Por: Redacción Pares En el año 2010 la Corte Suprema de Justicia condenó al ex senador Alvaro “El Gordo” García a 40 años de cárcel por ser uno de los perpetradores de la masacre de 15 campesinos y el desplazamiento de 246 familias en Macayepo. La masacre, cometida en los Montes de María, ocurrió el 14 de octubre del año 2000. Estuvo comandada por uno de los paramilitares más sanguinarios que han pasado por esta tierra, Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Esto se dio en el marco no de perseguir a un grupo insurgente, de repeler a la guerrilla, sino por la ambición de latifundistas que seguían con la fiebre de acaparar la mayor cantidad de tierras posibles. La sevicia con la que asesinaron a los 15 campesinos es sólo comparada con la que el mismo grupo usó en la masacre de El Salado: con bates y palos acabaron con la vida de estas personas. Necesitaban no sólo matar sino dejar un mensaje escrito en sangre: había que dejar claro el horror. Espantar a la gente, por eso abandonaron todo lo que tenían y dejaron la tierra.   Alvaro García lleva 15 años encerrados y desde hace unos cuantos quiere salir libre. Es el símbolo de la parapolítica. El más descarnado de todos los ejemplos de los efectos nefastos que trae la unión de la institucionalidad con los grupos armados. A García se le está haciendo un juicio con el que pretende quedar libre. En él se ha despachado contra el presidente. Afirma que su juicio está viciado y que el presidente “sueña con que lo condenen” y que se ha convertido su caso una obsesión para Petro. Hay que recordar que mientras fue senador Petro enfocó buena parte de su energía en quitarle la máscara a los padres de la patria que osaron aliarse con los grupos de autodefensa. “El gordo” García es el ejemplo más patético y sangriento de ellos.   García tiene 71 años y quiere, que por su edad, lo dejen libre. Por eso pidió ante la Corte, donde compareció el pasado 2 de abril, lo siguiente: Yo estoy en el peor de los mundos. Pero  como ya la realidad es que yo ya cumplí una etapa en mi vida; yo ya a los 73 años como dijo el doctor Petro en su discurso , yo hubiera preferido que lo hubieran soltado a ese viejito para que vaya a cuidar a sus nietos. El discurso de la Plaza de Bolívar. Y  estoy seguro que va a tuitear en contra mía pronto, ¿por qué? porque el doctor Petro es obsesivo , es obsesivo”   En meses pasados García a pedido la revisión de su condena pero, magistrados como Luis Antonio Hernández, se han negado de manera tajante. En su comparecencia ante la Corte buscando piedad ante su edad se quejó de la actitud de Hernández.   Es bastante probable que, por sus crímenes, García termine privado de su libertad así se desgañite cada vez que puede cuestionando al presidente.

Por: Redacción Pares A los abogados Lombana y Granados, defensores del expresidente Uribe, les molesta la templanza de la jueza Sandra Heredia. Desde febrero están intentando bloquear a la funcionaria. La señalan de tomar partido contra el líder del Centro Democrático, quien está acusado del delito de manipulación de testigos. Hace dos semanas estalló una de sus tutelas y la Corte ordenó que el juicio se pausara hasta que se tomara una decisión sobre la supuesta indisposición de Heredia contra Uribe. Pero el pasado 28 de marzo el juez 55 de Bogotá ordenó la reanudación del mismo. Hasta el momento han pasado veinte testigos a dar sus declaraciones. Se espera que se presenten otros ochenta más en los siguientes 8 meses que le quedan al juicio antes de que este prescriba.   La sensación que queda es que cada día, después de que termina una sesión en el juicio, Alvaro Uribe, aconsejado por sus abogados, sale a proclamar su victoria. Los medios tradicionales también ayuda a tener esa percepción. Los dardos siempre apuntan al senador Iván Cepeda. Las descalificaciones, el intento de posicionar que, si existió manipulación de testigos fue por parte del senador, es lo que flota en el ambiente. Disciplinado, Cepeda publica cada vez que su agenda se lo permite, un video en sus redes, explicando primero por qué, la única manera que tiene Uribe de ganar este juicio, es esperando a que este precluya el próximo 8 de octubre.   Lo que no se ha explicado es que en los próximos testimonios la Fiscalía mostrará el material probatorio contra el expresidente. El pasado 1 de abril la fiscal Marlenne Orjuela presentó grabaciones del año 2018 en donde los exparamilitares Eurídice Cortés, alias Diana, y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, mencionan al expresidente y lo relacionan con una presunta manipulación de testigos. Incluso en uno de los audios aparece su apellido: “ Me dice Diego ayer que hable con Juan para cuadrar lo de esa hijueputa plata (…), como si él fuera el que diera esa hijueputa plata, la única plata la da es Uribe ”.   Lo que intentaba la defensa es no llegar a este punto en el que va a entrar el juicio al expresidente, empezará el desfile de exparamilitares que intentarán probar que si hubo un intento de manipulación por parte del expresidente. Uno de ellos será alias Victor, Carlos Enrique Vélez, quien dará su testimonio este 3 de abril.   Uribe ha llevado el 95% de su juicio de manera virtual. Está en su casa en Rionegro. Tal y como estableció La Silla Vacía Uribe tiene una estrategia completamente definida de comunicación, cada día, después de la jornada del juicio, es el propio Uribe quien hace el resumen y lo difunde a través de los canales del partido Centro Democrático. El tinte del mensaje por lo general es de victoria, optimismo y críticas a la juez, a la fiscal y a Iván Cepeda, su némesis.   Hasta el 11 de marzo, según lo estableció La Silla Vacía, el relato del uribismo ganaba afectos entre el público en X. Hasta esa fecha incluso en la encuesta Guarumo -encuestadora que es de los afectos del uribismo- mostraban un repunte en la imágen positiva del expresidente.   Lo cierto es que, sea cual sea el veredicto, la imágen de un líder político como Uribe expuesto al desgaste de un juicio terminará erosiónandolo. Hay que recordar que el juicio apenas empieza y la estrategia de anularlo o demorarlo, como han intentado hacer, ya se gastó. La carrera política de Uribe se verá truncada por este juicio cuyas dimensiones parecen no estar muy claras a un sector del público y de la prensa. Mientras tanto, en actitud zen, está Iván Cepeda, aguantando los agravios, sin jamás perder el control. Pareciera tener la certeza de que la historia está de su lado y que los dados hace rato los agitó Dios.

