Por: Laura Cano
Periodista – Pares
Hace algunos meses, Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, afirmó que “el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una práctica utilizada por los grupos ilegales, que nunca se detuvo a pesar del acuerdo alcanzado con la guerrilla de las Farc”. Lo anterior es un hecho: no solo ha quedado en evidencia en lo que fue el 2020 y en lo que ha sido del 2021, sino que, además, se ha agudizado debido a algunas restricciones a raíz de la pandemia de covid-19.
Sobre lo anterior, institucionalmente también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo. En abril, este organismo de control publicó un informe en el que señalaban varias cosas al respecto. Una de ellas era que, durante el 2020, la entidad emitió 46 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Adicionalmente, se identificó que hay 188 municipios con alerta por este tipo de victimizaciones, es decir, cerca del 18% del territorio nacional está atravesado por esta problemática. En este sentido, hay que señalar que, durante marzo y septiembre del 2020 (meses en que se mantuvieron las medidas de aislamiento más exigentes), la Defensoría del Pueblo recibió 83 denuncias de casos de reclutamiento de menores en diferentes territorios del país.
Sobre estos datos hay que anotar que el 80% de los casos reportados se presentaron en zonas rurales y que las víctimas son menores entre los 8 y los 18 años. El 33% de estas víctimas fueron menores de 14 años y un 59% fueron niños (49 casos). Además, según la información presentada por el organismo, 20 pertenecen a comunidades indígenas y 2 a comunidades afrodescendientes. Adicionalmente, en el informe se agregaba que “En el año 2021, se han emitido 5 alertas tempranas que advierten sobre riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Estas cinco alertas se concentran en los departamentos de Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada”.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los grupos que amenazan a las y los menores son numerosos. Entre ellos estarían las disidencias de las Farc, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el EPL. Además, esta victimización tendría relación con grupos como La Mafia, Los Niches, Los Cobra, Los Espartanos y La Local, así como con la llamadas Águilas Negras, Los Rastrojos, La Constru, Los Pachenca, La Oficina, El Mesa, La Oficina del Valle de Aburrá, La Unión, Las Chatas, Los Costeños, Los Pachelly, entre otros.
Por otra parte, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) registró, durante el 2020, 79 eventos de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que afectaron, por lo menos, a 222 menores. Esto significa, además, que hubo un aumento de 8 eventos y cerca de 22 víctimas respecto a lo registrado durante el 2019. Adicionalmente, y en concordancia con lo publicado por la Defensoría del Pueblo, según Coalico, Antioquia es el departamento en el que se registran más hechos relacionados a este tipo de victimización, pues de los 79 eventos, 18 tuvieron lugar en esta zona del país.
Bajo Cauca, una zona de alto riesgo para los menores
Como se mencionaba, una de las zonas donde las alarmas están constantemente encendidas es Antioquia, en especial la región del Bajo Cauca Antioqueño, ubicada en el nororiente del departamento, donde se encuentran los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza. Por otra parte, siguiendo la información de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en su Perfil Socioeconómico de las Subregiones de Antioquia publicado en 2019, en el Bajo Cauca hay cerca de 312.331 habitantes, de los cuales, aproximadamente, el 52,7 % tiene menos de 25 años.
Lo anterior es importante mencionarlo, pues justo en esta región se viene agudizando la problemática relacionada con la vinculación de niños, niñas y adolescentes a estructuras armadas. Además, esta zona es el epicentro de múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta que, durante el 2020, 3.340 personas en los seis (6) municipios del Bajo Cauca fueron desplazadas. La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron a causa de los constantes enfrentamientos que sostienen el Clan del Golfo y los Caparros.
Sobre los grupos mencionados, hay que decir que han venido ganando poder en el territorio, por lo menos, desde principios de 2017 con la reconfiguración de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) en la subregión del Bajo Cauca. Esto ha sucedido a causa de “los espacios vacíos dejados por la guerrilla de las FARC que posibilitó el acceso y control de las cadenas productivas de las economías ilegales. Como por la desconexión entre la comandancia de las AGC en el Urabá con las franquicias que tenía negociadas con los herederos de los extintos Bloques Central Bolívar y Mineros de las AUC, representados principalmente por el Bloque Virgilio Peral Arenas (BVPA) o como se conocen ahora ‘Caparrapos’. Por último, por la entrada de un nuevo oferente en el mercado del narcotráfico en la subregión, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que rompió con la hegemonía de las AGC apoyadas por el Cartel de Sinaloa”, señalaba la investigadora Ximena Sierra en su artículo “El Bajo Cauca Antioqueño: tres años de guerra y dolor”.
Justamente, el Clan del Golfo y Los Caparros son las estructuras armadas que en esta región vienen agrandando sus filas, a través del reclutamiento, con el objetivo de tener la capacidad de participar en el enfrentamiento en el que se encuentran tanto por controlar el territorio, como por las rentas mineras y por las rutas del narcotráfico.
