Por: Redacción Pares
Así lo advierten este lunes 20 de abril, y mediante un comunicado público, un grupo de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, advierten la gravedad de la emergencia carcelaria y los derechos humanos que se encuentran amenazados en las cárceles de Colombia.
En la cárcel de Villavicencio, donde la semana pasada se conoció el primer caso de un interno contagiado por coronavirus, se confirman actualmente 23 contagios: tres personas muertas y el alcalde de la ciudad exige pruebas masivas para controlar el problema. Autoridades penitenciarias confirmaron este sábado los dos primeros casos de coronavirus en la cárcel «La Picota» de Bogotá. Se trata de dos reclusos que llegaron al centro reclusorio el pasado 1 de abril, procedentes de la cárcel de Villavicencio.
El grupo de expertos exige al Gobierno Nacional que derogue todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y se garanticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.
Además advierten que el Gobierno, en uso de esas mismas potestades constitucionales, adopte protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.
Cabe recordar que el pasado 21 de marzo, presos de varios centros del país protagonizaron protestas, disturbios y motines. Exigían condiciones más favorables para ellos, que garantizaran que los lugares que los albergan se convertirían en foco de contagio. En la cárcel Modelo de Bogotá 23 reclusos habrían sido asesinados en los disturbios. La ministra Margarita Cabello y el director del Inpec, general Norberto Mujica, aseguraron que se trató de un intento de fuga. La Fiscalía creó un equipo especial para investigar el episodio
Las cárceles son un riesgo a la vida
Además, los expertos señalan las condiciones de reclusión que no pueden ser menos alarmantes y advierten que el confinamiento y el hacinamiento convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.
Las principales problemáticas de las cárceles
Como la Fundación Paz y Reconciliación lo había advertido en el artículo ALARMA POR DRAMÁTICA SITUACIÓN SANITARIA EN LAS CÁRCELES, son conocidos los testimonios sobre la mala calidad del agua que abastece a estos centros, los espacios reducidos en los que pasan las noches, y los castigos a los cuales son sometidos en un contexto en el que prima la ley del más fuerte. Esto por supuesto representa múltiples trabas para el propósito de resocialización.
Si bien es cierto, los centros penitenciarios y carcelarios restringen a las personas privadas de la libertad de ciertos derechos sobre la base de los efectos jurídicos que representa dicha privación, otros derechos como la vida, la dignidad, integridad personal, salud, vida íntima, alimentación, trabajo, educación, familia, entre otros, son constantemente vulnerados.
Las principales problemáticas de los centros penitenciarios y carcelarios son las siguientes:
· El derecho a la dignidad humana se ve vulnerado ante el gran número de personas privadas de la libertad que comparten espacios reducidos para alojarse. El que tengan que dormir en pasillos y otros espacios diferentes a las celdas (que de por si no dan abasto y presentan problemas de higiene, superficie mínima, calefacción, ventilación, entre otros) supone un escenario de riesgo para esta población
· El hacinamiento deteriora la infraestructura de celdas, baños y áreas comunes siendo algunas inutilizables lo que conlleva a que se generen condiciones insalubres y limitaciones en los servicios públicos de estos espacios.
· Los servicios de salud son deficientes, muchas veces por falta de personal especializado en los centros penitenciarios y carcelarios. Esto supone un escenario de riesgo para la propagación de enfermedades y la tardía y limitada atención a los quebrantos de salud de la población privada de la libertad
· Las limitaciones de infraestructura y el consecuente hacinamiento representan grandes obstáculos para el propósito resocializador de los centros penitenciarios y carcelarios. Los niveles de desocupación ante estos limitantes contribuyen a que este proceso se vea afectado de manera permanente.
Un sistema que no funciona, que es demorado y que además al interior de la cárcel no cuenta con el número de camas necesarias, no cuenta con unos espacios completamente desinfectados. Con una pandemia , como la que hay ahora, no van a tener la cantidad de camillas, ni de médicos que le puedan poner atención a una población que se encuentra en altos niveles de hacinamiento.
En este sentido, es visible que el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario parte de los problemas estructurales y de vulneración de derechos de la población de libertad, lo cuál deja en el aire serias preocupaciones sobre el manejo que están dando las autoridades encargadas de la administración de esos espacios en el marco de la coyuntura actual por causa de la llega del COVID-19 a Colombia.