interrogantes sobre el curso de los diálogos con el Estado Mayor Central. La investigadora resalta que este gobierno ha mantenido una apertura al diálogo, aunque ha fijado límites claros en las negociaciones, especialmente en su postura frente al ELN y el Clan del Golfo, marcando diferencias con procesos anteriores. En este contexto, los llamados a la negociación por parte de los grupos armados podrían responder a condiciones más estrictas impuestas por el Ejecutivo.  Esta reaparición en video representa su primera intervención pública en 2025, tras la suspensión del cese al fuego por parte del Gobierno nacional el año anterior, lo que derivó en la interrupción de los diálogos de paz. En la actualidad, las autoridades analizan la autenticidad del material audiovisual y sus posibles implicaciones en la seguridad del país.

Por: Katerin Erazo, Periodista  El Gobierno  de Gustavo Petro enfrenta un nuevo obstáculo en su agenda legislativa, esta vez con la inminente caída de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado. Tras el reciente hundimiento de la Reforma Laboral, la administración prevé un desenlace similar para uno de sus proyectos más emblemáticos, lo que acentúa la fractura entre el Ejecutivo y el Legislativo.  El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció públicamente la posibilidad de una derrota en el  Senado  y dejó entrever que la estrategia del Gobierno apunta a insistir en el discurso de bloqueo institucional. Aunque el proyecto de ley sigue su curso, fuentes cercanas a la Casa de Nariño indican que su permanencia en el Congreso responde más a un trámite protocolario que a una verdadera expectativa de aprobación.   La Comisión Séptima del Senado, que ya hundió la Reforma en abril del año pasado, aún no ha radicado una ponencia de archivo ni ha nombrado ponentes, lo que genera incertidumbre sobre el momento exacto en que se tomará la decisión final.  En un acto público en Norte de Santander, el presidente Petro dejó clara su postura frente a la reforma: "No necesitamos del Congreso para reformar la salud (...) Esta reforma debe implementarse lo antes posible". Con estas declaraciones, el mandatario refuerza su idea de utilizar decretos y otros mecanismos legales para avanzar en su propósito sin depender del Legislativo.   En paralelo, su administración trabaja en la estructuración de una consulta popular que podría incluir puntos clave tanto de la reforma a la salud como de la laboral, a pesar de las dudas dentro del propio gabinete sobre la viabilidad de esta estrategia en un contexto de crisis del sistema sanitario y desabastecimiento de medicamentos.  Mientras el Ejecutivo busca sortear el revés legislativo, el expresidente Álvaro Uribe y otros sectores opositores han intensificado su llamado a la movilización social contra la reforma. Uribe, en un recorrido reciente por Medellín, instó a los ciudadanos a resistir las propuestas gubernamentales, argumentando que consolidan un modelo centralizado que pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud.   En redes sociales, el exmandatario ha insistido en la necesidad de rechazar el papel de las EPS como gestoras dentro del nuevo esquema propuesto por el Gobierno, calificándolo de un intento de estatización del sistema.  Por otro lado, en el Congreso, el proceso enfrenta cuestionamientos legales que podrían comprometer su validez. La representante Lina María Garrido advirtió sobre presuntas irregularidades en el trámite legislativo y presentó una acción de nulidad que cuestiona la legalidad de las sesiones extraordinarias donde se discutió el proyecto. Según la congresista, estas irregularidades podrían llevar a la Corte Constitucional a declarar la reforma inconstitucional, lo que representaría un golpe definitivo a la iniciativa del Gobierno. En una carta enviada al presidente Petro, Garrido enfatizó que la Reforma debía haber sido tramitada como un proyecto de ley estatutaria y por la Comisión Primera de la Cámara, lo que, según ella, vicia el proceso desde su inicio.  Con un panorama adverso en el Congreso y en las calles, la administración Petro enfrenta un momento crucial para su agenda de reformas. Si la Reforma a la Salud es finalmente archivada, el Gobierno deberá decidir si insiste en su implementación por otras vías o si reconfigura su estrategia para sortear la creciente resistencia política y social que enfrenta. Entretanto, la Comisión Séptima del Senado sigue sin definir el calendario para el debate, mientras el Ejecutivo redobla su discurso en favor de la consulta popular como una alternativa para impulsar sus reformas estructurales.