Se informaba a través del portal de Verdad Abierta que, en esta zona, los métodos empleados por estas estructuras criminales para el reclutamiento de menores son seducir, cooptar y presionar: “Estos grupos van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”, señaló un funcionario de la Defensoría del Pueblo consultado por Verdad Abierta.
“Esta situación en el Bajo Cauca tiene relación con una garantía de derechos de los menores que no ha sido plena, por lo que hay una responsabilidad gubernamental en términos de la eficacia y eficiencia de las instituciones para salvaguardar a las comunidades; hay deficiencias en temas educativos, de salud, laborales, por lo que los actores armados ilegales aprovechan esta situación para amenazar, controlar y determinar el comportamiento de la comunidad. Todo esto atravesado con la persistencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, lo que también confluye en todo este panorama”, expuso Julia Castellanos Medina, investigadora del Observatorio de Niñez y Conflicto de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico).
Además, acentuando la situación, no hay que olvidar que el cierre de las escuelas, dadas las restricciones por la pandemia de covid-19, también ha sido otro detonante de esta problemática. Esto debido a que para muchos y muchas menores este espacio terminaba siendo un escenario de protección que, al ya no estar presente, deja a muchos niños y niñas al frente de situaciones como violencia intrafamiliar y la constante amenaza de la presencia de actores armados en esta región que habitan. “Esto supuso unos riesgos muy altos para las y los menores, quedando más vulnerables a las dinámicas de los actores armados. Que la sociedad haya estado encerrada durante este periodo, permitió que los actores tuvieran más control territorial y, además, fueran menos visibles en sus acciones. En ese periodo se dieron nuevamente reclutamientos masivos en zonas como el Bajo Cauca antioqueño, en donde efectivamente los grupos hacían uso de la seducción económica, e incluso con sustancias psicoactivas para reclutar a los menores, o, por otra parte, a través de la amenaza o la cooptación a la fuerza”, adiciona Castellanos.
Las historias detrás del reclutamiento
En agosto de 2020, Wilmar Román Mona, de 18 años, y Luis Mateo Quintero, de 21, vivían junto a sus familiares en la ciudad de Medellín: Mateo (el menor de la casa) junto a sus dos hermanas y su mamá, y Wilmar, por su parte, con su madre, Janeth Correa, y sus dos hermanas mayores.
A pocos días de cumplir años, Mateo decidió ir a Montería. Para ello, tomó una mula que realizaba esa ruta. Mientras que Wilmar, como cuenta Janeth Correa, su madre, “se fue a visitar un amigo acá en Medellín, pero solo a visitarlo y de un momento a otro apareció en Montería sin ropa, sin nada”.
Estas historias se suman a las otras tantas que durante el último año se han conocido de jóvenes que viajan en este tipo de vehículos, de donde son bajados a la fuerza y luego son llevados a integrar los grupos armados ilegales con presencia en el Bajo Cauca, zona en la que los retenes para reclutar menores se han vuelto parte del paisaje.
Hay que recordar que hace tan solo un par de meses en Tarazá, Antioquia, a través de un operativo de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, se pudo realizar el rescate de dos menores de edad de 13 y 17 años reclutadas por Los Caparros. Recientemente, también se dio el rescate de uno de los ocho jóvenes que habían sido reclutados en febrero de 2021 en esta región, bajo la misma modalidad, cuando viajaban desde el Eje Cafetero hacia la Costa Atlántica.
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Sobre el caso de Mateo y Wilmar se conoce que, en efecto, los menores llegaron hasta la capital cordobesa. Ambos habrían viajado con hinchas del equipo de fútbol Atlético Nacional, quienes ya antes habían tenido contacto con los jóvenes y tenían conocimiento de que, por lo menos, Mateo iba de viaje en mula hacia Córdoba. Según comentan sus familiares, Mateo y Wilmar habían comunicado que ese 6 de agosto ya iban de regreso a casa. Sin embargo, desde ese día no se ha vuelto a tener información de ellos dos. La única información que tienen las familiares de los dos muchachos es que “ellos se apartaron del grupo cuando iban en camino”. Asimismo, se maneja la hipótesis de que hay personas que podrían estar entregando a los y las jóvenes a estas estructuras.
Luego de algunos días sin tener información de ellos dos, sus familiares decidieron poner la respectiva denuncia ante la Fiscalía, en donde les tomaron el caso tipificado como desaparición forzada. “La persona que nos recibió nos dijo que posiblemente podía ser un reclutamiento, pero como no se tenían evidencias ni nada concreto tocaba dejarlos como desaparecidos”, contó Janeth Correa, la madre de Wilmar.
Como explican las dos familiares, el proceso en el organismo no ha sido eficaz: nadie las llama para saber en qué va el caso y, dadas las restricciones de movilidad y las condiciones de trabajo desde casa, ha sido difícil lograr tener comunicación con funcionarios o funcionarias de la Fiscalía para insistir en que se dé información sobre la investigación.