Por: Daniela Bernier Pacheco El carbón para muchos es sinónimo de progreso y bienestar para las comunidades ;  sin embargo, este imaginario se ha ido diluyendo en los últimos años por múltiples motivos. Si bien el mercado del carbón se mueve por la geopolítica mundial, donde las grandes potencias imponen las reglas, no es menos cierto que,  por las políticas de energía y clima que cada día son más restrictivas debido a la necesidad urgente de reducir los gases de efecto invernadero, el mundo carbonífero tiene detrás una bola de nieve llamada Transición Energética que podría derribarlo o dejarlo en cuidados intensivos. Un claro ejemplo de esto es que la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su informe anual señaló: “ La demanda de servicios energéticos está aumentando con rapidez, liderada por las economías emergentes y en desarrollo, pero el constante progreso de las transiciones significa que, a finales de la década, la economía mundial podrá seguir creciendo sin consumir más petróleo, gas natural o carbón”. En este sentido, el futuro de los combustibles fósiles a nivel mundial es desalentador; mientras que unos van al fin de su vida, otros apenas crecen, como es el caso de las energías renovables, cuyo  auge apenas inicia en el país. Todo esto responde a una obligación ineludible, como lo es la seguridad energética de las naciones . El mundo moderno se encuentra intrínsecamente ligado a la energía, debido a las dinámicas sociales que giran en torno al uso de herramientas tecnológicas,  cuya principal premisa es facilitar los procesos en la vida cotidiana. Es decir, que la falta de energía, en este punto,   sería  parar los procesos educativos, tecnológicos y operativos a nivel mundial,  un retroceso sin precedentes. Teniendo en cuenta esto, el carbón podría seguir siendo una fuente de abastecimiento energético cuando las fuentes no convencionales de energía, mal llamadas energías limpias, también son vulnerables a la variabilidad climática como consecuencia del cambio climático. La salida de estos combustibles fósiles pone en jaque los derechos humanos y la Transición no es solo una cuestión de mercado, sino de justicia social y ambiental. Colombia ya está  viviendo el primer cierre de minas,  como es el caso de Prodeco, y se aproxima un segundo cierre, el de Carbones Cerrejón, pues, al momento de finalizar operaciones,  la economía que giraba alrededor de la extracción de carbón se cierra. A pesar de los discursos sobre energías renovables y nuevas oportunidades, se requiere que existan mayores medidas financieras que le permitan a las comunidades tener alternativas concretas de reconversión laboral. Las empresas, el Gobierno y las comunidades deben crear un plan de transición que proteja los derechos de los trabajadores y las comunidades. Recientemente, la Corte Constitucional,  en Sentencia T-029 de 2025, sentó un precedente fundamental para garantizar el debido proceso y la participación efectivas de sindicatos y comunidades afectados por el cierre de operación. Esta acción fue liderada por comunidades y trabajadores despedidos por la minera Prodeco en los departamentos de Cesar y Magdalena. Sumado a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación respecto a este asunto, señalando lo siguiente: La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la persistente ausencia o débil incorporación de un enfoque de derechos humanos en los marcos de reparación y salida responsable adoptados en el contexto de proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe. En particular, la Relatoría observa con inquietud que  muchas de estas políticas y prácticas , promovidas por diversos actores —incluyendo instituciones financieras de desarrollo que operan en la región— no garantizan de forma adecuada la reparación integral de los daños causados ni aseguran procesos de consulta amplios, significativos y culturalmente apropiados con las comunidades afectadas. En el contexto de cierre de minas debe existir,   entonces,  unos lineamientos que establezcan medidas de compensación a las comunidades por los daños que se han generado en la fase de explotación. Surge entonces la pregunta :  ¿debemos seguir explotando a cambio de una estabilidad económica hasta que el mercado lo permita o acelerar los procesos de Transición de manera real? Porque se han venido expidiendo leyes  y exenciones tributarias para los proyectos renovables, no es menos cierto que existen múltiples conflictividades en la aprobación de proyectos. La Transición debe ser real si vamos a continuar en ella, porque hacerla sin incluir a quienes dependen de la economía basada en el carbón, las consecuencias para la población van a ser sin precedentes. Colombia está  ante una encrucijada, porque o continúa explotando sin tener en cuenta el panorama mundial o lidera una Transición Energética Justa, que no deje a la gente a la deriva, porque las garantías en los cierres de mina no son del todo ciertas,  porque debe existir una partición real y efectiva de las comunidades. Ahora se está  hablando de la apertura de una nueva mina en Cañaverales en La  Guajira y entonces, ¿qué  garantías se le están dando a las comunidades en un proceso de transición? La minería es necesaria, pero la caída de la venta del carbón nos está anunciando  que debemos migrar. Si el carbón se apaga en estos momentos,  queramos o no, se apagará la esperanza de miles de colombianos y es aquí donde hay que poner en marcha un plan de acción para no generar nuevas conflictividades en los territorios.

Por: Redacción Pares Con su clásica sobre exageración, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció con bombos y platillos “El día de la liberación”. Así arrancaba lo que los expertos consideran como una guerra mundial económica. Es que el arancel universal será del 10%. A pesar de la confrontación con la que arrancó su mandato contra Gustavo Petro, Colombia tendrá el mismo arancel de países como la Argentina de Milei. De nada le ha servido al mandatario de ese país mantener una actitud de sumisión con Trump. Tendrá el mismo impuesto que casi todas las naciones del planeta. Con su acostumbrada arrogancia, al borde siempre de la provocación, Trump tronó de la siguiente manera: "Si se quejan, si quieren un arancel cero, entonces fabriquen su producto aquí mismo, en Estados Unidos. (...) Los tramposos extranjeros han saqueado nuestras fábricas y los carroñeros extranjeros han destrozado nuestro otrora hermoso sueño americano. Pero eso ya no va a suceder"   El discurso, cargada de patrioterismo y xenofobia, es el anuncio oficial que EEUU renuncia por completo al liberalismo, al contacto con el mundo y que se cerrará como una ostra. China obviamente no pagará el arancel universal sino mucho más. El argumento para cobrarle a China el 34% de aranceles a los productos chinos tiene su lógica en que el dragón asiático le cobra a los gringos un 67% a sus productos. Sobre China un envalentonado Trump afirmó lo siguiente: "Nos cobran, les cobramos, les cobramos menos. ¿Cómo puede alguien molestarse? Lo harán, porque nunca le hemos cobrado nada a nadie. Pero ahora vamos a cobrar”. China mientras tanto usó un tono más moderado y le pidio al gobierno norteamericano respetar las reglas más básicas del comercio internacional.   Lo que llama la atención es que para los países norteamericanos no existe ningún tipo de amistad real con Trump. Milei lleva, desde noviembre del año pasado, en el cierre de la campaña con la que el millonario se impuso como nuevo presidente, visitando constantemente a los Estados Unidos, tomándose fotos en cuanta convención republicana exista y comportándose como un fan enfebrecido con Elon Musk a quien incluso le regaló una motosierra como símbolo de los recortes presupuestales que está haciendo desde su agencia DOGE y que ha dejado sin trabajo a cientos de miles de norteamericanos. El resultado para Argentina es el mismo que para Colombia quien ha sabido mantener su dignidad contra el gigante del norte.   A continuación mostraremos un listado de los países que mayores aranceles pagarán. La gran mayoría de ellos son países del Africa y Asia. Mauricio pagará un 40%, Siria 41%, Sri Lanka 44%, Birmania 44%, Madagascar 47%, Laos 48%, Camboya 49%, Lesoto 50%, San Pedro y Miquelón 50%.   La guerra comercial ha sido declarada desde Washington hacia todo el mundo.

Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Ha surgido cierta atención por la reciente incorporación de Alicia Arango a la campaña de Vicky Dávila. Las interrogantes planteadas en el ámbito público se concentran en las razones de su vinculación. Algunos cuestionamientos han circulado sobre si su ingreso responde a una acción planificada por el expresidente Uribe —con quien se señala un distanciamiento— o si está asociada a gestiones del expresidente Duque. Arango se destacó en el ámbito político por su vínculo con el expresidente Uribe, figura para quien fue colaboradora cercana durante la campaña presidencial de 2002, luego secretaria privada en ese primer gobierno, y posteriormente como embajadora en Suiza hasta su retorno al país en 2014. En ese año, asumió la dirección de la estructuración del Centro Democrático, partido del cual es cofundadora y ejerció como su segunda presidenta, como se documentó en el siguiente artículo de Pares . Sin embargo, en 2018, Arango impulsó de manera destacada la candidatura de Iván Duque, lo que generó señalamientos sobre su posible vinculación a cierta ala del “uribismo” moderado y un distanciamiento con sectores tradicionales del partido. Tras respaldar a Duque desde etapas previas a su designación, ocupó el Ministerio del Trabajo entre 2018 y febrero de 2020, el Ministerio del Interior entre febrero y diciembre de 2020 y la Embajada ante la ONU entre diciembre de 2020 y julio de 2022. Esto la consolidó como una figura relevante en la administración de expresidente. La llegada a la campaña de Vicky Dávila Fuente: El Espectador. Arango se había mantenido fuera de los focos mediáticos desde el final del gobierno de Duque hasta el 29 de marzo, cuando fue mencionada en los medios como parte del equipo estratégico de la campaña de Vicky Dávila, campaña que, según encuestas, inicia con un nivel de favorabilidad superior al de otras candidaturas de derecha. La designación de Arango generó reacciones dentro del Centro Democrático. María Fernanda Cabal fue una de las primeras en pronunciarse, afirmando que " Alicia Arango no es ni delegada, ni enviada, ni autorizada, ni desautorizada por Uribe ". Además, se refirió al expresidente Duque al señalar que " hay que preguntarle a Alicia Arango si ella es enviada del presidente Iván Duque. Eso sí quisiéramos saberlo, porque debemos saber de qué lado está jugando Iván Duque, y si va a ser también promotor de la campaña de Vicky Dávila ". A las declaraciones de la senadora y precandidata se sumaron otras voces dentro del Centro Democrático que cuestionaron la participación de una figura del uribismo en una campaña distinta a la promovida por el partido. Aunque el tema generó debate, el expresidente Uribe intervino a través de su cuenta en X, donde afirmó que no ha discutido con Arango sobre Vicky Dávila y que mantiene su compromiso con el partido . A pesar de la aclaración de Uribe, el debate sobre la cohesión interna del Centro Democrático continúa. La cuestión central es si el partido mantiene una postura unificada en torno a su candidatura oficial o si, como señaló María Fernanda Cabal, existen sectores que, incluyendo al expresidente Duque, podrían estar tomando distancia de la decisión colectiva del movimiento. Las precandidaturas del Centro Democrático Fuente: Página oficial en YouTube del Centro Democrático. Es en medio de la repercusión generada por la incorporación de Alicia Arango a la campaña de Vicky Dávila que se ha retomado el análisis de la campaña del Centro Democrático, la cual, hasta el momento, continúa desplegándose en el país mediante una gira constante de sus cinco candidatos y, por supuesto, del expresidente Álvaro Uribe. Al analizar retrospectivamente, se observa que no hay cambios significativos en la composición de los candidatos, como se documentó en el artículo de Pares del 31 de octubre de 2024 . La configuración se mantiene prácticamente sin variaciones: Miguel Uribe lidera las encuestas y, según indicadores, encabeza la competencia por el respaldo de Uribe. En segundo lugar, figura María Fernanda Cabal como representante del “ala dura” y del “uribismo” tradicional, un discurso y enfoque con el que ha logrado consolidar su influencia en las bases del movimiento. De momento, todos los candidatos permanecen en la contienda, manteniendo su discurso de seguridad democrática, su oposición al gobierno de Gustavo Petro, sus planteamientos proempresariales y su postura crítica desde el Congreso y los espacios de la derecha política. Aunque todos cuentan con trayectoria en política, han terminado dependiendo casi totalmente de la figura de Uribe, ya que los foros del partido en Barranquilla, Medellín y Bucaramanga han evidenciado que el impacto y la movilización provienen de Uribe, no de los candidatos. Cabe mencionar que estos no registran los niveles más altos en las encuestas que evalúan la opinión de los colombianos sobre el panorama político de 2026. Al final, lo único claro es que el partido tenderá a actuar con cautela. Uribe ha evitado revelar el nombre del candidato en este momento y, en cambio, ha querido prolongar el debate hasta finales de 2025 o, de ser posible, hasta marzo de 2026. El objetivo es que el candidato no deba enfrentar la exposición crítica en redes sociales ni la estrategia mediática del gobierno nacional. Por ahora, el avance se concentra en el proceso de selección del candidato. Por un lado, una facción liderada por Miguel Uribe propone que surja de una encuesta interna con militantes del partido. Por otro, una facción encabezada por María Fernanda Cabal plantea una consulta que se vote en marzo de 2026, donde sea el electorado quien elija al candidato. La ruptura entre el viejo uribismo y las nuevas formas emergentes de la derecha se agudiza con el episodio Arango Fuente: Las 2Orillas. Las tensiones al interior de las precandidaturas del Centro Democrático no son nuevas. Vienen desde casi el mismo momento en el que fueron lanzadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a finales de octubre de 2024, y se han mantenido, a pesar de los acuerdos pactados entre los mismos precandidatos para evitar conflictos y choques a lo largo de la campaña electoral. Según como lo analizamos en meses anteriores desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad , estas tensiones han amenazado con romper internamente al partido, que desde hace varios años ha mostrado tendencias diferenciadas en su interior y que se ha venido agudizando con la elección de Iván Duque como presidente, lo que abrió una brecha entre un llamado “sector moderado” —reflejado en su propio gobierno— y un bloque mucho más radical, que desde 2016 ha venido siendo liderado por María Fernanda Cabal. Esto último es importante en tanto Iván Duque ha venido rompiendo silenciosamente con las toldas del uribismo desde finales de su gobierno, en 2021 , cuando se replegó en su propio gabinete de gobierno tras la crisis con los partidos en el Congreso y las crecientes críticas que desde su propio bloque comenzaron a emerger en su contra, especialmente tras el Estallido Social de 2021 y la abnegación de Duque de abrir su gabinete a los partidos y a un gobierno de conciliación nacional. Estas críticas se intensificaron hasta las vísperas de las elecciones de 2022, cuando María Fernanda Cabal salió en varias grabaciones reveladas por Revista Cambio indicando fuertes críticas a Duque , en la que Cabal acusó al entonces presidente de ser un infiltrado de la izquierda en su propio partido. Declaraciones de las que luego señaló no estar arrepentida . Esta ruptura ha vuelto a emerger con la llegada de Alicia Arango, quien fue una de las figuras más importantes dentro del gobierno Duque y de la que se sospecha ahora mismo que llega con su respaldo a la campaña de Vicky Dávila. La respuesta de Cabal hay que leerla en esa clave, en la que se percibe que Duque, como ya venía sucediendo desde 2022, está profundizando en la potencial atomización del partido. No es para menos. En la última encuesta Invamer de finales de marzo de 2025 — cuya metodología y muestreo han sido sometidos a fuerte crítica por varios académicos cercanos