Por: Equipo de redacción Fundación Paz & Reconciliación – Pares
Este martes 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público el informe con las observaciones y recomendaciones que dejó su visita de trabajo al país, realizada entre el 8 y el 10 de junio del presente año, en lo que se refiere al seguimiento de la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales iniciadas el 28 de abril en distintas regiones de Colombia (este artículo podría interesarte: La CIDH en Colombia: un paso a las garantías de derechos humanos en la protesta social).
Frente a las causas de las movilizaciones sociales, la CIDH reconoció, a partir de sus encuentros con representantes del Estado y de la sociedad civil, que los motivos de la indignación ciudadana tienen que ver con múltiples razones: la inequidad en la distribución de la riqueza, las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la que viven millones de personas, la dificultad de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, los altos niveles de violencia e impunidad, condiciones estructurales de discriminación étnico-racial y de género, entre otras. Todas estas realidades se han acentuado y recrudecido, además, por la pandemia de covid-19. En ese sentido, la CIDH manifestó que reconoce las protestas sociales que se han vivido en el país como un vehículo de múltiples voces, reivindicaciones y demandas sociales que de otro modo difícilmente ingresarían al centro del debate público.
En esa línea, y haciendo un llamado a respetar la Constitución Política del país, la CIDH ha instado al Gobierno de Colombia a defender los principios constitucionales desde los que se comprende al sistema político del país como un Estado social de derecho que, por lo tanto, debe sostenerse en un ordenamiento democrático sólido, participativo y pluralista. A partir de estas razones, el organismo internacional ha manifestado su preocupación por el alto número de muertes y de personas que han resultado heridas durante las jornadas de protestas sociales en todo el país, y, además, por la gran cantidad de denuncias relacionadas a: desaparición de personas, violencia sexual, uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, perfilamientos étnico-raciales, detenciones arbitrarias, violencia contra periodistas, violencia conta misiones médicas, entre otras violaciones contra los derechos humanos.
Respecto al tratamiento que el Gobierno nacional le ha dado a la protesta social, la CIDH “observa con preocupación la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”. Precisamente, en ese sentido, le insiste al Estado colombiano sobre la necesidad, no solo de que el uso de la fuerza sea una respuesta excepcional en escenarios de movilización social (y que se halle realmente justificado de acuerdo a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad), sino de que el diálogo con enfoque territorial, amplio e inclusivo (capaz de integrar la diversidad de los sectores sociales que se han movilizado) sea el mecanismo que marque las actuaciones del Estado para dar respuesta a las demandas sociales expresadas en la protesta social.
En las observaciones realizadas, la CIDH constató que “en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuestas del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”. Por esta razón, la CIDH ha urgido al Estado para que implemente de forma efectiva e inmediata mecanismos que prohiban el uso de la fuerza letal como herramienta para controlar el orden público en el marco de la ocurrencia de protestas sociales en el país. Asimismo, el organismo internacional ha recordado que si bien la protesta no es un derecho absoluto, la protección de derechos de otras personas no debe ser empleado como una excusa para reprimir protestas pacíficas. En ese sentido, Ariel ávila, subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), manifestó que las observaciones de la CIDH reiteran que, en el marco del paro nacional, es evidente la presencia de un “cuadro sistemático de violación a los derechos humanos realizado por agentes estatales, principalmente por miembros de la Policía”.
Entre las 41 recomendaciones que realizó la CIDH al Estado colombiano, con base a sus observaciones de la situación de derechos humanos en el contexto del paro nacional, además de las que ya se han mencionado anteriormente, se encuentran: que los casos relacionados a violaciones de derechos humanos en los que se presume la responsabilidad de la fuerza pública sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar; que se asegure que la figura de la asistencia militar sea excepcional, extraordinaria y temporal; que la Policía Nacional sea separada del Ministerio de Defensa; que en cada caso se constate la gravedad de las afectaciones que produce la protesta social y se asegure que las eventuales restricciones que se le impongan respondan al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean necesarias y proporcionales; que se tomen medidas para prevenir, reducir y eliminar situaciones de discriminación; que se garantice el respeto y la protección de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes frente a presencia de actores armafos estatales y no-estatales; que se investigue para identificar y sancionar a personas y grupos responsables de violaciones contra los derechos humanos, y que los resultados de esas indagaciones se compartan de forma abierta y de fácil acceso con la ciudadanía.
Finalmente, la CIDH anunció en su informe la creación de un “Mecanismo Especial de Seguimiento de Derechos Humanos para Colombia” con el objetivo de brindar asistencia técnica al Estado en el desarrollo de las acciones sugeridas por la Comisión y de monitorear el desarrollo de las protestas sociales en el país.
En un comunicado, el Gobierno colombiano afirmó que recibe de manera constructiva el informe de la CIDH y que coincide con algunas observaciones allí contenidas. Sin embargo, sostuvo que se apartaba de algunas consideraciones de la CIDH, entre ellas, rechazó enfáticamente la creación del “Mecanismo Especial de Seguimiento de Derechos Humanos para Colombia” toda vez que, de acuerdo a la comunicación oficial, “el Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida (…) por lo que no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”. Asimismo, desde la posición oficial se sostuvo que los eventos en los que se ha presentado uso de la fuerza han sido excepcionales y que la Policía no utiliza armas de fuego letales en el marco de las protestas sociales. Entre otras cosas, también se negó que haya discriminación estructural contra ciertas poblaciones y que eso se traduzca en el uso de la fuerza en contra de sectores sociales específicos, a la vez que se cuestionó que algunas de las cifras publicadas en el informe de la CIDH no se encuentren contrastadas.
Por su parte, en declaraciones realizadas por el presidente Iván Duque, el primer mandatario afirmó, respecto al informe de la CIDH, entre otras cosas, que “nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”. Con este panorama, parece incierto si habrá disposición del Gobierno para desarrollar acciones encaminadas al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH.
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