Por: Katerin Erazo, Periodista El 24 de marzo se llevó a cabo el Foro de Precandidatos del Centro Democrático, un espacio en el que figuras representativas del partido, como los senadores María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Paloma Valencia, expusieron sus propuestas en materia de Reforma Laboral. El evento contó con la presencia del expresidente y líder de la colectividad, Álvaro Uribe Vélez, quien lanzó fuertes críticas contra la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro y llamó a la ciudadanía a movilizarse para impedir su implementación. Durante su intervención, Uribe Vélez aseguró que el Ejecutivo pretende acabar con la contratación sindical, lo que, en su opinión, afectará gravemente la generación de empleo y la inversión en el país. Según el exmandatario, la reforma impulsada por el presidente Petro “insiste en una propuesta dañina que ya fue derrotada en el Congreso”, y exhortó a sus seguidores a recorrer el país para alertar sobre lo que considera un retroceso en materia laboral y económica. Desde su perspectiva, el Centro Democrático se opone a la Reforma porque la ve como un instrumento que incentiva el “odio de clases” y desalienta la inversión empresarial. En respuesta a la propuesta gubernamental, Uribe defendió su visión de una “economía fraterna”, un modelo que, según explicó, busca generar confianza tanto en los trabajadores como en los empleadores para garantizar estabilidad y crecimiento económico. Como parte de esta propuesta, destacó la necesidad de que las normas laborales incentiven el trabajo conjunto entre empleados y empresarios, asegurando que el bienestar de los trabajadores y el desarrollo del sector productivo deben ir de la mano. En ese sentido, el exmandatario recordó un estudio realizado por el fallecido exministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, y el economista Santiago Montenegro, el cual concluyó que Colombia necesita crecer a un ritmo de al menos un 5% anual para reducir la pobreza y mejorar la equidad. Uribe enfatizó que esta teoría sigue vigente y alertó que con crecimientos negativos o mediocres “a ninguna parte vamos a llegar”. No obstante, advirtió que el país enfrenta múltiples obstáculos para alcanzar ese nivel de crecimiento, entre los que mencionó la inseguridad, la elevada carga impositiva y la falta de confianza de los empresarios para invertir. Uno de los temas centrales abordados en el foro fue la situación de los trabajadores que dependen de plataformas digitales de transporte y domicilios, un sector en constante crecimiento pero que, según Uribe, presenta serias deficiencias en materia de seguridad social. Durante su intervención, preguntó a los asistentes cuántos dependían económicamente de estas actividades y subrayó que el principal problema que enfrentan es la falta de acceso a protección social. Ante esta problemática, el expresidente reiteró su propuesta de que las empresas propietarias de plataformas digitales asuman entre el 60% y el 70% del costo de seguridad social de los conductores, mientras que estos pagarían entre el 30% y el 40% restante. Para Uribe, esta medida garantizaría una mayor cobertura en salud y pensiones para quienes trabajan en este sector sin comprometer su flexibilidad laboral. Además, hizo un llamado a fortalecer el gremio de los taxistas, asegurando que el Estado debe proporcionarles las herramientas necesarias para competir en igualdad de condiciones con plataformas como Uber y Rappi. “Queremos que los taxistas tengan las mejores plataformas y puedan estar al nivel de Uber y Rappi”, afirmó. En un tono más combativo, Uribe Vélez hizo un llamado a la movilización ciudadana en contra de la reforma laboral, señalando que su contenido pone en riesgo los avances logrados con la Ley 100 de 1993, de la que él fue parte cuando se desempeñó como congresista. Según el exmandatario, si bien el sistema de salud colombiano no es perfecto, ha permitido que los ciudadanos y el Gobierno puedan ejercer controles y exigir mejoras a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). “El sistema actual nos ha dado herramientas: los ciudadanos han podido interponer tutelas contra una EPS, los gobiernos han podido sancionar y cerrar EPS cuando han incumplido. ¿Ahora qué se va a hacer con el monopolio estatal que el presidente Petro quiere imponer?”, cuestionó Uribe, advirtiendo que un sistema manejado exclusivamente por el Estado podría generar nuevos problemas de acceso y calidad en la prestación de los servicios de salud. El llamado de Uribe a marchar se enmarca en un debate creciente sobre la reforma laboral, que en su segundo intento busca introducir cambios profundos en el régimen actual. Mientras el Gobierno defiende su propuesta como un mecanismo para garantizar mayores derechos y estabilidad a los trabajadores, la oposición advierte que su implementación podría generar impactos negativos en la economía y el empleo. El Centro Democrático, desde su rol de oposición, ha dejado claro que seguirá promoviendo alternativas a la reforma laboral del Gobierno, argumentando que su enfoque favorece la inversión y la creación de empleo sin afectar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, el debate sigue abierto y se espera que el tema continúe generando fuertes discusiones en los próximos meses.

