Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
El director de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, León Valencia, esbozó los escenarios de cara a la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, que se desarrollará el próximo martes 8 de octubre. Para el analista político, el día se proyecta con un gran impacto en la agenda del Gobierno Nacional y en la sociedad civil. Precisamente, señala Valencia, habrá una tensión en la opinión publica debido a que, por ejemplo, habrá marchas convocadas en contra y a favor de Uribe.
El contexto de la indagatoria a Uribe
Hay que recordar que el llamado a indagatoria fue posible por la ponencia del Magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), luego de que pasara por las manos de otros funcionarios y varias recusaciones durante meses.
El caso inicia en febrero de 2008, cuando Francisco Villalba, antiguo jefe paramilitar, declaró ante un tribunal de Justicia y Paz que antes de que ocurriera la masacre de El Aro escuchó una conversación de Salvatore Mancuso y Uribe donde decía «borren el pueblo».
Más de diez años después, la Corte Suprema de Justicia decide llamar a indagatoria a Uribe por el caso de falsos testigos. Desde el 2018 la opinión pública estaba esperando que se fijara la fecha para que Uribe asistiera a la CSJ, sin embargo, hubo varias movidas del acusado como el uso de la doble instancia que empezó a regir desde ese año.
La acusación que recae contra el senador Uribe y el representante Hernán Prada, tiene que ver con haber incurrido en convencer a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y principal testigo contra el expresidente, para que se retractara de sus declaraciones y argumentara que estas respondían a ofrecimientos y dádivas prometidas por el senador Cepeda.
La Corte Suprema de Justicia, después de una larga investigación, llegó a la conclusión de que Iván Cepeda no incurrió en los delitos denunciados por Uribe y al contrario, encontró indicios de que es Uribe Vélez quien probablemente está incurso en fraude procesal y soborno, y por esos delitos le abrió investigación y ahora lo llama a indagatoria. Al tiempo, el Consejo de Estado tumba la destitución de Piedad Córdoba controvirtiendo las acusaciones de Uribe.
Finalmente, Reyes tomó el caso desde el mayo de 2019 y a partir de ese momento lleva otros dos casos del expresidente con relación a los vínculos con algunas de las masacres perpetradas por los paramilitares a finales de los años 90. Asimismo, este caso sobre la manipulación de testigos para enlodar al senador Iván Cepeda.
«Históricamente ha habido testimonios y situaciones que comprometen a Álvaro Uribe Vélez en violaciones de derechos humanos. Cuando fue presidente, su política de seguridad democrática provocó que se acrecentaran las ejecuciones extrajudiciales. Durante su gobierno la persecución que produjo el DAS fue por órdenes que salieron del Palacio de Nariño, eso está probado y así lo hice saber ante la Comisión de Acusaciones en mi declaración que duró casi dos horas. Además, es la primera vez en la historia que un alto tribunal de justicia llama a indagatoria a un expresidente a responder por hechos concretos que le están siendo endilgados.» le explicó a Pares en entrevista exclusiva el pasado 6 de julio Reynaldo Villalba Vargas, abogado del senador Iván Cepeda, defensor de Derechos Humanos por más de 25 años y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El forcejeo político
En este sentido, para León Valencia, el 8 de octubre será un día de ‘forcejeo’ político, rodeado de una expectativa sobre lo que arroje el caso de manipulación de testigos. Caso en el que, entre otras cosas, han trascurrido poco más de cinco años de un proceso que empezó con la denuncia de Uribe en contra de Cepeda. Actualmente —a cinco días de la indagatoria— el tablero ha cambiado; pasó de ser acusador, a tener que sentarse en el banquillo de los acusados.
De acuerdo con Valencia, se vislumbra un escenario de pulso entre las Altas Cortes y el expresidente Uribe, que necesariamente conducirá a una decisión controversial. Es decir, la indagatoria trae consigo unas connotaciones jurídicas, judiciales; sumado a la participación de los bufetes más importantes de Colombia que son lo que más incidencia tienen en la opinión pública. Está el caso del abogado Jaime Lombana, Jaime Enrique Granados, Abelardo De La Espriella y Diego Cadena.
Asimismo, León Valencia subraya que el papel de los testigos y su naturaleza han configurado los giros que ha tenido el caso. Para el analista, el hecho de que haya testigos de las más diversas condiciones, como caso de paramilitares, contribuirá a las verdades que subyacen en las complejas redes políticas de los últimos años. De igual forma, el involucramiento de altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, como el exfiscal Luis Eduardo Montealegre —quien fue citado por, supuestamente, orquestar un plan para desprestigiar al expresidente Uribe—; le suma un carácter nacional a la indagatoria.
Para León Valencia existe un escenario en el que la Corte Suprema de Justicia reciba la indagatoria de Uribe, lo deje en libertad y prosiga el juicio con el expresidente en libertad. Por otro lado, para Valencia se puede dar un escenario en el que la Corte Suprema de Justicia decida capturarlo y continuar el juicio con él en prisión, el cual para el analista es un escenario difícil en términos político; pero que no deja de ser un escenario posible. El último escenario que plantea Valencia, que considera el más remoto, tiene que ver con que el expresidente no se presente ante la Alta Corte.
¿Qué pasa si detienen a Uribe?
Para Valencia, por un lado, con la detención de Uribe, el juicio podría continuar su curso con relación a las pruebas de peso que maneja el caso de manipulación de testigos. Por otro lado, se desarrollaría un evento sin precedentes que exponencialmente conllevaría a un impacto en la opinión pública, sobre todo, por la acción de las toldas acérrimamente más uribistas.
De todas formas, en una eventual detención de Uribe, resalta Valencia, se daría en caso de que la Corte Suprema de Justicia tenga absoluta certeza de las pruebas en contra de Uribe. Entre otras cosas, porque en el escenario hay un lado que entiende la libertad de Uribe puede desencadenar en una posible obstrucción de justicia y hasta con riesgo de fuga. El otro lado, quienes apoyan a Uribe, entienden la detención — o la sola indagatoria—; como un proceso falto de garantías y susceptible de desprestigio en el proceder de las Altas Cortes.
León Valencia, a la luz de la discusión de la antesala de la indagatoria de Uribe, trae a colación un antecedente que resulta ilustrativo para pensarse el devenir sobre la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Para la elección presidencial de 2010 cuando se hablaba de la segunda reelección de Uribe, la Corte Constitucional declinó en contra de la pretensión de Uribe de postergar su presidencia a 12 años. El hecho de que Uribe haya tenido que someterse a la decisión de la Alta Corte, muestra que ya hay registro de que la independencia de las Cortes impera.
“Hay que alentar a la Corte para que tome decisiones en derecho así sean muy duras para un sector del país, así les toque afrontar un debate público muy controversial”, señala León Valencia.