al progresismo, como Hanwen Zhang —, los precandidatos del Centro Democrático puntúan muy por debajo del 5% , con Miguel Uribe obteniendo un 4,8% del potencial apoyo electoral, mientras que Cabal se encuentra en un 4,2%. Ambos suman un 9%, que es el mismo que suma Miguel Uribe cuando la encuesta solo pregunta por los 9 primeros de la lista. Para José Obdulio Gaviria, por el contrario , la lectura debe hacerse sobre la sumatoria de los porcentajes que logran los 5 precandidatos, que se ubica sobre el 11,1%, muy cerca de la intención de voto de Gustavo Bolívar, quien fue el puntero en la intención de voto a la presidencia de esta encuesta. Fuente: Invamer. No obstante, por cada uno de los candidatos individuales, ninguno supera el 5%, y es probable que, como en 2022, la mayoría de los votos terminen fugándose hacia alguno de los candidatos de derecha mucho más fortalecidos y con mayores opciones que por un candidato directamente del Centro Democrático. Esto, en parte, porque por el lado de la derecha institucional ha emergido la figura de Germán Vargas Lleras, que aparece como quinto en la intención de voto con un 7,3%, así como el ascenso de Vicky Dávila se ha sostenido en el tiempo y ha representado una alternativa política a una derecha que quiere romper directamente con el uribismo para apropiar el discurso político de experimentos como el de Javier Milei en la Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Junto con lo anterior, también la omnipresencia de Álvaro Uribe dentro del partido ha terminado siendo una limitante para el Centro Democrático. No solo por el juicio que afronta ahora mismo, sino porque también la disputa al interior del partido ha sido por recoger sus banderas y reclamar su herencia , en un momento donde el expresidente no ha querido abandonar las toldas de la política. Esto es importante porque demarca que existe una ruptura entre el fundador del partido (cuyo interés ha sido, según algunas fuentes consultadas por la Línea de Democracia y Gobernabilidad dentro del Centro Democrático que pidieron anonimato para hablar con libertad, mover la candidatura de Miguel Uribe) y su base militante, que observa en María Fernanda Cabal a su líder natural. Es por ello por lo que también las tensiones han girado sobre el dispositivo con el que se elegirá al candidato . Cabal impulsa un mecanismo de convocatoria de voto en consulta abierta a los militantes, en tanto tiene la confianza de traducir la movilización de su sector político en votos, mientras que Miguel Uribe propuso que fuera por un mecanismo de encuesta, donde sabe que tiene mayor peso y le ha ampliado la diferencia a Cabal, como sucedió en esta encuesta Invamer de marzo pasado. El problema es que las acusaciones hacia Miguel Uribe ya no giran alrededor de los cuestionamientos por su falta de experiencia y militancia política al interior del partido, sino también por los gastos en los que ha incurrido en su precampaña, a la luz de una investigación que publicó hace varios días La Silla Vacía , en el que Miguel Uribe aparece punteando en inversión a pauta en redes sociales como Facebook. Ante esta crisis, la directiva del Centro Democrático publicó un comunicado indicando que aún no existía claridad ni sobre el cronograma, ni sobre el mecanismo con el que esta colectividad elegirá a su próximo candidato presidencial, que es posible que vaya a la consulta que propongan los partidos y sectores de derecha. Fuente: Cuenta de X de Juan José Lafaurie. Por ahora, lo que sí queda claro es que, ante los malos resultados electorales a nivel territorial — como lo indicamos en este artículo — y la disgregación de sus bases políticas ante la emergencia de nuevas propuestas políticas en el sector de la derecha, la disputa por consolidarse como una imagen de unidad lo suficientemente fuerte como para recibir la “bendición” de Álvaro Uribe sigue ardiendo, y no se ve que ceda en los próximos meses.

Por: Redacción Pares A pesar de que el 2025 ha estado pasado por agua, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, había decidido mantener el racionamiento de agua que completaba un año. En las últimas semanas habían llovido cuestionamientos contra el alcalde porque, a pesar de que las calles de Bogotá se encuentran inundadas por las constantes precipitaciones. Además el rio Bogotá amenazaba con desbordarse en cualquier momento.   Fue precisamente la crecida de las aguas de este río lo que le permitió a la CAR tomar una medida que le pondría fin al racionamiento: captar más agua de este río, esto sería el remedio que está buscando la sequía de manera inmediata. La CAR sacó un comunicado en donde informa que esta medida se aprovechará para los meses de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre en donde las lluvias se incrementarán y ayudarán a subir las aguas del Agregado Norte.   Esta medida tiene hizo que los ambientalistas le pusieran la lupa ya que se deben restaurar 166.7 hectáreas en la cuenca alta del río. Lo que se busca con esta medida es tener garantizado el recurso del río en lás próximas décadas. Abril estará lleno de aguaceros. Se estima que al final de esta temporada invernal Chingaza esté por arriba del 60% de su capacidad.   2024 fue un año particularmente seco y en el que los incendios forestales literalmente cercaron a la capital del país. Desde cualquier parte de la ciudad podrían ver como los cerros ardían. Esta situación obligó al alcalde Galán a una medida bastante impopular, la de quitar el agua en los sectores de Bogotá cada nueve días. La medida duró medio año. Esto generó suspicacias. Algunos medios como la revista Vorágine denunciaron una supuesta decisión de llevar parte del agua que necesitaban los bogotanos a las plantas de coca-cola. Además la construcción del Metro de Bogotá, que lleva dos años a todo vapor, 2024 y 2025, demandaría más del precioso líquido del que está acostumbrado a demandar cualquier empresa. El racionamiento ha llevado a que el alcalde de Bogotá y el presidente Gustavo Petro entren en continuas disputas. Aún no se presentó ninguna manifestación pública contra el alcalde debido a esta medida tan impopular.   Alfred Ballesteros, director de la CAR, adivrtió que con el 60% aún no se puede cantar victoria ya que sólo tendríamos asegurado un abestecimiento seguro si se supera la barrera del 80%.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La última semana de marzo de 2025 se generaron dos hechos que describen muy bien la dinámica actual de la política de paz y seguridad del gobierno Petro con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por un lado, se manifestó, por parte de dos de los comandantes del ELN, la postura de guerra total que esta organización tiene en el país con los diversos grupos armados —legales e ilegales, desde el Ejército Nacional hasta la “Banda la 33” como nombran ellos a las disidencias de las FARC—.   Por el otro, la publicación y firma del Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025, donde se da a conocer el Acuerdo número 4 entre el frente disidente del ELN Comuneros del Sur para establecer el “Procedimiento de destrucción de material de guerra de Comuneros del Sur”. Lo que evidencia que está en marcha el proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) de esta agrupación y con ello en firme el primer acuerdo final de paz del gobierno de la Paz Total.   Este contraste entre la manifestación de “guerra total” del Comando Central (COCE) y “paz total” de una fracción disidente pone en evidencia los dos frentes de actuación que tendrá el Gobierno Nacional con la agrupación subversiva más vieja del continente. En los próximos años el país se verá abocado a lidiar —positiva y negativamente— con las dos dinámicas de guerra y paz que mantiene con el ELN.   Las dinámicas de guerra las conocemos todos en la actualidad. Esta comenzó a configurarse de manera definitiva desde mediados de enero de 2025, cuando el Frente de Guerra Nororiental del ELN decidió emprender un proceso de exterminio del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Una situación que ha dejado, por lo menos, varias docenas de muertos y millares de víctimas de la sociedad desplazadas y confinadas.   Una dinámica que se ha extendido a los departamentos del Chocó, Antioquia y Bolívar, por no nombrar a todas las regiones donde tiene presencia esta guerrilla. En el Chocó el ELN se enfrenta al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo y a la misma disidencia de las FARC. Y en el sur de Bolívar y el bajo Cauca antioqueño se enfrenta de manera reiterada con el EGC, por el control territorial y las rentas ilegales que dejan los yacimientos de oro.   Una situación de guerra contra varios ejércitos —legales e ilegales— que quedó confirmada la última semana de marzo de 2025, cuando dos de los comandantes del ELN —Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, y alias “Ricardo”, que dirigen el Frente de Guerra Nororiental— afirmaron que la política de paz del Gobierno fracasó y que su postura, en el resto de mandato Petro, será de guerra: “la Paz Total es un fracaso total, y la paz total se convirtió en guerra total”.   En oposición a esta afirmación de la dirigencia del ELN, el 27 de marzo el Ministerio de Defensa Nacional dio a conocer el Decreto 0356 donde, en ocho artículos, se describe y reglamenta la fase del desarrollo e implementación del Acuerdo número 4 y del Protocolo III de “Destrucción de Material de Guerra de Comuneros del Sur”. Con el que se avanza en el proceso de DDR con el Grupo Armado al Margen de la Ley (GAML).   Allí se deja claro que la política de Paz Total está entregando los primeros frutos —o al menos los que desea la mayoría de la población—, que es la dejación de armas por parte de una agrupación ilegal armada. En el Decreto aparecen explícitas las responsabilidades en el procedimiento para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra de la organización armada, por parte del Gobierno Nacional.   El proceso de DDR inicia con la recepción, registro, control y destrucción de todo el armamento —municiones y material bélico— por parte de la Fuerza Pública, en cabeza del Ministerio de Defensa. La idea es que este proceso se lleve a cabo una vez el grupo esté concentrado en zonas territoriales, especialmente en el municipio de Samaniego. Y durará tres meses (Artículo 2 del Decreto).   Una primera fase que estará acompañada por el componente internacional —a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA)— y el componente nacional —liderado por la Procuraduría General de la Nación— (Artículo 3 del Decreto). Quienes se encargarán de verificar que se dé la completa recolección y destrucción del material bélico. Lo que constituye una medida de construcción de confianza entre las partes y una garantía para la población civil.   Finalmente, se tiene programado que a partir del 27 de junio, al finalizar esta primera fase, se entregará a la Presidencia de la República un informe de las “acciones adelantadas, los resultados obtenidos y las contingencias presentadas en la ejecución del procedimiento”. Fase a la que le seguirá una segunda de tránsito a la legalidad de los miembros de la organización armada.   Esta será una segunda etapa donde se logre la desmovilización y reinserción de los acogidos a la paz. Allí se discutirán asuntos de justicia transicional, se ratificará el compromiso de los desmovilizados de apoyar a la Fuerza Pública en unos planes de desminado humanitario en la región donde tenían presencia, y se hará un trabajo integral contra minas antipersonal, que ya se viene ejecutando en el territorio.   A la par de este proceso de DDR se ejecutarán acciones que permitan  el retorno de pobladores desplazados por la guerra, la atención a niños y niñas que hayan estado en condición de reclutamiento en el frente disidente del ELN; al igual que se abordará el tema del tratamiento de casos de desaparecidos locales. Para el grupo reinsertado y para el Gobierno será muy importante en la fase de posconflicto el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias de la zona.   La decisión de tomar este otro camino que dirige a la construcción de paz y que inicia con pie firme con la ejecución del proceso de DDR, la tomó Comuneros del Sur en septiembre de 2024, cuando anunció, desde la Mesa de Co-Construcción de Paz Territorial, que se procedería con la dejación de armas en los próximos meses; lo cual comenzó a ocurrir desde el 8 de febrero de 2025 y se pone en firme al final de marzo.   En esta lógica el país se enfrenta en el primer semestre de 2025 a dos situaciones muy distintas con el ELN. A un frente de guerra total, liderado por el Frente Nororiental, quien ha manifestado su intención de profundizar el conflicto armado interno y alejarse de una posibilidad de paz durante el gobierno de Gustavo Petro.    Y otra de Paz Total, en la que está involucrada inicialmente la disidencia del ELN Comuneros del Sur. Y que con el Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025 se deja en firme la continuidad del proceso de dejación de armas, de uno de los grupos armados con los que el gobierno Petro ha entablado diálogos de paz.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Desde agosto del 2024 la población del Catatumbo le venía advirtiendo al Alto Comisionado de Paz Otty Patiño que se vendría una contraofensiva del ELN en el territorio. No había que tener poderes paranormales para predecir el futuro, en el ambiente ya flotaban las señales de lo que iba a suceder. Y efectivamente, desde el pasado 15 de enero la guerra ha vuelto a ser lo constante, la cotidianidad en este territorio colombiano. El número de desplazados, de confinados y el ensañamiento contra firmantes de paz ha sido diario. El conflicto, en vez de atenuarse, parece agravarse con el paso de los días. El Frente 33 va a paso firme buscando tomarse Filo Gringo. Las versiones sobre el disparador de la guerra han cambiado esta semana. Informes de inteligencia del ejército le apuntan a la pérdida de un cargamento de cocaína como la causa que perdió el polvorín. Lo único cierto es que desde hace décadas ha existido una disputa por el control territorial de una de las zonas más ricas estratégicamente hablando del país.   El Estado ha intentado hacer lo posible por tener un control que jamás ha ejercido en la zona. Para concretarlo ha concentrado la fuerza de 10.500 soldados desplegados en ese territorio. Los resultados están lejos de ser los esperados. Mientras tanto los cultivos ilícitos se han disparado. En un lapso de diez años han crecido de 8.000 hectáreas a 44 mil. Mientras esto sucede la población aún no encuentra respuestas concretas por parte del gobierno sobre un posible retorno o una normalización de la situación. La semana pasada Human Right Watch sacó un duro informe en donde se evidenciaba que el cese al fuego y los proyectos productivos firmados con el Frente 33 antes de que estos dejaran las armas, sirvieron para que este grupo se fortaleciera y expandiera sus alas.   Pero la nueva preocupación que tiene la gente en el Catatumbo es la degradación de la guerra de las dos principales estructuras armadas que mandan en ese territorio. Mientras el ELN sigue despojando a la población de su tierra, obligándola a marcharse de ahí, se tiene evidencia que el Frente 33 de las FARC está contratando sicarios de oficinas de cobro para hacer operaciones en el Catatumbo que terminan en asesinatos. Además en las últimas semanas se ha comprobado la utilización, por parte de esa estructura, de los sofisticados drones con explosivos. Estos artefactos sólo se habían utilizado dentro de la guerra irregular en el Cauca. Vale aclarar que el único país de Latinoamérica que cuenta con este material de guerra es Venezuela gracias a la influencia de los iraníes.   Cúcuta y su área metropolitana, que fueron escenario de una escalada de violencia a mediados de febrero, empiezan a temer que se repita la historia de hace dos meses. En el día de ayer 1 de abril fue activado de manera controlada por parte de la policía un explosivo que había sido colocado en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. A pesar de estas inquietudes y de la escalada de la violencia aún no existen las respuestas que necesita Cúcuta y el Catatumbo por parte del gobierno colombiano.