Por: Redacción Pares  Human Rights Watch, a través de su directora, Juanita Goebertus, presentó en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el informe El catatumbo, abusos de grupos armados y desprotección estatal , en donde se presenta, a través de 65 entrevistas que se hicieron en terreno, la situación que se vive en esta región desde el pasado 15 de enero.    Con 86 homicidios, 58.052 desplazados y, 19.468 confinados, HRW pudo determinar algunas de las razones que desencadenaron la crisis.    Desde el año 2018 el frente 33 de las extintas FARC y el ELN habían convivido en ese territorio sin sobresaltos. Se vivía una calma chicha. Pero, la posición del gobierno, en cabeza del actual comisionado de paz, Otty Patiño, empezó a crispar los ánimos. Se pactaron proyectos productivos de cultivo de palma africana y otros con un grupo que aún poseía las armas. Esto empezó a generar resquemor dentro de las filas del ELN.    Goebertus, citando el informe, afirma que, dentro de la comunidad, se denunció que el gobierno tenía cierta "preferencia" con el frente 33 y que el cese al fuego sirvió para que esta estructutura se fortaleciera en el territorio. El 33 llegó a establecer carceles particulares en donde encerraba a gente con problemas de adicciones o delincuentes, ejerciendo funciones de gobernanza.     El ELN, desde mediados del 2024, venía amenazando con una confrontación en donde se verían afectados firmantes de paz y lideres sociales. Hasta el momento han sido siete los firmantes asesinados.    Unas de las conclusiones que sacó el informe de HRW es que no es aconsejable ceses al fuegos ni la firma de proyectos productivos con grupos que no hayan entregado armas. Además hace énfasis en que la situación en el Catatumbo es una prueba del fracaso de la Paz Total de Petro.    La subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, reaccionó ante el informe “Lo del frente 33 tiene matices, los diseños de las dos negociaciones eran distintas, mientras el ELN era una negociación nacional, la del Frente 33 estaba sobresaturada de acuerdos estaban dando resultados más rápidos y se querían implementar con mayor premura proyectos productivos. Claramente esto es un error del gobierno. Creo que tuvo que ver con la arremetida del ELN y con la crisis que sobrevino en la mesa con el ELN”.     En los próximos días Juanita Goebertus se reunirá con Otty Patiño y conversarán sobre el informe y le expresarán las inconformidades que hay con el gobierno por parte de una comunidad que se siente completamente abandonada, a merced de dos grupos armados feroces.

