Por: Esteban Salazar Coordinador Línea de Democracia y Gobernabilidad Fundación Paz & Reconciliación
El próximo 20 de julio se termina la legislatura más impopular de la historia, en manos de Arturo Char y de Germán Blanco, presidentes salientes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Según la más reciente encuesta Datexco, el 88% de la ciudadanía tiene una imagen negativa del Congreso (cifra idéntica a la de la desfavorabilidad del ELN).
Por lo menos cinco factores confluyeron para consolidar una legislatura que se despide con un balance negativo para la democracia y para el país:
1. Unos presidentes de Senado y Cámara cuestionados
Históricamente, debido a la importancia de sus funciones para el trámite legislativo, el orden de la aprobación de los proyectos de ley e incluso la citación a debates de control político, las presidencias del Senado y de la Cámara de Representantes eran espacios codiciados por las personalidades políticas más importantes del Congreso.
Estas dignidades eran ocupadas por congresistas sobresalientes que contaban con el respaldo de los partidos oficialistas que lograban acuerdos para garantizar sus agendas legislativas. Sin embargo, desde la llegada del actual Congreso y del Gobierno de Iván Duque, la presidencia y vicepresidencia del Congreso se ha venido desdibujando por la inexperiencia y poca trayectoria de quienes han puesto en estos cargos. Casos como el de Ernesto Macías denotan el decaimiento en la importancia de este cargo. Y así como Macías pudo, cualquiera podría.
Bajo esta lógica, desde el inicio de la legislatura saliente (20 de julio de 2020 – 20 de julio de 2021), se votó por la elección de dos políticos cuestionados que pertenecen a partidos tradicionales y a poderosos clanes a nivel territorial: Arturo Char y Germán Blanco.
Arturo Char, senador del partido Cambio Radical y miembro del Clan Char en Atlántico, quien resultó elegido como presidente del Senado para la presente legislatura, ha sido nombrado en varios escándalos de presuntos delitos electorales en 2018. La prófuga exsenadora Aida Merlano lo mencionó como partícipe en la operación de compra de votos en Atlántico. Esto sin contar el prontuario del clan que lo apoya y los cuestionamientos de sus miembros.
Por su parte, Germán Blanco, representante a la Cámara de Antioquia por el partido Conservador, resultó elegido como presidente de la Cámara de Representantes a pesar de haber llegado como fórmula de la exsenadora Olga Suárez Mira, miembro del temible Clan Suárez Mira, en Bello.
Tanta es la cercanía de Blanco con el Clan Suárez Mira, que tuvo dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a Luz Marina Osorio Álzate, la esposa de César Suárez (exalcalde de Bello condenado e inhabilitado por falsificar su diploma como bachiller). También, dentro de su UTL, tuvo a María Elizabeth Gómez Quiroz, quien es esposa del exconcejal de Envigado (2016-2019) Jorge Correa Betancur, quien, a su vez, le hizo campaña a Olga Suárez en 2014 y 2018[1].
2. La pandemia y las sesiones virtuales
Ante la llegada de estos presidentes cuestionados, y con motivo de la pandemia por covid-19, se implementaron las sesiones virtuales del Congreso. A través de Zoom se tramitaron proyectos de ley y reformas constitucionales: una situación sui generis que generó todo tipo de reacciones en la opinión pública.
Por un lado, despertó la indignación de una ciudadanía que, mientras se jugaba la democracia y la vida en las calles, veía a casi 280 congresistas devengar sus salarios y gastos de representación sin ninguna modificación, a pesar de estar sesionando en sus casas. Por otro lado, no hubo ningún control sobre las UTL de los y las congresistas, pues no se pudo establecer si realmente estaban trabajando.
Pero lo que más generó indignación fue que, ante la mirada de una ciudadanía cada vez más vigilante y despierta, decidieron negarse en varias oportunidades las reformas a sus propios estamentos.
3. Un Gobierno sin rumbo y sin agenda
Sin duda, Arturo Char y Germán Blanco fueron los esbirros para tramitar los proyectos de ley y las reformas que necesitaba el Gobierno. Sin embargo, durante su tercer año, el Ejecutivo no encontraba rumbo en su agenda legislativa. El presidente Iván Duque no movilizó grandes reformas políticas, sociales o económicas. Su legado, terminando esta legislatura y empezando la última de este Congreso, brilla por su ausencia.
La esencia fundamental de este Congreso fue servir de notario en el tránsito hacia un Ejecutivo hipertrófico que, gracias al Estado de Emergencia y a la situación atípica del país, legisló mediante decretos.
