Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares
El actual alcalde del municipio de Calamar, Bolívar, es Alejandro Mario de Jesús Arrázola Sagbini: el heredero del caudal político y electoral de Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla[1] (exalcalde del mismo municipio en el periodo 2012-2015 por el Partido Conservador).
La candidatura de Arrázola Sagbini fue respaldada por sus padrinos políticos: Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar, y el senador Efraín José Cepeda del Partido Conservador. En relación con Blel Scaff, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para las elecciones de 2019, cuestionó al actual gobernador por ser heredero político de Vicente Blel Saad, quien fue condenado a 7 años por el delito de concierto para delinquir por promover grupos armados al margen de la ley[2].
Por su parte, a Efraín Cepeda se le ha vinculado con “la ruta de la mermelada”[3] del presidente Iván Duque.
De acuerdo con información obtenida por Pares, el actual alcalde de Calamar ha gestionado una serie de contratos que constan de unas presuntas irregularidades, específicamente en relación con la obra del Cementerio de Calamar y el Contrato de suministro No. UM – 002 2020.
La casa política Arrázola-Sagbini
El líder de esta casa política era Alejandro Antonio Arrázola Carrasquilla, quien, en su ejercicio como alcalde de Calamar, en el 2013, fue sancionado por desacato a una tutela. En 2015 también fue investigado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en contrato de concesión para la prestación del servicio público de aseo[4]. Tras su muerte, en 2020 la Contraloría Provincial de Bolívar expidió un aviso para que sus herederos hagan parte dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 1767 con ocasión del daño que sufrió este municipio durante la gestión de Arrázola Carrasquilla[5].
En esta estructura familiar y clientelar también se encuentra la cuñada de Alejandro Antonio Arrázola y madre del actual alcalde de Calamar, Alexis Del Carmen Sagbini Cabrera, notaria del municipio[6] y esposa de Jorge Arrazola Carrasquilla. Actualmente, Sagbini Cabrera tiene un proceso judicial privado con el Juzgado 014 de Pequeñas causas y Competencia Múltiple en Barranquilla, además de un proceso de tipo constitucional en el Juzgado Promiscuo Municipal de Arroyohondo.
En esta red también se encuentra, según fuentes territoriales, el inspector de Policía Farid Said Sagbini Sara, y el secretario de la oficina de talento humano de la Alcaldía, Fernando Antonio Sagbini Llach, ambos primos del alcalde. Pares no pudo corroborar este lazo de familiaridad, más allá de la coincidencia en los apellidos, debido al difícil acceso de información pública por parte del municipio. Por esta razón, se invita al alcalde para que se pronuncie al respecto.
No obstante, se pudo indagar que Farid Said Sagbini Sara tiene ocho procesos judiciales privados y que Fernando Antonio Sagbini Llach tiene un proceso privado, todos relacionados con la rama judicial. Por su reserva, se desconocen los asuntos y el curso de estas investigaciones.
Cementerio de Calamar
El 30 de octubre del 2020 se suscribió un contrato por un valor de $199.980,804 millones para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del cementerio del municipio de Calamar. Entre los objetivos de esta licitación se encontraba el relleno de material orgánico reciclado para áreas de cobertura vegetal, el suministro e instalación de arbusto talla mediano, bancas tipo prisma, luminarias con poste, entre otros.
Desde Pares se tuvo acceso al “Informe de Obra Fachada Cementerio Calamar”, presentado el 22 de febrero de 2021 por Soluciones de Ingeniería y Arquitectura S.A. En este consta que el monto ejecutado en esta obra, para ese entonces, fue de $102.171.505 millones debido a que algunas medidas presentadas en la licitación no coincidían con lo real.
La comunidad informó de algunas actividades que no fueron ejecutadas. Así mismo, se evidenció la realización de actividades que no eran necesarias debido a las características de la infraestructura y otras que eran imposibles verificar sin registro fotográfico por parte del contratista, por lo cual quedaban entendidas como nulas. De acuerdo con fuentes territoriales, en la actualidad, este cementerio no cuenta con la infraestructura prometida en el contrato. Entre los elementos pendientes se encontrarían: las bancas, las señalizaciones y las cestas de basura, calculadas en $3.779.248, $799.166,00 y $2.189.577,00 millones respectivamente.
Tanto el informe de Soluciones de Ingeniería y Arquitectura como las fotografías del estado actual del cementerio generan inquietud sobre la realización de este contrato y el buen uso de los recursos destinados. Se invita a la Alcaldía a hacer claridad sobre los avances presentados luego del informe de febrero, sobre las modificaciones respectivas en relación con las medidas y sus precios, así como sobre los procesos que reajustan el presupuesto otorgado.