Por: León Valencia Se inicia el juicio a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de estado en Brasil, el 8 de enero de 2023, y en mis recuerdos emerge intrigante el asalto al Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero de 2021 promovido por Donald Trump. Dos intentos de golpe de Estado con tantos parecidos y tan graves consecuencias para la democracia que incitan a compararlos. Es más, hay la hipótesis de que el primero inspiro el segundo. Tengo, además, el temor de que la afrenta a la democracia de Bolsonaro tenga el mismo desenlace que la de Trump.   Lo primero que hicieron Trump y Bolsonaro fue difundir allá y aquí que les habían robado las elecciones donde buscaban su reelección. Tamaña afirmación para dos hombres que ejercían el poder en dos regímenes presidencialistas, dos regímenes donde pocas cosas escapan al ojo del presidente. Alegaron con vehemencia y sin recato el fraude y urdieron la grave maniobra para desconocer los resultados electorales y mantenerse al mando.   Era temprano el 6 de enero, en Washington, cuando Donald Trump y Rudy Giuliani, pronunciaron ante una manifestación, en el parque público de La Elipse, convocada con el ostentoso nombre de Save América , airados discursos con la espina del supuesto fraude electoral. Las palabras empujaron a una turba de manifestantes a marchar sobre el Capitolio y a irrumpir en una acalorada sesión del Congreso para intentar que las elecciones de 2020 fueran anuladas. El disturbio dejó varios muertos y numerosos detenidos y a un país asombrado por una osadía que sólo había ocurrido en un lejano año del siglo XIX.   En Brasilia el asalto a la plaza de los tres poderes y la irrupción en el Congreso ocurrió el 8 de enero, una semana después de la posesión de Inacio Lula da Silva como presidente del país. La acción estuvo precedida de manifestaciones y disturbios promovidos por los partidarios de Bolsonaro a lo largo y ancho del país durante varias semanas. Los asaltantes fueron repelidos y en pocos días las autoridades formularon cargos contra 1400 bolsonaristas implicados.   Tanto en el primero como en el segundo intento de golpe, se pudo ver que no se trataba de algo improvisado, de un desborde espontáneo de los manifestantes que concurrieron al mitin de Donald Trump o los que llegaron a la Plaza de los Tres poderes  en la ordenada Brasilia. Los artefactos explosivos que quedaron regados en los alrededores del capitolio en Washington y las numerosas pruebas que ha recolectado el Tribunal Supremo sobre la implicación de Bolsonaro en el intento de golpe en Brasil dejan al descubierto sofisticadas conspiraciones para impedir la presencia de Biden y de Lula a la cabeza del gobierno en EEUU y Brasil.   Trump, en todo caso, dejó menos huellas que Bolsonaro en el proceso golpista. Su presencia en la escena del crimen la mañana de la marcha sobre el capitolio y sus arengas contra las elecciones son pruebas de su interés en producir una ruptura del hilo constitucional, hasta ahí nomás. En cambio, a Bolsonaro se le atribuye el borrador de un decreto encontrado por la Policia Federal en la residencia de uno de sus correligionarios, una minuta   do golpe , un documento en el que se plasma el plan para establecer un estado de defensa  que anularía los resultados de las elecciones.   Las conspiraciones fracasaron gracias a la división en las filas de Trump y de Bolsonaro y a la resistencia de las instituciones democráticas. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, estaba en el capitolio validando la votación presidencial y al mismo tiempo, su jefe, Donald Trump, estaba agitando las banderas del fraude. Se ganó el mote de traidor en la furiosa diatriba de Trump. El plan de Bolsonaro no recibió la aprobación del general Freire Gomes comandante del Ejército.   El intento golpista de Trump falló, pero no su aspiración a un segundo mandato. Las investigaciones judiciales no pudieron contra su enorme poder económico y su reiterada vindicación de su triunfo electoral. También la eficaz campaña de que se trataba de una persecución política en cabeza del Partido Demócrata. Más de la mitad de los electores del país le creyeron el relato adobado con una proliferación de falsas noticias a través de su entramado de redes sociales. Trump regresó triunfante y recargado a la Casa Blanca en enero de 2025.   El camino de Bolsonaro no parece tan despejado como de Trump. Hay grandes obstáculos en el camino del político brasileño. Las pruebas son más contundentes y el apoyo ciudadano a sus ideas no es tan categórico. Pero la absolución o la prolongación de un proceso judicial sin resultado a la vista, puede jugar a su favor. La posibilidad de su regreso al poder no se puede descartar.   Tendríamos así dos golpes demoledores a la democracia en el hemisferio. No se puede medir el efecto contagio que puede tener en la región la grave impunidad de Trump y de Bolsonaro. Crucemos los dedos para que, al menos en Brasil, no ocurra lo que aconteció en los Estados Unidos.

Por: Redacción Pares En marzo hubo 20 homicidios en Buenaventura. En lo que va del 2025 son 50 las personas asesinados. Francia Márquez el pasado domingo le exigió al ministro de defensa y al alto comisionado de paz un consejo de seguridad. Esto se hizo de manera virtual el pasado 1 de abril. En Buenaventura se encuentran tan ahogados que las calles están vacías e incluso los padres no están mandando a sus hijos a estudiar ni al colegio, ni a la universidad. La mesa sociojurídica aún no se levanta, las puertas siguen abiertas al diálogo. En algún momento hubo esperanza. Casi noventa días sin crímenes. Ahora todo cambió. Regresaron la extorsión, el asesinato, la desaparición y las fronteras invisibles. Además, según el ministro de defensa, la mano del ELN es evidente en una alianza con los Espartanos, sobre todo en el bajo Calima. También se cree que la estructura de las ex FARC, Jaime Martínez, tendría lazos con los Shottas. Por eso hay miedo.   Es importante para los lectores de nuestra página saber de dónde surgieron los Shottas y los Espartanos.   Desde los noventa la paz se rompió en el puerto de Buenaventura. Las siete plagas de Egipto se han ensañado contra él. Guerrillas, Paras, bandas criminales y corrupción son los componentes del remolino que amenaza con tragársela. En 1999 las FARC se tomaron la hidroeléctrica de Achincayá con 200 empleados adentro. La noticia incluso le dio la vuelta al mundo. Fue un secuestro espectáculo, algo parecido a las tomas simbólicas que hacían el M-19 o el mismo ELN en los noventa. Lo que pedían, con la toma, era una rebaja del 30% a las tarifas de energía. Pero igual no dejó de ser violento. Además de ser un punto de inflexión.   