A pesar de lo anterior, las reformas legislativas aprobadas llegaron por medio de agendas de las bancadas, los partidos y los clanes, más que por iniciativa del Gobierno. Incluso, en diversos proyectos de ley se observó una oposición de sus propios partidos a las iniciativas del Gobierno. Este es el caso de la tercera reforma tributaria que desató el estallido social desde el 28 de abril del 2021.
4. La ausencia de contrapesos
Ante un Gobierno sin rumbo y sin agenda, una dirección en manos de los clanes y congresistas cuestionados, así como ante el detrimento de la democracia con las sesiones virtuales, la oposición no encontró una ruta que convocara contrapesos eficientes a las medidas autoritarias del Estado de Emergencia.
Solamente se realizaron algunos debates de control al principio de la legislatura, así como pronunciamientos sobre las medidas del Gobierno, pero el estatuto de la oposición perdió su fuerza por las estrategias de Duque para evadir la normatividad.
Se debe reconocer que, aunque se convocaron y realizaron debates de moción de censura, estos no llegaron a buen puerto por la desventaja aritmética en las Cámaras. Una constante que se seguirá repitiendo en la última legislatura y que no generará mayor impacto que la vitrina política para incrementar la indignación.
5. Proyectos legislativos y elecciones cuestionadas
a) Fundamentalmente, las elecciones y los proyectos legislativos más nocivos durante esta legislatura fueron cinco:La aprobación del nuevo Código Electoral, que incluso obtuvo el apoyo de algunos miembros de la oposición, no corrige los riesgos de fraude electoral y genera mayor burocracia e inconvenientes en el sistema electoral.
b) La aprobación de la reforma constitucional sobre la cadena perpetua para violadores de menores de edad: una reforma que pasó de agache en el Congreso y que fue aprobada con presuntos vicios de forma y de fondo.
c) La aprobación de la reforma a la justicia, que incrementa la burocracia de la Procuraduría, abre la puerta a la impunidad sobre procesos disciplinarios y, además, va en contravía de las exigencias realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
d) La elección en Senado, como procuradora General de la Nación, de Margarita Cabello (otrora aliada del Clan Char y exministra de Duque), quien ha estado ausente en la defensa de los derechos humanos ante las amplias violaciones por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones del paro nacional que inició el 28 de abril.
e) La elección en Cámara de Representantes, como defensor del Pueblo, de Carlos Camargo (miembro del Clan Conservador en Córdoba), quien tiene diversos cuestionamientos por sus manejos cuando dirigía la Federación Nacional de Departamentos y aspiraba a ser registrador General de la Nación. También ha estado ausente en su labor como defensor ante las violaciones de derechos humanos en el marco de las movilizaciones del paro nacional. Ha sido duramente cuestionado por su negligencia e inexperiencia en el manejo de la institución, donde ha aprovechado para incrementar la burocracia de los clanes políticos y sus aliados.
Ahora, si bien la pandemia fue un factor preponderante para que estos cinco factores presentados se acentuaran, las sesiones virtuales han permitido develar el trabajo deficiente de las y los congresistas. Un hecho que también despertó en la ciudadanía una mayor vigilancia, tal vez muy parecida a la veeduría que se vivió en el fast-track durante la implementación del paquete legislativo del Acuerdo de Paz en el Congreso, que también resultó siendo deficiente.
En suma, estos hechos han llevado a que 9 de cada 10 personas en Colombia tengan una imagen negativa de un Congreso que no impulsó las reformas necesarias para apalancar la crisis económica, política, social y de salud en el país. Tampoco generó los contrapesos suficientes y se convirtió en el notario de un Gobierno ciego, sordo y mudo ante las demandas sociales que explotaron desde el 28 de abril.
Lo que resulta siendo más preocupante es que la próxima legislatura no promete nada diferente. Las nuevas personas que ocuparán las presidencias de Senado y Cámara, Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, y Jennifer Arias, representante a la Cámara del partido Centro Democrático, tienen con serios cuestionamientos previamente presentados por Pares (Te podría interesar: Los narco-pilotos y la campaña política de Jennifer Arias a la presidencia de la Cámara), lo que solo garantiza la agenda legislativa de los clanes y del Gobierno, así como una afectación irreversible a la democracia.
Cabe resaltar que, además, al tratarse del último periodo legislativo, históricamente esta legislatura es la más deficiente en lo que se refiere a la actividad de los y las congresistas, quienes alistan baterías para sus campañas de reelección, antes que la aprobación de reformas. Se empiezan a activar los planes tortuga para los trámites legislativos, toda vez que, al Gobierno nacional, que también va de salida, se le agota el combustible y el oxígeno para gestionar su agenda. En otras palabras: se acaba la mermelada y con congresistas en campaña esta legislatura no genera expectativas de cambio.