Por: Diego Alejandro Pedraza Corredor , Investigador Línea de Gobernabilidad y Democracia Desde finales de 2024, el área Metropolitana de Bucaramanga se encuentra en un limbo jurídico y en un limbo de poder por cuenta de los procesos por doble militancia que afrontan sus alcaldes. Empezando, obviamente, por el caso más relevante que es el fallo en primera instancia que existe en contra de Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga y seguido, por los casos de Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón y de Oscar Santos, alcalde de Piedecuesta.   En estos momentos, los tres alcaldes tienen un fallo de primera instancia que anula su elección por doble militancia en los comicios de 2023 y aunque los tres apelaron las decisiones, los antecedentes a este tipo de procesos hacen pensar que el panorama político de los mandatarios no es para nada favorable.   Y para completar, el panorama se agita aún más si se piensa, que, desde diciembre a hoy, algunos han perdido la gobernabilidad y, sobre todo, permitieron que los clanes y las estructuras se movieran para comenzar a preparar unas elecciones donde hay candidatos a granel, pocos destacables, muchas intrigas y, sobre todo, mucha desidia con la ciudadanía santandereana.   Bucaramanga: La caída del “Bukele” santandereano   Como ya se dijo, el caso más emblemático es el de Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga y auto reconocido como el “Bukele” santandereano. “El pastor” es una figura “criolla” de esas bien cómicas que se mantienen en el ojo del espectador político, su política de seguridad con “biblia en mano” y su radicalización excesiva lo hicieron entrar en el ojo político nacional.   Se convirtió en una figura conocida, destacado en sus primeras mediciones de popularidad, querido en las calles y apoyado por un concejo que empezó a verlo como la figura política necesaria para superar el desastre de 8 años en el que estaba sumida la ciudad. Sin embargo, Jaime Andrés se quedó en promesas y se decantó más por construir una burocracia poco efectiva dentro de la alcaldía.   El famoso “plan candado” para recuperar la seguridad de la ciudad no funcionó, la reestructuración de la malla vial y la semaforización quedó en veremos, los programas de casas comunitarias ni empezaron y la problemática con la Empresa Metropolitana de Aseo no se solucionó, al punto que las zonas álgidas de la ciudad permanecen sumidas entre el abandono y las basuras.   Pese a eso, Beltrán siguió con sus discursos populistas, cargados de odio y apalancados en esa tradición “derechista” nociva con la que se hizo elegir. Critico incansable del gobierno del presidente Gustavo Petro y critico absoluto de los gobiernos de Rodolfo Hernández (el primero en cuerpo propio y el segundo en cuerpo ajeno). La ineficiencia y la desidia de su mandato la logró contener con las fórmulas de la politiquería tradicional, lanzando culpas a otros, mirando el famoso “espejo retrovisor”, sin autocritica y con muy poca ejecución.   Lo que no se esperaba Beltrán, fue ese fallo del 12 de diciembre de 2024, con el cual el Tribunal Administrativo de Santander decidió anular su elección por incurrir en doble militancia. La razón no fue otra que el apoyo a Elkin Bello, quien aspiraba al concejo de Bucaramanga por el Partido de la U. Y aunque esta colectividad estaba dentro de la coalición que llevó a Beltrán a la alcaldía, su partido era Colombia Justa y Libres, lo que configura el caso de la doble militancia por apoyo, la cual ha sido hasta el día de hoy implacable y confusa con todos los políticos sin importar la corriente.   Con el fallo en la mano, Beltrán se fue a la plaza pública y como en un pulpito cristiano, anunció que apelaría la decisión, pero que en caso de que lo sacaran, Dios ya le había dicho que debía ser candidato presidencial. En medio de esas locuras y de ese populismo desatado, empezó un proceso en medio del cual Beltrán perdió el control del concejo, perdió el contacto con los congresistas y el apoyo de aquellos que lo llevaron al cargo.   Y ahí, con la gobernabilidad a medias, le salieron al paso los clanes y las estructuras políticas que comenzaron a poner nombres en la mesa para aspirar a la alcaldía, una baraja en donde han sonado desde antiguos conocidos como Carlos Parra hasta políticos tradicionales y avezados como Edgar Gómez Román.   El caso sigue en veremos, en despacho para sentencia desde la primera semana de marzo y mientras tanto, la ciudad abandonada, sin gobierno y con un escándalo nuevo que involucra al alcalde Beltrán, a su esposa Paula Ramírez, a su cuñado Oscar Ramírez y a su ex asesor Hernán Villamizar, quienes presuntamente están implicados en un caso de corrupción relacionado con el saqueo de la chatarra y el alumbrado público, con el cual supuestamente se estaba construyendo una red burocrática y transaccional que buscaba alimentar la estructura política de Beltrán.   