Según el informe de la Comisión de la Verdad la primera masacre que se cometió en Buenaventura data de 1995 en el sector de las Zabaletas. Las Farc ejecutaron a cinco jóvenes acusados de haber robado a turistas. Desde entonces la violencia no ha parado. En 1998, según lo afirma El Espectador, llegó el frente urbano Manuel Cepeda al mando de Milton Sierra. Se instalaron en los barrios de la ciudad y empezaron a reclutar jóvenes. Los fueron metiendo en la guerra y de eso se acostumbraron a vivir.   Porque la desigualdad siempre va a ser la explosión que enciende todo. El Puerto de Buenaventura mueve el 44% del comercio exterior del país. Moviliza hasta 18 millones de toneladas al año. Además el 90% de la carga que llega de Asia al país ingresa por este puerto. Y nada de esto queda para sus habitantes. Las cifras de pobreza de Buenaventura son poco menos que desgarradoras. En el casco urbano el 63.5% son pobres pero la cifra se dispara aún más en lo rural en donde el 91.6% de los hogares viven en situación de pobreza.   Por acá, en la primera década de este siglo, se establecieron los paras. En el año 2000 hubo una reunión entre Vicente Castaño y comerciantes del puerto quienes estaban hartos de la presencia de las FARC. Hicieron la fácil, al no confiar en la fuerza pública decidieron financiar a los paracos y así llegó el Bloque Calima, comandando por el despiadado Ever Veloza, alias H.H. En el informe de la Comisión de la Verdad se dejan ver los nombres de los comerciantes que estuvieron de acuerdo con el aterrizaje de los paras: Julio Martínez, Julio Aristizabal, Stewart y Jessica Armitage. No sabían que estaban alimentando un monstruo.   Entonces, en la guerra por el control del puerto entre Farc y paras, ocurrieron 19 masacres entre los años 2000 y 2003. 117 personas asesinadas. Se desplazaron 36.154 personas según el informe de la Comisión de la Verdad. Los paras fueron volteando, a punta de sueldos más altos, a los propios pelados que formaban parte de la milicia de las FARC. Una vez más, como ha sucedido en la guerra colombiana, un muchacho sólo se cambiaba de uniforme a cambio de más billete. Las convicciones políticas no existen.   Cuando los paras se desmovilizaron quedaron sus rezagos, las esquirlas de la guerra. En Colombia cuando un grupo armado muere parecen renacer en su lugar varios más. A casi veinte años de este hecho, según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación Mapa del delito: inventario de organizaciones delincuenciales en aglomeraciones urbanas en 2023, en la actualidad existen tres guerras en curso en Buenaventura: la primera es entre Shottas y Espartanos quienes se eternizaron en la disputa por diferentes zonas de la ciudad. Viven de la extorsión y del microtráfico. En la zona rural del Bajo Calima el Clan del Golfo y el ELN viven en constante enfrentamientos. En la zona rural del sureste de Buenaventura el EMC tiene combates con el ELN y un remanente de la Segunda Marquetalia.   Los integrantes de los Shottas y de los Espartanos, en su gran mayoría, han pasado por todos estos procesos de violencia, vienen de las viejas estructuras de las FARC que luego pasaron a ser del Bloque Calima y luego, después de la desmovilización, se transformaron en bandas como la Local, La Empresa y los Rastrojos. Cuando estas se disuelven se crean estas dos organizaciones que hasta el miércoles 6 de marzo se habían sentado a conversar sobre sus diferencias, interesadas en ingresar en la Paz Total que les proponía el gobierno colombiano.   Según el Informe Colombia 2020 de El Espectador, el delegado de los Shottas para hablar con el gobierno, Wilmer Carvajal Ortegon, apodado Tocayo, perteneció al frente 30 de las extintas FARC. El otro vocero de esta organización, José Jimmy Rivas García, incluso tuvo intenciones políticas al lanzarse a las elecciones de Juntas Administrativas Locales por el partido de la U en el año 2011. Entre los seis negociadores que llegaron a reconocerse de los Espartanos ninguno perteneció a las guerrillas y todos eran sobrevivientes de bandas como La Local o La empresa. Según el ya mencionado informe de la Fundación Paz y Reconciliación, los Shottas surgen como una escisión de la banda La Local que desde el 2019 venía fracturándose luego de la llegada de su nuevo cabecilla Diego Optra que empezó a crear rencillas dentro de la misma organización. Luego de varios atentados y un robo fallido a un barco con coca, se dividió la banda entre Shottas y Espartanos. Los primeros son más cercanos a Diego Optra. Shottas fue el nombre que se le dio a la banda a raíz de una película jamaiquina. En ese país ese es el nombre que se le da a los delincuentes.   Actualmente mantiene presencia y control de territorial en las comunas 5, 7, 8, 11 y 12 del Distrito de Buenaventura, donde desarrolla actividades extorsivas, incluyendo el control de precios de productos de la canasta básica y de uso diario, así como el tráfico de estupefacientes. Cuenta con una cantidad de integrantes de entre 600 y 1.000, principalmente jóvenes, que han mantenido una disputa con Los Espartanos, y más recientemente con una facción de la antigua banda La Empresa llamada Los Chiquillos, aliados de Los Espartanos. Según las fuerzas de inteligencia, mantendría alianzas con la Columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia, disidencias que operan en zona rural de Buenaventura. Se ha identificado que sus principales cabecillas son Diego Fernando Bustamante Segura, alias “Diego Optra”, Wilber Andrés Valencia Cuero, alias “Cachetes”, Jairo Gamboa Viáfara, alias “La Garra” y alias “Andrés”.   Los Espartanos están encabezados por alias Mapaya, personaje que protagonizó la disputa con Diego Optra por el control de La Local. El número de integrantes de esta organización también podría llegar a 1.000. Amenazas, homicidios y desapariciones son la marca con la que se mueven los espartanos.   Se han llegado en las últimas semanas a ciertos acuerdos. Uno de ellos es el compromiso de no reclutar menores. A veces lo cumplen, a veces no. Aunque la sociedad civil siempre abogará por el diálogo, lo cierto es que se les está acabando el tiempo a ambas bandas. La voluntad de paz ya debe verse de manera inmediata.