Lo anterior ha llevado a que, por ejemplo, Natalia Chavarriaga decidiera repartir volantes e incluso pensara en viajar al Bajo Cauca, donde se presume fueron reclutados los jóvenes. No obstante, como ella afirma, “muchas personas me decían que por todo lo que pasaba por allá no era bueno que yo fuera, o sea, mi vida podía correr peligro, entonces no fui, no fuimos”.
“Uno manda correos y no los responden, o sea que no hay ayuda de nada. Y ellos dos también son seres humanos, también tiene derechos, nosotros estamos alzando la voz para que ellos también sean liberados igualmente como han liberado a los otros muchachos”, agrega Natalia.
Como se mencionaba anteriormente, este caso se suma a otros que han ocurrido bajo una modalidad similar en la misma zona, casi siempre relacionados con el grupo Los Caparros. Por esta razón, Natalia comenta que “lo más probable es que haya un convenio con los muleros; los muleros se cansaron de que ellos se transporten en ese medio y, por eso, quizá los entregan a estos grupos. (…) Seguramente ni Mateo ni Wilmar sabían que estaban reclutando otra vez y menos bajando de las mulas en las carreteras. Si hubieran sabido seguramente no se hubiera ido”.
Estas familias ya completan 9 meses en busca de sus familiares, lo que también ha significado un desgaste físico y emocional. En el caso de la mamá de Mateo, Natalia explica que ella “ha estado hospitalizada 8 veces y dos veces ha sido operada del corazón, entonces en este momento ella está sufriendo de depresión, ella ve el perrito que me dejó mi hermano, que es un golden cruzado con labrador, y ella llora. Ella ve la foto acá en la sala y llora. Se la pasa así todo el tiempo”. Janeth, por su parte, exige “que se investigue juiciosamente, que nos ayuden a ver si nos los pueden liberar porque nosotras también como mamás queremos tenerlos de nuevo en la casa”.
Si bien estas son dos historias puntuales, la realidad de Natalia, Janeth y la mamá de Mateo puede estar siendo la realidad de muchas personas que esperan tener alguna información de sus hijos, hermanos, sobrinos, amigos… Por lo que, al igual que las mujeres entrevistadas por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), nos unimos a las exigencias de un seguimiento riguroso de estos hechos y, además, a que, como lo nombraba Julia Castellano de Coalico, “se busquen formas para actuar antes de los reclutamientos, para prevenir este tipo de hechos y aportar para que realmente se logre fortalecer la sociedad, las familias y las instituciones para evitar que más menores sean reclutados. Nos debería doler tanto un niño reclutado como 200. Lastimosamente en este país nos hemos acostumbrado a esta narrativa de guerra”.
2021: un panorama que no cambia
Según Coalico, entre enero y el 31 de mayo de este año, se identificaron, al menos, 126 eventos de conflicto armado, de los cuales 71 implican una vulneración directa de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. En estos casos se han reportado aproximadamente 9.439 víctimas y se ha evidenciado una persistencia de la violencia armada en departamentos puntuales en donde los hechos se presentan con mayor frecuencia. Tal es el caso de: Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En particular, sobre la problemática del reclutamiento forzado, al 31 de mayo, la organización pudo verificar 23 eventos relacionados a este tipo de victimización, que han afectado a cerca de 76 niños, niñas y adolescentes. Es importante señalar que frente a esa situación todavía hay casos que están en proceso de verificación, por lo que seguramente en ese periodo los casos pueden presentar un aumento (por lo menos desde el seguimiento que hace Coalico, pues también es importante precisar que, al respecto, hasta el momento la Defensoría del Pueblo ha emitido 9 alertas tempranas, de las cuales por lo menos 6 tienen alguna relación con el reclutamiento en cerca de 15 departamentos del país).
A esto se suma otra situación que debe ser especialmente atendida, pues diversas organizaciones, entre ellas Coalico, han denunciado que el reclutamiento sigue siendo otra forma en que se sigue reforzando la idea del cuerpo de las mujeres como botín de guerra: muchas de las niñas que son reclutadas, además, se ven enfrentadas a hechos de abusos sexuales. “Gran parte de las niñas que han sido víctimas de reclutamiento, puntualmente cerca de un 70% de los casos, según el seguimiento que hace Coalico, han sido víctimas de violencia sexual dentro del grupo. Esto, continuando con las dinámicas de afectación permanente a los cuerpos de las mujeres, que lastimosamente ha sido un lastre que hemos tenido históricamente. Adicional a esto, hemos podido verificar que en algunos casos las niñas son reclutadas para obligarlas a ejercer esclavitud sexual, no solo dentro del grupo, sino tambbién fuera de él”, añadió Julia Castellanos.
Con todo esto, es necesario alertar sobre las victimizaciones que siguen siendo cometidas contra niños, niñas y adolescentes, quienes, además, en muchos casos, han tenido que desertar de sus entornos escolares debido a que las condiciones en las que viven no les han permitido continuar con sus procesos educativos. En este sentido, el llamado es amplio, pues además de la violencia que se vive en muchas regiones, esta problemática se está agudizando con otros factores que históricamente no han sido atendidos.