Capítulo del informe Cómo va la paz 2018
Por: Conflicto, paz y postconflicto-Pares
En el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, se han presentado una serie de enfrentamientos entre un grupo armado ilegal compuesto por desertores de las Farc que se autodenominan “Frente 36” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. Estos enfrentamientos se han presentado desde el mes de febrero del 2018 y han dejado más de cinco personas muertas, entre ellas, una niña de tres años que resultó afectada por la explosión de una granada de fragmentación en el sector conocido como Cuatro Esquinas, en la zona urbana del municipio.
Según fuentes locales, el accionar de este grupo armado ilegal denominado “Frente 36” es caracterizado por una relación hostil con la población debido a su supuesta complicidad con el Clan del Golfo. En el municipio de Ituango, el Frente 18 de las Farc fue el que más tuvo control a través del denominado “impuesto de guerra” que se imponía a la minería legal e ilegal y a toda la cadena de producción de la cocaína. Actualmente, algunas personas afirman que se trata de una guerra por el control del negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la población, con el único objetivo de extorsionar a campesinos, mineros artesanales y comerciantes.
De este modo, el accionar de la extinta guerrilla de las Farc y los exmiembros armados que hoy afectan a la población, se diferencia de un modo radical. En primer lugar, aunque aluden a un interés político “antiparamilitar” en el municipio, las poblaciones no reconocen ninguna motivación política sino un interés económico de apoderarse del territorio a través de la violencia, lo cual implica disputarle al actor armado dominante, Clan del Golfo, el botín de las economías ilegales. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo ha lanzado varias alertas en las cuales se destaca la gran vulnerabilidad de las organizaciones comunitarias quienes han sido amenazadas por estos grupos armados ilegales.
En tercer lugar, existe un interés marcado, según fuentes locales, por apoderarse de cultivos de uso ilícito, laboratorios y todo tipo de rentas ilegales, mientras que, en el caso de las guerrilla de las Farc, como se dijo anteriormente, se cobraba un “impuesto de guerra” sobre estas actividades en el territorio.
Por otra parte, también se registra presencia de esta estructura criminal en los municipios de El Bagre y Briceño, en donde mantienen un accionar coherente con lo sucedido en el municipio de Ituango. El denominado Frente 36 está al mando de alias “Cabuyo”.
La disputa por el territorio tras el repliegue por las FARC ha sido llamado por la Fundación Anarquía criminal. Este fenómeno ha sido caracterizado como la situación en la cual aumentan distintas variables asociadas a delitos de alto impacto, preponderantemente el homicidio y el abigeato, pero no obedecen necesariamente al accionar de una estructura armada sino a la denominada delincuencia común.
De acuerdo con lo anterior, la Fundación Paz & Reconciliación ha identificado 46 municipios en los cuales aumentó el homicidio y el abigeato en los territorios postfarc. Asimismo, en 35 municipios de los 46 identificados, el hurto a personas aumentó considerablemente.
Foto principal tomada de El Colombiano