Por ahora, ese caso también está en veremos.   Girón: John Abiud y su hermano se preparan para elegir sucesor   El caso de Girón es el mismo que el de Bucaramanga, toda vez que Campo Elías Ramírez fue notificado de que su elección se anulaba por doble militancia al haber apoyado a candidatos del Partido de la U y del MAIS a las listas al concejo, cuando su aval había sido entregado por la Liga de Gobernantes. Ramírez apeló la decisión y hasta el momento su proceso está en despacho para fallo definitivo del Consejo de Estado.   Ahora bien, el caso de Girón si dista en lo político de los otros casos en curso y la razón no es otra que el señor John Abiud Ramírez, actual Director Administrativo de la Cámara de Representantes y cabeza de la estructura política emergente más grande que tiene el departamento. Ramírez es el “dueño” del municipio, lleva siéndolo por más de 8 años, por eso ya comenzó a maquinar el nombre del posible heredero del poder. Hasta el momento, no ha lanzado un nombre fuerte, pero los rumores vuelven y hablan de que la candidata puede ser Yulia Rodríguez, su exesposa o alguna de las fichas fuertes de su primer mandato. Al final todo está en el ruido, pero lo que sí es claro, es que serán los Ramírez los que sigan moviendo el poder del municipio.   Piedecuesta: El pacto entre políticos   El último caso es el de Piedecuesta, donde el alcalde Oscar Santos terminó con su elección anulada por incurrir en doble militancia por apoyo. En este caso, por apoyar candidatos políticos de diferentes colectividades cuando su partido era el Partido Liberal.   Santos es cercano a la estructura del Senador Jaime Durán, quien es una de las cabezas fuertes del departamento y de Piedecuesta. Pero el caso de Santos es un clásico caso de políticos que hacen lo que quieren con la política. No es que Santos haya apoyado deliberadamente a candidatos de otras colectividades, es que los políticos creen que ellos están por encima del bien y del mal y se movieron a su antojo, creyendo que las veedurías y los ciudadanos no iban a protestar por esa doble militancia.   Al final, cayó en el juego político y en campaña, ese juego político termina siendo una quimera en medio del afán de votos y plata con el que se manejan las lógicas clientelares de un departamento como Santander. Hasta ahora no hay un nombre fuerte, pero los rumores hablan de que los clanes y las estructuras ya están haciendo acuerdos para poder finiquitar una candidatura común a todos.   ¿Y la ciudadanía?   Al final del caso, lo que nos debemos preguntar es ¿qué pasa con los ciudadanos? y ¿qué pasa con los gobiernos? Porque los municipios están abandonados, las políticas integrales de seguridad que fueron el eje de la campaña, están quietas y la manipulación del electorado está alcanzando niveles vergonzosos.   Se prepara el Área Metropolitana para unas elecciones atípicas, en medio del movimiento de los clanes y las estructuras políticas que se mueven a su antojo, manipulando el voto y cimentando las estructuras de la campaña del 26 que comenzó más temprano que en ocasiones anteriores.

Por: Redacción Pares Buenaventura ha sido escenario de una juventud resiliente, soñadora, pacífica y creadora, Desde el 2011 las juventudes vienen reclamando la adecuación del Centro de Atención Integral para la Juventud. A pesar de que en el 2023 se priorizo la iniciativa a través del proyecto “Mejoramiento y dotación al centro de Atención Integral para la Juventud”, en la actualidad el escenario no se encuentra habilitado para que los jóvenes puedan hacer uso adecuado. Este proyecto con una inversión de $1.575.225.819, que impactaría a 80.516 personas, tuvo una duración de seis meses para su ejecución. Con los recursos designados se planificó realizar: la adecuación de espacios como salones multiusos, oficinas, cancha múltiple, plazoleta para prácticas culturales, baños, cocina, caseta de vigilancia, zonas verdes, entre otros; y la dotación de aires acondicionados, equipo audiovisual, mobiliario de oficina, computadores, sillas, mesas entre otros insumos. Desde el 2023 estaba planificada la renovación de la obra, pero hasta la fecha los jóvenes no pueden acceder a las instalaciones del Centro de atención Integral. En el siguiente informe de la regional pacífico de Paz y Reconciliación se le pone la lupa a otra bofetada que reciben los habitantes de la ciudad puerto por parte del estado colombiano. La investigación de Pares afirma que, aunque si se llegó a condicionar los jóvenes aún no pueden hacer uso de ese espacio: