Por: Daniel Parra, colaborador Pares
La violencia contra dirigentes y líderes sociales pareciera no tener fin. Un nuevo hecho trágico se suma a la ola de asesinatos que azota al país y sus regiones históricamente golpeadas por el conflicto interno. En este caso, el turno otra vez le tocó a la región de El Catatumbo. El 8 de octubre a las 9 de la noche en la Vereda Miramontes, del Municipio de Tibú, fue asesinado Luis Tarazona, Coordinador de un Comité Veredal de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat.
Tarazona era el Fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Miramontes. También trabajaba en la minería artesanal y, además, era Secretario de la Corporación Agrominera e Industrial de Versalles, Campo 6 y Wachiman.
PARES contactó a Jhonny Abril, Coordinador de Ascamcat,quien afirmó que este año han asesinado a 4 de sus líderes y 2 han recibido atentados contra su integridad física. Así mismo, 10 se encuentran amenazados, entre estos el mismo Abril. “Las amenazas parten de que somos una organización defensora de Derechos Humanos, y defensora del territorio. Hoy por hoy, somos críticos a las políticas del Gobierno con las multinacionales y la guerra. Somos quienes decimos que ya hay un proceso de paz, y se deben implementar los acuerdos para que la inversión social llegue a esta región tan abandonada del Catatumbo”, afirma el líder.
En el Catatumbo tiene presencia el grupo armado postFARC proveniente del extinto Frente 33, el Clan del Golfo, el ELN, ‘Los Pelusos’ (EPL) y ‘Los Rastrojos’. En la región, viene existiendo una clara disputa entre el ELN y el EPL por el control de los territorios, disputa que involucra al Clan del Golfo y otras estructuras criminales asociadas a las dinámicas de narcotráfico y contrabando.
Además, el reciente informe en Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Colombia, reveló que en Norte de Santander se cultivaron 28.244 hectáreas de coca (3.213 ha más que en el 2016). “Creemos que la sustitución de los cultivos de uso ilícito es la salida. Además, hace parte del diálogo entre el gobierno y el campesinado”, afirma Abril.
La región sigue a la expectativa, y se espera no sólo que se cumpla a cabalidad lo pactado en los acuerdos, sino que cese la violencia en la zona y sus municipios aledaños.
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