Contrato de suministro No. UM – 002 2020
Este contrato fue suscrito el 25 de marzo de 2020 y tenía el objetivo de suministrar 2.444 kits de mercados para la población en condición de vulnerabilidad tras la presencia del covid-19. Los mercados tendrían un valor aproximado de $70.000 y el contrato habría sido solicitado por $171.080.000.
En relación con este contrato, Pares tuvo acceso a una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación, en el mes de abril, por supuestos sobrecostos relacionados con los productos de esta canasta familiar. En primer lugar, no se exponen las marcas relacionadas a los productos, lo que puede permitir una variación en varios precios como el de la harina de maíz, la leche en polvo, la lenteja, entre otros productos.
En segundo lugar, el contrato no expresa si el servicio de transporte es otorgado por el contratista o si, por el contrario, es un servicio particular. Esto puede influir en el costo del IVA, ya que en el segundo caso se encuentra exento de este impuesto y, por ende, los precios cambian[7].
En tercer lugar, se señala que no todas las personas beneficiadas recibieron la cantidad y/o los productos asignados. Algunas familias no recibieron espagueti y la avena de hojuela solo fue entregada en un paquete de 220 gramos. De acuerdo con esta denuncia, los precios de los productos y el transporte sin ser exento del IVA tendría un costo por kit aproximado de 34.881 pesos.
En los procesos de verificación por parte de Pares, y a través de la información proporcionada por las fuentes territoriales, se puede constatar que se habrían presentado unos sobrecostos en los productos en relación con las marcas entregadas en los kits, específicamente en los productos de aceite vegetal Ricaceite, harina de maíz-Arepasan, lentejas Ricura del Campo, leche en polvo The Cantara y la sal Doña Blanca.
Ahora bien, se constata que la denuncia proviene del primer contrato gestionado por la Alcaldía, ya que esta institución presentó un contrato adicional en el mes de abril, por un valor de $171.062.732,00 adicionales, con el objetivo de destinarlo a 2.672 hogares. Sin embargo, a diferencia del anterior contrato, los precios de los ítems variaron en relación con el contrato inicial.
Según el documento, la variación de los precios corresponde a que la tabla pasada contenía algunos ítems con doble tributación, por lo que esto fue compensado con 228 mercados adicionales sin costo por parte del contratista. Teniendo en cuenta la variación de los precios entre ambos contratos (que contienen los mismos ítems proveídos por el mismo contratista), Pares encuentra una presunta irregularidad asociada a las precarias habilidades y competencias de la Secretaría de Hacienda del municipio e incluso las del propio alcalde, porque a pesar de que el contratista asumiera a pérdida 224 mercados en función del error de la cotización de los kits, este error debió ser identificado en el proceso de contrastación de cotizaciones con las otras dos empresas. En efecto, se duda de que el contratista elegido haya sido el más idóneo en relación con los principios de la contratación pública.
Por último, fuentes territoriales de este municipio aseguraron que parte de los 5.116 mercados fueron otorgados a discreción por el alcalde a la población que lo habría respaldado en las respectivas elecciones locales del 2019 y 2015. Es importante que el alcalde Arrázola Sagbini se pronuncie al respecto y que se lleven a cabo las investigaciones necesarias por parte de la Procuraduría, pues no sería la primera vez que un funcionario público de este grupo político tiene comportamientos irregulares en relación con la administración municipal[8].
Conclusión
Es relevante que el alcalde Sagbini se pronuncie sobre los cuestionamientos relacionados al contrato obra Cementerio de Calamar y al contrato de suministro No. UM – 002 2020, en concordancia con la ley 80 de 1993 o de Contratación Pública. De lo contrario estaría violando los principios de transparencia, economía y responsabilidad de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. De igual forma, Pares solicita a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación que desarrollen las respectivas investigaciones a este ente territorial.
Referencias
[1] Consultado en: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%202073%20DEL%2023%20DE%20OCTUBRE%20DE%202015.pdf
[3] Consultado en: https://pares.com.co/2018/06/28/la-memerlabilidad/
[4] Consultado en: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-General_de_la_Nacion_formul__pliego_de_cargos_contra_actual_alcalde_de_Calamar__Bol_var__y_su_secretaria_de_Obras_Publicas.news
[5] Consultado en: https://www.eluniversalclasificados.com/Anuncio.php?r=Edictos&s=Edictos&a=465942_1_ALEJANDRO-ANTONIO-ARRAZOLA-CARRASQUILLA&r=Edictos&s=Edictos&a=465942_1_ALEJANDRO-ANTONIO-ARRAZOLA-CARRASQUILLA
[7] Consultado en: https://cincodias.co/la-dian-se-pronuncia-sobre-la-aplicacion-del-iva-frente-al-transporte-de-carga/
[8] Consultado en: https://www.wradio.com.co/amp/nota.aspx?id=4156255