Por: Redacción Pares y Centro de pensamiento Titiribí, el pueblo de Antioquia, se fundó por una mina, el Zancudo. Desde el siglo XVIII aventureros, busca vidas de otros municipios como Santa Fé de Antioquia o Rionegro, habían descubierto la riqueza de una mina cercana al río Cauca y que estaba ubicada a 60 kilómetros de Medellín. Un siglo después, en 1848, se fundó lo que se conocería como la Sociedad del Zancudo. Mucho tiempo atrás en ese lugar había un volcán. Sus propiedades convirtieron su suelo en un pozo de fertilidad y también de oro y de plata.   El terreno pertenecía a María José Ramírez Castañeda, una de las primeras mujeres políticas de Antioquia. Tenía la sangre azul de los conservadores y la visión que muchos hombres de empresa anhelaban tener. Cuando fundó la Sociedad del Zancudo la empresa costaba 10 mil pesos. Al morir, 14 años después, esta se había cotizado en 100 mil pesos. Sin embargo el dueño de la empresa era José María Uribe Restrepo, también conservador, como dictan sus apellidos.   Durante décadas esta empresa no paró de crecer hasta convertirse en una de las empresas más grandes de Colombia. En un artículo publicado en el Colombiano y escrito por David González se resume la importancia de la Sociedad del Zancudo en estas palabras: “La Antioquia que conocemos hoy en día tiene sus cimientos en la actividad minera de aquellos tiempos”.   Para 1863 la empresa tenía fundición propia, explotaba carbón y lo más impresionante: había creado su propio banco. Con él absorvieron a la competencia. Fue un proceso de expansión veloz y monstruoso. Su impacto se vio en el desarrollo no sólo de Antioquia sino en toda la región bañada por el río Cauca. El progreso se manifestó no sólo en la minería sino en las siguientes actividades: la construcción de ferrocarriles, la ganadería, el comercio, el montaje de industrias como la pólvora, las chocolaterías, los molinos de maíz, los cultivos de caña de azúcar y el tabaco. Pero, tal vez lo más importante, es que la Sociedad del Zancudo fue un semillero inagotable de nuevos ingenieros. El dueño a finales del siglo XIX, en donde la empresa vivió su época de mayor esplendor, fue Coriolano Amador, nacido en Medellín y el italiano Juan Bautista Mainero, quienes se preocuparon por darle la máxima capacitación a los encargados de explotar la mina para hacerlo de la manera más limpia y segura. Por eso crearon, en 1886, la escuela de Minas.   La empresa fue un ejemplo de cómo el país se iba tecnificando. Desde que llegaron los españoles a estas tierras soñaban con explotar el oro. Se inventaron un mito, veían brillos dorados en cada selva que descubrían, que aniquilaban. El Dorado sólo trajo muerte. Sólo hasta La Sociedad del Zancudo se pudo sacar el máximo provecho a los tesoros enterrados en una montaña. Los extranjeros llegaron con su tecnología para explotar las dos minas que correspondían a la sociedad, el Zancudo y los Chorros. La fiebre del oro, que cegaba vidas en California y Australia, llegaba a Colombia. En 1852 se constituyen dos empresas con capital extranjero,  los ingleses le metieron la ficha a La Frontino Gold Mines y Francia a la Compañía Francesa de Segovia. Los antioqueños, por otro lado, crearon la Compañía Minera de Antioquia.   Con los billetes del banco del Zancudo se les pagaba a sus trabajadores. Pero la decadencia llegaría pronto. Para 1927, con la muerte de sus dos dueños, la empresa empezó a convertirse en cenizas. Desde 1907 la prosperidad de la mina empezó a languidecer. La disminución de ganancia por tonelada de material empezó a disminuir. El oro, además, se iba agotando. En 1927 terminó la aventura. Lo que quedó fue una tecnificación, una prosperidad que convirtió a Antioquia, a pesar de sus evidentes y aberrantes desigualdades, en uno de los departamentos más prósperos del país.   A finales del 2024 el último vestigio que quedaba de la Sociedad del Zancudo se volvió polvo. La Capilla de Santa Bárbara en Titiribí, donde alguna vez los mineros se encomendaban a la virgen para preservar sus vidas, se derrumbó. Del Zancudo sólo quedó el silencio.   Pese a que en el Zancudo todo era polvo y recuerdos, a lo lejos se vislumbraba una chispa de esperanza en los rieles de la mina, pues con la Evaluación Económica Preliminar (PEA), anunciada por la minera Denarius Metals se estableció que el Zancudo aún conserva una viabilidad económica tan llamativa como el oro mismo, por lo que quien la posea podrá generar un flujo de efectivo a corto plazo. Lo que, sin duda, es atractivo, para quienes deseen explotarla porque sus retornos son considerables.   Con este estudio también se logró determinar que la mina posee una vida útil de 10 años y se prevé que genere ingresos netos que ascienden a los 1,000 millones de dólares, que provendrían de una venta aproximada de 576,000 onzas pagaderas de otro y 8,8 millones de onzas pagaderas de plata. Con este proyecto se busca estimular la economía local, generando beneficios al municipio de Titiribí y las comunidades aledañas. El Zancudo como el ave fénix puede resurgir de las cenizas, el polvo y el silencio, pero con su resurgimiento, pueden generarse conflictividades por los tesoros que se encuentran aún en sus montañas.

Por: Oficina Pares Pacífico Vladimir Bravo tenía 24 años y era una de las estrellas del equipo de fútbol Deportivo Oros del Pacífico. El domingo 30 de marzo compró unas salchipapas en el barrio La independencia. Nunca pensó que sería lo último que iba a hacer en su vida. Unos hombres, en dos motocicletas, lo balearon. La joven promesa murió en ese lugar. Nadie se explica por qué lo mataron. Sus entrenadores, su familia, constatan que era un muchacho concentrado en una sola obsesión: poder comprar una casa a punta de goles. Ese domingo fueron asesinados en Buenaventura seis muchachos. Buenaventura, en lo que va corrido del 2025, lleva registrado, según la Fundación Paz y Reconciliación, cincuenta homicidios, cincuenta homicidios, una cifra que sobrepasa el primer trimestre del 2023 y 2024 juntos. En esas fechas se contaron 33 asesinatos. En el año 2021 Buenaventura ocupó la casilla 13 entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo. La tasa de homicidios era de 51 por cada 100 mil habitantes. Un año después, con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y su política de Paz Total se llegó a pensar que los viejos fantasmas quedaban atrás. Las dos estructuras criminales más temibles de la ciudad-puerto, los Shottas y los Espartanos, decidieron sentarse en un espacio de conversación sociojurídico, avalado por el gobierno y por la iglesia católica. Incluso llegaron a jugar un partido de fútbol para pactar la paz. Durante tres meses Buenaventura no registró asesinatos en la zona urbana. Se respiraba otro aire. Se acabaron por un momento las fronteras invisibles, el reclutamiento de menores. Había esperanza. Pero todo eso terminó. La tregua entre Shottas y Espartanos se había venido renovando con dudas, sin certezas. El 5 de febrero era la fecha donde caducaba. Pero, a fuego y sangre esta se rompió a mediados de enero. Esto disparó las cifras de homicidios. Nada más en marzo del 2025 se registran 20 asesinatos. Esta situación, ha generado Zozobra, angustia y confinamiento. El pasado fin de semana en las calles de Buenaventura asustaban. No había gente en las calles, y la usual música retumbante le daban paso a un silencio atronador. Triste. No cabe duda de que Shottas y Espartanos ejercen control territorial. Ellos dicen lo que va, dicen lo que no se da. Se han tenido que cambiar las dinámicas de la vida cotidiana. Como en pandemia las universidades han decidido cerrar sus puertas y dar sus clases de manera virtual. Los padres y madres no mandan a sus hijos al colegio. Afirman que no hay seguridad para hacerlo. Las zonas en donde se focaliza la violencia son las comunas 10 y 12 en la localidad 2. Allí las venganzas entre un bando y otro y las fronteras invisibles rigen la vida de los habitantes. Y sin embargo, desde la sociedad civil, aún hay un espacio para la esperanza. De acuerdo a los recientes pronunciamientos las dos estructuras, han dicho que tienen voluntad de paz, lo que no existen son condiciones para el sometimiento y para la tregua. En marzo la delegación de paz del gobierno hizo público un acuerdo que llegaron con Shottas y Espartanos para que se comprometan a no reclutar niños y niñas para el uso de la violencia. Exhortamos a las estructuras a cumplir su compromiso con la paz. El asesinato de Vladimir Bravo sirvió para que el país mirara a Buenaventura. Ya se ha dicho sobre la necesidad de pasar a la acción. Los gremios del puerto ya alertan sobre la escalada de violencia que traerá su impacto sobre la economía. Los viejos demonios vuelven a atenazar Buenaventura. Sus calles están vacías y, sin embargo, la llama de la esperanza en una salida negociada del conflicto se mantiene viva desde las organizaciones sociales, quienes cada día contribuyen a la construcción de la Paz. La paz se construye en medio de las diferencias, el llamado es a la articulación del gobierno local, departamental y nacional.